València
La instrucción de la dana determina que Pradas y Argüeso cometieron una “grosera negligencia”

La instrucción del caso de la dana continúa esclareciendo la actuación el fatídico día de autos de los dos principales acusados. En uno de sus últimos autos, la magistrada Nuria Ruiz Tobarra ha señalado la “manifiesta pasividad” de Pradas y Argüeso por su tardanza en el envío de la alerta masiva a móviles. En la misma providencia, la jueza vuelve a señalar que el aviso del sistema Es Alert llegó a los teléfonos cuando ya había decenas de personas fallecidas, desaparecidas y atrapadas en plantas bajas y garajes.

Este retraso en alertar a la población es ahora mismo el nudo gordiano de la instrucción, ya que, en diferentes autos, la jueza ha valorado que de haber llegado a tiempo y con indicaciones más precisas, se habrían evitado muchas muertes. “Todo ello convierte en más grosera la negligencia atribuible a quienes ostentan la condición de investigados, oscilando entre el desconocimiento, difícilmente justificable respecto a las posibles decisiones a adoptar por la consellera, o las herramientas a utilizar como el sistema Es Alert”, apunta en uno de sus autos.

A juicio de la instructora, no es creíble que el Cecopi fuera una “burbuja aislada”, tal y como se podría deducir de los testimonios prestados por Pradas y Argüeso: “Los miembros del Cecopi no estaban aislados del mundo exterior, manejaban teléfonos, entraban y salían de la sala,”, razona Ruiz Tobarra. Sobre la decisión del gabinete de emergencias autonómico de interrumpir por momentos la comunicación en la reunión del 29-O a quiénes participaron en la cita de forma telemática, la magistrada señala que “se decidió dejar fuera del Cecopi a otros miembros con unas razones todavía no explicables, justificado en la absurda expresión de trabajo presencial”. 

La responsabilidad del envío no era de los técnicos y no faltaba información

La magistrada Ruiz Tobarra no se ha creído la principal excusa en la estrategia de defensa de Pradas, que en su comparecencia judicial señaló a los técnicos como responsables del envío del aviso masivo a móviles: “En todo momento, hubo un control de la decisión de mandar la alerta a la población por parte de la investigada Salomé Pradas, ya que la decisión solo podía llevarse a cabo si contaba con su autorización”, apunta la jueza.

En su auto, Ruiz Tobarra recuerda que la propia exconsejera reconoció en una entrevista en À Punt una semana después de la catástrofe que un técnico le advirtió de la existencia del sistema Es Alert a las 20.00 horas del día de la dana, cuando ya se acumulaban los fallecidos y desaparecidos en municipios valencianos como Paiporta o Catarroja.

Al que fuera secretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso, la jueza le reprocha falta de diligencia a la hora de acordar resoluciones clave en los momentos más críticos. “Era conocedor de la evolución progresiva de la dana, el segundo en la toma de decisiones, y, supuestamente, conocedor de protocolos, herramientas y la situación”, afirma la instructora. “Los barrancos están a punto de colapsar”, escribió Argüeso en el grupo de Whatsapp que comparte con el resto del ejecutivo autonómico a las 14:44. 

La jueza tampoco le ha comprado su actuación ni sus explicaciones, y le reprocha de su acción el día de los hechos que “no consta más participación  que la remisión de mensajes, algunos a través de chats, y que tuvieron algunas respuestas que producen estupor”, sostiene la magistrada. Se refiere a la respuesta de la número dos de Mazón, la vicepresidenta Susana Camarero, al mensaje de que se estaban colapsando los barrancos: “Jope. Si necesitas algo nos dices”, escribió Camarero. 

Rechazo a la comparecencia de la comensal del Ventorro

La jueza, por otro lado, ha descartado la comparecencia como testigo de Maribel Vilaplana, la supuesta comensal que estuvo con Mazón en el Ventorro. Considera la magistrada que esa testifical  no resulta “factible”, ya que como ha expresado en anteriores resoluciones, desplazaría sustancialmente el objeto de la investigación hacia la actuación del jefe del Consell, que dada su condición de aforado no es parte en el procedimiento.

Ruiz Tobarra también ha denegado la práctica de diligencias de investigación solicitadas por otra acusación particular, pues esas diligencias están relacionadas con la presa de Forata y ésta no guarda relación con las circunstancias en que se produjo el fallecimiento en Cheste por el que está personada esta representación legal. La magistrada recuerda que en las declaraciones prestadas por varios peritos durante la instrucción, estos explicaro que el agua que se alivió en la presa de Forata no pudo llegar a los municipios situados alrededor del Barranco del Poyo, cuya parte alta discurre por Chiva, Cheste, Godelleta, parte de Buñol y parte de Turís. Finalmente, la jueza admite la personación del Sindicato de Funcionarios de Manos Limpias como acusación popular contra el ex secretario autonómico investigado en la causa.