Abusos a la infancia
Una vida “segura”: violencia sexual de Estado y políticas feministas en Guatemala

Un incendio el 8 de marzo, Día internacional de las Mujeres, causó la muerte directa a al menos 41 niñas que vivían en el Hogar Seguro de la Virgen de la Asunción, un albergue estatal infantil y juvenil en Ciudad de Guatemala. Este suceso nos hace preguntarnos qué “vida segura” es la que ofrecen los Estados y cuál es el papel de las leyes y las políticas de infancia. ¿Ofrecen soluciones a los problemas cotidianos de violencia sexual, racismo y empobrecimiento que viven niños y niñas de nuestros países? Las inadecuadas condiciones en las que vivían las niñas los maltratos que recibían de trabajadores del centro fueron denunciados en el sistema de justicia guatemalteco desde 2015.

Esta situación llevó a varias niñas, de entre 14 y 16 años, a intentar fugarse del centro el día 7 de marzo; a ser recapturadas por la Policía Nacional Civil de Guatemala, castigadas con agresiones sexuales, golpes brutales y encerradas bajo llave en un aula. Tal como narran los testimonios de las sobrevivientes, ante la desesperación del encierro, una de ellas prendió fuego a una colchoneta, lo que propagó rápidamente las llamas. Varias lograron escapar pero a otras se les negó la posibilidad de huir y fueron condenadas a morir calcinadas.Yoselin Yamilet Barahona Beltrán ha sido la última niña identificada. “Yami” como la conocía su familia tenía 15 años, estaba en segundo básico y entró a este hogar después de que sus familiares pusieron una alerta Alba Keneth (protocolo de acción para localizar y poner a resguardo a niños y niñas desaparecidos), para protegerla. Días antes había sido víctima de violencia sexual. La mamá de Yamilet murió en un accidente sobre la calzada San Juan hace 14 años, Yamilet tenía tan solo un año de edad cuando eso ocurrió y no tiene papá, por lo que su reconocimiento por medio de ADN fue difícil. Tiene dos hermanos Brandon de 19 años y Bryan de 22 años.  Daily Analí Domingo Martínez se fue a vivir con su tía para evitar los malos tratos por parte de su padre. En enero, su padre la denunció y Daily fue a parar al Hogar Seguro. Su madre lo llama Casa Criminal: “Quiero que se haga justicia, no sólo por mi hija o las otras niñas que ya murieron, sino también por las que están luchando por sobrevivir. Esa tragedia la provocó una mano criminal”. 

El viernes 24, Prensa Comunitaria informaba del hallazgo de un nuevo cuerpo. La víctima 41 del incendio. Murió en un hospital de Cincinnati (Estados Unidos) donde permanecen otras tres niñas, en situación grave. Falta información sobre estos y otros casos. El Estado guatemalteco no informa tampoco del estado de las jóvenes que fueron a parar a hogares públicos y privados tras el incendio. El Ministerio de Salud no ha emitido un informe sobre la atención que dieron a las 41 víctimas oficiales. La Procuraduría General de la Nación no atiende a las familias de las víctimas y el Estado no se hace cargo de los gastos de los entierros de Rosa Julia, Indira, Skarlet, Ana o Yoselín.

Las historias de las niñas del Hogar de la Virgen de la Asunción son muy diversas. Algunas de las niñas que vivían en el “hogar seguro” eran huérfanas, algunas con diversidades funcionales, venían de familias pobres, y al menos nueve estaban embarazadas. Otras eran jóvenes indígenas, con historias de violencia sexual, abortos forzados, embarazos por violación sexual. Otras huían del reclutamiento forzado de las maras o del crimen organizado. En un contexto de neoliberalismo como el de Guatemala y otros países de la región, las niñas y adolescentes, identificadas como incapaces de cumplir con las normas, son perseguidas y sus cuerpos criminalizados.

En Guatemala, dos mujeres son asesinadas diariamente por el hecho de ser mujeres. Las políticas siguen criminalizando a personas precarizadas (pobres, indígenas, mujeres, niñas y niños, homosexuales, hombres y mujeres trans, trabajadoras sexuales, personas no binarias). La violencia sexual es cotidiana en las calles y en los centros administrados por el Estado. Los testimonios de las supervivientes del incendio han vuelto a poner en el centro del debate cómo el derecho ordinario considera algunas vidas como “humanas”, frente a otras como las de las niñas quemadas, cuyos cuerpos son borrados y criminalizados en un sistema de justicia ordinaria que no alcanza para todos.

La criminalización incluye persistentes imágenes de hipersexualización infantil que sirven para justificar la violencia sexual tanto fuera como dentro de las prisiones y de los centros estatales de menores. Fuera de los albergues juveniles estatales, las agresiones sexuales contra las niñas, que son perseguidas como “delincuentes”, es un castigo sobre el cuerpo de las adolescentes que combina racismo, clasismo, misoginia y capacitismo. Además, la situación de desalojo, despojo y desposesión que viven en las calles, provoca que aproximadamente 50.000 menores no acompañados/as centroamericanos/as migren forzadamente cada año a los Estados Unidos en condiciones de extremo riesgo constante.

Dentro de los centros de menores como “hogar seguro”, administrados por los servicios sociales del Estado guatemalteco, la violencia sexual es un abuso permanente, aunque no reconocido. Tal como narran los testimonios de “hogar seguro”, el abuso sexual es así una forma de castigo a las mujeres menores “encarceladas” que, en ocasiones como en el caso mencionado, llega a institucionalizarse clandestinamente. 

Esto nos hace preguntarnos hasta qué punto los servicios sociales para la infancia sirven para prevenir violencias sexuales, si estos centros juveniles siguen funcionando en detrimento de las niñas. Los marcos legales que centran la discriminación individual desde la “perspectiva del menor infractor” y de los que son considerados como “imposibles” de existir, no solo fracasan sino que encierran racismo y sexismo estructural.

Límites del derecho ordinario

En el caso de “Hogar seguro” (un hogar de muerte segura) las constantes violaciones sexuales a las niñas por trabajadores, monitores del centro y otras autoridades nos hablan de los límites del Estado y del derecho en la administración cotidiana de programas, políticas e instituciones destinadas a la infancia. 

Algunas de las negligencias del estado Guatemalteco que se manejan en el caso, señaladas como inoperancia e incapacidad por parte del gobierno del presidente guatemalteco Jimmy Morales y del sistema de justicia son las siguientes: que 1) la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de Guatemala no acató, sino que apeló la orden judicial de 2016 que exigía una transformación del “Hogar Seguro”. 2) No se financiaron los funerales de las niñas y 3) a las personas supervivientes las enviaron a sus casas, en donde previamente muchas habían vivido abusos y maltrato. 4) El control de información sobre los menores en este y otros albergues juveniles no se resguardó adecuadamente, por lo que no existen cifras exactas sobre los y las niñas que vivían en el centro.

¿Vida segura?

En un mundo en el que cada vez más la idea de “seguridad” se asocia al encarcelamiento de la gente más pobre y más frágil de la sociedad, es urgente explorar algunos terrenos nuevos de justicia. Aunque las cárceles para mujeres, las instalaciones juveniles, los centros de menores y de detención de migrantes sean obsoletos, la desaparición del sistema punitivo carcelario aún es una utopía que merece ser repensada. 

La violenta sexualización de la infancia en los “hogares seguros”, que también son cárceles, trae un sin número de problemas, lo que motiva a hacer una crítica al sistema de prisiones. Estos “hogares seguros” funcionan como espacios arquitectónicos de disciplinamiento y normativización corporal de la infancia en los que se les educa como potenciales “criminales”. En las calles, la policía condena con perfiles raciales a la infancia y adolescencia y en los “hogares seguros” como el de este caso, ellas fueron “encarceladas” y privadas de su derecho más fundamental, su derecho a tener derechos. Para las niñas es aún más complicado, debido a que enfrentan violencias que ya han confrontando previamente en sus hogares y en sus relaciones íntimas.

Los imaginarios que existen en torno a la sexualidad, particularmente la intersección de “raza”, color de piel y clase, crean efectos en el tratamiento que reciben las niñas empobrecidas, algunas de ellas de familias indígenas, tanto dentro como fuera de estas prisiones. 

Pensar los albergues estatales para estos niños y niñas como espacios “seguros” es atractivo en la cara del miedo. Sin embargo, la hipervigilancia y el duro disciplinamiento corporal y emocional en estos centros sólo ha alimentado los voraces sistemas punitivos con constantes torturas, golpes brutales, abusos, violaciones sexuales por trabajadores, monitores y otras autoridades y denunciadas por las niñas. 

Políticas feministas: por un modelo alternativo de justicia

En los últimos días se han producido, una y otra vez, vigilias, concentraciones y protestas multitudinarias en calles y plazas de Guatemala, México, El Salvador y en otras partes. Han sido motivadas por la rabia, la ira y el dolor que produce la acción (o inacción) los agentes de Estado (Policía Nacional Civil y otros actores). La indignación de que la policía y otros agentes de Estado sean cómplices de este crimen y de que sus informes se conviertan en plataformas de ellos mismos (que son quienes hablan), ha traído de nuevo la tensión entre la administración de justicia y los límites del derecho así como entre proponer reformar los “hogares seguros” o abolirlos definitivamente.

Las reformas sugeridas apuntan a exigir el no hacimiento de niños y niñas en estos centros; brindarles acompañamiento emocional que respete su intimidad y su situación personal; generar un trato no-criminalizante, invertir en aumentar la remuneración de las plantillas del centro así como contratar personal con mayor formación en infancias y juventudes, con experiencia y sensibilidad comprometida.

Más allá de que el Estado guatemalteco cumpla con el arresto de los responsables, para las feministas y la gente que ha salido a manifestarse a las calles, esto no implica que no puedan pervivir formas alternativas de justicia que denuncien públicamente a través de escraches a los responsables o que acompañen y respalden a las familias en las frías salas de los tribunales.