Coronavirus
El Fondo de Recuperación Europeo: un globo desinflado

Recientemente hemos reflexionado sobre la respuesta de la Unión Europea para encarar la crisis económica desencadenada por el coronavirus. Una respuesta que, por su insuficiencia, podría traducirse en políticas de ajuste y devaluación interna sin precedentes, que, en el Estado español, nos ha retrotraído a un cínico revival de los viejos Pactos de la Moncloa. Tras haberse aceptado las iniciativas vehiculadas por el Banco Europeo de Inversiones (BEI), el Apoyo para Mitigar los Riesgos de Desempleo en una Emergencia (SURE) y el Mecanismo de Estabilidad Europeo (MEDE), queda pendiente el llamado Fondo de Recuperación, el único instrumento potencialmente capaz de reactivar la economía europea y hacer frente al reto sanitario enfrente de nosotros.

La polémica sobre el Fondo de Recuperación está envolviendo a numerosos analistas, encerrando un debate de fondo que pone en tela de juicio los proyectos de futuro para la Unión Europea (UE). En esta ocasión, la iniciativa comenzó con una apelación al Plan Marshall por parte del gobierno español, en un contexto de críticas de los países del Sur europeo, encabezadas por el Gobierno italiano y portugués, a las condicionalidades a favor de la austeridad, encarnadas sobre todo en el MEDE, como mecanismo de préstamo para los mal llamados rescates europeos de economías en dificultad.

El marco europeo no se ha construido para ninguna solución cooperativa y solidaria, sino más bien para lo contrario

Vamos a comenzar diciendo y explicando el perfil de la propuesta del gobierno español. Señalando sus potencialidades, pero también los problemas y, ante todo, su futilidad en el marco de la arquitectura institucional vigente en la UE. Seguiremos dando cuenta de la contrapropuesta de Bruselas y los criterios del club de países frugales, encabezados por los Países Bajos. Spoiler: la cosa anda bloqueada. Sin embargo, el interés radica tanto en su contraste como, sí, la conclusión: el marco europeo no se ha construido para ninguna solución cooperativa y solidaria, sino más bien para lo contrario.

La propuesta del Gobierno español

El Gobierno español apuntó un plan potente inspirado, en parte, en las ideas de Yanis Varoufakis, para que la UE tuviera una capacidad de financiación, tras los consiguientes efectos multiplicadores que estiman tras una aportación de garantías previas por parte de los Estados miembro y los presupuestos europeos, de hasta 1,6 billones de euros.

La cifra es asombrosa, cerca del tamaño de la producción de Italia en un año. Posiblemente, la profundidad de la crisis que atravesamos, lo hará igualmente insuficiente, pero no puede decirse que no sea una cifra muy notable. Según esta propuesta, podemos ver fortalezas y debilidades.

Como primer punto positivo es que, en base a esta propuesta, se emitiría deuda perpetua. Esto es, quien la compre no verá reembolsado el principal. A cambio, recibirá sine die los intereses de dichos bonos. En este contexto, aunque el rendimiento no sea muy alto, será mayor que las pérdidas de otros bonos, y además estará soportado por la seguridad del respaldo de la UE. Puede que la valoración AAA se degrade más adelante, pero la potencia del bazooka del BCE hasta finales del 2021 sería garante suficiente. Al ser tipos bajos a largo plazo, la UE podría devolver muy fácil el compromiso.

El segundo punto favorable a la propuesta es que se acompaña con una propuesta fiscal para poder devolver los intereses de este tipo de deuda. Aparte de figuras como la ecotasa, integrada en el presupuesto europeo, también podrán tomarse los excedentes de lo no gastado en el presupuesto hasta el máximo del 1,20% del PIB europeo que se marca como techo en el Marco Financiero Plurianual. Esto avanza en un formato de integración fiscal, con una figura que, sobre el papel, limita las emisiones de efecto invernadero. Sin embargo, el presupuesto europeo sigue siendo irrisorio. Sólo si fuese entre 4 y 8 veces (por dar tiempo a su incremento gradual) más grande podría contrapesar las divergencias de mercado que contiene su orientación.

Según el planteamiento del Gobierno, está sujeto a una condicionalidad respecto a su destino ligada a un objetivo social como es la crisis sociosanitaria y, por consiguiente, para mitigar la depresión y sentar las bases de la reactivación económica. El reparto del fondo sería vía transferencia y en base a una justificación objetiva del impacto de la crisis, según el nivel de infectados –indicador que habría, a nuestro juicio, armonizar-, caída del PIB o el nivel de desempleo. En suma, resultaría una medida netamente redistributiva. Ese es su punto fuerte adicional.

Ni que decir tiene, que el perfil de la propuesta es para saludarlo, como punto de partida, de cara al debate sobre qué soluciones son necesarias en el contexto actual. La realidad es que para el Gobierno deviene punto de llegada, un horizonte de máximos en cuyo recorrido cabe ceder terreno. Esto equivale a decir que el resultado, de llegarse a algún puerto, no será este. En cualquier caso, como hemos dicho seguiría siendo insuficiente dada la magnitud de la crisis. El Banco de España estima hasta en un 13,6% la caída del PIB de la economía española, y que se pueda alcanzar el 120% del PIB en cuanto a la deuda pública.

Se trata, por parte del Gobierno, de un movimiento audaz dentro de la partida de ajedrez que se está jugando entre los diferentes gobiernos europeos, tocando puntos que hasta ahora eran temas tabúes, como pasos hacia una mayor integración fiscal. Sin embargo, esta audacia no debe camuflar sus carencias (en materia de una armonización fiscal que implique que las élites económicas paguen lo que les debería corresponder en esta crisis) y contradicciones (los impuestos ecológicos han demostrado durante décadas ser un mecanismo poco eficaz por sí mismos para evitar la degradación del medio ambiente). Entre otras posibilidades inexploradas, también podría dársele continuidad para potenciar una inversión europea en horas bajas, condicionada a un plan de transición ecológica.

El Fondo de Recuperación si no se acompaña de grandes reformas que impugnen el modelo austeritario europeo quedaría desdibujada

Con todo, como decimos, es que tiene toda la pinta de ser un globo sonda para la negociación, que no se materializará ni mucho menos así. Un claro riesgo para su deformación y desinflamiento. Además, la solución, si no se acompaña de grandes reformas que impugnen el modelo austeritario europeo quedaría desdibujada. Sea como fuere, contiene los rasgos mínimos suficientes para ser apoyada, en tanto que punto de partida.

Las reacciones de la Comisión Europea y de los países centroeuropeos

Una vez ignorada la propuesta italiana de los coronabonos, y en respuesta a la propuesta española, la Comisión Europea (CE) ha lanzado igualmente una propuesta con respecto al Fondo de Recuperación. Esta propuesta juega con un impacto financiero deseado de 1,6 billones de euros, un 10% del PIB europeo, de forma similar a la propuesta española. Sugiere elevar los techos del presupuesto europeo, seis décimas más durante lo que dure la crisis, un 1,9% del PIB europeo hasta, posiblemente, 2022. Con ello, podría emitirse hasta 323.000 millones de euros en forma de deuda. La propuesta de la Comisión no se limitaría a financiar créditos a los Estados miembro, sino también subvenciones a fondo perdido. Parte de la emisión (un 10%) se usaría para apalancar inversiones que podrían movilizar más de medio billón de euros, es decir, un tercio del plan. No se limitaría a transferencias, sino que incluiría endeudamiento y fondos destinados a financiar inversiones. Y, ni que decir tiene, aparca la idea de deuda perpetua, y plantea plazos de devolución entre 5 y 30 años.

Esta medida, que buscaba la conciliación con los países “frugales” (Países Bajos, Alemania, Austria y Finlandia) se ha topado con su intransigencia clásica. Ahora mismo, la situación está bloqueada.

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Desobedecer, desbordar, superar al establishment: desde los pueblos hacia el internacionalismo solidario

La política de las instituciones europeas puede caracterizarse por su innovador funcionamiento y la muy estudiada política de comunicación en los procesos de negociación. Esto da lugar de manera sistemática a una de las paradojas de la UE en las que radica la crisis de legitimidad que esta sufre desde hace años. Así, el trabajo los y las representantes en el Parlamento Europeo se centra en el número de propuestas que presentan en los diferentes textos elaborados por las diferentes comisiones parlamentarias. Muchos de estos textos, en un inicio, abarcan un abanico abierto de propuestas. Sin embargo, los proyectos aprobados a menudo poco tienen que ver con esta pluralidad de ideas, siempre discriminadas por los grandes países centroeuropeos o por instituciones oscuras y sin control democrático como lo son el Eurogrupo, el BCE, la Comisión o el Consejo, muy sensibles a la presión de los poderes económicos transnacionales.

De esta afirmación se podría concluir que existe un conflicto de legitimidades entre las distintas instituciones europeas (entre la institución elegida por sufragio -el Parlamento Europeo- y el resto), y que la respuesta necesaria sería el impulsar un movimiento hacia una reforma de este marco. Como venimos repitiendo desde hace tiempo, este tipo de razonamientos implica el hacerse trampas. Por una parte, la Unión Europea, en su estructura (en su esencia) se ha construido de forma desigual y asimétrica. Esta desigualdad y asimetría es bien sabida por la mayoría de pueblos europeos de las diferentes periferias geográficas y económicas (que han sufrido las consecuencias de las políticas de austeridad). En definitiva, este poder asimétrico representa los intereses de las élites por encima de los del del resto de la población, y de las élites de países centrales como Alemania, Países Bajos o Francia sobre las élites de las periferias. Esta de una de las primeras coordenadas para comprender el proceso de toma de decisiones a nivel europeo.

El segundo elemento, prácticamente invisible a menos de conocer las instituciones en su interior, es la manera mediante la cual se presentan los proyectos. Las instituciones europeas, con sus trílogos y multiplicidad de órganos en los que se toman decisiones, acostumbran a lanzar globos sonda, que faciliten varias cosas: poner las bases y esquemas para poder empezar a hablar, pero sobre todo establecer los límites de la negociación.

A estas dos claves se suma una tercera: el eje ideológico. Este eje ha tendido a pasar a un segundo plano en las últimas décadas en tanto en cuanto parecía que tanto los gobiernos conservadores como aquellos social-liberales remaban en una misma dirección. La predominancia de lo que hemos llamado “extremo centro”, es decir esta comunión ideológica en torno a un programa de gobernabilidad neoliberal, actúa igualmente como jaula, pretendiendo una sensación de pluralidad de puntos de vista, pero cuya racionalidad es fundamentalmente la misma. Por muchos matices que se puedan proyectar (actitudes más estrictas o más amables), los intereses económicos que defienden son idénticos.

Como dijimos en un artículo reciente, “siendo [la reforma de la UE] la brújula que ha guiado la acción de la izquierda en este terreno, ha contribuido más a su desorientación que a una capacidad de intervención efectiva. Conforme va avanzando la decadencia de la propia UE, el horizonte de la reforma de la UE se desvanece y ya sólo se aceptan asimiladas a su proyecto”.

La Unión Europea es un elefante que impide avances de fondo, que además tiene programado un rumbo con piloto automático para afianzar las políticas de austeridad

A nuestro juicio, la Unión Europea es un elefante que impide avances de fondo, que además tiene programado un rumbo con piloto automático para afianzar las políticas de austeridad y favorables a la competitividad de los países centroeuropeos y a las grandes corporaciones privadas transnacionales, ignorando los capítulos de cooperación solidaria o bienestar social y medioambiental. Una de las garantías que permiten que este funcionamiento sigue en marcha es la exigencia de unanimidad en las decisiones, que no sólo favorece a los gobiernos conservadores, sino sobre todo a la continuidad de los tratados europeos que blindan esa perspectiva neoliberal y autoritaria.

Nos encontramos a la mayor crisis que el capitalismo haya podido encontrar en su funcionamiento. Entendemos que el proponer soluciones en el seno de la UE, por mucho que quieran mutualizar el esfuerzo entre los países para la recuperación económica, harán recaer su coste prioritariamente sobre las y los de abajo. Ante esta tesitura, debe cuestionarse el diseño de la arquitectura institucional, decisoria y económica de la UE. No cabe otra solución que construir una alianza para llevar a cabo soluciones internacionales cooperativas y favorables a las clases populares, la salud pública y la biosfera. Estas tendrán que hacerse al margen de las instituciones europeas tal y como están, desobedeciéndolas, desbordándolas o construyendo una institucionalidad que las supere. Pero, como ya venimos insistiendo, primero hay que superar el virus de la obediencia a la arquitectura económica y política vigente, tanto a escala de la UE como de los Estados-Nación tal y como los conocemos.

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