Personas refugiadas
Los que no caben bajo la alfombra

39.000 personas atrapadas en las islas del Egeo. ¿Incompetencia o castigo ejemplar? La UE sigue cruzada de brazos ante la mayor crisis humanitaria creada deliberadamente por el ser humano. 

Puerto de Mytilene (Lesbos). Foto de Miguel Ángel Carmona
Puerto de Mytilene (Lesbos). Foto de Miguel Ángel Carmona Revista Pueblos
Escritor
27 feb 2020 10:15

Los testimonios e imágenes que relatan las condiciones de vida de las personas solicitantes de asilo en las islas griegas nos han familiarizado con expresiones de difícil encaje en el ordenamiento jurídico de la Unión Europea: «limbo legal», «condiciones infrahumanas», «vulneración de derechos», «emergencia humanitaria». Sin embargo, esta situación, por inexplicable que parezca, se sustenta en una intrincada red de normas cuyo objetivo es dar apariencia de legalidad a una decisión política que contraviene los principios y valores fundacionales del proyecto europeo: la de subcontratar a Turquía la prestación del derecho de asilo.

El «hotspots approach» —enfoque hotspots— y el Acuerdo UE-Turquía de marzo de 2016 son los puntales de este andamiaje, ideológico y normativo, que la Comisión Europea y el Consejo de Europa levantaron para convertir el Egeo en una muralla invisible. Argumentaron que lo hacían para velar por la integridad de quienes intentaban cruzar sus aguas en botes inflables; para protegerlos del negocio perverso de las mafias, y garantizar así su derecho a solicitar asilo sin tener que arriesgar la vida.

Pero hoy, a punto de cumplirse cuatro años de aquel acuerdo, la realidad es que 39.000 personas abarrotan las instalaciones de las islas griegas, cuando su capacidad es de 6.458; que en Moria hay una ducha para cada 546 personas, no existen zonas seguras para menores ni para migrantes especialmente vulnerables y los intentos de suicidio entre adolescentes, como ha documentado Médicos Sin Fronteras (MSF), están convirtiéndose en algo habitual. ¿Forma este desastre humanitario parte de la estrategia diseñada por la UE para frenar las llegadas desde Turquía?

El enfoque  hotspots  

El enfoque hotspots fue lanzado como parte de la Agenda Europea de Migraciones en abril de 2015, en teoría con el objetivo de equipar a la UE con una herramienta que permitiera mejorar la gestión de la migración a medio y largo plazo. En ese contexto, fueron establecidos diez hotspots o instalaciones de primera recepción. Cinco fueron ubicados en Grecia: en las islas de Chios, Kos, Leros, Lesvos y Samos, para canalizar la migración de la ruta del Mediterráneo oriental, proveniente en su mayoría de Turquía; y otros cinco en Italia: en Lampedusa, Messina, Pozzallo, Taranto y Trapani, para hacer lo propio con los migrantes de la ruta del Mediterráneo norte, provenientes de Libia.

En noviembre de 2015 llegaban a las costas griegas 150.00 personas al mes. La mayor parte de ellas eran rescatadas en el mar por las ONG o por Frontex, o asistidas por equipos de voluntarios al tocar la costa y conducidas al Centro de Recepción e Identificación correspondiente —como el de Moria, en la Isla de Lesbos—. En un plazo de 24-48 horas eran identificadas y registradas y después trasladadas —previo pago del billete— en el ferry comercial que realizaba su viaje normal a Atenas. Allí eran redirigidas hacia centros ya en suelo continental, aunque la mayoría continuaban el camino a través de Macedonia, Serbia, Hungría y Austria, hasta Alemania.

Sin embargo, en ese mismo noviembre Viktor Orbán cumple su promesa de vallar y cerrar la frontera húngara con Serbia y la caravana de migrantes empieza a toparse con restricciones al movimiento en todas las fronteras anteriores. Ante el temor a quedarse atrapados en Grecia o en cualquier otro país de tránsito, se intensifican los desplazamientos en esa ruta. Aparecen campamentos informales en todas las fronteras. Las policías de Macedonia, Croacia, Serbia o Grecia que, hasta el día anterior, se habían limitado a escoltar a la caravana, empiezan a detener a los migrantes y a reprimir las protestas, y surgen centros de detención administrativa en los que los detenidos esperan órdenes de deportación alejados de las cámaras y sin asistencia de las ONG. Y Grecia empieza a acumular cientos de miles de migrantes que, desde Idomeni hacia el sur, abarrotan cualquier precaria infraestructura puesta a su disposición, y en Atenas ocupan parques, plazas y hoteles abandonados y caen, una vez más, en manos de las mafias que gestionan en muchos casos los alojamientos temporales.

En este contexto se gesta el Acuerdo UE-Turquía, aprobado en marzo de 2016, tomando como base las infraestructuras existentes en las cinco islas, condicionando definitivamente su funcionamiento y desarrollo y pervirtiendo la función para la que fueron creados. Empiezan a desalojarse los campamentos no oficiales gestionados por las ONG (Kitchen without Borders, Pikpa, Hope Center) y a expulsar a los cooperantes «no profesionales» de las islas, y la gestión de flujo migratorio queda en manos, exclusivamente, de la policía y de FRONTEX, con la asistencia de ACNUR, MSF, y la EASO (European Asylum Support Office). A partir de ese momento, los hotspots se convierten en centros de detención donde las personas solicitantes de asilo quedan atrapadas durante meses, e incluso años, sin acceso a asistencia legal ni médica adecuada, sin servicios educativos, en condiciones inseguras e insalubres que están en el origen de numerosas muertes por incendios, hipotermias, atropellos y actos violentos, y generando en la población local una oleada de xenofobia sin precedentes en la sociedad griega.