Desempleo
La Andalucía laboral en el Halloween neoliberal

Muy recientemente, el Consejo Económico y Social de Andalucía (CES) ha publicado su informe sobre la situación socioeconómica de Andalucía 2018. Nadie duda que el CES no es un organismo del que se pueda predicar que sea sospechoso de sedicioso o revolucionario. Más bien al contrario, forma parte del stablishment y la concertación neocorporativista es su razón de ser. Atendamos a algunos de los datos que contiene este informe.

El PIB andaluz (la riqueza) creció un 2,4%. Crece el número de empresas (un 1,47%), pero no todas. Personas físicas y sociedades limitadas avanzan mientras que sociedades laborales, comunidades de bienes y cooperativas retroceden. Aunque no se ofrece ningún dato referido a los beneficios empresariales, no cabe duda de que la tendencia mercantil está claramente orientada en pro del capital.

Andalucía tiene al 23% de su población activa desempleada y de los que sí tienen ocupación encontramos que el 22,8% de los que trabajan en el sector público lo hacen con contrato temporal y el 39,7% de los que lo hacen en el sector privado también. La tasa de temporalidad supera así el 35%. De casi 4 millones (3935375) de activos, casi un millón (904625) está desempleado y casi otro millón (899600) está empleado en virtud de contratos precarios. En 2018 se firmaron más contratos temporales (4840564) que trabajadores existen en total. DE hecho, el 94,7% de los contratos fueron temporales y el 5,3% fueron indefinidos. No es difícil concluir que el paro y los contratos basura son nota dominante y característica principal de nuestro entorno laboral.

La tasa de ocupación es ahora (43,8%) más baja que hace una década (47,3%) y estamos 6 puntos por debajo de la media estatal, diferencia que también se ha acrecentado. La tasa de paro en las mujeres alcanza el 26,9% y la de hombres el 19,8%, ambas muy por encima de su referencia estatal (17% y 13,7%, respectivamente). Y ello pese al empuje de la población extranjera activa, que se encuentra en su récord histórico (235716 personas de alta y cotizando en Seguridad Social), el crecimiento de la contratación a tiempo parcial y el número de trabajadores de autónomos que ha superado el medio millón. ¿A qué se deberá este crecimiento? ¿Será a las personas autónomas o a los TRADES y falsos autónomos? ¿Crecen la clase trabajadora empobrecida?

Y en este maremágnum de cifras, no podemos despreciar datos relevantes en cuanto a horas extra y siniestralidad. Durante 2018 se realizaron más de dos millones de horas extra, que podrían suponer más de 56000 empleos a tiempo completo. Sin embargo, no se genera ese empleo sino que abunda el exceso de jornada y con una alta incidencia de impago (41,76% son horas no pagadas). Además, Andalucía lidera los accidentes mortales (94 en 2018) y los graves (1195), donde prácticamente duplicamos a la segunda comunidad (Cataluña con 681) y triplicamos a la tercera (Galicia con 488). El dolor, la muerte y los ataúdes están presentes a diario en los tajos andaluces.

Por cuanto respecta a la protección social, la pensión media del Régimen General en Andalucía es de 886,60 euros mientras que la media estatal está en 1042,10 euros, y el número de perceptores de pensiones no contributivas ha disminuido respecto del año anterior, tanto en las de jubilación como en las de invalidez. La cobertura alcanza a menos personas. El gasto medio andaluz por persona atendida en la dependencia se sitúa en 5554 euros y la media estatal en 6580 euros, más de mil euros de diferencia. ¿Andalucía subsidiada?

La tasa de paro en las mujeres alcanza el 26,9% y la de hombres el 19,8%, ambas muy por encima de su referencia estatal, 17% y 13,7%, respectivamente.

En cuanto a la conflictividad, los guarismos son mucho más escasos. No llega a mil el número total de expedientes de conflictos colectivos ingresados en el SERCLA (893 de empresa y 17 de sector), de los que se tramitaron efectivamente 693, de los que 282 concluyeron con acuerdo. Las demandas judiciales ascendieron a 58033, un 2% más que en 2017 con crecimientos significativos en algunas modalidades procesales (un 5% más de demandas por despido). La media de espera para resolver un procedimiento ha sido de 13 meses en primera instancia y 7,6 meses en segunda instancia. Son números que claramente desbordan las posibilidades de actuación de los 57 magistrados que ejercen en los Juzgados de lo Social de Andalucía.

Que cada cual saque sus propias conclusiones, pero hay conceptos clave que no pueden faltar: desempleo, subempleo, contratos basura, accidentes, desprotección social, siniestralidad, concertación y justicia lenta e ineficaz. Es la industria del susto o muerte, un auténtico Halloween neoliberal. En definitiva: más riqueza, más empresas y menos empleo. O dicho de otro modo: el capital sigue avanzando en su proceso de acumulación a costa de los trabajadores y trabajadoras. ¿Hasta cuándo?