Garoña. Penúltimo capítulo

Una herencia franquista

La central nuclear Santa María de Garoña (Burgos) fue inaugurada por Francisco Franco en septiembre de 1971. Obviamente, la sociedad civil no fue consultada, ni pudo influir en las decisiones tomadas. Con la llegada de la democracia, llevaba ya varios años en funcionamiento, y se convertía en la segunda más antigua de un parque de centrales que se acabaron de construir bajo el mandato de Felipe González, y que aún hoy siguen, en la mayoría de los casos, en funcionamiento.

Garoña es una central nuclear del tipo de agua en ebullición de 466 megavatios. El reactor es análogo al de la central japonesa de Fukushima, que sufrió un grave accidente en 2011, y fue construida por la misma compañía: General Electric. La empresa propietaria es Nuclenor, participada a partes iguales por Endesa e Iberdrola. 

Comenzó a producir electricidad el 2 de marzo de 1971, y dejó de producir energía el 16 de diciembre de 2012 por decisión de Nuclenor. Sin embargo, hasta el 1 de agosto de 2017 no se produjo su cierre definitivo; tras una serie de maniobras que dejaron en muy mal lugar al Consejo de Seguridad Nuclear, a la empresa propietaria y al gobierno del Partido Popular, que finalmente no autorizó su reapertura.

Tras una serie interminable de cambios normativos, Nuclenor solicitó un permiso al Consejo de Seguridad Nuclear sin precedentes: funcionar 17 años más, lo que significaría llegar a 60 años de funcionamiento; algo que ninguna otra central tiene, por el momento, permitido. Los últimos meses antes de su cierre definitivo tuvieron lugar muchos debates entre las empresas eléctricas y los políticos responsables de la decisión final, en un intento de hurtar —de nuevo— la decisión sobre el futuro nuclear a la sociedad civil.

Tras una serie de maniobras que dejaron en muy mal lugar al Consejo de Seguridad Nuclear, a la empresa propietaria y al gobierno del Partido Popular, se cerró definitivamente Garoña.

Mientras, el Consejo de Seguridad Nuclear estuvo trabajando en paralelo tanto para la posible reapertura como para su desmantelamiento. Asistimos también a una fuerte lucha entre las empresas propietarias –Endesa e Iberdrola– y al chantaje que las grandes eléctricas estaban haciendo al Gobierno con la excusa de una central que llevaba ya cinco años sin funcionar. En estas “negociaciones” lograron cambios de normativas y plazos, que después podrán utilizar para el resto del parque nuclear. Finalmente, el 1 de agosto de 2017 fue cerrada definitivamente por el Ministro de Energía, Álvaro Nadal, que denegó la solicitud de reapertura y explotación hasta los 60 años de funcionamiento.

Amenaza nuclear 

En los primeros años de funcionamiento, la central violó todos los límites de emisiones radiactivas incontroladas de radioactividad. Al igual que la central de Zorita (Guadalajara), emitió hasta siete veces más de la radiactividad permitida en forma de residuos líquidos, el 40% más de lo permitido en emisiones contaminantes a la atmósfera y la conservación de los residuos radiactivos se llevó a cabo sin ningún control.

Garoña está situada cerca de zonas altamente pobladas —a menos de 50 kilómetros de Miranda de Ebro y Vitoria-Gasteiz—; además de estar refrigerada por la aguas del río Ebro. La contaminación del río por un accidente afectaría a los dos millones y medio de personas que viven en su cuenca, a lo largo de los 850 kilómetros que quedan hasta su desembocadura. 

El modelo de central de Garoña presenta problemas importantes de diseño. Se ha probado que su sistema de contención (Mark-I) no garantiza la contención de los productos de fisión en caso de accidente severo. Se sabe desde el accidente de Three Mile Island (Estados Unidos, 1979) y fue confirmado con el de Chernóbil (Ucrania, 1986) pero no se tuvo en cuenta como argumento para el cierre de la central burgalesa, sino que se permitió que siguiera en funcionamiento mientras ponía en peligro a millones de personas.

En los primeros años de funcionamiento, Garoña violó todos los límites de emisiones radiactivas incontroladas de radioactividad.

Además, a lo largo de los años ha presentado graves problemas de corrosión intergranular que provoca grietas y posteriormente roturas en los tramos de tuberías, con el consiguiente riesgo de fugas. Estos problemas son conocidos desde los primeros años de funcionamiento de la central y, ya en 1977, se hicieron revisiones y sustituciones de piezas. Soluciones provisionales que nunca han garantizado la resolución del problema, pero sí un parche que ha permitido que siguiera funcionando a pesar del riesgo que entrañaba.

A lo largo de sus más de cuatro décadas de funcionamiento, ha tenido cientos de sucesos notificados al Consejo de Seguridad Nuclear. Hay que señalar que muchos de ellos trataron de ser ocultados, pero ante la presión social y ecologista tuvieron que ser reconocidos. Poco antes de cerrar el vergonzoso capítulo de su posible reapertura, se conocía un informe del CSN que evidenciaba la nefasta gestión de los residuos de media y baja actividad.

Movimiento antinuclear: Garoña, no gracias 

La lucha contra Garoña ha sido muy extensa, como lo ha sido su tiempo de funcionamiento. La oposición a la central ha incluido a un amplio y variado número de agentes sociales: organizaciones ecologistas, vecinales, sindicales, partidos políticos y particulares, que tenían en común el objetivo de su cierre.

A lo largo de sus más de cuatro décadas de funcionamiento, Garoña ha tenido cientos de sucesos notificados al Consejo de Seguridad Nuclear.

El principio de la lucha coordinada contra la central fue tímido, con un primer intento en 1979 tras el accidente de Three Mile Island, y fue espoleada por el accidente de Chernóbil, que impulsó la creación de la Coordinadora contra Garoña y la primera marcha a la central en 1986.

La coordinadora, con grupos de Castilla y León, La Rioja, Euskadi, Aragón, Cantabria y Navarra, ha realizado una labor imprescindible de información, reivindicación, visibilización y análisis de los accidentes que han sucedido en todos estos años, en la conocida como “central de las mil y una grietas” por sus graves problemas de corrosión y grietas en los contenedores.

También ha habido mucha oposición política, con infinidad de mociones y solicitudes de su cierre y desmantelamiento: desde la primera hecha en Orduña (Bizkaia) en 1986 hasta las últimas proposiciones de ley en el parlamento español por todos los grupos políticos salvo el PP, todas las comunidades autónomas afectadas —excepto Castilla y León— y gran número de ayuntamientos.

En los últimos años, al ver las posibilidades de reapertura, la lucha se intensificó con la aparición del Foro contra Garoña en Euskadi y Burgos. Además del cierre de la central burgalesa, se perseguía el objetivo de cierre de todas las nucleares. Una de las acciones más significadas fue la campaña por el cambio de compañía eléctrica (portabilidad) a una comercializadora de energías renovables. Especialmente intenso fue el movimiento contra Garoña en Euskadi, donde se llevaron a cabo múltiples acciones, tan diversas como las intervenciones en la junta de accionistas de Iberdrola; la participación en la carrera nocturna de Iberdrola convirtiéndola en un simulacro de emergencia nuclear la o la desconexión de la energía nuclear de las comparsas en Aste Nagusia en Bilbao.

¿Y ahora qué?

Actualmente Garoña se encuentra en la primera fase de desmantelamiento, que debe ejecutar Nuclenor antes de pasar a la empresa pública Enresa. En esta etapa el combustible se deja enfriar en las piscinas y se construye el almacén temporal individualizado (ATI) para guardarlo en seco durante el desmantelamiento. Estas labores durarán hasta 15 años. El desmantelamiento de la central se prevé complicado, porque la empresa propietaria ha demostrado baja cultura de seguridad en su operación y mantenimiento. De la misma manera que mientras estaba en funcionamiento hubo que estar vigilantes, no queda otro remedio que seguir estándolo ahora. La amenaza de Garoña en funcionamiento ha desaparecido, pero queda largo trabajo para asegurar que la herencia radioactiva será gestionada de la mejor forma posible. 

Además del cierre de la central burgalesa, se perseguía el objetivo de cierre de todas las nucleares.

Por otra parte, el plan de desarrollo alternativo de la zona no se ha desarrollado. Hace ya muchos años que sabemos que la central iba a cerrar, pero no se ha hecho nada para regenerar el tejido social y crear oportunidades, como están pidiendo los municipios de la zona. 

Todas vivimos mucho más tranquilas sabiendo que no estamos expuestas a un posible accidente en una central peligrosa, obsoleta, funcionando a largo plazo con una probable degradación de los sistemas de seguridad y sin generar más residuos. En cualquier caso, los grupos antinucleares ya han avisado de que permanecerán pendientes de que esta fase se haga de una forma transparente y consensuada, con el menor riesgo para la población y el medioambiente, y seguiremos pidiendo el cierre de todas las nucleares y la desconexión nuclear de nuestro suministro eléctrico como el arma más potente.