Migración
Denuncian las trabas bancarias para que las personas migradas abran cuentas

SOS Racismo y Ongi Etorri Errefuxiatuak aseguran que las decisiones son en muchos casos “arbitrarias” y subrayan que, de acuerdo con la directiva europea y la ley estatal, acceder a una cuenta es un servicio básico que frena la exclusión financiera de las personas más vulnerables.

Sanidad y población migrante
Una persona originaria de Senegal recibe atención médica en un centro de salud. Diego González

publicado
2019-06-19 12:26:00

“No somos conscientes de lo que implica la exclusión financiera, de cuántos derechos y actividades requieren de una cuenta corriente. Tengo una conocida que trabaja como empleada de hogar, cobrando en negro, pero no tiene donde guardar el dinero. También hay quien se quiere apuntar a la red municipal de polideportivos y no puede porque no tiene una cuenta. Una mujer quiere apuntar a sus hijos al comedor de la escuela y no puede por lo mismo”. Elena Bezanilla, de SOS Racismo, enumera algunos de los casos que le llegan.

La casuística, dice, es variada pero hay un denominador común: las barreras para abrir una cuenta básica en un banco se aplican a personas migradas. “Hay mucha gente que nos dice que no puede abrir una cuenta porque se lo niegan en el banco. El argumento más común es que no tienen el NIE (Número de Identidad de Extranjero). Pero hay mensajes contradictorios, en un banco nos dicen que no hay ninguna ley que prohíba abrir la cuenta, que depende a veces del jefe de la sucursal o del empleado”, añade Bezanilla.

Los casos que recogen desde SOS Racismo y Ongi Etorri Errefuxiatuak, y que han llevado a ambas organizaciones a denunciar la situación, abarcan a personas en situación regular o irregular, con o sin trabajo, con o sin NIE, y subrayan que en muchos casos se alegan causas arbitrarias. La situación estaría incumpliendo la normativa europea sobre el tema, la Directiva 2014/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, según la cual los estados miembro deben acomodar su legislación de forma que se garantice el acceso a una cuenta de pago básica a todas las personas, regulares en un país o que no puedan salir de él por motivos jurídicos, entendiéndose ésta como una prestación universal que ayuda a la integración social para los “consumidores más vulnerables”, según recoge en el artículo 3.

Al hablar de una cuenta básica, la directiva se refiere además a cuentas que no tengan comisiones o seguros adheridos a su apertura. “En algunos casos dicen que se la abren a cambio de contratar un seguro en el banco como de 40 euros y 50 al mes, o un caso que conocí el otro día de uno al que le cobran 17 euros mensuales. La razón no se sabe. En la mayoría de los casos primero les dicen que no la abren, pero luego vuelven acompañados y puede que lo hagan”, relata Bezanilla.

Municipalismo
La frontera del padrón

Las dificultades para empadronarse restringen el acceso a derechos básicos y servicios públicos.

El Real Decreto Ley 19/2017 del 24 de noviembre es la norma estatal que se adecúa a la directiva europea de 2014, y establece que todas las entidades bancarias estarán obligadas a ofrecer cuentas de pago básicas “a personas que residan en la UE, tengan o no un permiso de residencia, tengan o no domicilio fijo, siempre y cuando su expulsión sea imposible por razones jurídicas o de hecho y a las personas solicitantes de asilo”, especifican en su comunicado ambas organizaciones, explicitando lo que dice la ley.

“El problema es que por un lado tenemos esas dos normativas y, por otro, la normativa bancaria que es restrictiva y que tenemos que cumplir. Para abrir cualquier cuenta, y esto aplica tanto a extranjeros como españoles, está la normativa de blanqueo de capitales y referente al terrorismo. Estamos trabajando con organizaciones como CEAR para ver cómo podemos solucionar esas situaciones”, señalan desde Triodos Bank, entidad que, junto con Fiare, entra en la categoría de banca ética. Ambos bancos han sido señalados en el comunicado de SOS Racismo y Ongi Etorri Errefuxiatuak por haber negado la apertura de cuentas a personas migradas, aunque en el mismo comunicado hacen referencia a entidades bancarias en general, dado que el problema no es concreto de uno u otro banco. La normativa española en materia fiscal, informan desde Triodos Bank, “obliga a todas las personas a tener un número de identificación fiscal para todo acto de relevancia tributaria”, como sería una cuenta corriente dado que tiene “rendimientos y retenciones en cuenta”. “En el caso del solicitante de asilo y de los refugiados, lo tienen. Y en los de situación regular lo suelen tener. En el caso de los irregulares es complicado y solemos ver cómo lo pueden conseguir”, añaden.

La legislación en materia de blanqueo de capital en España a la que hacen referencia desde el banco es la Ley 10/2010 del 28 de abril. Esta norma establece una serie de requisitos de identificación y de seguimiento que las entidades bancarias deben de ejecutar para evitar la financiación de terrorismo y el blanqueo de capitales. Conviene destacar que esta norma es del año 2010, cuatro años antes de la Unión Europea dictase la normativa mencionada sobre el acceso a las cuentas de pago básicas, exigiendo a los estados miembro que amoldasen la legislación relacionada a la nueva normativa.

SOS Racismo y Ongi Etorri entienden, por tanto, que se está denegando la apertura de cuentas de acuerdo con “criterios arbitrarios, dependientes en algunos casos de las propias sucursales”.

Es más, la directiva europea hace referencia en su artículo 47 al tipo de contradicciones legales que señala Triodos, donde explicita que se debe denegar la apertura de una cuenta de pago “solo en circunstancias específicas” marcadas por leyes sobre blanqueo de capitales y de terrorismo y que, incluso en esos casos, “la denegación solo puede estar justificada si el consumidor incumple esa legislación”, y no si el procedimiento para verificar que se cumple es demasiado costoso. Es decir, el caso de una persona vulnerable que necesita una cuenta de pago para poder acceder a servicios sociales y que no ha incumplido la ley, debería ser suficiente para la apertura de la cuenta, y si lo costoso es el proceso quiere decir que España no ha adaptado su normativa de acuerdo con la petición europea.

SOS Racismo y Ongi Etorri entienden, por tanto, que se está denegando la apertura de cuentas de acuerdo con “criterios arbitrarios, dependientes en algunos casos de las propias sucursales”, según recogen en el comunicado. “No queremos hablar mucho de las ayudas porque refuerza el estereotipo de que los inmigrantes vienen a por eso, pero hay mucha gente que puede estar aquí 10 años y no haber conseguido papeles, porque necesitas tres años de arraigo y luego un contrato con al menos el Salario Mínimo Interprofesional, y hoy en día eso es muy difícil de conseguir. Imagina todos esos años sin tener una cuenta y sin poder cobrar las ayudas. Pero hay otros casos, el caso de una persona de Nicaragua que está regular, es decir, tiene un padrón y un pasaporte, que debería ser suficiente, tiene visado en regla, y no se la abren. No es que no se la abran a los pobres solo, porque no es el caso. Hay personas con tarjeta roja que están solicitando asilo y están en situación regular y también se lo niegan”, explica Bezanilla. Desde las organizaciones denunciantes creen que es imprescindible que los bancos informen a sus empleados en las diferentes sucursales sobre los procedimientos y criterios a seguir, “para evitar prácticas discriminatorias y arbitrarias contrarias a la ley”.

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