Los barrios de Sevilla se movilizan por su dignidad

A principios de julio, los barrios de la periferia de la ciudad de Sevilla lanzaron una convocatoria de participación ciudadana pidiendo, en un principio, la mejora de la seguridad ciudadana en distritos como Montequinto, Bellavista o Macarena.

Aquel primer paso dio lugar a la unión de plataformas de barrio hartas de la actitud contemplativa de las instituciones públicas, en este caso el Ayuntamiento de Sevilla. Tras otras reuniones en septiembre y octubre, la Plataforma Vecinal Interdistritos comienza a aglutinar las reivindicaciones de los vecinos y vecinas y se plantea esta manifestación para que el Ayuntamiento tome nota y actúe más allá de las promesas preelectorales.

Según datos de los Indicadores Urbanos de 2017, siete de los quince barrios más pobres en el Estado español se encuentran en la capital andaluza: Tres Barrios- Amate, Polígono Sur, Torreblanca, Cerro del Águila, Villegas, Su Eminencia y Polígono San Pablo. Son barrios que la administración autonómica cataloga como Zonas Desfavorecidas Identificadas y que se hallan en una situación de abandono absoluto por parte del consistorio sevillano.

Vecinos y vecinas de estos barrios son conscientes de que la situación de inseguridad es debida a la exclusión social que sufren y que ha ido en aumento en los últimos años. Por ello, reivindican que se cubran sus derechos básicos, que no se realicen más recortes y se evite así el deterioro de los servicios públicos, que se implanten planes de empleo reales y talleres ocupacionales y, como desde el principio, que desaparezca el incumplimiento sistemático de las autoridades en cuanto a la puesta en marcha y el mantenimiento de la policía de barrio como una figura de proximidad y cercana a la ciudadanía.

El problema de inseguridad es un problema de desempleo, de servicios públicos inadecuados y de la falta de alternativas para la juventud

Los barrios consiguieron que se aprobara por mayoría un acuerdo en el plenario para instaurar la policía de barrio, pero "el 90% de los vecinos y vecinas coincidimos en que no está instaurada", declara Sergio Serrato de la Plataforma Torreblanca Unida. "Prometieron y pusieron a la policía de barrio durante tres o cuatro meses para que los viéramos y después las retiraron", recalca Juan García, de la Plataforma Bellavista.

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A pesar de ser la capital de Andalucía y una de las ciudades más importantes de España, Sevilla tristemente obtiene los primeros puestos en número de barrios con exclusión social.

"El problema de inseguridad es un problema de desempleo, de servicios públicos inadecuados y de la falta de alternativas para la juventud", indica Óscar Mitillo, Coordinador de APDHA, entidad que forma parte de la Plataforma Vecinal Interdistritos de Sevilla. Como declara Juan García, "un 60% de la juventud no tiene trabajo ni estudia y lo peor es que no tiene perspectivas de futuro". El Ayuntamiento de Sevilla ha cerrado, desde 2011, siete de las doce escuelas taller y talleres de empleo que había en funcionamiento; a día de hoy solo quedan cinco. Se trata de otra muestra de la dejadez del ente municipal que se traduce en hartazgo con sus responsables por la situación de los barrios.

Las dieciséis organizaciones vecinales que constituyen la Plataforma Vecinal Interdistritos, citan al conjunto de la ciudadanía sevillana a las 12 horas del domingo 28 de octubre en la Plaza de la Encarnación de Sevilla. Lo hacen con la intención de exigir su derecho a disfrutar y convivir en un entorno de seguridad, de alegre y sana convivencia, con justicia social, trabajos y vivienda digna, suministros básicos y servicios sociales y equipamientos públicos adecuados con el objetivo de garantizar una vida digna para todos los barrios de la ciudad.

Entre las reivindicaciones más concretas y urgentes realizadas por esta plataforma se enumeran los planes de intervención e inversión, con financiación y plazos de ejecución reales en estos barrios, planes de empleo que incluyan -al menos- dos escuelas taller por cada distrito, policía de barrio al servicio de la ciudadanía y una reversión de los recortes en los servicios públicos.

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