Migración
Denuncian ante Fiscalía la devolución en caliente de un menor de edad

Sobre las 7 de la mañana del jueves 21 de mayo un joven de origen subsahariano logró sortear la valla con triple concertina instalada por Marruecos y trepar al conocido como “vallado español”. Según la denuncia presentada, el menor fue “inmediatamente detenido por la Guardia Civil”, que a su vez siguiendo los protocolos de actuación, dio aviso a Cruz Roja “para que prestara atención socio-sanitaria”.

“Tres miembros del personal de Cruz Roja han atendido al menor a pie de la valla. El menor ha manifestado tanto a la Guardia Civil como a la Cruz Roja tener 16 años y llevar unos tres años de ruta migratoria. A pesar de las manifestaciones efectuadas, los agentes de la Guardia Civil, ha procedido a la apertura de las puertas del entre vallado y a su entrega a las autoridades marroquíes. El menor ha permanecido en territorio español desde las 08:00 de la mañana hasta las 09:30 (horarios aproximados)”, denuncian Coordinadora de Barrios, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, CEAR, Andalucía Acoge y Elin, entre otras.

“No solo lo consideramos ilegal, sino también inmoral y criminal”, Patricia Fernández.

El escrito coincide con lo manifestado por la prensa local, a quien fuentes de Cruz Roja confirmaron que el joven habría referido tener 16 años. “Sin embargo la Delegación del Gobierno, mando único durante la pandemia del coronavirus, ha asegurado que se trataba de un joven mayor de edad, y que ‘por su apariencia física no tenía menos de 20 años’”, publicó el Faro de Ceuta.

Al respecto, la abogada de Coordinadora de Barrios, Patricia Fernández, explicó que el pedido de una “investigación exhaustiva” es porque entienden que “los hechos son gravísimos. Afectan a un menor de edad y además rompen y quiebran el compromiso de España con la Convención de los Derechos del Niño, ya que existe una legislación específica que prohíbe estas prácticas”.

“Y, sobre todo, constituye una afrenta directa a las decisiones del Comité de los Derechos del Niño que ya en las resoluciones de 2019 le exigía a España que no volviera a hacer algo así, a violentar los derechos del menor y que corrigiera sus prácticas y su legislación. Nada de esto se ha hecho y el Gobierno de España tiene que ser consciente que ha traspasado una línea que no debería haber traspasado, la de tratar de esconderse detrás del estado de alarma para seguir quebrantando los derechos humanos en la frontera sur. No solo lo consideramos ilegal, sino también inmoral y criminal”, acusó.

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Debido al aislamiento derivado del estado de alarma, las problemáticas habituales, como son la situación de los centros de estancia temporal de inmigrantes o la de los niños y adolescentes que viven solos en las ciudades, se han visto agravadas en las ciudades autónomas.

Para el esclarecimiento de los hechos, las entidades piden a Fiscalía que adopte algunas medidas de urgencia como recabar la grabación de las cámaras ubicadas en la valla, la grabación de las comunicaciones del COS de Seguridad con la Comandancia de la Guardia Civil, los atestados de la policía interviniente y el parte sanitario de Cruz Roja Ceuta. Asimismo, “que se recabe el expediente de entrega inmediata a Marruecos y las diligencias de readmisión” efectuadas. 

La legalidad vulnerada

Las entidades denunciantes destacan que la entrega “sumaria” a las autoridades marroquíes “se habría hecho a pesar de lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley de Extranjería”, que exige la inmediata puesta a disposición de los servicios de protección de menores de los extranjeros indocumentados que manifiesten ser menores de edad.

Asimismo, que la devolución en caliente de un menor contraviene la disposición adicional Décima de la misma Ley que establece que “en todo caso, el rechazo se realizará respetando la normativa internacional de derechos humanos y de protección internacional de la que España es parte”.

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“España, que ratificó la Convención de los Derechos del Niño, habrá de adoptar la decisiones sobre el rechazo en pleno respeto a lo dispuesto en los artículos 3 y 20 de la Convención de los Derechos del Niño, que prevé que los Estados adoptarán las medidas de protección de los menores bajo su jurisdicción con respeto al interés superior de estos”, dice la denuncia y agrega que tales medidas “se aplican incluso con respecto a los menores que queden sometidos a la jurisdicción del Estado, al tratar de penetrar en el territorio nacional. Los Estados han de tomar todas las disposiciones necesarias para identificar a los menores en situación de no acompañados, lo antes posible”, demandan. 

DERECHOS DEL NIÑO

El Comité de los Derechos del Niño en dictamines de 2019 en referencia a una denuncia de 2016, señaló “la obligación del Estado parte de no trasladar a un niño a un país en el que haya motivos racionales para pensar que existe un peligro real de daño irreparable para el menor” y argumentó que en Marruecos los había “a la luz de la situación de violencia contra migrantes en la zona de frontera”.

“Es preciso recordar que dichos dictámenes son considerados por el Tribunal Constitucional como interpretación auténtica de la Convención, y por lo tanto, vinculantes para el Estado Español que en base a ello, y en virtud de la cláusula de salvaguarda de la convencionalidad que está recogida en la mencionada Disposición Adicional Décima, apartado 2, no puede ejecutar rechazos sumarios de menores de edad”, concluye la denuncia.