Coronavirus
Colectivos piden a los bancos que supriman las comisiones en el dinero transferido a las personas más vulnerables

Lo excepcional de la situación y las dificultades que tienen que afrontar las miles de personas a las que la emergencia social por la crisis del covid-19 está golpeando con más fuerza, como es el caso de migrantes en situación irregular o personas refugiadas, no está traduciéndose en una mayor comprensión por parte de los bancos. Así lo denuncia la asociación València Acull, que asegura tener constancia de casos en los que las personas destinatarias de transferencias realizadas por la organización han recibido entre un 60 y un 80% menos de la cuantía original. 

No es que la cantidad no llegue íntegra a la cuenta de la persona receptora, sino que los bancos aplican comisiones en conceptos como “mantenimiento” y no hacen excepción en la práctica de quedarse parte del dinero —aunque la finalidad y urgencia esté explicitada— por “cobros pendientes” u otras circunstancias, a pesar de la imposibilidad del colectivo para hacerles llegar el importe de otra forma. València Acull también expone casos en los que los donantes que han querido hacer transferencias a las organizaciones se han encontrado cobros de comisiones de cerca de cuatro euros por “precio de servicio de transferencia ajena”.

Son formas de trabajo habituales y sistemáticas en los bancos, pero que organizaciones del tercer sector consideran que deberían ser suprimidas en el contexto actual ya que estas prácticas, denuncia València Acull, “reducen drásticamente la efectividad de estas aportaciones, pero la cuantía de las comisiones se mantiene inmutable en todo el proceso a pesar de que los bancos son conscientes de su finalidad social”. Esto se traduce en que un porcentaje importante de las ayudas económicas “no llega a quienes lo requieren con urgencia para adquirir productos de primera necesidad”, tal y como explica el colectivo. 

Son prácticas habituales en los bancos, pero las organizaciones opinan que deberían eliminarse en el contexto actual, ya que reducen la efectividad de las aportaciones aun cuando las entidades bancarias son conscientes de su finalidad social

Entre los casos que València Acull asegura haber constatado está el de Yassine M., que trabajaba como aparcacoches en la economía informal y que actualmente no tiene ingresos. De los 50 euros que le transfirió la organización, solo recibió 20 porque el banco se quedó más de la mitad por “cobros pendientes”. Loubna B., que cuidaba sin contrato de una persona mayor antes de la pandemia, también se acercó al cajero a sacar los 60 euros que le habían sido transferidos para comprar comida para ella y sus hijos, pero la entidad financiera se cobró 48 euros por “comisiones de mantenimiento pendientes”. Paco Simón, portavoz de València Acull, explica que estos casos fueron denunciados públicamente la semana pasada y que no tiene constancia de que los bancos hayan modificado sus políticas al respecto.

Simón detalla que el colectivo hace transferencias semanalmente, por lo que no descarta que registren nuevos casos de este tipo a corto plazo. “Pero no son fáciles de detectar, ya que la gente los asume como algo normal”, añade. Por eso cree que es necesario que haya una concienciación generalizada que logre presionar a los bancos para que pongan en marcha “políticas proactivas en favor de las personas más desfavorecidas”.

Loubna B. se acercó al cajero a sacar los 60 euros que le habían sido transferidos para comprar comida para ella y sus hijos, pero la entidad financiera se cobró 48 euros por “comisiones de mantenimiento pendientes”

Para ejemplificarlo comparte el caso de una mujer que, cuando observó la comisión que le cobraba su banco al hacer una transferencia a la cuenta abierta por el colectivo —por la cual han creado una caja de resistencia para las personas migrantes más necesitadas—, reclamó ante la entidad bancaria la devolución de ese importe. Se quejó en su oficina y la obtuvo, pero desde València Acull insisten en que es inadmisible que se deje a merced “del compromiso de las trabajadoras y trabajadores de algunas sucursales la recuperación de parte de ese dinero en beneficio de quienes verdaderamente lo necesitan ahora”.

Dificultades que se suman a las ya existentes

Desde el inicio de la pandemia, algunos titulares recogieron medidas tomadas por determinadas entidades bancarias, como la eliminación del cobro de comisiones por retirada de efectivo a débito en cajeros automáticos o la “flexibilización de condiciones” de algunos programas en algunos bancos. “Pero que yo tenga constancia, no hay una política general de ningún banco ni del Banco de España que promueva u obligue a suprimir estas prácticas en estas circunstancias, y eso es preocupante”, valora Simón. 

Organizaciones como CEAR PV apoyan el planteamiento de València Acull: “Los bancos cobran comisiones en las transferencias entre bancos, es una práctica habitual y es parte del sistema bancario, pero apoyamos la reclamación de València Acull de que dejen de realizar esas prácticas y se levanten todo tipo de comisiones a las personas más desfavorecidas en esta situación”, resume Jaume Durà, portavoz de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado en el País Valencià (CEAR PV).  

Desde CEAR PV explican que ellos no tienen constancia de casos como los que recoge València Acull porque su funcionamiento es diferente, ya que en CEAR PV no han abierto una cuenta específica durante la pandemia, sino que tienen establecido un sistema de “tarjeta monedero” para las más de 800 personas a las que, solo en València—y con independencia de que los bancos sí cobren comisiones a las organizaciones e instituciones para transferirles el dinero—, la cuantía llega íntegra cuando acuden con ese cheque a la sucursal que el colectivo les indica.

Una oportunidad para los cambios

En este punto, Paco Simón apunta a la necesidad de paliar las dificultades que tienen las personas más vulnerables, como migrantes o refugiados, para abrirse una cuenta en un banco, dificultades que “van en contra de la directiva europea que establece que toda persona tiene derecho a una cuenta bancaria”, lamenta el portavoz. En este sentido, el Ayuntamiento de València ha permitido que durante el estado de alarma las personas receptoras de ayudas de servicios sociales puedan poner la cuenta de otra persona de confianza, una medida que no se ha aplicado en otros territorios.

“La puesta en marcha de medidas excepcionales contribuiría a mejorar la maltrecha reputación de los bancos tras el rescate de más de 65.000 millones de fondos públicos del que se beneficiaron”, apuntan desde València Acull

Más allá del papel de las instituciones, el comunicado de València Acull también señala que la puesta en marcha de medidas excepcionales por parte de los bancos “supondría una demostración práctica de las inmensas oportunidades que tienen las entidades financieras de mejorar la situación de la población más desfavorecidas” y que, además, contribuiría a mejorar “su maltrecha reputación tras el rescate de más de 65.000 millones de fondos públicos del que se beneficiaron”. “Ahora tienen una oportunidad para lavar su imagen después de la crisis que ellos provocaron y que nos ha tocado pagar al resto”, concluye Simón.