Derecho al agua
El derecho Humano al Agua en El Salvador bajo la administración Bukele

El agua es un bien natural, finito, vulnerable y vital para los humanos y ecosistemas; su gestión debe ser regulada por el Estado y no por el mercado. El agua debe ser considerada como un derecho humano, y así lo reconoció la ONU en 2002 en la Observación General 15 y en la Resolución 64/292 del año 2010. Pero en El Salvador, aún no se logra ese reconocimiento ni en la constitución ni en una Ley General de Aguas, a pesar de existir propuestas desde la población organizada para ambos instrumentos, como es el Foro del Agua-El Salvador, que presentó una propuesta de ley en 2006 y de reforma al artículo 69 de la Constitución, en 2012.

La llegada de la izquierda al poder en el año 2009, tras la instauración de dos décadas de gobiernos neoliberales y después de los acuerdos de paz del año 1992, revestía esperanza de un giro en la política pública para dar garantía al derecho humano al agua. En el 2009, el Ejecutivo creó la Gerencia de Atención a Sistemas y Comunidades Rurales – GASCR para ofrecer atención a más de 2.325 Juntas de Agua Rurales que abastecen a 1.4 millones de personas a nivel nacional. Entre el 2010 y 2016, se llevo a cabo una inversión de $17.6 millones en promedio anual a través del Fondo de Inversión Social FISDL. En el año 2012, la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados – ANDA, presentó una propuesta de Ley de Aguas que retomaba los enfoques de derecho humano, gestión pública, régimen financiero justo y equitativo y sustentabilidad ambiental de la propuesta del Foro del Agua, y creó de forma participativa diferentes instrumentos de política pública para la gestión sustentable del agua. 

Pero estas iniciativas desde el Ejecutivo fueron insuficientes para atender el problema de la falta de acceso al agua, ya que los partidos de derecha con mayoría en la Asamblea Legislativa, se han negado a legislar en materia de gestión del agua. Cuando lo han intentado, ha sido para favorecer los intereses mercantilistas de los grupos de poder que hacen uso de más del 54% (1,017.6 millones de m3) del agua en el país (riego del monocultivo de la caña de azúcar, embotellamiento de agua, industria, etc.), en menoscabo del derecho humano al agua. Esto ha llevado a la implantación de un sistema de injusticia en el acceso al agua en el país que se manifiesta en conflictos como: la sobreexplotación por la industria azucarera, provocando salinización y profundización del agua que abastece a las comunidades rurales; la concesión de aguas para las empresas especuladoras inmobiliarias mediante socios público-privados, sumiendo a las comunidades vecinas en la marginalidad y consumo de agua contaminada por las descargas de las mismas empresas; la desatención y desprotección de las Juntas de Agua  Rurales que, con su esfuerzo y apoyadas de las ONG y la cooperación internacional, gestionan sus propios proyectos.

el derecho humano al agua con el gobierno de bukele

El ahora presidente de la república, Nayib Bukele, llegó al poder como una propuesta de gobierno diferente a la derecha e izquierda salvadoreña, que resolvería problemas críticos de la población como es el acceso al agua,  evitando así la privatización. Sin embargo, a nueve meses de haber asumido el cargo, los hechos muestran lejos de avances importantes, un evidente desconocimiento de la gestión pública por parte de funcionarios con competencia directa en el derecho humano al agua, y un eminente retroceso en aspectos en los que se había avanzado en las administraciones anteriores, agudizando de esta manera la situación de crisis hídrica que ya venía experimentando la población, mientras se favorecen los intereses de la oligarquía salvadoreña.

Las políticas del actual gobierno muestran un debilitamiento institucional que se refleja en acciones sistemáticas, que van profundizando la desatención y allanando el camino a la privatización del agua. Una de estas es el cierre del FISDL y sustituirlo por el Ministerio de Desarrollo Territorial (aún inexistente), una instancia que desde su creación es la que más ha impulsado la inversión en agua potable rural y ha apoyado a las Juntas de Agua con subsidios al cobro de la energía eléctrica. 

En la misma vía de atención a las Juntas de Agua, se intentó eliminar la Gerencia de Atención a Sistemas y Comunidades Rurales por no contar con presupuesto asignado para su funcionamiento. Al indagar y descubrir que sí contaba con fondos pendientes por ejecutar de la Cooperación Internacional (Fondos de la  Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo- AECID), se decidió mantenerla, pero únicamente por dicha razón.

Recientemente el Área Metropolitana de San Salvador vivió una crisis de acceso a agua en pésimas condiciones de calidad, debido a fallos en el tratamiento de la planta potabilizadora Las Pavas, que abastece a 1.2 millones de personas. Esta crisis dejó en evidencia la incompetencia de las personas funcionarias responsables de ANDA para suministrar agua de calidad de acuerdo al Reglamento Técnico Salvadoreño y del Ministerio de Salud para asumir la competencia de la vigilancia de la calidad de agua que le asigna el Código de Salud. La población estuvo recibiendo durante el pasado mes de enero agua con contaminación fecal, y con pésimas propiedades organolépticas (color, olor y sabor), y que según manifiesta la población, aún persisten. A pesar de haber sido interpelados por la Asamblea Legislativa, el funcionariado responsable no fue capaz de brindar información clara y precisa sobre el problema, tampoco presentaron los protocolos de contingencia para estas situaciones y ni el abordaje de una solución definitiva a un problema que evidentemente, persistirá. La incompetencia, ineficiencia y falta de soluciones viables mostradas por el titular de la operadora pública, alimentan los discursos pro-privatización del agua, principalmente, en momentos cuando se ha retomado la discusión de la Ley de Aguas en la Asamblea Legislativa.

Muchas de las soluciones a las problemáticas existentes ya están planteadas en instrumentos de planificación a corto, mediando y largo plazo, elaborados de forma participativa en el gobierno anterior. Sin embargo, la administración actual ha decidido hacer caso omiso de los mismos. Prueba de ello es que, durante la convocatoria al Gabinete a causa de la emergencia por la mala calidad del agua en el Área Metropolitana de San Salvador, se propuso la creación de un Gabinete y Plan de Aguas, así como el desarrollo de una campaña de reforestación sin precedentes, desconociendo por tanto el gobierno actual el Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento y la Estrategia de Restauración de Ecosistemas y Paisajes. Además, se ha decidido no retomar las propuestas de Modelo de atención a Juntas de Agua Rurales por parte del Estado y Reglamento general para la atención de estas Juntas; herramientas que fueron trabajadas en consenso entre los operadores comunitarios y el gobierno anterior.

A pesar de conocer que las inversiones en agua potable y saneamiento son insuficientes, el Gobierno redujo el presupuesto de ANDA para el año 2020 en $13 millones, lo que indica que no hay voluntad por avanzar en el compromiso de cobertura universal de agua potable para el año 2030, como lo establece el Objetivo de Desarrollo Sostenible 6. De forma similar, el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales sufrió un recorte de $943,465 en la partida de saneamiento ambiental y seguridad hídrica, así como en los fondos para la Dirección de Evaluación y Cumplimiento Ambiental, dejando más limitado el tema del control de permisos ambientales para los cuales también el presidente ha solicitado reducir la tramitología. 

Estos son algunos de los temas que ejemplifican los retrocesos que se han comenzado a experimentar en el país, que no permitirán en el corto y mediano plazo avanzar en el cumplimiento del derecho humano al agua. Las actuaciones del Ejecutivo deben ser una alarma a la población para fortalecer la organización y cohesión social en aras de defender los logros conquistados en el camino hacia la garantía de este derecho, potenciar los mecanismos alternativos de la gestión comunitaria y hacer un frente común ante toda forma de privatización y mercantilización del agua.