Derecho a la vivienda
El problema de la vivienda es un reto colectivo, la respuesta también debe serlo

El pasado 28 de noviembre tuvo lugar en el Palacio Euskalduna de Bilbao la jornada ‘Soluciones al reto del alquiler asequible’, organizada por el Observatorio Vasco de la Vivienda –entidad dependiente de la Viceconsejería de Vivienda del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco–. Un evento planteado a priori «no tanto para hablar de los problemas, como de las posibles soluciones», tal y como afirmaba el Director de Planificación y Procesos Operativos de Vivienda del Gobierno Vasco, Mario Yoldi. Un planteamiento de agradecer, pues aunque los principales conflictos existentes en Euskadi para acceder a ese derecho humano básico y fundamental que es la vivienda son ampliamente conocidos y centran en muchos casos la atención de los debates, requieren de una actitud activa por parte de muy diversos agentes para ser abordados. Las instituciones públicas son clave en este sentido, ya que su papel como facilitadoras tanto de dispositivos habitacionales, como de un marco en el cual sector privado y sociedad civil puedan aportar soluciones alternativas a la problemática actual es crucial.

Algunas de las ideas planteadas y de los debates surgidos en la jornada –en un contexto europeo y español en general, y vasco en particular– pusieron en evidencia la complejidad del asunto; a partir de lo escuchado, es posible hacer una breve reflexión sobre el estado actual del debate y perspectivas en torno al acceso a la vivienda. Una primera cuestión es necesaria asumir: como ocurre con otros tantos retos urbanos actuales, el nivel y la calidad del acceso -o no acceso, que genera situaciones potenciales o reales de vulnerabilidad y exclusión social - a la vivienda en Euskadi, al igual que en otras sociedades del capitalismo avanzado, es reflejo de una compleja, contradictoria y no siempre visible red de fuerzas e intereses que presentan desigual capacidad de acción. Por lo que aquellas miradas que reducen y simplifican esta situación a un problema presuntamente sencillo no ayudan a su resolución, como muestra la historia reciente. Vamos a intentar dar alguna pincelada de luz sobre esta idea.

CONSENSO APARENTE

En primer lugar, lo que sí puede decirse es que existe un amplio consenso aparente sobre la necesidad de garantizar a toda persona y unidad de convivencia un alojamiento digno. Difícilmente pondrá alguien en cuestión, o no al menos públicamente, esta idea más o menos abstracta y general sobre la que se apoya el derecho de acceso a una vivienda. Los documentos e instrumentos que han recogido esta necesidad a diversas escalas son muchos: la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, la Carta Social Europea de 1961 y revisada en 1996, la Constitución Española de 1978, el Estatuto de Autonomía de Euskadi de 1979, el Pacto Social por la Vivienda de Euskadi de 2010, el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana de 2015, la Ley de Suelo y Urbanismo de Euskadi de 2006, la Ley de Vivienda de Euskadi de 2015, o los Planes Directores de Vivienda de Euskadi, entre otros.

Las respuestas parciales al problema de la vivienda se apoyan en ideas y posiciones que alimentan las contradicciones de fondo

La importancia del tema puede observarse en las encuestas periódicas del Euskobarómetro. La vivienda se mantiene entre los principales problemas percibidos por la sociedad vasca. Esta importancia se refleja también en la riqueza del ecosistema de asociaciones y colectivos en lucha por garantizar este derecho –Plataforma de Afectados por la Hipoteca, VdeVivienda, Por Una Vivienda Digna, Opinión Pública, Juventud Sin Futuro, Sindicatos de Inquilinos,…–, en los contenidos de los programas electorales de partidos políticos y programas de legislatura de diferentes gobiernos –al menos enunciados, otra cosa es la capacidad e itencionalidad real de su desarrollo–, o en la abundante producción académica e investigadora sobre el tema –desde los trabajos de Engels en el siglo XIX hasta las más recientes publicaciones de hoy en día–.

El diagnóstico general de la situación es ampliamente compartido. Aunque con matices enfrentados, pues si Jaime Palomera desde el Sindicat de Llogateres de Barcelona defendió que «hay que ampliar el concepto de emergencia habitacional», el economista Gonzalo Bernardos ofrecía una mirada simplista de la realidad socio-demográfica española limitando el problema a la juventud, banalizando sobre sus biografías vitales, y haciendo de ejemplos puntuales conflictos estructurales. En la jornada en cuestión así pudo observarse en varias de las ponencias.

RESPUESTAS SUPERFICIALES Y CORTOPLACISTAS

Pero si tenemos bastante bien identificada y diagnosticada la problemática, ¿por qué esta se mantiene en el tiempo, con sus correspondientes evoluciones y cambios coyunturales según el diferente contexto socio-económico?¿Por qué es de facto una compleja problemática estructural que sitúa a cada persona en algún punto entre la consecución del derecho básico que es la vivienda y la exclusión de una ciudad residencial desigualmente accesible? Entre otras razones, hay cuatro que permiten desgranar un poco el asunto. Las dos primeras se sitúan en un plano más superficial, mientras que las dos siguientes buscan profundizar en las raíces de todo ello.

Primero, frente a ese aparente consenso inicial, a la hora de explicar qué genera dicha situación se dan fuertes discrepancias. La inaccesibilidad económica se suele achacar a algunos de los conflictos más evidentes. Por mencionar algunos ejemplos habituales, suelen ser la falta de oferta, el precio del suelo, la especulación, o un mercado devorador de recursos. Segundo, las discrepancias se mantienen e incluso crecen cuando de lo que se trata es de plantear soluciones a los conflictos. En consecuencia, las respuestas suelen ser superficiales y cortoplacistas, centradas en los efectos. Sin embargo, las verdaderas causas no suelen ser objeto de atención –«parches no estructurales» como planteó Edwards en el Euskalduna–. Con frecuencia las políticas que se han propuesto han sido urbanizar más suelo para construir más viviendas, regular los precios del mercado, u ofrecer ayudas económicas a la construcción y al acceso, entre otras medidas.

COMPLEJIDAD, DESIGUALDAD Y CONTRADICCIÓN

Detrás de estas reacciones hay al menos otras dos razones, que son las que alimentan esas causas de fondo a las que no se suele prestar tanta atención. Al fin y al cabo, la sociedad no debe analizarse como un sujeto único y autónomo, si no como ese conjunto de agentes, fuerzas e intereses arriba mencionados. Por un lado, ese panorama contradictorio en el que una sociedad mercantiliza y liberaliza un derecho tan fundamental como es la vivienda hasta el extremo de excluir del parque residencial a una importante parte de la población –y que por lo tanto no puede generar demanda en el propio mercado– no es, como es sabido, exclusivo de la vivienda.

Algunas de las contradicciones que se pueden detectar en el sistema inmobiliario y urbanístico residencial son las propias de un marco más amplio que desborda la cuestión de la vivienda y arraiga en un sistema de organización social capitalista global, concretado en diversos capitalismos locales, regionales y continentales específicos, pero con rasgos compartidos. No en vano, David Harvey utiliza en su libro ‘Diecisiete contradicciones y el fin del capitalismo’, y en varias ocasiones, la vivienda como ejemplo –en algunas usando el caso español en particular– para sintetizar contradicciones como las existentes entre el valor de uso y el valor de cambio, el valor social del trabajo y su representación mediante el dinero, la propiedad privada y el Estado capitalista, o la apropiación privada y la riqueza común.

La vivienda como inversión parece ser algo incuestionable, cualquier solución debe pasar siempre por el libre mercado y el crecimiento económico exponencial.

Por otro lado, la diferente manera en que los muy diversos agentes políticos, económicos, o de la sociedad civil participan en la toma de decisiones relativas a las políticas, la planificación y la gestión de la vivienda juega un papel fundamental. Se trata de un proceso de gobernanza urbana desigual que, aunque se ha ido parcialmente abriendo a la participación de agentes históricamente excluidos de la toma de decisiones –bajo la promesa de procesos horizontales y constantes en el tiempo–, presenta todavía un importante desequilibrio de fuerzas, instrumentos, espacio y tiempo para participar, y una re-jerarquización hacia el empoderamiento limitado de ciertos actores públicos y económicos. Algunos analistas como Erik Swyngedouw han calificado a estos procesos como de «hipócritas» precisamente por esa doble imagen, la aparente y la real, que presentan. De tal manera, que mientras se están por un lado alimentando las contradicciones de fondo, en paralelo se regula y se interviene –parcialmente– sobre aquellos efectos más evidentes causados por las mismas, pero sin atacar las verdaderas causas que sustentan ese sistema.

Contextualizar los debates, reacciones, discursos o políticas en torno a la vivienda en este marco brevemente presentado puede ayudar a entender el núcleo de la problemática. Es un paso clave tanto para empoderar a una línea de trabajo progresista en defensa de la dimensión social de la vivienda, como para localizar, fortalecer y fomentar caminos alternativos para ello, ya sean potenciales o en marcha. Con frecuencia, esas respuestas parciales se apoyan en ideas y posiciones que alimentan las contradicciones de fondo, y vienen dadas desde agentes con una posición de relativo poder, bien posicionados para difundir sus ideas, dentro de esa gobernanza desigual.

Se trata de discursos comunes a otros retos urbanos y que en el caso de la vivienda buscan defender a toda costa, con mayor o menor intensidad, un capitalismo de libre mercado y supuestamente autorregulado. Ya sea desde posiciones reaccionarias y muy liberales, a posturas clásicamente socialdemocrátas y moderadas, pero sin salir de un esquema liberal y mercantilista. Todo esto ha sido ampliamente señalado en múltiples ocasiones; pero no por conocido deja de ser necesario insistir en luchas históricamente reivindicadas, pues la urgencia así lo pide. En definitiva lo que se está haciendo es mantener y defender las condiciones para la reproducción de un poder y unos intereses económicos por encima de la justicia social.

EL MERCADO LIBRE NO SE TOCA

En la jornada celebrada en el Euskalduna pudieron verse algunos ejemplos. Si bien con diferente enfoque y tono, en varias de las intervenciones –entre las que estaban la del Consejero de Medioambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco Iñaki Arriola– la problemática y las soluciones parecían reducirse a una cuestión de desajuste de precios y una escasez cuantitativa de oferta. Un planteamiento que no se aleja mucho de la creencia en una supuesta autorregulación del mercado defendida por ponentes como Alejandra Mora, directora de negocios e inversiones de Locare Real Estate, a quien le parecía «descabellado la regulación de precios; solo con más oferta se conseguirá bajar el precio», o Bernardos, que propuso la urbanización de nuevos suelos y la producción de más oferta de vivienda como estrategia a seguir. Sorprendía esto último, en un contexto como el del modelo inmobiliario español –que ha generado un amplio stock de vivienda con potencial para satisfacer una gran parte de la necesidad existente sin ser en cambio capaz de redistribuir y hacer accesible el mismo–. Además, estas propuestas van en contra de múltiples recomendaciones de trabajos, leyes, documentos e investigaciones de ámbito europeo, nacional o local que abogan por frenar la expansión de la huella urbana, intervenir en la ciudad existente y poner en carga de manera eficaz las viviendas actuales.

Aunque los precios de los segmentos regulados por la administración pública cuentan con un control, habitualmente los precios del mercado libre sirven de referencia.

Como en otros ámbitos, parece existir cierta resistencia a cuestionar una serie de dogmas y de lógicas fuertemente ancladas en la mente colectiva: el intocable objetivo de la acumulación sin fin, y el continuo crecimiento económico como única vía para la posterior redistribución. La postura de Bernardos ponía especialmente el énfasis en estas cuestiones. Ante los conflictos existentes o ante el debate de regular un derecho fundamental, hay quienes defienden al agente que busca el lucro; ante la propuesta de determinadas soluciones, se toma como inamovible la búsqueda del lucro, y en cambio los propios de la regulación es cuestionada por atacar la supuesta libertad del mercado. La vivienda como inversión parece ser algo incuestionable, cualquier solución debe pasar siempre por el libre mercado y el crecimiento económico exponencial –con una rentabilidad mínima en torno al 5%–. Un mercado que puede ser regulado parcialmente, eso sí, cuando peligra su reproducción.

Desde posturas menos extremas, las referencias realizadas por Arriola a ciertas «distorsiones del mercado», o a la rapidez con que se han dado ciertas subidas de precio en el mismo por Montalvo –y sin cuestionar, al parecer, la subida en sí misma– como elementos que pueden explicar el estado de la situación del acceso a la vivienda no hacen si no asumir un discurso que toma estos fenómenos como si fueran fallos puntuales de un sistema que funciona bien. Cuando precisamente la realidad, detalladamente analizada por autores como José Manuel Naredo o Fernando Roch, entre muchos otros, muestra que es ese su funcionamiento normal. Ya que, para su supervivencia, el modelo residencial necesita de la continua generación de plusvalías, lo que se consigue al haber permanentemente un sector de la población con necesidad de vivienda que legitime la construcción de nuevas unidades.

PROPUESTAS A LA DEFENSIVA

Una de las propuestas que quizás más murmullos generó en la sala fue la de Bernardos, quien sugirió el refuerzo del régimen de propiedad y la posibilidad de que para ello se destinase dinero público a financiar y apoyar la contratación de hipotecas. Una vez más, una propuesta que chocaba de frente con dos cuestiones. Por un lado, el Gobierno Vasco lleva varios años orientando prácticamente en su totalidad los recursos públicos en materia de vivienda a generar oferta exclusivamente en alquiler. Por otro, y como acertadamente señalan David Madden y Peter Marcuse en el libro ‘En defensa de la vivienda’, el problema de las hipotecas hoy en día, más allá del tipo de régimen de tenencia, no es tanto que las entidades financieras no las den, si no cuál es la situación socio-económica de las personas que las solicitan para que no se las den y, sobre todo, qué situaciones de vulnerabilidad y endeudamiento se generan si se las acaban concediendo.

Pretender que en la política de vivienda no hay ideología es un grave error.

En otro orden de cosas, tanto Montalvo como Bernardos señalaron como ideal la existencia de tres segmentos de precios: uno de emergencia o social en el que se centra el gasto público, otro asequible en el que la intervención pública ha de ser acompañada por cierto sector privado, y un tercero regido por las leyes del libre mercado –en el que se incluiría «una compra sana no especulativa» según Montalvo–. La teoría sobre el papel funciona. Pero en la práctica, son varios los estudios –entre ellos algunos de Roch– que evidencian que el comportamiento de los precios es más complejo, ya que hay una fuerte interconexión entre segmentos, y entre zonas geográficas. El modelo existente se basa en tensar al máximo la capacidad de pago. Las tensiones entre los precios producen un efecto muelle, estirando a su vez las franjas de los precios menores. Esto genera una exclusión residencial a cierta parte de la población, y una consecuente necesidad de vivienda. Y aunque los precios de los segmentos regulados por la administración pública cuentan con un control, habitualmente los precios del mercado libre sirven de referencia.

¿HAY, O NO HAY IDEOLOGÍA?

Quizás uno de los mayores obstáculos para debatir y llegar a posturas comunes son las posiciones pretendidamente no ideológicas y defensoras de una racionalidad instrumental supuestamente neutral. Pretender que en la política de vivienda no hay ideología es un grave error. Sea cuál sea el cariz de la misma, la tendrá. Este artículo la tiene. La situación actual de la vivienda lo exige.

La ideología sale a la luz cuando Montalvo discrepaba con las propuestas de regulación de los precios del alquiler, y las relacionaba con Venezuela, sin quedar muy clara cuál era su intención, y olvidando al parecer que hay otros derechos fundamentales regulados en España. Sale a la luz cuando desde una intervención del público se argumentaba que la regulación de precios era algo ideológico de izquierdas que obliga a poner un precio determinado a «mi vivienda…¡que es mía!». Por supuesto, la ideología sale a la luz cuando Mora afirmaba que no entraba en debates ideológicos porque ella es técnica. Como le señaló Yoldi seguidamente, esa afirmación era de por sí ideológica. Si no hay ideología, ¿por qué saltan tantas alarmas y se debate tanto por el tema de la regulación, y no se hace en cambio cuando se han hecho otras regulaciones que han favorecido a Socimis, o a importantes desgravaciones fiscales?.

UNA CUESTIÓN COLECTIVA

En la actualidad tenemos complejos retos como el de la vivienda, pero si algo tienen en común es que son incuestionablemente internos de la sociedad. Y aunque somos una sociedad diversa con desiguales responsabilidades en la generación y solución de los mismos, no son retos venidos de fuera como si de un repentino fenómeno natural se tratase. Últimamente ni siquiera estos son claramente externos. Por lo tanto, hay al menos dos acciones que debemos poner en marcha como sociedad, hasta ahora limitadas a iniciativas más o menos minoritarias.

La primera es desechar la idea de que situaciones problemáticas como esta se deban a una lucha de bandos enfrentados, con posicionamientos opuestos, y coherentes cada uno en sus acciones. Sin negar la existencia de agentes con posiciones más o menos extremas, las contradicciones identificables en muchas ocasiones no solo lo son en el sistema en su conjunto, si no que estas son transversales y se dan en muchos de las agentes con influencia o interés en el proceso de gestión de vivienda.

Por ejemplo, el Gobierno Vasco lleva los dos últimos Planes Directores de Vivienda apostando por el alquiler como régimen de la vivienda protegida, así como buscando y poniendo en práctica diferentes maneras de hacer más asequible el acceso. Sin embargo, la vigente Ley de Vivienda de Euskadi, entre cuyos objetivos principales está la regulación del derecho subjetivo a la vivienda, fue promovida y aprobada desde los partidos políticos en la oposición, con el voto en contra del propio gobierno. Y en un contexto de mensajes de alarma por parte del gobierno, alertando su portavoz Josu Erkoreka en 2015 de la incapacidad económica para abordar la propuesta, la generación de un efecto llamada «ya que cualquier persona podría venir a Euskadi y exigir una vivienda por ley», los efectos perjudiciales para «la ciudadanía vasca que tiene una segunda residencia en la CAV», o llevando el dramatismo al extremo, planteando que supondría «el fin del alquiler de vivienda privada en Euskadi». De momento, no parece haberse dado tal caos.

Es necesario dejar atrás un esquema de lucha y avanzar hacia una situación en la que haya una visión lo más compartida posible por todos los agentes.

Otro caso a resaltar es el Pacto Social por la Vivienda de Euskadi, firmado en 2010 por Gobierno Vasco y una larga lista de entidades –financieras, constructoras, agentes de la propiedad inmobiliaria, universidad, sociedades de gestión urbanística públicas y privadas, asociaciones sociales, o colegios profesionales–.El Pacto es a día de hoy referencia para muchas de las políticas públicas de vivienda. Sin embargo, pueden detectarse numerosas ausencias, como sindicatos y muchos colectivos sociales. De hecho, algunos de estos, como el sindicato ELA, o expertos en políticas públicas de vivienda, como Javier Burón, criticaron el pacto por centrarse no tanto en en el acceso socio-económico a la vivienda, como en el crecimiento del PIB y del empleo; por su papel como instrumento de rescate del sector de la construcción.

Las administraciones públicas albergan fuertes contradicciones, pero la sociedad civil es también tierra fértil para ello. En muchos casos, cuando una persona pasa de ser demandante de una vivienda en propiedad a ser propietaria, se ha dado un importante punto de inflexión. Pues más tarde, en el momento de la venta, el objetivo ha sido habitualmente buscar el mayor precio posible, alimentando paradójica y contradictoriamente ese mercado excluyente, y afectando a personas en situaciones como en las que se estaba antes. Este virus de la especulación que ha definido Naredo en múltiples ocasiones se ha extendido durante décadas, justificado y alimentado por un contexto en el que estaba relativamente bien visto: las empresas promotoras lo hacían, los grandes –pero también pequeños– empresarios tomados como modelo de referencia lo hacían, las entidades financieras lo financiaban.

Además, el mapa de agentes no refleja tampoco esa idea de bandos opuestos. Las instituciones públicas o privadas están en última instancia formadas por personas que, en muchos casos, se pueden ver afectadas en su esfera privada y personal por los conflictos y las contradicciones favorecidos por las entidades en las que desarrollan su labor. Por lo que, sin olvidar las diferentes responsabilidades pasadas, ni que ha habido y hay ganadores y perdedores, es necesario dejar atrás un esquema de lucha y de batallas, y avanzar hacia una situación en la que haya una visión lo más compartida posible por todos los agentes que asuma la problemática como colectiva. Lo es para tener cierta garantía de éxito. Ello conlleva que las respuestas sean también colectivas.

EXPERIENCIAS EN MARCHA

Muchas iniciativas históricas y recientes ya se están poniendo en marcha. Es abordar, además de sus efectos finales, las causas y contradicciones de fondo para construir la base de alternativas viables. En el Euskalduna pudieron escucharse algunos planteamientos y medidas en este sentido. Tanto Jauregui como Yoldi, desde el Gobierno Vasco, dejaron claro su desacuerdo con algunos de los planteamientos expuestos por Bernardos. Como su idea de financiar públicamente préstamos hipotecarios, por ser incompatible con la realidad social actual –señalaba Jauregui– y por las desastrosas consecuencias del excesivo endeudamiento favorecido en las últimas décadas –apuntaba Yoldi–. La apuesta pública vasca sigue decidida en este sentido a potenciar el régimen de alquiler, planteando que «la propiedad se tiene que autofinanciar» según Jauregui.

Entre otras iniciativas de interés señaladas por ambos representantes del Gobierno Vasco, están el lograr que la calificación de vivienda protegida sea permanente, manteniendo el patrimonio edificado en manos públicas –durante años se ha perdido mucho de este, acabando en manos privadas–, la creación de un proceso de declaración y un registro de viviendas deshabitadas –fundamental para un adecuado aprovechamiento del parque existente–, o la creación, junto a la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, de un índice de precios de referencia –aunque como señaló Palomera son instrumentos que pueden alimentar un mercado especulador si no incorporan variables sociales–. Los avances no son pocos, y las perspectivas son interesantes. Con todo, en quizás demasiadas ocasiones se tendió a comparar Euskadi con otras comunidades autónomas de España para poner en valor la mejor situación de la primera en materia de vivienda. El tuerto es rey en el reino de los ciegos.

Fuera de las instituciones públicas, se pudieron conocer iniciativas de entidades privadas y civiles. La Federación Europea de Vivienda Pública, Social y Cooperativa, Housing Europe, trabaja a través de una amplia red de instituciones por extender el acceso asequible a una vivienda adecuada. El Sindicat de Llogateres de Barcelona organiza colectivamente a personas arrendatarias en situación de potencial exclusión residencial para abrir espacios de diálogo más equilibrados con grandes tenedores de viviendas. La iniciativa ciudadana europea Housing for All trabaja para exigir a la Comisión Europea el desarrollo de un marco legal y financiero adecuado para permitir un acceso digno a la vivienda. Iker San Román, de Casa Alternativa, apuntó algunas de las cualidades de un régimen cooperativo verdadero: el que no se deshace cuando se finaliza la obra, si no que mantiene los valores de lo común a lo largo de la vida útil del proyecto y se conforma como «un colectivo activo de autogestión capaz de generar vivienda privada asequible no especulativa».

En varias de las intervenciones –como las de Alexis Mundt, del Institute for Real Estate Construction and Housing de Viena, Reiner Wild, de la Asociación de Inquilinos de Berlín, o la del propio San Martín desde el Ministerio de Vivienda– se señaló la necesidad largamente reivindicada de extender un sector económico casi inexistente en España, pero común en otros países, como es el tercer sector residencial. Un sector que puede jugar un papel clave a la hora de hacer accesible la vivienda desde la iniciativa privada.

En demasiadas ocasiones se tendió a comparar Euskadi con otras comunidades autónomas para poner en valor su mejor situación.

La trayectoria del caso de Viena en este sentido es paradigmática, aunque el propio Mundt señalaba posibles retos a la hora transferir el modelo a otros contextos. Por un lado, parte del éxito de Viena se debe a que llevan muchos años apostando por él. Por otro, el crecimiento poblacional del área metropolitana es muy alto, con lo cual el ritmo de construcción necesario atrae a este tipo de agentes que, señaló, no se dedican en exclusiva a producir viviendas asequibles, pero sí a destinar a estas las ganancias obtenidas en las libres.

Aunque bajo otro esquema, en Euskadi existe algo similar: los porcentajes obligados a destinar a viviendas protegidas en cada nueva promoción. La cuestión clave es que mientras allí la población crece, aquí se estanca o decrece, con lo cual no puede plantearse como válida la opción de la construcción de más viviendas libres como vía para generar opciones asequibles. A estos retos sumaba otro Wild desde su experiencia en Berlín: la gran rentabilidad del mercado libre dificulta la atracción y generación de estos agentes.

Finalmente, y como otra prueba de que no es reducible todo esto a una cuestión de bandos opuestos, Mora explicaba cómo desde Locare Real Estate, cuya actividad económica es la promoción de viviendas en régimen de alquiler en el mercado libre, se plantean siempre las operaciones calculando una renta final en torno a un 30-35% de las rentas medias de la zona. Un porcentaje ampliamente aceptado como tolerable, y lejano al que puede suponer la oferta generalizada de alquiler en las principales ciudades vascas. Las experiencias presentadas en la jornada del 28 de noviembre son solo una muestra de un rico y extenso ecosistema de agentes, iniciativas y luchas colectivas por una vivienda digna y asequible. Y sin embargo, queda mucho por hacer: fortalecer, ampliar y reconectar esa red.