“Los menores que migran solos son los intrusos en la fortaleza Europa”

El año pasado hubo un importante incremento en la llegada de menores que migraban solos. Su presencia evidencia los límites de un sistema de protección que no alcanza a garantizar sus derechos.

Vecinos de Hortaleza en una manifestación para exigir a la Comunidad de Madrid que cumpla con su responsabilidad como tutora
Vecinos de Hortaleza en una manifestación para exigir a la Comunidad de Madrid que cumpla con su responsabilidad como tutora. Sandra Blanco

publicado
2019-01-21 07:00:00

“Esto es un grito desesperado de ayuda de los trabajadores del Centro de Primera Acogida de Hortaleza. Solo pedimos dignidad para nuestro trabajo y para los jóvenes y adolescentes en dificultad social”. Este testimonio de un trabajador formaba parte de una nota de prensa que el sindicato SATSE de enfermería publicó el martes 15 de enero. En el texto daban cuenta del colapso de este centro y la situación de sus usuarios, muchos de ellos migrantes no acompañados. Las imágenes de adolescentes durmiendo sobre colchonetas en los pasillos resultaban familiares, la saturación viene durando meses.

A finales de 2018 había 12.437 menores extranjeros no acompañados acogidos en los servicios de protección de menores de las distintas comunidades autónomas, según cifras del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. En septiembre de ese año se anunciaba que las llegadas de estos menores se habían multiplicado por cuatro, con respecto al año anterior.

“Esto es horrible: tenemos auténtico miedo de los MENA en el puerto”, “Nadie quiere ser ‘destino Mena’”, “Los menores extranjeros son un problema de Estado”. Estos tres titulares aparecieron a lo largo del año en Ceuta, Madrid y Bizkaia, respectivamente. Una muestra de la alarma ante esta situación.

“Hay una politización sobre los números, no son veraces y, sobre todo, no hay una lectura de la situación desde una perspectiva de derechos”, denuncia la antropóloga Mercedes Jiménez, especialista en infancia y migración. La experta objeta la normalización del término MENA. “Se trata de un concepto jurídico que tiene que ver con la protección que un menor debe recibir. Pero se ha trasladado una definición jurídica a una descripción social”.

Para Jiménez, el hecho de que la persona no esté acompañada es un hecho puntual que no la define: “El concepto MENA acaba borrando su historia, se le cosifica, se olvida su pasado, su familia. Se le define por lo que no es, no por lo que es. Solo cuenta una parte de la vida de esa persona una vez ha accedido al territorio”.

“Hay una politización sobre los números, no son veraces y sobre todo no hay una lectura de la situación desde una perspectiva de derechos”

Jiménez, quien reside en Tánger desde hace más de dos décadas, al norte de la Frontera Sur, advierte: “Estos menores son los intrusos en la fortaleza Europa. Siendo niñas y niños que deben ser protegidos se convierten en migrantes que han de ser controlados. Las políticas de extranjería están pensadas para adultos, no para niños. Así, su existencia cortocircuita todo el sistema de control de extranjería”. La antropóloga se muestra muy crítica con los discursos sobre menores migrantes que le llegan del norte. “Algunos medios proyectan la imagen de niños pobres que deben despertar nuestra compasión, luego hay otro discurso criminalizador según el cual, estos menores representan una amenaza. En cualquiera de los dos casos, siguen siendo vistos como unos intrusos.”

No muy lejos de la ciudad donde reside Jiménez, el pasado 2 de enero el secretario general del Partido Popular, Pablo Casado, advertía: “La problemática vinculada a los MENA no puede ser solo social, sino también se tiene que ver desde la perspectiva de inmigración económica, y por tanto, en sus derivadas de seguridad ciudadana y control de las fronteras”. Estaba en Melilla y con sus palabras apuntaba a la posibilidad de expulsar a menores.

Desplazamiento y fronteras

En sus investigaciones, Mercedes Jiménez ha conversado con numerosos niños y niñas que migraron solos. “Se piensa en un grupo homogéneo, que son todos varones, que ocupan el espacio público, que quieren buscarse la vida. Pero hay tanta diversidad como la hay en la infancia misma”. Jiménez sí que encuentra rasgos comunes, cuenta cómo, sobre todo a partir de las movilizaciones de 2011 y la represión de las primaveras árabes, hay una motivación que “tiene mucho que ver con el tema de la dignidad, salir de una situación de muerte y entrar en una situación de vida. ‘Es que yo soy un muerto en vida’, dicen algunos chavales. Hay un abismo entre su proyección, sus deseos, sus expectativas y su realidad”.

Rafael Escudero es director de la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, una plataforma de ONG que, en vista de la proliferación de cifras y la alarma desatada en los medios, ha publicado recientemente un informe que aporta datos contrastados. En el documento, que se centra en la Comunidad de Madrid, también se critican las deficiencias en los sistemas de protección. “En realidad, normalmente sacamos el informe en marzo, pero decidimos adelantarlo en vista del ruido”, comenta Escudero. También están intentando poner en marcha un Observatorio que incluya a los municipios madrileños para poder hacer seguimiento de la situación.

“Cuando los menores llegan a Madrid suelen ponerse en contacto con algunas de las organizaciones que trabajamos con esta temática, o nos los derivan por redes oficiales o no oficiales. Antes o después se dirigen a la policía, de hecho todas las persona que entran en el sistema de protección de la infancia lo hacen mediante una derivación previa por parte de las fuerzas de seguridad del estado”. Así, ante un menor que afirma viajar solo, la policía comprueba si está en el registro MENA”, detalla Escudero.

Para acceder al sistema de protección es necesario pasar por una prueba de determinación de edad, y es la Fiscalía de menores quien procede a realizarla. Se trata de un procedimiento muy criticado. “Entidades de la sociedad civil llevan mucho tiempo defendiendo que quien determina la edad es el país de origen de la persona, por lo que no se le puede someter a un proceso de reidentificación de edad si el menor cuenta con documentación”, explica Escudero.

Jiménez tacha esta prueba de “control biologicista, errático”. Cuenta que 15 años atrás lo que se intentaba era repatriar a lo menores, mientras que ahora no ser considerado menor de edad implica la no permanencia en el país: “La prueba de determinación de edad es ahora la frontera. Está siendo un abismo de derechos. Pasan todo tipo de irregularidades, es un filtro de entrada. Y, en definitiva, supone la verdadera entrada física al sistema de protección”.

Cuando la edad del chico es determinada pasa a Hortaleza, un centro de acogida y derivación, aunque nosotros lo llamamos cuello de botella

En Madrid “cuando la edad del chico es determinada”, explica Escudero, “pasa al centro de Hortaleza que es un centro de acogida y derivación, aunque nosotros lo llamamos cuello de botella porque ahí, realmente, deberían pasar unas tres semanas para hacer una especie de triaje, pero la realidad es que se pueden quedar largos periodos”.

Talía Sainz es pediatra del Hospital la Paz, centro al que derivan a los menores internos en Hortaleza, pues cuenta con una unidad especial de enfermedades tropicales. Previamente se les hace un screening, una analítica completa, y si tienen algún problema se los mandan. “Lo que más nos llega son casos de exposición a la tuberculosis, prurito, alguna diarrea. En general, físicamente están bien, pero lo que traen es mucho trastorno emocional, trauma del viaje, sobretodo quienes vienen de África subsahariana”. Y aunque los chicos son más numerosos, también llegan chicas “con historias todavía más dramáticas, trata de blancas, relatos muy duros de todo el recorrido que han hecho por distintos países y el mar. Pérdidas, abusos sexuales”, explica.

Sainz ha notado el aumento de chicos y chicas en su consulta. Cuenta que, en verano, las cosas se complicaron porque con las vacaciones y la acumulación de casos hubo citas que demoraron hasta cuatro meses. También se nota la escasez de medios del centro: “La comunicación a veces es difícil porque no compartimos el idioma, últimamente vienen solos porque no tienen mediadores culturales suficientes para acompañarlos. Cuando vienen con el mediador, perfecto, pero cuando vienen solos, ahí hacemos lo que podemos”.

“Los menores están en centros que por ley deben de tener un equipo de orientación, uno de mediación y uno psico-social”, cuenta Escudero. La idea es que cada menor tenga un plan individualizado de integración, en base al cual se le ofrecerán actividades, se considerarán sus necesidades educativas, sanitarias o de otro tipo. El problema, dice Escudero, “es que no hay criterios homogéneos y los pliegos de los centros no entran en detalles sobre cómo trabajar con los menores. Queremos elaborar una especie de libro blanco para orientarnos en el trato de los menores pero también para empoderarles y darles voz”. Para ello, se están reuniendo con la Federación de Municipios de Madrid y con la Comunidad.

Cumplir 18

Pero si hay algo que Escudero considera importante es ampliar las plazas para chicos de entre 18 y 21 años. “Ahora solo hay 30 en la Comunidad de Madrid, ni una décima parte de las que se necesitarían”, denuncia. En la primera semana del año, en Barcelona o Valencia se difundieron mensajes de alarma ante la inminente salida de los centros de numerosos jóvenes que, al no contar con una fecha específica para su nacimiento, habían sido considerados como nacidos el 1 de enero. “Si la fiscalía considera que se ha nacido X año y no tienen una fecha, se pone el 1 de enero, no el 31 de diciembre. Así tienen 12 meses menos de problema”, ironiza Jiménez. También señala que hay niños que no fueron registrados al nacer, tienen esa fecha en su documento al no recordar las familias la fecha exacta de su nacimiento.

Según Sainz, a los menores que acuden a su consulta les genera bastante angustia la perspectiva de cumplir la mayoría de edad. “Es una pena, hay gente que está aprendiendo español, haciendo una formación y, por ejemplo, en mayo cumplen 18 y se quedan sin todo esto, no acaban ni el curso escolar”. La pediatra cuenta que, si el menor tiene alguna patología grave que pueda motivar la continuidad de la protección, intentan hacer algún informe que se lo facilite. También sigue atendiendo a sus pacientes aunque hayan pasado la mayoría de edad y perdido la condición de tutelados.

Según Sainz, a los menores que acuden a su consulta les genera bastante angustia la perspectiva de cumplir la mayoría de edad

“La salida es traumática en todos los casos. Los técnicos que trabajan en los centros son gente muy esforzada pero si te dan un chico con 17 años que en tres meses cumple 18, ¿qué trabajo puedes hacer con ese chico?”, se pregunta Escudero. Una vez los menores salen de los centros ya no hay seguimiento posible.

Jiménez denuncia que hay casos de chicos que llegan próximos a los 18, entran a los centros, pero no se activa la maquinaria de protección. “No se les tutela, solo se les da de comer hasta que cumplen la mayoría de edad. Supone una gran irregularidad. Como no tienen condición de extutelados se les encamina a la precariedad”. Como extutelados, con un empadronamiento y un contrato de trabajo podrían acceder a la residencia. “Es puro maltrato institucional. Tienen la idea de que si los tratan bien van a venir más, que habrá un efecto llamada. Es una gran mentira. Estar ahí van a estar se les meta en el sistema de protección o no”, afirma la activista.

Aun siendo extutelado nada es fácil: “Hay una falta total de recursos para los que salen, la mayoría nos los traen con 17 años y medio y en pocos meses los sacan a las calles sin haber tenido la posibilidad de trabajar con ellos”, lamenta Escudero. “Mayoritariamente se quedan aquí una temporada y luego intentan desplazarse a otros lugares de España o incluso a otros países, no vuelven a Marruecos o Argelia que es de donde procede la mayoría”.

Cuando se habla de estos jóvenes como problemáticos, como personas que generan conflictos, explica Jiménez, “no se apunta a que el sistema de protección los ha deteriorado. Son procesos de deterioro que se deben a la incapacidad de poder acompañarles en la construcción de un proyecto de vida”. Y si bien admite que ha habido un incremento de las llegadas, recuerda que hace casi 30 años que menores migrantes atraviesan solos la frontera: “Podrían haberse preparado.”

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