Derecho a la vivienda
Ni alquilar ni comprar: el modelo de derecho a uso desafía a la especulación

Cecilia dibuja en el aire el edificio donde vivirá. Una corrala con forma de L que albergará 17 viviendas. Muchas de las personas que las habitarán están ahí arremolinadas, conversando frente a un solar donde, de momento, solo hay una grúa solitaria en el fondo de un agujero. Pero ellas ya pueden imaginar la entrada, la terraza, las placas solares. “Sobre el chaflán estará mi piso”, sonríe Cecilia, quien confiesa que ha aprendido la palabra ‘chaflán’ y muchas más en el largo proceso que ha llevado a este momento.

Al lugar, en el madrileño distrito de Usera, van llegando algunas personas rezagadas en bicicleta. Intentan colocarse en la muy estrecha acera que rodea la alambrada, perímetro de su futuro hogar, para hacerse una foto colectiva. Son una comunidad de vecinas y vecinos desde mucho antes de compartir edificio.

Quienes sonríen a la cámara pertenecen a la cooperativa ecosocial Entrepatios. El lugar donde van a vivir ya tiene nombre, el mismo con el que se conoce popularmente a este barrio: Las Carolinas. Se trata de la primera promoción de la cooperativa. Nacho García es uno de sus miembros históricos. Después de un proceso que ha durado siete años, está realmente ilusionado con el proyecto. “Nosotras más que de primera piedra hablamos de poner la primera estaca”, cuenta Nacho, pues el edificio será de madera. Sus futuros habitantes miran con desconfianza los solares cercanos, donde podrían edificarse en un futuro bloques altos, como los que ya se construyen no lejos de allí. Alertan a los niños contra los coches que pasan con más frecuencia de lo que les gustaría.

“Derecho de uso, proyecto comunitario y ecológico”, enumera Nacho García los rasgos definitorios de esta cooperativa que cuenta ya con tres promociones. La de Las Carolinas es la fase más avanzada. Una segunda promoción ya ha encontrado su solar en Vallecas y ha entregado el anteproyecto a la espera de conseguir la licencia. Una tercera promoción está en la búsqueda de suelo. “Ahora que tenemos el proyecto arquitectónico definido, estamos diseñando los usos que les vamos a dar a los espacios comunes, ese es el sueño que viene ahora”, cuenta Berta Iglesias, otra de las futuras vecinas de Las Carolinas.

El derecho de uso: un cambio de paradigma

Las personas que vivirán en Las Carolinas no serán propietarias de sus pisos. Lo que tendrán es el derecho de uso. Se trata de un modelo que no es compra ni alquiler. Cada unidad de convivencia aportó una cantidad inicial de entre 40.000 y 50.000 euros para comprar el terreno. Un crédito de 3,3 millones de Triodos Bank y Fiare Banca Ética ha permitido financiar la construcción. Mientras hagan uso de la vivienda, sus habitantes abonarán una cuota mensual como cooperativistas, que va de los poco más de 500 euros por un piso de 60 m2 útiles, a los 700 euros por uno de 80. No podrán alquilar ni vender sus viviendas. El objetivo es pensar la vivienda como derecho fuera del modelo especulativo.

La primera experiencia de este tipo es la de La Borda en Barcelona. Con el edificio ya terminado, las socias habitantes de esta cooperativa están a pocas semanas de mudarse. Joana G. Greznzer explica que este proyecto surge de Can Batllò, un espacio que acoge proyectos autogestionados en el barrio de Sants desde 2011. De este tejido surge un colectivo que pide la cesión de uso de una solar de titularidad pública. Constituido el grupo en cooperativa, las negociaciones con el Ayuntamiento se resolvieron con la concesión del derecho de superficie por 75 años de un suelo que estaba destinado a vivienda de protección social.

“Se trata de ejercer el derecho a la vivienda en condiciones dignas, sin especular, de forma sostenible”, sintetiza Joana 

“Se trata de ejercer el derecho a la vivienda en condiciones dignas, sin especular, de forma sostenible, socializando al máximo el trabajo doméstico reproductivo y de cuidados”, sintetiza Joana. “Nos basamos en el modelo Andel de Dinamarca y el modelo de La Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM) de Uruguay, que es un modelo intermedio entre el alquiler y la compra. Es un modo de tenencia no especulativo”.

“Es complicado que a la gente le metas en la cabeza el paradigma del derecho de uso”, valora Nacho, “en un país donde la propiedad privada, particularmente en la vivienda, está profundamente arraigada. La idea de pagar por una vivienda sin ser propietario es más difícil aunque pagues menos que si la comprases”. Para Berta Iglesias  también influye la “indeterminación vital” de la gente con respecto a si tendrá trabajo o dónde vivirá: “Esto choca con la sensación de que un proyecto como este te compromete muy a largo plazo, pero en lugar de vivirlo como una estabilidad en positivo, pues da cierto miedo. En otros sitios la movilidad y la estabilidad no parecen incompatibles, porque ves que ocurre que hay gente que entra, y que si tú te quieres ir es posible que lo hagas recuperando lo que pusiste en un principio y sin dejar el proyecto temblando”.

A la barrera mental se le suman otras limitaciones, más materiales, que dificultan el acceso. Por ejemplo, el precio del suelo. A diferencia de La Borda, Entrepatios no cuenta con suelo público. Ha habido varios intentos de negociación con el Ayuntamiento de Madrid, pero finalmente tuvieron que seguir adelante en suelo privado. Y eso tiene sus consecuencias: “Estamos jugando en un mercado especulativo, y eso dificulta la accesibilidad para ciertos sectores de la población, debes tener ciertos ahorros para poder entrar”, reconoce Nacho. “El precio final es casi igual o algo más bajo que el de la vivienda convencional, pero más caro que la protección oficial”, añade.

Más allá del límite del precio, Nacho señala que el modelo posibilita ampliar la accesibilidad a otros sectores. “Por ejemplo, en nuestra cooperativa hay personas mayores de 60 años que no hubiesen conseguido acceder a una hipoteca si no fuera a través de la cooperativa, nunca les hubiesen concedido un crédito. O gente que temporalmente estaba sin trabajo, pero con perspectiva de volver a tener empleo, a la que tampoco le hubiesen dado la vivienda si no hubiese sido a través de un grupo”.

En Barcelona, al ser suelo de protección oficial, se ha intentado facilitar el acceso a las personas con rentas bajas mediante mecanismos de solidaridad interna. Por ejemplo, quienes tenían más recursos económicos adelantaron dinero para que otras personas con menos recursos contaran con plazos más amplios para poner su parte. “No queríamos que nadie se excluyera o autoexcluyera por no disponer del capital necesario”, explica Joana.

Para la construcción del edificio, que ha costado 2,7 millones de euros, cada una de las 28 unidades de convivencia aportó 18.500 euros. Además del apoyo de Coop57 a través de un préstamo y la emisión de títulos participativos, la Borda ha contado con el respaldo económico de entidades del mercado social, socias colaboradoras o personas que prestaron dinero con mejores intereses que los de la banca privada. Así, la implicación de una comunidad más amplia que la de quienes habitarán el edificio ha sido fundamental para concretar el proyecto.

Una comunidad sostenible

En Madrid pasa algo parecido: “Son muy bonitos los vínculos que se han creado entre las personas que están en las distintas promociones, cómo los de la primera se han volcado en que salga la segunda, y cómo los de la segunda están volcándose en que salga la tercera, y cómo los de la tercera se están volcando en que salga una cuarta”. Un proceso de “arquitectura social” en el que han puesto mucho cuidado, afirma Nacho. Además de la comunidad hacia dentro, la propuesta es arraigarse en el territorio: “Hay vocación para ver cómo desde el edificio o las mismas personas se va entrado en redes del barrio, creando tejido, fortaleciendo tejido”.

A Selma Villa fue este aspecto de comunidad lo que más le atrajo del proyecto. Lo conoce desde su primera fase, pero no pudo sumarse hasta la tercera. “Aquí las decisiones se toman en asamblea, después hay grupos de trabajo que se van haciendo un poco sobre la marcha respondiendo a necesidades. El grupo más activo es el que busca suelo, cuando encuentran un solar lo proponen en la asamblea para ver si la comunidad lo considera interesante”, explica Selma. Intentan dar con solares interesantes tanto en buscadores como en paseos por zonas prioritarias, algo que no es fácil porque hay muy poco suelo disponible en la ciudad.

La sostenibilidad del proyecto es otra de las patas del modelo. “Cada edificio tendrá que adaptar qué es ser ecológico a las características de dónde surge, de dónde se construya, del tipo de clima”, dice Berta. En el caso de Las Carolinas, la zona permitía construir en madera. “Yo creo que es una de las señas de identidad del edificio, se trata de un material más ecológico que el hormigón por origen, porque cuando el edificio deje de ser sostenible es un material que se degrada bien y que tiene menos impacto que otros”.

Además, más allá del aislamiento térmico que permite el ahorro de energía, Las Carolinas prevé el autoconsumo con paneles solares, el reciclaje de aguas o el uso de materiales respetuosos. Si bien el presupuesto ha marcado límites, pues muchos materiales encarecen el proyecto, Berta apunta al ahorro que puede suponer a largo plazo, y sobre todo, a que el económico no es el único costo que la cooperativa valora. La Borda cuenta incluso con una cúpula geotérmica que cubrirá el edificio en invierno para mantener la temperatura y se abrirá en verano permitiendo la ventilación.

Una mirada al futuro

Para Berta, empieza ahora una nueva fase muy ilusionante: “El ultimo año, la participación era hacer cosas relacionadas con la construcción y ese ha sido un proceso bonito, pero muy acotado a lo material y con una finalidad. Ahora toca diseñar cómo queremos que sean nuestras dinámicas de vida, cómo queremos que sea la vida en común”. Nacho es consciente de que la iniciativa es simbólica, que necesita una mayor escala para ser significativa, pero “para eso se necesita el acompañamiento de los ayuntamientos y que se sume más gente. Ahora estamos sacando la cabeza de nuestra propia vivienda y queremos volver a darle una dimensión política a esto del derecho de uso. Para empezar, ya tenemos un ejemplo”.

“Ahora toca diseñar cómo queremos que sean nuestras dinámicas de vida, cómo queremos que sea la vida en común”, dice Berta Iglesias

En Barcelona van muy por delante. “A partir de que nosotras logramos la cesión con la alcaldía de Xavier Trias, la administración actual sacó a concurso siete solares. Se está replicando, pero una política de vivienda potente debe de tener en cuenta la administración estatal. Sea cual sea el Estado. Entonces basta con que quien gestiona la vivienda tenga como prioridad el acceso de las clases populares a la vivienda y no sea una máquina de engrosar las burbujas especulativas, como lamentablemente lo son en la actualidad los gobiernos español y catalán”, señala Joana.En Entrepatios también apuestan por que se extienda el modelo. “Que se replica con más promociones dentro de Entrepatios, pues estupendo; si se replica porque surgen otras cooperativas con autonomía que deciden hacerlo, pues también estupendo; y si es porque el Ayuntamiento decide promocionarlo, pues mejor aún porque el músculo que va a tener el Ayuntamiento no lo vamos a tener las entidades privadas”, afirma Nacho. Para Selma se trata de un cambio de modelo que apunta en el centro de todo, al capitalismo, al individualismo, a la ecología. “Es un concepto de derecho que rompe las lógicas. Si cambian las estructuras y cambia el modelo, a partir de ahí tira millas”.