Transexualidad
Personas trans migrantes, supervivencia ante el desamparo del Estado español

Las activistas trans migrantes señalan a la Ley de Extranjería como producto de una violencia estructural de la que el Estado español es responsable y que les priva de acceso al mercado laboral o de la vivienda, encontrando en el trabajo sexual una de las pocas posibilidades que les queda para sobrevivir.
17 sep 2021 08:00

Algo más de un tercio de los delitos de odio que se registraron en 2020 en España —485 de 1.401—, según el último Informe de la Evolución de Delitos de Odio en el país, fueron por racismo o xenofobia. Suponen algunos menos que el año anterior, donde se notificaron 515; pero este descenso está condicionado por el confinamiento. En cualquier caso, superan las cifras registradas en 2018. Dentro de estos delitos, los relativos a la orientación sexual o identidad de género ascienden a 277, dos décadas más que en 2018. Las cifras son alarmantes de por sí, pero más teniendo en cuenta que no son pocos los casos en los que no se denuncian las agresiones. Y si la orientación sexual o el color de piel ya suponen un riesgo, una doble opresión simplemente lo multiplica: “Cuando alguien te ataca, no elige si ser racista o tránsfobo contigo. No hacen una separación, te atacan por ambas partes”, resume Nayare Montes, artista y activista en el colectivo Migrantes Transgresorxs. Pero las agresiones, ya sean físicas o verbales, no son la única forma de violencia que padecen las personas LGTBI migrantes.  

Según Kifkif, la asociación de migrantes y refugiados LGBTI de la Comunidad de Madrid, más del 85% de las personas trans se encuentran en situación de desempleo. Este porcentaje se eleva en el caso de que sean, además, migrantes

Según confirma Kifkif, la asociación de migrantes y refugiados LGBTI de la Comunidad de Madrid, más del 85% de las personas trans se encuentran en situación de desempleo. Este porcentaje se eleva en el caso de que sean, además, migrantes. Fabiana Hernández, artista y activista en Migrantes Transgresorxs, especifica que llevar ya cinco años viviendo en España no evita que “todos los días sean una pelea y una guerra contra todas las opresiones del sistema heteropatriarcal”. La precariedad en la que se encuentran las personas trans migrantes, en la mayoría de los casos, es algo con lo que cargaban desde antes de llegar al país de destino.

Situaciones límite

Teresa Navazo trabaja en Imagina Más, una ONG de salud sexual, igualdad y diversidad. Según señala, parte de las mujeres que pasan por la entidad “vienen con situaciones de delitos de odio en sus países de origen, casi asesinato”; algunas de ellas, violadas. Es el caso de Mara, que llegó desde Argentina a España en 2002, aunque ese año volvió a su país de origen por el choque emocional que le provocó emigrar. Allí, a comienzos de 2003, relata, fue violada en un chalet que había alquilado por tres hombres a punta de pistola, quienes en un principio habían ido a robar. Después de la violación, se fueron y Mara acudió directamente a la comisaría, donde le dijeron, asegura, que “para qué iba a denunciar, que para qué querían un travesti en el pueblo, que lo mejor era que volviera a España”. Regresó a España ese año. 

Yoana Mata, mujer trans y activista LGTBI, llegó a España desde Honduras tras verse en la necesidad de huir de la violencia social e institucional: en el caso de Honduras, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos denunció que entre 2009 y 2019 un mínimo de 325 personas del colectivo LGTBI fueron asesinadas, con una impunidad que supera el 90%. A pesar de ello, la activista denuncia que cuando vienen a España, continúan “en situaciones de completa vulnerabilidad; el mismo prejuicio, el mismo odio y la misma discriminación”. 

“Podemos hacer el proceso hormonal, pero no el cambio de nombre hasta tener la nacionalidad”, resume Leticia Rojas, investigadora y activista en Migrantes Transgresorxs

Según señalan desde Migrantes Transgresorxs, la raíz del problema está en la Ley de Extranjería, cuya existencia implica que se trate a las personas extranjeras como “una categoría humana diferente”. “Somos marcados como migrantes y, desde ahí, se desgrana una serie de estereotipos, violencias y formas de tratos”, defienden desde el colectivo. Esta ley también afecta al anteproyecto de Ley Trans aprobado el 28 de junio, que no prevé el cambio de nombre en el caso de personas sin la nacionalidad española, un trámite que suele llevar años. Durante este tiempo, las personas trans migrantes señalan que viven con una “doble identidad”, dado que se ven obligadas a seguir siendo tratadas con el género erróneo durante años en todo proceso burocrático, mientras que en sus círculos de confianza utilizan otros pronombres. “Podemos hacer el proceso hormonal, pero no el cambio de nombre hasta tener la nacionalidad”, resume Leticia Rojas, investigadora y activista en Migrantes Transgresorxs.

Precariedad y desempleo

Para las personas migrantes basta con que un policía descubra que todavía no tienen los papeles en orden para que sean enviadas a un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE). El temor al encierro en un CIE aumenta en el caso de las personas trans y, especialmente, en el de las mujeres trans, que serían internadas en el módulo del género erróneo, con toda la violencia que eso conlleva, alertan. 

El proceso para obtener la nacionalidad es largo y complejo, así que muchas de las personas migrantes, con suerte, logran tener una tarjeta de residencia por arraigo social. Para ello, deben tener un contrato laboral por más de un año y que les den de alta en la Seguridad Social. A pesar de ello, la dificultad de acceder a un empleo, causada por la xenofobia y el racismo estructurales, dificulta la obtención de la tarjeta de residencia y, entonces, la nacionalidad. Navazo añade que “si no tienes contrato o cierto dinero ahorrado, no te dejan acceder a una vivienda”, lo que lleva a un bucle de precariedad.

Corina llegó a España en agosto de 2006 buscando una condición de estabilidad económica y laboral que no llegó. “Vine diciendo que era un chico gay y, a pesar de que España era un lugar muy abierto, se me iba mirando todo lo que hacía con lupa”, cuenta. Señala la discriminación que sufría a diario y cómo se le cerraban las puertas a cualquier oportunidad. Optó entonces por probar en Barcelona. Es una situación común, según subraya Navazo: “Nunca te van a decir desde Recursos Humanos que no te contratan por ser trans o racializada, pero lo hacen”. Asegura que conoce muchos ejemplos de personas trans migrantes que no entran a un trabajo justo el día de asistir a firmar el contrato porque, de repente, “no cumplían en perfil”. Mata achaca esto a que, cuando van a firmar y ven que su nombre legal no concuerda con el que se han presentado, “sienten que les hemos engañado, aunque esa situación sea responsabilidad del Estado”.

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Navazo explica que la mayoría de personas que llegan a Imagina Más son migrantes; de ellas, más del 70% son mujeres trans, “teniendo en cuenta sus interseccionalidades”. Así, los trabajos que se le ofrecen a este colectivo son feminizados y con altos niveles de precariedad y explotación, pero se ven obligadas a aceptarlos por la situación de dependencia en la que viven.

Álex Aguirre, terapeuta antirracista y activista de Migrantes Transgresorxs, sostiene que luchan para que los técnicos de empleo “no nos lean como unas personas que venimos a realizar trabajos o cursos precarios, relacionados con el área de limpieza, cuidados o peluquería”, porque muchas de estas personas tienen sus propios estudios y formación en sus países de origen, que no se validan o no se valoran al llegar a España. Esto también le ocurrió a Fabiana Hernández que, a pesar de ser periodista en una radio comunitaria durante diez años en su país de origen, “la técnica de empleo me leyó como mujer, como trans y como migrante y me relegó a opciones de estética o peluquería”.

Teresa Navazo asegura que cuando una persona trans migrante consigue firmar un contrato, generalmente “lo hace en condiciones bochornosas, sin garantías, con abusos económicos increíbles y que luego no pueden reclamar” por el riesgo de ir a denunciar en comisaría y que la denuncia se vuelva en su contra o que se descubra que están en situación irregular. Mata ahonda aún más en este “enredo organizacional”, explicando que “sin contrato de trabajo no te quieren dar una vivienda”, y añade que, una vez van a alquilar una habitación, no se las dan porque hay un prejuicio con que las personas trans son personas de riesgo que, dada su situación económica o laboral, “piensan que en algún momento nos convertiremos en okupas”. A esto se le suma el riesgo de dormir en la calle, cosa que ha vivido una de cada diez mujeres trans, según una investigación de la European Union Agency for Fundamental Rights (FRA). Mara lamenta que tardó mucho en encontrar un piso en Madrid, que estuvo viviendo en un hotel en condiciones “infrahumanas” y que fue víctima de diversas estafas. Además, a los arrendadores “les costaba darnos casa cuando llamábamos y escuchaban nuestro acento”. El requisito de estabilidad económica enormemente obstaculizado, junto con la necesidad de dormir bajo un techo y conseguir dinero para poder sobrevivir, lleva a muchas personas trans migrantes a recurrir al trabajo sexual.

Prostitución y violencia

Corina se mudó a Barcelona en 2008 y comenzó a ejercer la prostitución, el único recurso que le quedaba. Mara comenzó en el trabajo sexual en Argentina, siendo menor de edad, cuando conoció a varias mujeres trans y prostitutas que rápidamente se convirtieron en su único referente. “Me dijeron que si me quería quedar con ellas, ya sabía lo que tenía que hacer”, recuerda Mara, que describe que aquella época transcurrió “entre palizas, golpes, violaciones y ser arrestadas” con mucha frecuencia por su identidad y su profesión. Añade que solamente eran libres en Carnaval “porque suponíamos un buen negocio”, pero que el resto del año vivían situaciones de riesgo constantes y la violencia policial era continua. La precariedad que rodea al trabajo sexual se asume por la necesidad de sobrevivir, según señala Mata, que añade que sí que pueden ejercer otros trabajos, “pero no hay sistema que las ampare” o les haga un hueco, dado que sus pasados son borrados. El sistema no les da oportunidad de integrarse, algo que el propio Estado les exige mientras lo obstaculiza.

La violencia policial a la que hace alusión Mara también la sufren en España, donde Corina recuerda haber recibido burlas por parte de los agentes en diversas ocasiones, riéndose de su nombre. Corina asegura que un policía la empujó, dándole un puñetazo en el pecho que la dejó varios días con dolores ya que se acababa de operar. “A pesar de todo, no se les puede increpar porque a la mínima amenazaban con dormir en el calabozo”, lamenta. También, dice, ha llegado a recibir multas sin ningún tipo de justificación por cosas que no había hecho. Mata explica que, si el policía es tránsfobo y xenófobo, “hará lo que sea para perjudicar tu proceso de asilo porque en ese momento tienen el poder, con la única intencionalidad de fastidiar”. 

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Redes ante el desamparo

El colectivo de personas trans migrantes denuncia un trato impersonal y sin empatía por parte de la Administración, por lo que sienten que lo único que les queda son las redes de apoyo, el activismo y los servicios sociales. Según sostiene Aguirre, en los últimos meses la parte más importante de su activismo “ha sido crear redes de cuidados y de afecto”. En lo referido a las asociaciones y los servicios sociales, uno de los objetivos es asegurarles el acceso a los diversos recursos públicos que, según Navazo, muchas veces no conocen.

Consecuencia de la situación que viven, Navazo hace también alusión al padecimiento psíquico de las personas trans migrantes que han pasado por su asociación. “Si no te dejan ser tú, si no te dejan desarrollarte, ni tienes espacios seguros o referentes, si estás expuesta a infinidad de violencias y no te dan acceso a un espacio que te han quitado, ¿cómo no vas a enfermar?”. En este sentido, Mara señala que los años de violencia y de abusos por ser una mujer trans migrante y trabajadora sexual le ha llevado a una “destrucción cerebral” por la que vive una lucha constante. “A día de hoy, soy una persona que vivo, pero que no vivo”, describe. 

La búsqueda de la supervivencia, saltando los obstáculos del Estado, tiene consecuencias a nivel físico, mental y de exclusión social, que se traducen en la perpetuación de los falsos estereotipos y de la estigmatización del colectivo trans migrante. “Lo más importante que se debe hacer es quitar la etiqueta de que las trans tenemos que ser prostitutas”, señala Corina, incidiendo en la necesidad de “tener las mismas oportunidades que cualquier persona”. Mara lamenta que durante toda su vida ha sufrido muchos daños que surgen “no por tu condición, sino por todo lo que recibiste”, viéndose obligada a vivir con esos recuerdos; no obstante, solicita al mundo “respeto, luego silencio y luego más respeto”, en una petición de ser escuchadas. Por su parte, Leticia Rojas insiste en que la única forma de terminar con los obstáculos burocráticos es “acabar con la Ley de Extranjería” o, en su defecto, cambiar algunos de sus epígrafes. Pero hasta que las instituciones no tengan en cuenta a las personas trans y a las personas migrantes a la hora de tomar decisiones que les afecten, lamentan, no podrán avanzar en ninguno de sus fines. 

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