Presupuestos Generales del Estado
PSOE y Unidos Podemos acuerdan revertir los recortes

El acuerdo presupuestario entre el Partido Socialista y Unidos Podemos contiene una serie de medidas que pueden repercutir sensiblemente, si finalmente el acuerdo recibe el respaldo necesario en el Congreso, en la vida de los miles de extremeños que peor han soportado los efectos de la crisis. No obstante, el acuerdo tiene como principal objetivo empezar a revertir los recortes implementados en esta última década negra para el bienestar de las mayorías sociales, especialmente en regiones como la extremeña, a la cola en la mayoría de los indicadores económicos del país.

Unos presupuestos sujetos a la coyuntura

Antes de su sometimiento a votación en el Parlamento, el proyecto de Presupuestos Generales ha de pasar por Bruselas, donde el Comisario para Asuntos Económicos y Monetarios, Pierre Moscovici, tendrá que dar su visto bueno. Aunque más que un visto bueno, pudiera parecer que lo que Moscovici dará será su brazo a torcer.

El Gobierno español va a defender en Bruselas un presupuesto que es, también, un modelo alternativo a la política económica europea, respetando en lo fundamental, eso sí, la doctrina comunitaria de contención del gasto, pero aprovechando las posibilidades expansivas existentes. Se habla de la aplicación en España del modelo portugués, pero es bien sabido que España no es, por varios motivos, Portugal.

Y no lo es por razones obvias. Ni su tamaño (cuarta economía de la zona euro) ni su situación política se asemejan a la de los vecinos peninsulares, por lo que solo la tensión generada en los últimos tiempos por la rebeldía antiausteritaria del Gobierno italiano podría garantizar una cierta flexibilidad del poder europeo con la propuesta española.

Este clima de colaboración se da en un momento marcado por la deriva extremistas de las fuerzas de la derecha, lo que parece desterrar de la política española la Gran Coalición PP-PSOE que, de facto, gobernó con mano de hierro los momentos más duros de la crisis

Sea como fuere, el contexto parece propicio para las intenciones de PSOE y Unidos Podemos, quedando aún por resolver si los partidos progresistas españoles podrán contar con el apoyo de las fuerzas catalanas, que han condicionado el diálogo al cambio de actitud del Gobierno respecto a la situación de los presos del procés. Así pues, en estos Presupuestos, si finalmente salen adelante, está en juego mucho más que unas cuestas con un marcado carácter social para los próximos meses. Se juega la legislatura en España y Cataluña, además de la consolidación de un modelo para Europa alternativo a las políticas de austeridad impuestas por Alemania, pero también al proteccionismo chovinista del populismo italiano.

En cualquier caso, el acuerdo entre PSOE y Unidos Podemos supone un nuevo paso en la política de apaciguamiento y colaboración entre ambas formaciones, consolidando al nivel de la política nacional lo que ya era norma a nivel autonómico. Este clima de colaboración se da, paradójicamente, en un momento marcado por la deriva extremistas de las fuerzas de la derecha, lo que parece desterrar de la política española la Gran Coalición PP-PSOE que, de facto, gobernó con mano de hierro los momentos más duros de la crisis.

Algunas medidas desgranadas para Extremadura

La medida que más está dando que hablar es la elevación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a los 900 euros. El compromiso alcanzado tendría un impacto notable en Extremadura, ya que actualmente más de 40.000 trabajadores (el 14,8% de los asalariados) cobran menos de 708 euros al mes. Recordemos, además, que la Comunidad cuanta con el salario medio más bajo del país (1.333 euros frente a los 1.636 de la media nacional).

Al mismo tiempo, el acuerdo plantea la necesidad de recuperar el subsidio para parados de larga duración de más de 52 años, lo que supone beneficiar a más de 15.000 extremeños que se encuentran en esta situación de gran vulnerabilidad. La cuantía destinada a estas dos partidas asciende a 660 millones de euros.

El acuerdo plantea la necesidad de recuperar el subsidio para parados de larga duración de más de 52 años, lo que supone beneficiar a más de 15.000 extremeños que se encuentran en esta situación de gran vulnerabilidad

También ha tenido una gran repercusión la voluntad de establecer la revalorización de las pensiones a los niveles del IPC. De esta manera, se eliminaría el llamado “factor de sostenibilidad”, que supone, en la práctica, el empobrecimiento progresivo de los pensionistas. La medida tiene una importancia significativa en Extremadura, ya que la Comunidad cuenta con la pensión media más baja del conjunto de las autonomías (777,48 euros) y, al mismo tiempo, con un porcentaje de jubilados especialmente alto (212.043 pensionistas por 396.052 cotizantes ocupados).

Otra de los puntos destacados del acuerdo establece un complemento de 50 millones para becas universitarias y el compromiso de devolver las tasas a los niveles de 2012. Si bien Extremadura es una de las comunidades menos afectadas por los recortes en el sistema de becas y la subida de las tasas, garantizándose desde este curso la gratuidad de la matrículas de las asignaturas aprobadas, el sistema universitario extremeño ha perdido más de un 10% de alumnos desde la puesta en marca del Plan Bolonia, situándose por encima de la media nacional.

Con los 840 millones para dependencia en concepto de subsidios y cotizaciones de las personas que realizan las tareas de cuidados, el Presupuesto acordado pretende impulsar la Ley de dependencia, actualmente en vigor pero limitada en su alcance por la falta de recursos, las trabas del gobierno de Rajoy y la poca voluntad de algunos ejecutivos autonómicos. Así, en Extremadura, el 27% de los dependientes reconocidos siguen esperando las prestaciones que les corresponden (según datos del Observatorio Estatal para la Dependencia 2017), lo que sitúa a la región cuarta por la cola en la atención a las personas dependientes.

En Extremadura, el 27% de los dependientes reconocidos siguen esperando las prestaciones que les corresponden (según datos del Observatorio Estatal para la Dependencia 2017), lo que sitúa a la región cuarta por la cola en la atención a las personas dependientes

Los 79.444 autónomos con los que cuenta Extremadura se verían favorecidos, de salir adelante este proyecto de Presupuestos, con la bajada de la base de cotización y del IVA. Es una buena noticia sobre todo para los más de 12.000 autónomos extremeños que sobreviven con 600 euros al mes, una vez descontadas las cotizaciones.

Por otro lado, a finales del año pasado conocíamos que 389.500 extremeños se encontraban en riesgo de pobreza severa, afectando al 35,8% de la población (datos de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza). El acuerdo de las fuerzas progresistas incluye 200 millones para paliar una situación en la que se encuentran una de cada cinco personas en España (una de cada tres en Extremadura), garantizando un Ingreso Mínimo Vital de 473 euros anuales por cada hijo a las familias al borde de este riesgo.

Otra medida que ha despertado el interés de todos es la intención de introducir la obligación de la equiparación de los permisos de paternidad y maternidad. Actualmente, los permisos de paternidad tienen un máximo de duración de cinco semanas, mientras que los de maternidad alcanzan las dieciséis, pudiendo la madre ceder parte de su permiso al padre. La nueva propuesta pretende situar ambos permisos en las catorce semanas.

¿Cómo se paga todo esto?

Aunque los partidos de la derecha parlamentaria y los medios de comunicación afines a estos se han lanzado en los últimos días a asegurar que el aumento en el gasto público se cargará sobre las espaldas de las clases medias, lo cierto es que el proyecto presupuestario elaborado por PSOE y Unidos Podemos centra sus esfuerzos recaudatorios en tres vías que nada tienen que ver con las clases medias y bajas. En primer lugar, se trataría de un impuesto a las transacciones financieras, la conocida Tasa Tobin, por medio de la cual las fuerzas progresistas pretenden recaudar entre 1.000 y 2.000 millones.

Sumado a este, el acuerdo contempla una subida del IRPF a los tramos más altos. La subida se aplica sobre el tramo nacional del IRPF, que pasaría del 22,5% al 26,5%. En Extremadura, las personas con ingresos superiores a los 150.000 euros pasarían del 47,5% al 51,5%, aproximando la progresividad de los impuestos a la renta a los parámetros de los países europeos más avanzados en materia fiscal.

Por último, la nuevas cuentas prevén un aumento del 1% en el impuesto de patrimonio para las fortunas superiores a los 10 millones. Extremadura es la comunidad con menores ingresos por impuesto de patrimonio de todo el país, con 4 millones, con un patrimonio medio entre las fortunas de la región de 1,9 millones.