Corrupción
Zaplana se enfrenta al juicio por el caso Erial cinco años después de su excarcelación

El ex presidente de la Generalitat valenciana y ex ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, se sienta hoy, 21 de marzo, por fin, en el banquillo de los acusados. Será el tercer intento de arrancar el juicio, tras ser aplazado el pasado enero por enfermedad del fiscal, y en febrero por enfermedad del abogado del expresidente. Si ningún oportuno problema de salud dilata más el arranque de las sesiones, el expolítico se enfrentará a la justicia siendo señalado por las investigaciones policiales como el epicentro de una trama destinada al cobro de comisiones derivadas de las concesiones de la ITV y los parques eólicos en el País Valencià.

La Fiscalía Anticorrupción solicita una pena de 19 años de prisión para el expolítico del PP, por cargos como pertenencia a organización criminal, blanqueo, cohecho, falsedad en documento mercantil y prevaricación administrativa. Además, estima el botín de las presuntas mordidas en 20,6 millones de euros. El fiscal Pablo Ponce asegura en su escrito de acusación que el exministro, tras abandonar la política, “realizó los actos necesarios para ocultar el origen del patrimonio ilícitamente obtenido para su posterior disfrute a través de sociedades y testaferros”.

La instrucción judicial ha podido acreditar una fortuna oculta en paraísos fiscales supuestamente blanqueados a través de una compleja lavadora internacional que pasaba por países como Luxemburgo, Suiza, Panamá, Andorra o Uruguay

El escrito de la fiscalía señala que, durante su “extensa carrera política”, Zaplana “formó un grupo de personas cercanas con la finalidad de obtener beneficios ilícitos gracias a su posición institucional y de gobierno”. La instrucción judicial ha podido acreditar una fortuna oculta en paraísos fiscales supuestamente blanqueados a través de una compleja lavadora internacional que pasaba por países como Luxemburgo, Suiza, Panamá, Andorra o Uruguay, entre otros destinos.

La instrucción del conocido como caso Erial finalizó el pasado mes de octubre, tras un largo y tortuoso camino que implicó la detención hace casi seis años del también ex alcalde de Benidorm. El político que fuera punta de lanza de la larga hegemonía de 20 años de mayorías aplastantes del Partido Popular en el País Valencià sentía, tal vez como nunca antes, la zozobra de ser enviado a prisión.

La salud delicada del político cartagenero, afectado por una enfermedad oncológica, motivó su traslado al valenciano hospital de La Fe seis meses después de su encarcelamiento

Algo que el juez de instrucción decidió, ante la “abrumadora carga de evidencias”, según consta literalmente en el escrito de investigación de la UCO, y el riesgo de destrucción de pruebas. Su ingreso en prisión provisional sin fianza marcó un hito en una extensa carrera política en la que, pese a la cercanía de casos de corrupción en su partido y su entorno, siempre había logrado salir indemne. No obstante, no pasó mucho tiempo en su celda de Picassent. La salud delicada del político cartagenero, afectado por una enfermedad oncológica, motivó su traslado al valenciano hospital de La Fe seis meses después de su encarcelamiento (18 de diciembre de 2018).

Dos meses después, el 7 de febrero, el juez concedía su excarcelación tras haber conseguido recuperar parte del dinero que la trama habría ocultado. En concreto, la justicia recuperó casi seis millones de euros consignados por el abogado uruguayo Fernando Belhot, que pasó de acusado a testigo en la causa, tras reconocer su papel en la trama y reintegrar la parte del botín que ocultaba. La policía tiene grabado a este arrepentido hablando con Zaplana sobre la circulación de dinero, en la que el ex político valenciano le llega a decir que no le haga entregas en billetes de 500 euros. Cuatro días después de su excarcelación, Zaplana abandonaba el hospital para regresar a su casa.

El arresto de Zaplana aquel de mayo de 2018 era la culminación de una larga investigación de la UCO que arrancó con la aparición de unos documentos en el marco de la operación Taula. Esta otra macrocausa, que cumple ahora diez años de recorrido, arroja un balance de 13 piezas separadas, 27 condenas (pendientes de recursos ante el TSJCV y el Supremo), 17 absoluciones, 79 archivos (algunos por fallecimientos) y otros 54 acusados con la investigación en marcha o pendientes de que se inicie el juicio.

Los papeles que dan el pistoletazo de salida al caso Erial fueron hallados por el ciudadano sirio Imad Al Naddaf Yalouk en un piso que había sido propiedad de Eduardo Zaplana, aunque este lo había entregado en 2012 a su amigo Marcos Benavent, el ‘yonqui del dinero’. Benavent, pieza clave del caso Taula, empezó colaborando judicialmente con la investigación del caso Taula como corrupto arrepentido, hasta que en octubre de 2021 decide cambiar de rol y de versión, alegando que todas las grabaciones que dan origen al caso, y en las que aparece él con otros altos cargos vinculados al PP, están manipuladas.

Aquel bizarro audio de Benavent y Alfonso Rus, quien fue presidente provincial del PP, contando billetes en un coche, estaría, según la nueva versión de Benavent, viciado en su origen. Benavent alegó haber hecho sus confesiones anteriores “bajo presión”, una extensa presión que se habría prolongado durante sus siete años de colaboración con la justicia.

El cambio de Benavent no invalidó la importancia de los papeles encontrados en una de sus propiedades. El caso Erial echaba a andar gracias a que esos documentos esbozaban con nombres y esquemas el entramado societario que habría utilizado la trama liderada por Zaplana para ocultar el botín, a través de la compraventa de acciones, pagos presuntamente fraudulentos a consultoras, la repatriación en efectivo y el blanqueamiento con compra de inmuebles controladas por presuntos testaferros. Una compleja red en la que habrían participado otras 20 personas, que también se sentarán en el banquillo de los acusados.

Los otros ilustres acusados

El calendario del juicio de esta macrocausa judicial contempla un total de 40 sesiones y la comparecencia de más de 200 testigos. En la lista de acusados figura otro ex president de la Generalitat Valenciana, José Luis Olivas, así como dos sobrinos del fallecido ex presidente de Les Corts Valencianes, ex vicepresidente del Gobierno valenciano y ex director general de la Policía, Juan Cotino, además de colaboradores de Zaplana y varios empresarios.

El otro expresidente imputado, Olivas, está procesado por cohecho y prevaricación y el fiscal pide para él seis años de prisión. El antecesor de Camps ya ha sido condenado en otra causa que tiene que ver con los proyectos eólicos. Tanto él como otro de los acusados, Vicente Cotino, fueron condenados a un año y medio de prisión tras emitir el primero una factura falsa por 580.000 euros por asesorar al segundo en la venta de sus participaciones en Proyectos Eólicos a Endesa (por más de 39 millones de euros). Los investigadores sospechan que ese pago pudo ser, en realidad, un soborno por la adjudicación.

Precisamente el sobrino de Juan Cotino, Vicente, y su hermano José Cotino, se habrían embolsado por la venta de las participaciones de las empresas adjudicatarias de las ITV y los parques eólicos investigados, 86,5 millones de euros. A ambos se les acusa de blanqueo, cohecho y falsedad y se enfrentan a una posible condena de 14 años de prisión.

Entre la larga lista de colaboradores de Zaplana acusados, que van desde su secretaria personal, Mitsouko Florida, a su jefe de gabinete, Juan Francisco García Gómez, figuran como principales testaferros dos amigos cercanos de Zaplana. Joaquín Barceló y Francisco Grau aparecen como titulares en las cuentas de la trama en el extranjero y como cargos en las sociedades receptoras de las presuntas comisiones y sobornos.

También se sienta en el banquillo de los acusados Francisco Pérez López, alias ‘El Gasofa’, conocido por ser el dueño de la estación de servicio más rentable del País Valencià, que consiguió tras la adjudicación de una parcela en el entorno de Terra Mítica. Supuestamente ayudó a ocultar el origen ilícito del dinero a través de operaciones de compraventa de embarcaciones. Otro ilustre acusado es P. R., expeluquero tanto de Aznar como de Zaplana, y al que se le involucra como blanqueador de dinero de la trama con participaciones inmobiliarias en el entorno del citado parque temático, Terra Mítica.