Coronavirus
Dos semanas en el motor de un autobús

Uno de los efectos secundarios de una amenaza biológica es su capacidad de exponer las debilidades y carencias de un sistema capitalista en el que se prioriza la producción continua y la rentabilidad económica frente a otros valores, poniendo al descubierto que quienes sustentan la vida en este sistema son por lo general las clases precarizadas y trabajadores informales —que han sufrido pérdidas en su poder adquisitivo y aquellos que nunca llegaron a tenerlo— sin que desde el Estado se compense de alguna manera este sobresfuerzo o se pongan medidas reales que ayuden a minimizar su exposición a un nuevo factor que complica todavía más sus propias condiciones materiales.

Si las medidas sanitarias adoptadas para encarar esta crisis han sido duras para esta primera línea de defensa, son también extremas para aquellos que se encuentran más alejados de la centralidad del sujeto político: inmigrantes racializados, personas privadas de libertad, de hogar o aquellos y aquellas que forman parte de subalternidades emergentes como ancianos, menores o individuos con diversidades físicas o cognitivas.

En el plano económico, las propuestas de los diferentes Estados para solucionar esta crisis adoptan formas neoliberales cuya finalidad principal es evitar el colapso económico y parchear los fallos del mercado, priorizando una vez más el rescate empresarial (asunción mediante dinero público de despidos, beneficios fiscales y crédito) frente a la protección de las capas más vulnerables de la sociedad, sacando a relucir —y este sería otro efecto secundario interesante— algunos de los principales campos de batalla.

En España, y tras un primer momento de shock en el que se compra sin condiciones este marco de continuar con la producción a todo coste en condiciones ridículas durante una situación de pandemia (¿ahora que no hay guarderías queréis que trabajemos desde casa?) y de aflorar expresiones de solidaridad hueca que no hacen sino romantizar la injusticia (como aplaudir desde los balcones a los sanitarios que trabajan en condiciones precarias por culpa del abandono y la falta de previsión), no tardan en surgir gobernanzas paralelas y prácticas de resistencia biopolítica con la particularidad de tener que desarrollarse en una situación en la que muchos de los derechos fundamentales están restringidos.

Las primeras en aparecer son aquellas de carácter solidario y asistencial: redes de apoyo mutuo que intentan paliar de alguna manera la desatención a personas en situación de riesgo ayudando a realizar tareas de abastecimiento de productos sanitarios o de primera necesidad, es decir, cubrir aquellas áreas que el Estado ha dejado desatendidas.

Estas procesos se dan tanto en redes informales de vecinos a grupos más estables (ateneos, asociaciones vecinales, etc…) en los que comienzan a crearse, también, cajas de resistencia para cubrir las necesidades de los más afectados dentro del colectivo. Una especie de mutua o seguro común al modo de las del mundo cooperativista de principios del siglo XX.

Síntomas más serios aparecen en el campo laboral auspiciados por sindicatos y asambleas de trabajadores con paros para obligar a cerrar grandes empresas que, aún sin cubrir sectores de producción de primera necesidad o que puedan aportar algún tipo de beneficio social, insisten en continuar con la producción sin más medidas sanitarias que las habituales (Michelín, Seat, etc…) y en iniciativas on line que señalan a las empresas que anuncian despidos o ERTE.

Al mismo tiempo estallan los primeros motines en centros de reclusión para protestar por las condiciones sanitarias (prisión de Tahiche, en Lanzarote o CIE de Aluche en Madrid) y al hilo de las luchas antirracistas, se anuncia también una posible querella desde asociaciones de ciudadanos chinos contra dirigentes del partido fascista Vox por declaraciones que incitan al odio contra su comunidad.

Desde los movimientos sociales surgen iniciativas coordinadas para forzar al gobierno a que adopte medidas más valientes: el conocido como Plan de Choque Social, en el que se reclama la suspensión o moratoria del pago de rentas (por alquiler o hipoteca), del pago de suministros energéticos (luz, gas y electricidad), así como la intervención de la sanidad privada sin compensación económica, la prohibición de los despidos y la instauración de una renta básica para las personas que se queden sin ingresos. En estas demandas también se incluyen la paralización de cortes energéticos y una moratoria a los desalojos por impago de rentas relativas a la vivienda.

También en el campo de la cultura y la tecnología surgen iniciativas interesantes: dejando de lado las múltiples propuestas online para sobrellevar el confinamiento (que van desde festivales musicales online a la distribución gratuita de libros o películas), destacan la formación de redes de usuarios de impresoras 3D para generar material médico (desde viseras hasta respiradores) demandado por hospitales.

Este tipo de redes surgen aquí y en otros países de nuestro entorno y es en Italia (que va unos metros por delante de nosotros en la carrera hacia el Armageddon) donde surge el conflicto: usuarios de Brescia se ven obligados a recurrir a ingeniería inversa para hackear un modelo concreto de válvula de respiradores (Venturi) agotado en el hospital de la ciudad que atendía a afectados por la pandemia ante la negativa de la empresa propietaria de la patente a proporcionar los diseños originales. La diferencia de costos de 10.000 a 1 entre el objeto sujeto a derechos de reproducción y la réplica nos da una pista de los motivos de esta negativa y de las amenazas de demanda: ya no es que el capitalismo sea insensible a la muerte, es que la muerte forma parte de sus lógicas extractivas y dinámicas depredadoras, lo que Banerjee definió como necrocapitalismo.

En esta línea, la fabricación de modelos de respiradores artificiales en la fábrica de Seat de Martorell utilizando un motor de limpiaparabrisas combinado con piezas impresas en 3D es también un ejemplo de cómo la inteligencia colectiva entra en conflicto con patentes y leyes de propiedad intelectual en el proceso de creación y traspaso de herramientas y recursos hacia el commonfare.

La pandemia nos deja curiosas estampas para el recuerdo como la demanda del FMI de realizar con urgencia más inversión en sanidad, el cierre de fronteras con nuestro país por parte de Marruecos, el apoyo de Luis de Guindos a una renta básica (transitoria) o los estudios que apuntan a que el virus, al parar la producción industrial, reduce la contaminación y por tanto, salva vidas. Uno a uno, todos los dogmas sobre los que se sustenta el sistema capitalista van colapsando y la crisis se revela como un posible catalizador de estas propuestas alternativas que hasta hace unos días eran tachadas prácticamente de utópicas.

En primer lugar parece evidente que los sistemas sanitarios públicos fuertes y con menor dependencia del sector privado se muestran más eficaces para asumir este tipo de contingencias como indican los múltiples y vergonzosos focos de infección en residencias de ancianos (un sector sanitario profundamente privatizado) o el colapso producido por la falta de material médico y otros recursos tras años de recortes y privatizaciones.

Las medidas sociales tomadas por el neoliberal Macron (por no caer en tópicos bolivarianos) de suspender pagos de alquileres, impuestos y recibos de luz, agua y gas —de forma no generalizada y con matices— dejan en evidencia las propuestas de nuestro país, en el que —y al revés de lo que ocurre en Francia— los sectores energéticos están en manos privadas. Resulta mucho más sencillo aplicar estas disposiciones cuando estos servicios, al considerarse estratégicos, forman parte del bien común.

Algo parecido ocurre con el sector inmobiliario, vapuleado por múltiples burbujas, y que hasta ahora ha sido entendido como un activo con el que especular en lugar de como un bien de primera necesidad, y queda también por ver cuáles serán las consecuencias económicas de la crisis en un país donde el proceso de desindustrialización concluyó hace tiempo (“siempre se han traído de China”, declaró el representante de la única fábrica de mascarillas quirúrgicas del país) para dar paso al monocultivo del turismo, un sector que, por sus propias dinámicas, se verá sin lugar a dudas duramente castigado.

Como se ha visto en ocasiones anteriores (en la década de los 70, de los 90 o más recientemente en 2008) el capitalismo aprovecha las crisis para reestructurarse y redefinirse. En esta ocasión, es previsible que China —un país con graves déficits democráticos—, gracias a una gestión mucho más eficiente de una crisis global y favorecida por los procesos de deslocalización de las últimas décadas, se confirme como la nueva potencia hegemónica, quedando en una posición privilegiada ante los modelos socioeconómicos de Europa y Norteamérica.

Y en este contexto será necesario, por último, atender a las investigaciones que indican que la contaminación atmosférica no solo daña el sistema respiratorio sino que debilita su sistema inmunológico, haciéndolo menos eficaz ante enfermedades como la gripe y también a las que apuntan que la destrucción de la biodiversidad facilita las condiciones para la aparición y desarrollo de nuevas enfermedades poniendo el foco en el vínculo entre el bienestar de los seres vivos con la salud de los ecosistemas naturales —el sujeto no unitario al que se refiere Rosi Braidotti al hablar de la interconexión entre el ego y los otros, incluidos los no humanos y los “otros de la tierra”— y ver si las tendencias y propuestas que subyacen en las prácticas anteriormente enumeradas son capaces de aprovechar esta coyuntura de debilidad de un sistema convaleciente para escalar desde posiciones locales y articular las alianzas necesarias para conformar un nuevo modelo pensado no solo para las zonas nobles del planeta y que responda de forma más eficiente a la escasez de recursos, a las desigualdades sociales y económicas y que, en definitiva, esté mejor preparado para encarar las nuevas amenazas que vendrán. Porque vendrán.