València
La instructora de la dana acepta como prueba la grabación del Cecopi del jefe de la AEMET

En la instrucción que está llevando a cabo la magistrada Nuria Ruiz Tobarra se han podido constatar algunas anomalías que acontecieron en la sesión del Cecopi del fatídico 29 de octubre. Entre otros aspectos, la instructora ha lamentado en un auto que no exista grabación de la reunión, así como ha señalado que es incomprensible que ni tan siquiera se confeccionara un acta de la sesión.

Una circunstancia que, tal y como reveló la antecesora de Salomé Pradas en la consellería de Emergencias, Elisa Núñez(Vox), en una entrevista en La Vanguardia no se produjo en la reunión del Cecopi de Agosto de 2023, que sí fue grabada en su integridad. Además, la exconsellera muestra su extrañeza por la tardanza de la primera convocatoria, que en su caso hizo 36 horas antes de que empezase la alerta roja, una antelación similar a la que desplegó el Botànic en la dana de la Vega Baja del 2019.

Pese a que no existe una grabación completa, o al menos, no ha salido a la luz, la jueza Ruiz Tobarra sí ha aceptado una grabación parcial de la sesión efectuada de forma particular por José Ángel Núñez, jefe de la Aemet en València. El audio, que lo difundió como exclusiva el 7 de noviembre la Cadena Ser, contradecía la declaración de Pradas en la que afirmaba que desconocía el sistema Es-Alert. 

El aval de la instructora para la incorporación del audio a la causa supone una bofetada al portavoz popular en la Comisión de Investigación de Les Corts, Fernando Pastor, quién manifestó que la grabación de Núñez se trataba de un “hecho gravísimo”, ya que se había grabado “parte de una reunión institucional a escondidas”. Por su parte, otro factotum de los populares, Miguel Barrachina, acusó en sus redes sociales a Nuñez de ser un “meteorólogo/espía”.

La jueza valida la grabación, ya que “no se trata propiamente de conversaciones privadas, sino de la documentación de actuaciones administrativas, que desafortunadamente no se llevó a cabo”

En su auto, la jueza valida totalmente la grabación, ya que “no se trata propiamente de conversaciones privadas, sino de la documentación de actuaciones administrativas, que desafortunadamente en lo que corresponde al esclarecimiento del proceso de decisión de lo sucedido el 29 de octubre de 2024, no se llevó a cabo”, afirma.

La magistrada explica que esa grabación parcial, “no vulneraría ni el secreto de las comunicaciones ni el derecho a la intimidad de los partícipes”, ya que la reunión del Cecopi, lejos de tratar “temas personales” o “íntimos”, abordó las medidas que se deberían haber adoptado para “salvaguardar a la población”. Por tanto, considera que el audio de José Ángel Núñez “es un elemento de prueba que permite igualmente analizar como y en qué momento se discutían las medidas destinadas a alertar a la población, núcleo de la investigación”.

La defensa de Argüeso pide un examen forense por las “lagunas de memoria” del jefe valenciano de la AEMET

Por otro lado, la magistrada ha denegado la petición de la defensa de Emilio Argüeso, investigado en la causa, de que se sometiera a José Ángel Núñez a un examen forense. En su escrito, la defensa insinua que el testigo tiene “lagunas de memoria” que no estarían siendo “tratadas médicamente o psiquiátricamente”. Sin embargo, la jueza asegura que el testimonio de Núñez fue “coherente” y “preciso” y estuvo, además, “acompañado de elementos que corroboran su versión”.

Se trata, apostilla el auto, de un testimonio “de grandísima utilidad por su carácter técnico y por su intervención en el Cecopi”. La jueza arremete contra el escrito de la representación jurídica de Argüeso, que ejerce el letrado José María Bueno Manzanares, y lo tilda de “despropósito absoluto ante la imposibilidad, o directamente la impotencia, de rebatir mediante datos, hechos o conocimientos científicos, su declaración”.

La jueza también lamenta la “utilización de las afecciones psiquiátricas o neuronales como un medio de desacreditación del testigo”. Y señala que la defensa de Argüeso “apela a la deplorable estigmatización de las enfermedades mentales, que desgraciadamente todavía subsiste en nuestra sociedad”.

La jueza desestima así la petición de la defensa, y considera que el audio de José Ángel Núñez “es un elemento de prueba que permite igualmente analizar como y en qué momento se discutían las medidas destinadas a alertar a la población, núcleo de la investigación”.

La jefa de seguridad del Palau de la Generalitat, responsable de borrar las grabaciones del día de la dana, destituida por orden judicial

Una de las grandes incógnitas del fatídico día de la dana sigue siendo dónde estuvo Mazón la tarde de autos. En concreto, el president no ha conseguido imponer una versión definitiva que esclarezca en qué momento llegó al Palau desde el Ventorro y cuando llegó al Cecopi. Compromís, en una pregunta parlamentaria, se interesó por las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad en la sede de la Generalitat, pero el gobierno del PP contestó a su petición que esas grabaciones fueron borradas siguiendo la normativa de Proteccion de datos.

La argumentación popular la respaldaba la inspectora jefa responsable de la seguridad del Palau de la Generalitat Valenciana, Pilar Bojó. En un escueto documento justificó el borrado de las imágenes amparándose en la normativa, que establece en la ley de Seguridad Privada lo siguiente: “Cuando las mismas se encuentren relacionadas con hechos delictivos o afecten a fuerzas de seguridad ciudadana, se aportarán, de propia iniciativa o a su requerimiento, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes, respetando los criterios de conservación y custodia de las mismas para su válida aportación como evidencia o prueba en investigaciones policiales o judiciales”. A pesar de que ya existía una causa abierta sobre fallecimientos el día de dana, en la que el propio presidente de la Generalitat ha sido invitado por la jueza instructora a acudir como testigo, Bojó ordenó el borrado de las imágenes quince días después de la dana.

Esta misma semana Bojó ha sido apartada de sus responsabilidades en el Palau como consecuencia de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia valenciano, en la que se determina que fue nombrada en un procedimiento sin convocatoria pública ni concurso de méritos. El TSJCV anulaba así el nombramiento también de otros tres mandos del mismo rango en la Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Generalitat Valenciana, a consecuencia de un recurso de Jupol, que denunció que los cargos se habían dado “a dedo”.

Aunque ha sido destituida esta semana, Bojó va a ser condecorada con la medalla al mérito policial que otorga el Ministerio del Interior, a propuesta de la jefatura de la Unidad Adscrita a la Generalitat Valenciana, cargo que ocupa desde hace dos años la comisaria Marisol Conde. Precisamente, Conde también ha propuesto condecorar a los escoltas que acompañaron al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, a su comida en El Ventorro y al Centro de Emergencias de l'Eliana. Estas medallas, además del distintivo y los honores públicos, implican méritos en la baremación para futuras convocatorias, lo que podría facilitar su vuelta al Palau tras haber sido destituida en cumplimiento de una sentencia.