Aborto
El aborto bajo los ‘gobiernos del cambio’ de América Latina y el Caribe (I)

El 97% de las mujeres de América Latina y el Caribe en edad fértil —entre los 15 y los 44 años— viven en países donde el aborto está prohibido. Así lo asegura el Guttmacher Institute, un prestigioso organismo estadounidense que desde hace 50 años trabaja junto con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros centros especializados, en grandes campañas sobre relaciones sexuales seguras, programas de prevención de embarazos de adolescentes, campañas de educación de uso de anticonceptivos, salud reproductiva y promoción de leyes para la despenalización y legalización del aborto en el mundo. 

Según uno de sus más recientes informes, de marzo pasado, “durante 2010-2014 tuvieron lugar anualmente 6,5 millones de abortos provocados en América Latina y el Caribe, frente a los 4,4 millones durante 1990-1994”. “El porcentaje de abortos fue de 44 por cada 1.000 mujeres en edad reproductiva (…) El promedio de abortos en la región fue de 48 por cada 1.000 mujeres casadas y de 29 de cada 1.000 solteras”, añade el informe. 

La región tuvo en el periodo 2010-2014 el número más alto de embarazos no deseados de todo el mundo —96 por cada 1.000 mujeres—, cifra que en la subregión caribeña llegó a 116 de cada 1.000.
Se calcula que, de los 14 millones de embarazos no deseados que se producen cada año en América Latina y el Caribe, cerca de la mitad —46%— termina en abortos.

En el mismo periodo 2010-2014, habrían sido 56 millones los abortos provocados cada año a nivel mundial, seis millones más que de 1990 a 1994 —debido, entre otros factores, al aumento de la población—, pero el promedio fue de 35 por cada 1.000 mujeres, un 5% menos que en el periodo 1990-1994. El número de abortos es superior en los países desarrollados. Esto supone, en cualquier caso, un porcentaje muy inferior al de América Latina y el Caribe. 

En América Latina y Caribe se calcula que podrían haber muerto 900 mujeres por abortos clandestinos en 2014

No hay estadísticas oficiales sobre cuántos de estos abortos provocados en la región que tratamos se realizaron clandestinamente, pero el Guttmacher Institute estima, sobre la base de informes provenientes de numerosas fuentes fiables, que podría tratarse de un 60% de ellos. Unas 760.000 mujeres aproximadamente tuvo que ser atendida en 2014, por ejemplo, por problemas derivados de abortos realizados en condiciones inseguras. En ese año podrían haber sido al menos unas 900 las mujeres muertas a causa de ese tipo de intervenciones, provocados generalmente por infecciones y/o falta de medios o escasa profesionalidad de quien practica el aborto.

Según un comunicado conjunto del Guttmacher Institute y la OMS, del total de abortos provocados que tienen lugar en el mundo cada año, unos 25 millones son considerados “peligrosos” por las condiciones en las que se realizan.

América Latina y el Caribe es la segunda zona del mundo —después de África subsahariana— con más embarazos entre mujeres menores de 20 años. Mientras a nivel mundial el ratio está en 46 nacimientos por cada 1.000 jóvenes, en esta región es de 66,5 nacimientos por cada 1.000 —lo que supone unos 2 millones de nacimientos al año de madres adolescentes—, aunque ha disminuido progresivamente en las últimas tres décadas.

Solo en 2014, murieron 1.900 adolescentes durante el embarazo, el parto o el posparto, sin considerar las muertes por abortos provocados. Las prohibiciones y legislaciones restrictivas existentes en América Latina y el Caribe sobre el derecho de la mujer a interrumpir su embarazo son la clave del drama que sufre la región sobre este tema. 

Después de la oleada de golpes de estado militares en la zona durante los años 60, 70 y 80 del siglo pasado y el ciclo de gobiernos civiles neoliberales que predominaron durante los 90 moldeados por el Consenso de Washington, el triunfo electoral de Hugo Chávez en Venezuela en 1998 provocó el inicio de un cambio de rumbo.

En un corto periodo de tiempo llegaron al poder en varios países fuerzas populares, reformistas, con discursos y propuestas progresistas, que llevaron la ilusión y la esperanza a millones y millones de personas de esa, la región con mayor desigualdad social de todo el planeta.

Algunos de esos gobiernos llevan muchos años en el poder, como es el caso de Venezuela o Bolivia. En otros, como Argentina, estuvieron 13 años; en Brasil, 10 años. ¿Qué cambio experimentaron las mujeres latinoamericanas que luchan por un aborto legal, seguro, libre y gratuito, en esos países y en otros como Nicaragua, Chile, Uruguay, El Salvador, Paraguay, durante esos gobiernos que se auto reivindicaron del 'socialismo del siglo XXI' o al menos 'progresistas?

Es imposible hoy día ver una línea divisora clara entre lo realizado por esos gobiernos sobre el tema, en relación a lo hecho por gobiernos declaradamente conservadores o de derecha. Con la excepción de Uruguay, en ninguno de los países que tienen o tuvieron gobiernos 'progresistas' en esa zona del mundo en lo que va de siglo XXI se legalizó el aborto. Las categorías en las que los organismos internacionales dividen a esos países según su postura sobre el tema lo demuestra. 

El Guttmacher Institute clasifica en varias tablas a los países de la región en función de la legislación actual sobre el aborto que tienen. Así muestran que hay seis países —Nicaragua, El Salvador, Honduras, Haití, República Dominicana y Surinam— donde la interrupción voluntaria del embarazo está prohibida totalmente.

En otros nueve países —Venezuela, Brasil, Chile, México, Guatemala, Panamá, Paraguay, Dominica y Antigua y Bermuda— el aborto está aceptado solo cuando esté en riesgo la vida de la embarazada.
En siete —Argentina, Bolivia, Ecuador, Granada, Perú, Costa Rica y Bahamas— solo se permiten los abortos cuando está en riesgo la vida de la mujer y para preservar su salud física. En otros cinco países —Colombia, Jamaica, St. Kitts y Nevis; St.Lucía y Trinidad y Tobago— se permite solamente cuando esté en riesgo la vida de la mujer y para preservar su salud física o mental. En tres —Barbados, Belize, St.Vincent y Grenadines— se autoriza en aquellos casos en los que esté en peligro la vida de la mujer, o su salud física y mental, o por razones económicas.

Solo cuatro países tienen despenalizado el aborto y es legal —Cuba (desde 1965), Uruguay, Puerto Rico y Guyana) con restricciones ligadas fundamentalmente al número de semanas de embarazo.

Argentina: las mujeres de toda la región siguieron expectantes el debate parlamentario; Diputados votó a favor de legalizar el aborto pero el Senado lo rechazó. Hasta 2019 no se podrá repetir la votación

El 14 de junio pasado el Congreso de los Diputados de Argentina celebró un debate histórico. Era la séptima vez en los últimos once años que se presentaba un proyecto de ley para despenalizar y legalizar el aborto pero la primera en la que finalmente el presidente de turno, el derechista Mauricio Macri, habilitaba el debate parlamentario.

Organizaciones médicas, feministas y distintas ONG coinciden en las cifras: anualmente se practican más de 400.000 abortos en Argentina, aunque no hay datos fiables de cuántos de ellos son clandestinos. Según las estadísticas del Ministerio de Salud, en los últimos años la cifra de muertes de mujeres por abortos oscila entre las 40 y las 50 al año, aunque tampoco especifica qué porcentaje de esas muertes se produjo a causa de abortos espontáneos o provocados. Para el ministerio, todas esas muertes tuvieron lugar tras un “embarazo terminado en aborto”, aunque distintas asociaciones estiman que en la mayoría de los casos se produjeron por abortos clandestinos, realizados en condiciones totalmente inseguras. La asociación feminista Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá) ha creado recientemente el primer registro de muertes de mujeres a causa de abortos clandestinos en Argentina. 

Dadas las características del tema, todos los partidos del hemiciclo respetaron la libertad de conciencia de sus parlamentarios y dieron libertad de voto, lo que produjo no pocas sorpresas.

En toda América Latina y el Caribe, y en menor medida también en algunos países europeos, se siguió con gran expectativa el debate, que duró más de 15 horas, con miles de feministas en la calle rodeando el Congreso, movilizadas, haciendo tronar sus tambores y ondeando pañuelos verdes, símbolo de su lucha. Las feministas argentinas son una referencia en toda la región desde que en 2015 un millón de mujeres salieron a la calle para gritar “¡Basta de matarnos, Ni una menos, Vivas nos queremos”, ante una ola de crímenes machistas.

En Argentina muere casi una mujer al día por la violencia de género, una lacra que es aún mayor en otros países de América Latina y el Caribe. La última gran ola de la batalla contra esos crímenes y por la diversidad sexual y los derechos laborales y sociales de las mujeres comenzó en 2005, durante el gobierno de Néstor Kirchner, pero no fue hasta diez años después cuando adquirió fuerza y masividad y lanzó la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, una reivindicación que tradicionalmente ningunearon los grandes partidos políticos.

Y el 14 de junio, finalmente, el Congreso de los Diputados de Argentina aprobaba por 129 votos a favor y 125 en contra el proyecto de ley presentado por la oposición al Gobierno de Mauricio Macri para la despenalización y legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. El texto votado contemplaba despenalizar cualquier aborto hasta la 14º semana de gestación y para cualquier supuesto, a aplicarse dentro del llamado Programa Médico Obligatorio (PMO) tanto en las instituciones públicas como privadas. 

Hasta el día de hoy sigue vigente en Argentina el Código Penal de 1921, que en sus artículos 85, 86 y 88 solo autoriza la interrupción voluntaria del embarazo en los supuestos de peligro de la salud de la madre o de violación probada, previendo incluso penas de hasta cuatro años de cárcel por abortar.
En el proyecto de ley votado se establece que una mujer podría abortar tanto en la sanidad pública como privada también después de la 14º semana de gestación en los casos en los que haya riesgos evidentes para la salud de la mujer y si se considerara la imposibilidad de vida extrauterina del feto. El proyecto también especifica que si la embarazada es una menor de 16 años el aborto solo se podrá realizar con su consentimiento.

Ese proyecto de ley, una verdadera revolución en Argentina, rechaza la posibilidad de que en casos de máxima urgencia el profesional interviniente en el aborto alegue objeción de conciencia para no hacerlo y solo la respeta si ha dejado constancia previa de su negativa a realizar ese tipo de intervenciones.

Sin embargo, la euforia que suscitó la votación en el Congreso de Diputados se vio inmediatamente ensombrecida por el veto del Senado. Fueron 31 los votos a favor de la ley pero hubo 38 en contra, 2 abstenciones y 1 ausente por maternidad. Analizando esos resultados no pocos analistas escribiendo desde el exterior aseguraron que fueron los 'macristas' y sus aliados de gobierno, la Unión Cívica Radical (UCR), agrupados en el interbloque Cambiemos, quienes impusieron su mayoría para vetar la ley.

En realidad no se puede adjudicarles en exclusiva el resultado de la votación ya que no existió disciplina de voto de sus señorías en ninguno de los partidos y casi todas las formaciones políticas mostraron sus propias diferencias internas y más de una sorpresa. Por parte del grupo más grande del Senado, el opositor interbloque Justicialista (peronistas no 'kirchneristas'), que presentó el proyecto de ley, ocho votaron a favor pero 11 votaron en contra. En el segundo 'interbloque' en importancia, el de la UCR (parte del Gobierno), nueve votaron en contra y tres a favor. En el también gubernamental Frente PRO, de Macri, hubo cinco en contra pero cuatro a favor. En el caso del Frente para la Victoria (FpV) de Cristina Fernández de Kirchner, también hubo división, 8 votaron a favor pero una senadora votó en contra. Una división que se repitió también en la mayoría de las otras formaciones más pequeñas. En total en la Cámara Alta hubo 14 senadoras que votaron a favor de la ley y 14 en contra. 

Cristina Fernández de Kirchner rechazó el aborto durante sus ocho años de gobierno. Ahora cambió su postura y votó a favor del proyecto de ley. Hasta último momento hubo incertidumbre de cómo votaría la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Muchos analistas dieron por descontado de que mantendría la misma posición que cuando fue presidenta, que votaría en contra de la ley; otros especulaban que podría ausentarse del hemiciclo para evitar ser abucheada por las miles de feministas que estaban en la calle pendientes de cada discurso y de cada voto. 

Tanto durante su gobierno como durante la presidencia de su esposo, Néstor Kirchner, que le precedió en el cargo (2003-2007), se presentaron varias propuestas parlamentarias para que se debatiera la legalización del aborto pero ni uno ni otro aceptaron habilitar el debate. El peronista Miguel Ángel Pichetto, líder del interbloque Justicialista -antes integrado también en el FpV- e impulsor de la ley, recordó que él, en su momento jefe de la bancada oficialista, le había solicitado a la presidenta en 2013 convertir en ley un protocolo para casos de aborto por violación, siguiendo la doctrina sentada por la propia Corte Suprema de Justicia, una propuesta que ella también rechazó.
En febrero pasado Juliana di Tullio, ex diputada y jefa de la misma formación que la ex presidenta, el Frente para la Victoria, reconocía en una entrevista a la revista Anfibia que, durante los años de Gobierno de Cristina Fernández, en su formación “más de la mitad estaba en contra” de la legalización del aborto. “Fue mi decisión no poner el proyecto en el recinto para no perder, para mí hubiese significado un retroceso de 50 años. No tenía ni la mitad de los votos de mi bloque y al resto de los partidos les pasaba lo mismo. Además, faltaba lo que hoy sí existe: movilización en la calle y debate público instalado en los medios de comunicación”. 

Y finalmente se desveló la incógnita sobre cómo votaría la ex presidenta en el Senado en 2018. En vísperas de la votación del pasado 9 de agosto ya adelantó a un popular entrevistador de televisión que votaría a favor de la legalización del aborto. En el propio Senado argumentó su voto y dijo que en su cambio influyó su hija Florencia, feminista, y “ver a las miles de chicas que se volcaron en la calle”.
En su descargo por no haber aceptado debatir el tema durante sus dos mandatos, Cristina Fernández reivindicó los avances logrados en libertad sexual durante su gobierno: “Votamos por la ampliación de derechos y hemos votado el matrimonio igualitario, que es una instancia superadora, superior a la interrupción del embarazo, que debería haber sido antes incluso. Este tema se nos pasó, debemos hacer una autocrítica”. La ex presidenta dijo en más de una ocasión que perdió a un bebé tras cinco meses de embarazo por un aborto espontáneo y que quedó muy traumatizada. 

El debate parlamentario no podrá volver a repetirse hasta 2019 pero parece mayoritaria la idea en la sociedad de que terminará saliendo adelante la ley para despenalizar y legalizar el aborto. El tema está en la calle y la presión feminista va ganando cada vez más terreno.

La injerencia de la jerarquía eclesiástica de la Iglesia católica en este debate, que hizo una gran campaña demonizadora del aborto

La injerencia de la jerarquía eclesiástica de la Iglesia católica en este debate, que hizo una gran campaña demonizadora del aborto con llamamiento a sus fieles para que se movilizaran en la calle tal como en 1987 lo hizo contra el divorcio y en 2010 contra el matrimonio de personas del mismo sexo, provocó una oleada de apostasías.

La Coalición Argentina por un Estado Laico (CAEL) puso el pasado 8 de agosto —cuando se celebró el debate en el Senado— mesas frente al Congreso y ante la sede de la Conferencia Episcopal en el centro de Buenos Aires, para que tanto mujeres como hombres pudieran llenar una solicitud pidiendo ser eliminadas del registro bautismal, en repudio a la postura del clero argentino y del papa Francisco.
En pocos días recogieron 4.000 solicitudes que fueron entregadas en la Conferencia Episcopal. La CAEL reclama desde hace años la separación clara del Estado y la Iglesia y que se acabe la financiación pública de esta.

Uruguay legalizó el aborto en 2012, durante el Gobierno del ex guerrillero 'tupamaro' Pepe Mujica

En la campaña de las mujeres argentinas por la legalización del aborto supuso un aliciente inestimable el hecho que desde 2012 el vecino Uruguay lo hubiera aprobado, un estímulo para la lucha de todas las feministas de América Latina y el Caribe. Miles de argentinas y otras latinoamericanas han ido en estos años a abortar a Uruguay. 

En Argentina, tras 13 años de gobiernos 'progresistas, los del 'kirchnerismo', el aborto siguió siendo ilegal. En Uruguay, en cambio, el Frente Amplio —amalgama de partidos de izquierda radical, socialistas, comunistas y demócrata cristianos— ganó por primera vez las elecciones en 2004 con el socialista Tabaré Vázquez como candidato presidencial, pero fue tras las elecciones de 2008, al ser elegido candidato por esa coalición el ex guerrillero del Movimiento Tupamaros 'Pepe' Mujica, cuando se produjo un giro a la izquierda interno que tendría también repercusión en la gestión de Gobierno.
En 2012 se aprobó la legalización de todo aborto que se realice durante las 12 primeras semanas de gestación, que se amplía a 14 semanas en los casos de violación.

“Los hombres no tendríamos que participar en esa decisión, es estrictamente del mundo femenino”, decía 'Pepe' Mujica en junio pasado en un acto en Rosario (Argentina) por el 90º aniversario del natalicio del 'Che' Guevara. “Impulsé en mi país una decisión de este tipo por un razonamiento muy sencillo: me crié en barrios proletarios, muy pobres, y conocí a una partera que se llamaba 'la Fonseca' que estaba a dos cuadras de la comisaría, y era la que practicaba los abortos. Y en Uruguay estaba prohibido. Allí no había ningún médico, solo una partera. Iban las mujeres pobres. Hay un problema de clase, siempre las mujeres pobres tuvieron la desgracia de sacrificar su juventud o hasta su vida”.

Durante el Gobierno de Mujica, en 2013 se legalizó también el matrimonio sexual y a fines de ese mismo año se aprobó igualmente la Ley 19.172, llamada la 'Ley de la Marihuana', que legalizó la venta de cannabis controlada por el Estado.

A pesar de las enérgicas protestas de la ONU Uruguay se convirtió en el primer país del mundo en legalizar el cannabis, aunque los informes médicos y la planificación para su producción y distribución hizo que se demorara su venta —en un número limitado de farmacias— hasta julio de 2017. Por el propio origen y características de Uruguay, la Iglesia católica nunca tuvo tanta influencia como en Argentina y en la mayoría de países de la región, lo que ayudó históricameente al desarrollo de ideas progresistas. Ya en 1927 se convirtió en el primer país de toda América Latina y el Caribe en el que las mujeres pudieron votar. También fue el primero en legalizar la prostitución y uno de los primeros en permitir el divorcio a petición de la mujer.

“La revolución cubana legalizó el aborto libre, seguro y gratuito en 1965, pocos años después de su triunfo”

En Cuba la interrupción voluntaria del embarazo en los hospitales de la salud pública se legalizó en 1965 tras un proyecto presentado en su momento por la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) ante el alto número de muertes maternas provocadas por abortos clandestinos. Se legalizó antes incluso que en Reino Unido (1967), en Estados Unidos (1973) o en España (1985 y solo para algunos supuestos).
El aborto es permitido hasta las primeras 10 semanas de gestación, plazo que se amplía para aquellos casos en los que existan complicaciones para la vida de la madre o del feto. Solo está prohibido y es penalizado solo en tres casos: cuando haya lucro de por medio; cuando se realice fuera de las instituciones oficiales; o si es realizado por no profesionales o sin el consentimiento de la embarazada.

En 2016 se realizaron 85.000 abortos a mujeres de entre 12 y 49 años según el Ministerio de Salud Pública, lo que supone 45 casos por cada 1.000 mujeres. Aunque es inferior al promedio de abortos que se realizaban una década atrás y es la mitad del ratio existente en la región —96 por cada 1.000— las autoridades sanitarias cubanas consideran que sigue siendo una tasa excesivamente alta.

Según las estadísticas oficiales un 77% de mujeres cubanas en edad fértil utiliza algún sistema anticonceptivo. Sin embargo, hay una opinión extendida entre las ginecólogas y ginecólogos de Cuba de que muchas adolescentes utilizan el aborto “como un medio anticonceptivo más”, algo que se intentar frenar desde hace años con más campañas de educación sexual en las escuelas.

“La mujer cubana sabe que tiene el derecho a decidir y lo ejerce”, dice la doctora María Elena Benítez Pérez, del Centro de Estudios Democráficos (CEDEM) de la Universidad de La Habana, “pero el hombre a menudo se desentiende, lo considera 'un asunto de mujeres'”.

“Los hombres, por su parte, han ampliado sus roles tradicionales aunque no se puede hablar del fin del modelo de la cultura patriarcal que aún impera en la sociedad cubana”, sostiene, “y que se refuerza en esferas como las relaciones de pareja, las estrategias de negociación en el uso de métodos anticonceptivos, la responsabilidad individual ante un embarazo no deseado o no planificado, entre otros temas, donde los estereotipos y la costumbre revelan algunos signos de renovación, pero, donde hay todavía mucho más por hacer”.  

A pesar de que en los últimos años ha llegado también a la isla la influencia de los movimientos 'pro vida' impulsados por la Iglesia católica e iglesias evangélicas en toda América Latina y el Caribe, nadie parece creer que esa corriente llegue a calar en la sociedad cubana que entiende desde hace más de medio siglo el aborto como un derecho básico e indiscutible de la mujer.

Los otros dos países de la región donde el aborto es legal son Guyana y Puerto Rico. Guyana (oficialmente República Cooperativa de Guyana), ese pequeño y poco conocido país de América del Sur septentrional limítrofe con Venezuela, Brasil y Surinam, miembro de UNASUR y la CELAC, legalizó el aborto en 1995 si es practicado en las primeras ocho semanas de gestación, plazo que se amplía hasta las 16 semanas en el caso de que exista riesgo para la embarazada o para el feto. Sin embargo, en la práctica, la interrupción voluntaria del embarazo pudo se realizada en todos los hospitales públicos solo a partir de 2008. 

Tanto el Guttmacher Institute como otras instituciones internacionales incluyen a Puerto Rico como el cuarto estado de América Latina y el Caribe que tiene legalizado el aborto, aunque resulta polémica su inclusión tal como la muestra su propio nombre oficial: Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Un nuevo referéndum —no vinculante— en la isla en 2017 mostró que el 97% apoyaba la anexión a Estados Unidos.

Aunque no pueden votar en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, los puertorriqueños son considerados ciudadanos estadounidenses desde 1917. Desde hace más de medio siglo se les deja elegir a su propio Gobernador, y han podido dotarse de su propia Constitución, pero esas como otras decisiones importantes de su Legislativo siempre deben ser ratificadas por el Congreso de los Estados Unidos.

Puerto Rico se rige por las leyes estadounidenses y el fallo del Tribunal Suprema en el caso Roe vs. Wade de 1973 —refrendado en Puerto Rico por su Tribunal Supremo en 1980— legalizó el aborto realizado tanto a mayores como a menores de edad hasta las 12 primeras semanas de gestación.
Sin embargo el Código Penal de la isla lo sigue tipificando como delito en su artículo 98, pudiéndose condenar a la mujer y al médico a duras penas de cárcel en determinados supuestos.

Este mismo año, la senadora Nayda Venegas Brown ha presentado un proyecto de ley para restringir más el derecho al aborto en Puerto Rico, especialmente en el caso de las menores de edad, haciéndose eco a la polémica reabierta sobre el tema en varios estados de Estados Unidos que intentan descafeinar el fallo de la Justicia de hace 45 años.