Terrorismo de Estado
“Ni sus manos son tan blancas ni están blancas sus banderas: Su cal sí que es blanca” (Habeas Corpus)

Se han cumplido 25 años desde que las familias de Lasa y Zabala pudieron enterrar dignamente –que no tranquilamente-  los restos de los jóvenes torturados y asesinados por los GAL a principios de los años 80. El último adiós a los dos vascos, quienes no habían cometido ningún delito cuando fueron secuestrados y posteriormente asesinados por la Guardia Civil, estuvo marcado por la violencia del Estado. Hoy, 25 años después, con una formación “ultraizquierdista” cogobernando el país y sabiendo, como sabemos, que muchos culpables de este crimen no se sentaron en el banquillo para ser juzgados, se cuestiona la conveniencia de apoyar cualquier vía de investigación sobre la banda parapolicial que asesinó impunemente a las órdenes de un Gobierno “democrático” durante algo más de 4 años. La negativa en un primer momento de la formación de Pablo Iglesias a investigar a los GAL y la rectificación a las pocas horas por las presiones recibidas dentro del propio partido, nos debe hacer reflexionar sobre si el mensaje de la “cal blanca” del líder de Podemos en “modo oposición” era falso (una estrategia electoral más), o si al final va a ser verdad aquello de que los mecanismos para revertir el orden establecido y darle la vuelta a este sistema no se pueden activar desde el interior de las instituciones.

Tumba lasa y zabala
28 jun 2020 17:40

José Antonio Lasa y  José Ignazio Zabala tenían 20 y 21 años cuando los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) enterraron sus cuerpos en cal viva creyendo que así los harían desaparecer. Antes de eso, los dos jóvenes habían padecido todo un calvario de torturas por parte de miembros de la Guardia Civil destinados en el cuartel de Intxaurrondo, en Donostia. Unos maltratos físicos que se descubrieron años después por los médicos forenses, aunque nunca nadie fue condenado por ellos, y que fueron realizados en el Palacio de la Cumbre de San Sebastián, residencia oficial de quien en aquel momento era la máxima autoridad del Gobierno español en Euskadi, Julen Elgorriaga (PSOE). Se cree, que fueron asesinados a finales de 1983, poco después de ser secuestrados en Baiona (Francia), el 15 de octubre del mismo año, cuando se hospedaban en casa de unos conocidos tras haber tenido que huir de Guipúzcoa por su activismo político.

Presuntamente Lasa y Zabala eran militantes de Euskadi Ta Askatasuna (ETA). Nunca se pudo probar, como tampoco que tuvieran alguna responsabilidad en la organización vasca. El único delito con el que se les relacionaba era un pequeño atraco a una sucursal bancaria. Por este motivo, cuando supieron que las autoridades les buscaban, habían decidido huir a Francia. Siempre pensaron, y así se lo transmitían a sus familias, en regresar a sus hogares cuando las cosas se calmaran.  

Mandos y agentes de la Benemérita de Intxaurrondo lo sabían, conocían que “solo” eran perfiles insignificantes, pero igualmente siguieron adelante con sus planes: los secuestraron, los maltrataron, los asesinaron e intentaron borrar cualquier pista de su paradero.

Pero para comprender por qué y cómo se producen los asesinatos de Lasa y Zabala hay que empezar por los GAL y el contexto histórico y social en el que esta organización parapolicial comienza su actividad.

A finales de 1982, tras las elecciones de octubre, el PSOE gana con una amplia mayoría absoluta y accede al poder. Son años donde ETA está muy fuerte. Los atentados y los secuestros son constantes. Uno de los quebraderos de cabeza más importantes para el recién llegado Ejecutivo de Felipe González será acabar con la banda. Según algunos historiadores, González pide “colaboración” para ello al Estado francés, porque los miembros de ETA habían encontrado en Iparralde un lugar en el que poder refugiarse de la justicia española. Francia otorgaba a los miembros de ETA el estatus de “refugiados políticos” y se negó a colaborar con España en la persecución de sus militantes cuando estaban en suelo francés. El Gobierno socialista consideró entonces que si trasladaban el “problema” al lugar donde estos se refugiaban, el Gobierno francés no tendría más remedio que involucrarse en la misma lucha. Es por lo que los GAL centrarán su actividad contra ETA en esta zona, donde se llevan a cabo la mayoría de sus crímenes.

La organización GAL, por lo tanto, nace como respuesta a la actividad de ETA. Estuvo integrada por mercenarios a sueldo pero también contó entre sus filas con miembros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil.

1983 es el año en el que se puede marcar el inicio de su acción. Se dedicaron básicamente a ejercer el terrorismo de Estado –no reconocido todavía a día de hoy pero cuyas consecuencias conocemos-, o “guerra sucia” contra ETA. Los GAL estuvieron activos hasta 1987 bajo gobiernos del Partido Socialista Obrero Español, con Felipe González a la cabeza de los mismos. Años más tarde, durante el proceso judicial contra esta organización, quedó probado que estuvo financiada, con fondos reservados, por altos funcionarios del Ministerio del Interior.

Además de los GAL, durante la dictadura de Franco y la transición española, existieron diversas organizaciones que utilizaron prácticas terroristas para enfrentarse a ETA, como el Batallón Vasco Español (BVE), los Guerrilleros de Cristo Rey, los Comandos Antimarxistas, los Grupos Armados Españoles y Antiterrorismo (ATE), la Triple A (AAA), etc. Eran organizaciones “toleradas” por el Estado, cuyos gobiernos –tanto de UCD primero y  del PSOE después- conocían su existencia e incluso colaboraron con ellas financiándolas, como ocurrió con los GAL. Aunque el objetivo era ETA (y otros grupos radicales de izquierdas), llevaron a cabo actuaciones indiscriminadas que ocasionaron la muerte a personas inocentes, como el caso de Yolanda González, asesinada por el Batallón Vasco Español en febrero de 1980. González, de tan solo 19 años, fue confundida con una militante de ETA cuando en realidad pertenecía al Partido Socialista de los Trabajadores.

Se habla de la llegada de la “izquierda” socialista al poder en el 82, de la instauración de la democracia cuando esto ocurre, de la creación del “Estado del Bienestar” después de una “modélica” transición y, en definitiva, del pase de página de la sociedad española en años muy convulsos tras la muerte del dictador. Sin embargo, el hecho de que bajo un Gobierno “progresista”, supuestamente de “izquierdas”, se creara una organización parapolicial para combatir de espaldas a las “reglas de juego” de un “Estado de Derecho” como se suponía que era el español, demuestra que efectivamente no hubo una transición, sino una transacción para no juzgar los crímenes de 40 años de dictadura. Unos crímenes que se cometieron contra personas indefensas una vez que la guerra termina y el bando del fascismo vence imponiendo sus normas al resto de la población. Durante la transición y más tarde durante los primeros años de la “democracia” (e incluso ahora podemos corroborarlo con estas actitudes de la supuesta “ultraizquierda”), no hubo intención de terminar con la impunidad de los fascistas, reconvertidos tras la muerte del genocida en “ejemplares demócratas” (Manuel Fraga o Adolfo Suárez son ejemplos de ello), sino de tapar sus delitos, de los que nunca se arrepintieron, para seguir viviendo del Estado que ellos mismos habían construido. Los GAL fueron un producto más de toda esa camarilla nostálgica del régimen franquista contra quienes habían tomado la decisión de seguir la vía (equivocada o no) de la violencia contra la opresión a la que habían estado expuestos durante décadas. El mismo Rafael Vera –Secretario de Estado para la Seguridad del Gobierno de España de Felipe González entre 1986 y 1994-,  argumentaba en una entrevista de hace un par de años que “quienes habían empezado a matar habían sido los de ETA”, refiriéndose a la actividad de los GAL literalmente con las palabras “ellos mataban y nosotros nos defendíamos”.

Los asesinatos de Lasa y Zabala están considerados como la primera acción “antiETA” de los GAL.

De hecho el crimen fue reivindicado por estos grupos en enero de 1984 con una llamada telefónica a un medio de comunicación que, sorprendentemente, no tuvo una investigación exhaustiva para dar con el paradero de los dos jóvenes a los que se les había perdido la pista 3 meses antes. Tendrá que pasar un año hasta que un cazador de Busot (Alicante) encuentre casualmente la fosa en la que habían sido enterrados con 50 kilos de cal, y diez años más para que fueran identificados sus cuerpos y devueltos a sus familias.

Hace unos días, el 21 de junio, se cumplieron 25 años de la llegada de los restos de Lasa y Zabala a Hondarribia en medio de un gran despliegue policial y una tensión social enorme, en presencia de una multitud de vecinos y amigos que habían acudido a arropar a los familiares. Se produjeron cargas policiales con decenas de heridos en el aeropuerto. Posteriormente, en el cementerio de Tolosa (Guipúzcoa), cuando sus seres queridos quisieron rezarles un responso antes de proceder al entierro de los restos mortales, la Ertzainza volvió a apalear sin motivo a la gente que se concentraba en el camposanto.

Francisco Etxeberria, el forense que se encargó de identificar los restos encontrados en la tumba de Busot (Alicante) y quien determinó que sin lugar a duda pertenecían a los dos vascos desaparecidos en octubre de 1983 en Baiona, reflexionaba sobre la impunidad que rodeó a quienes fueron los responsables de las muertes de los dos jóvenes. Existieron torturas y malos tratos que ocasionaron en los detenidos heridas tan importantes que de haber sobrevivido no hubieran podido hacerlo sin arrastrar secuelas de por vida. Los guardias civiles acusados y juzgados, Enrique Dorado, Felipe Bayo y Rodríguez Galindo, no fueron condenados por ello, y a pesar de sumar más de 300 años de cárcel (por secuestro y asesinato), solo han cumplido entre todos 20 años. El mismo forense, además, indicaba que el último gesto que les quedaba a las familias de José Antonio y José Ignazio era la despedida. Según las leyes internacionales de Derechos Humanos, todas las personas tienen derecho a ser sepultadas conforme a su cultura, tradiciones, religión, etc. y las instituciones solo deben facilitar esto. Sin embargo, a Lasa y Zabala, y a su gente, también les negaron este derecho, el derecho a ser despedidos en paz y a cerrar una etapa de angustia enorme para sus padres y hermanos.

Las muertes de Lasa y Zabala sirvieron para constatar lo que todo el mundo “ya sabe que pasó”, que el entorno más próximo del PSOE de González no solo asesinaba, sino también robaba. Pero aunque todo el mundo lo sepa, y la “súper izquierda” pretenda convencernos de lo que es bueno en cada momento e intente ir marcándonos el paso con lo cree que hay que ir tocando, ya es hora de que cumpla con lo que dijo que venía a hacer en las poltronas desde las que se ha acomodado. Hay que hablar de los GAL y del fascismo institucional, ese con el que pierden el tiempo debatiendo en escenarios donde no estamos todos y todas representadas. Y si esta “nueva-vieja izquierda”, que solo ha cambiado de color, cree que una buena parte de esta sociedad va a contentarse con gestos simbólicos y puntuales –como pasear de un tumba a otra los cuatro huesos de un asesino-, se equivoca. La justicia y la reparación no pueden existir sin procesos de investigación previos que determinen las causas y señalen a los culpables, caiga quien caiga, moleste a quien moleste, y se rompa lo que tenga que romperse.

Sobre este blog
Alkimia es un espacio de reflexión donde miembros o personas afines al Anarcosindicalismo dan su punto de vista sobre temas de interés general. En una sociedad en la que los medios de desinformación moldean la realidad al antojo de los poderes económicos y políticos, cualquier nueva vía de contrainformación se hace necesaria para lograr que se pueda conocer la realidad de la vida cotidiana de las personas a la vez que pueda servir para su transformación.
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1 Comentario
#64572 16:59 5/7/2020

La negociación político-económica entre monsieur Miterrand y el señor FG-X, fue que le daba paso libre a los sicarios, a cambio del gran negocio del tren de alta velocidad. Efectivamente, años después, la compañía francesa Alstom se llevó la mayor parte del pastel.

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