Coronavirus
Cazar en Extremadura: ¿actividad esencial?

Como ya informamos desde El Salto recientemente, el Gobierno remitió a todas las Comunidades Autónomas, con fecha 14 de abril y en pleno estado de alarma, una comunicación por la cual se recomendaba “mantener el control poblacional de jabalíes, debido a los problemas causados por su proliferación en las explotaciones agrarias”. Dicha medida, que ya contó con el rechazo de Unidas Podemos, afirmaba literalmente que “el control de la población de jabalíes forma parte de las actividades necesarias para mantener el estatuto sanitario de la cabaña ganadera y como medida de prevención de la Peste Porcina Africana (PPA). Las autoridades competentes de las autonomías deben establecer la mejor forma de llevar a cabo el control de poblaciones de jabalíes y teniendo siempre en cuenta la necesidad de adoptar las medidas de prevención necesarias para evitar el contagio del covid-19.”

En Extremadura no se ha hecho esperar la respuesta por parte de la Junta de Extremadura, siempre sensible en sus reacciones a todo lo relacionado con la caza. Tan solo dos días después de la recepción de la comunicación ministerial quedó aprobada la Resolución de 16 de abril de 2020, de la Dirección General de Política Forestal, “por la que se adoptan medidas excepcionales en materia de autorizaciones administrativas por daños y control de predadores mientras se mantenga la declaración del estado de alarma por el COVID-19”. El lunes, 20 de abril, ha resultado publicada en el Diario Oficial de Extremadura (DOE).

Extiende la posibilidad de cazar no solo a los jabalíes, sino a “depredadores”, añadiendo en la justificación de la medida que “se han producido por algunas especies cinegéticas daños a la agricultura y ganadería

En lo concreto, la medida autoriza, con “carácter excepcional, mientras se mantenga la vigencia del estado de alarma, la realización de acciones cinegéticas siempre que dichas acciones estén destinadas a evitar daños a las producciones agrícolas y ganaderas”. En apariencia, una aplicación en la Comunidad Autónoma de la comunicación estatal. No obstante, al margen de la lectura crítica que diferentes voces del ámbito ecologista hacen de la diligencia en la adopción de esta medida y del plazo de recurso que presenta (un mes desde el día siguiente a su publicación), una observación detallada de la misma añadiría algunas cuestiones dignas de reflexión.

Así, la recomendación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación es clara en el ámbito de su aplicación y en el objetivo expreso de mantener controladas las poblaciones de jabalíes, sin mencionar ninguna otra especie. En cambio, en Extremadura, la Resolución de su Dirección de Política Forestal introduce algunos aspectos que, como mínimo incurrirían, según distintas fuentes, en una interpretación excesivamente amplia de la voluntad ministerial. En concreto, la Resolución decide “prorrogar las autorizaciones para el control de predadores mediante métodos homologados que estuvieran vigentes en el momento de la entrada en vigor del estado de alarma y durante la vigencia de éste”, así como “autorizar con carácter excepcional, mientras se mantenga la vigencia del estado de alarma, la realización de acciones cinegéticas siempre que dichas acciones estén destinadas a evitar daños a las producciones agrícolas y ganaderas”. Es decir, extiende la posibilidad de cazar no solo a los jabalíes, sino a “depredadores”, añadiendo en la justificación de la medida que “se han producido por algunas especies cinegéticas daños a la agricultura y ganadería, siendo destacables los daños producidos por poblaciones de jabalí y otras especies de caza menor como el conejo a las producciones agrícolas o ganaderas, alcanzando estos daños niveles incompatibles con la rentabilidad de la actividad y que requieren de una actuación urgente”. Habla, pues, del control de jabalíes, de “depredadores” (sin precisar su especie) y de conejos.

Se podría estar tratando entonces, según Ecologistas en Acción de Extremadura, de establecer las condiciones de una licencia virtualmente completa para el ejercicio de la caza en la región durante el estado de alarma

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Parece claro que se podría estar tratando entonces, según Ecologistas en Acción de Extremadura, de establecer las condiciones de una licencia virtualmente completa para el ejercicio de la caza en la región durante el estado de alarma. Argumenta, la organización ecologista, además, la imposibilidad material de que, durante la pandemia y dada la excepcionalidad introducida por la misma, personal especializado como agentes del medio o el propio SEPRONA (Servicio de protección de la Naturaleza de la Guardia Civil) se puedan hacer cargo de aplicar la medida (fundamentalmente en lo relativo al control de depredadores, recordando en este sentido la reciente aparición de un ejemplar muerto de lince a manos de cazadores en Don Benito) y que, por ello, con absoluta seguridad, quedará la ejecución e interpretación de la misma en manos de los propios cotos de caza. Serán éstos quienes, entonces, “harán evaluación de daños, dándolos por hechos” y quienes ejecutarán, finalmente, “la aplicación concreta de una recomendación que era mucho menos amplia en fondo y forma y que debiera ser controlada por organismos públicos y especializados”.

También es criticado desde la organización ambientalista el procedimiento de concesión previsto para las autorizaciones de caza, al requerir éstas la simple presentación mediante registro electrónico de un simple formulario cumplimentado, con lo que prevén una concesión general y sin protocolo científico alguno de los mismas, pasando a una situación de normalización de los aguardos de jabalí sin control posible alguno e incrementando los riesgos y la presión sobre especies protegidas o en estado frágil de conservación. Ecologistas en Acción no duda en señalar como trasfondo de esta situación las constantes presiones del sector cinegético, “un auténtico lobbie en la región” y ha anunciado que está en estudio, junto con otros organismos que componen la Coordinadora de ONG Ambientales de Extremadura, una declaración común y la presentación del correspondiente recurso de alzada.

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