Derecho a la vivienda
Prorrogado el último de los desahucios previstos para esta semana en Alacant

Zoulikha, su hija de 20 años y sus hijos de 18 y 4 años iban a ser desahuciados mañana en Alacant. La vivienda estaba en manos del fondo buitre Colba Directorchip S.L., y el Sindicat de Barri de Carolines había llamado a la concentración frente al hogar de esta familia en situación de vulnerabilidad y sin alternativa habitacional, cuyo único ingreso son los 586 euros del mínimo vital. 

“Nos alegra comunicar que hace unas horas el juzgado de primera instancia nº 3 de Alicante ha pospuesto durante un mes el desahucio atendiendo a la solicitud de una vivienda de emergencia social, la situación económica de vulnerabilidad y la situación de personas a cargo”, reseñan desde el colectivo por el derecho a la vivienda.

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Lis Gaibar

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El Sindicat de Barri de Carolines lleva alrededor de un año organizándose por el derecho a la vivienda. De los cuatro desahucios programados para la semana que viene en el norte de Alicante, la cifra se ha reducido a dos como resultado de la presión colectiva. Miembros del colectivo insisten en la necesidad de aportar soluciones definitivas para familias vulnerables en una zona —y ciudad— cada vez más gentrificada.

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Desde el Sindicat de Barri no dudan en expresar sus dudas porque 30 días sean suficientes para que los servicios sociales municipales “cumplan con su responsabilidad y emitan los informes que acreditan la situación de esta familia” que le permitiría el acceso a una vivienda social, pero advierten de que seguirán acompañando a Zoulikha y su familia y exigiendo que “cese de una vez la violencia institucional del Ayuntamiento de Alicante contra tantos vecinos y vecinas de la ciudad en situaciones precarias”.

La prórroga del desahucio se suma a otras tres victorias del Sindicat de Barri de Carolines, que había impulsado cuatro convocatorias para cuatro desahucios diferentes en apenas cinco días y ha logrado aplazar tres y parar uno, este último tras acudir a la sucursal del banco BBVA —entidad propietaria de la vivienda de la familia que iba a ser desahuciada— y conseguir paralizar la demanda y negociar la renovación del alquiler social.

Por otra parte, el Sindicat de Barri junto a otras organizaciones del derecho a la vivienda como el Punto de Información de Derechos Sociales y las asociaciones KARAM y Cometas y Sonrisas se han concentrado esta mañana frente al Ayuntamiento de Alicante coincidiendo con la celebración de un pleno. Durante el mismo, ha intervenido María, una mujer desahuciada en febrero de su vivienda en Alicante, para leer un manifiesto “dirigido a los y las representantes políticos municipales” invocando al “desbloqueo de los trámites para la aprobación de los informes de vulnerabilidad y de emergencia habitacional, paralizados desde la alcaldía y que afectan a las familias víctimas de desahucios que se encuentran en este momento sin vivienda”.