Migración
Archidona o sobre los derechos y libertades de los 'extranjeros'

La retórica racista de los derechos y libertades de los “extranjeros” y su integración social (aka Ley de Extranjería en el Estado Español) encierra a sujetos poscoloniales racializados en lo que cualquier persona podría conocer como cárceles, pero el Estado no los llama así. El Estado en su neurosis les ha cambiado de nombre varias veces desde su creación. Todo esto no es nuevo. El humanismo, la moral y la ética, los cuales parecen ser monopolio de Europa y los europeos, no están a favor de los que hoy se encuentran encarcelados en el centro penitenciario de Málaga II - hoy conocido como Archidona -, ni a favor de todos los demás retenidos en los otros siete campos repartidos en el Estado, ni de los que ayer o mañana, fueron o serán deportados, ni mucho menos de los que nunca llegaron. No es necesario repetir todo lo que ya se ha escrito sobre “Archidona”, pero es urgente preguntarnos qué es lo que ha causado tanta indignación durante las últimas semanas.

Para empezar, sabemos que los aparatos políticos de poder del Estado, digamos su justicia, privó de libertad a todas estas personas “en un lugar distinto” al indicado por la autoridad judicial. Sí, el racismo de estado es capaz de sancionar con la privación de libertad alimentando el complejo penitenciario industrial, del que los centros de detención para inmigrantes forman parte. Sucede que esos internos son argelinos, a quienes se les ha aplicado la Ley de Extranjería o mejor dicho, una decisión bien sencilla, el no tener “derecho”, contrariamente de lo que se podría esperar de un documento legal que establece sus derechos y libertades.

Veníamos diciendo anteriormente que es el racismo de Estado que crea el aspecto criminalizador de la “inmigración irregular" y fabrica el discurso hegemónico racista de la inmigración. La legitimación que el Estado ha dado a sus prácticas políticas, jurídicas y policiales en contra de la población en tránsito migratorio es devastadora y encubre una violencia deshumanizadora que ante los ojos del poder blanco y sus beneficiarios ha sido completamente normalizada. Tanto así, que ahora su objetivo es mantener la figura envilecida del "inmigrante irregular" encerrándolo en un centro penitenciario, mientras que el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, se jacta de que “los internos tienen los mismos derechos y garantías que en otro sitio” y que las instalaciones “son mucho mejores que las de cualquier otro CIE que pueda estar en funcionamiento en España”.

Hemos visto durante décadas que el racismo funciona como un sistema represivo, sin carácter excepcional. Lo que hoy presenciamos no es más que el racismo institucionalizado renovado en la radicalización y naturalización de las prácticas de guerra justificadas que el Estado conduce contra la inmigración poscolonial y, en consecuencia, contra sus hijos.

La genealogía colonial del CIE

Sabemos que en los centros de internamiento se violan los derechos fundamentales de las personas. Eso tampoco es nuevo.

Los CIE no son una pieza aislada; sino que funcionan como un instrumento del aparato ideológico racista que encuentra su fundamento en la historia colonial de sus Estados.

La historia es perversa con nosotros, ubiquémonos en ella: 1834. El internamiento de carácter administrativo se introduce con el derecho colonial francés en Argelia. Introducida en un inicio como medida temporal, perderá años más tarde su carácter excepcional y será introducida en Francia después de la guerra de independencia argelina. Arenc, parece ser el primer campo de internamiento en Francia, donde miles de argelinos musulmanes, en tanto sujetos racializados como “árabes”, serán detenidos entre 1963 a 1975 para su posterior deportación desde el puerto de Marsella. El internamiento administrativo de origen colonial se extenderá por todos los países europeos y occidentalizados bajo claves de jerarquización racial y se aplicará a “extranjeros” ilegalizados por el poder blanco global, creando nuevas narrativas para criminalizar su mera existencia en un territorio, donde les corresponderá ser los condenados, antes, durante y después de su internamiento.

Sucede que el internamiento en Archidona es parte de la política de acogida a los inmigrantes, sean éstos menores de edad o no. (No entraremos aquí en detalle sobre la violencia de las pruebas oseométricas, que no solo no son fiables, sino que también tienen consecuencias definitivas al ser inevitable tratar a menores como adultos, a quienes el racismo les afectará de manera distinta). No puede ser de otra forma. Así como distintos jueces tomaron medidas para habilitar el centro penitenciario como campo de internamiento de más de 500 personas, otras medidas pudieron haber sido tomadas para evitarlo. Pero el mantra de la izquierda y de su antirracismo universalista que repite una y otra vez: “Queremos que se respeten los derechos humanos”, no será nuestro enfoque. Más bien, hemos de señalar el cinismo y la hipocresía del discurso de los valores de los Derechos Humanos que las políticas del Estado dicen defender y que se ha instalado también en las luchas de solidaridad. 

En este momento parece que aún no ha quedado clara la distinción entre las personas que son tomadas en cuenta por ese ideal euro-blanco-todo-poderoso de los Derechos Humanos y aquellas que son vistas meramente como objetos de instrumentalización para el mantenimiento del status quo – valga decir, del poder blanco- en cuanto seres cercanos a una condición animal y sujetos al cuestionamiento perpetuo de su humanidad. En este contexto, es necesario una vez más, mencionar la situación de guerra – intrínseca a la Modernidad - en la que nos encontramos y que sustenta el orden normativo neocolonial, patriarcal y racista del Estado formado históricamente a través de la dominación colonial y cuyo poder garantiza políticamente la posición privilegiada de sujetos construidos como blancos.

No podemos llevar una lucha antirracista políticamente, sin antes reconocer la profundidad de la colonialidad, incluidas sus prácticas de deshumanización– siempre en renovación – y ¡su actitud!, que se ha encarga precisamente en quitarle a los sujetos poscoloniales racializados su dignidad humana y convertirlos en sujetos explotables, sospechosos, ilegales, irregulares, sinpapeles, indocumentados, desechables, deportables...

La colonialidad ha hecho uso del ideal eurocéntrico de los Derechos Humanos y de su pretensión universalista para buscar la justicia de unos, bajo la opresión de otros, convirtiéndose en un privilegio y argumento de dominación a la vez.

Del mismo modo sucede con la idea moderna del ideal de libertad liberal que produce la opresión de otras “libertades”, entre ellas la del “extranjero”; imponiendo una libertad civilizatoria con políticas racistas y prácticas de sometimiento. Bajo los discursos de los derechos y libertades de la inmigración y de su integración social, el Estado se permite invertir enormes cantidades de dinero en la exclusión, reclusión, denigración y deportación de personas construidas como otras.

No existen realmente razones económicas, ni legales que expliquen la violencia de orden racista de parte del Estado hacia los sujetos inmigrantes, que no sea el mismo orden normativo de este sistema-mundo moderno. Es el racismo de Estado que produce forzosamente sujetos como inmigrantes irregulares y es el universalismo del discurso de los Derechos Humanos que permite la excepcionalidad de la violencia hacia ellos. Al Estado no le queda más que reforzar las jerarquías raciales para mantener (la ficción) de su estado de bienestar y la legitimidad de su poder, incluso a través de acciones simbólicas.

Sabemos que desde la aplicación de esos derechos y libertades, huelgas de hambre, revueltas, (intentos de) fugas fueron protagonizadas en los CIE por ecuatorianos, senegaleses, argelinos, marroquíes... en lucha por su dignidad y para evitar su expulsión. Sabemos que en el CIE de  Zona Franca de Barcelona se han registrado cuatro muertes de personas de Ecuador, de Marruecos, de Guinea-Conakry y de Armenia en 2008, 2010, 2012 y 2013 respectivamente; y hoy hace seis años, Samba Martine, mujer  congoleña, estaba muriendo en el CIE de Aluche en Madrid. "Lo amplio y ambiguo de los supuestos que contempla (la ley de Extranjería) hace que, en realidad, pueda ser aplicada de forma harto discrecional por la autoridad administrativa y que sus destinatarios vayan a ser no los extranjeros de forma general sino los del Tercer Mundo", decía un artículo en La Vanguardia, a finales de octubre de 1985. Curiosamente, unos días antes también escribía en su edición general: "Cuando a las cero horas cero minutos de una noche del pasado verano entró en vigor la llamada Ley de Extranjeros la policía se puso a trabajar con ahínco: a las pocas horas ya estaban llenos todos los calabozos de las comisarías de la ciudad y no se recurrió a las casas particulares porque al legislador no se le ocurrió en su día". En ese entonces, el mismo Sindicato Unificado de Policía denunciaba que "los extranjeros en situación ilegal" hayan sido ubicados en el cuartel de la Policía Nacional de Sant Andreu en Barcelona, "en la sala que antes se destinaba a guardar los arneses de los caballos."

Hoy tenemos a los funcionarios de las prisiones, miembros de ACAIP, exigiendo el libre ejercicio de sus derechos laborales y la vuelta de Archidona a su calificación legislativa, reclamando al Ministerio del Interior que “restablezca la ‘cordura’ en la toma de decisiones sobre el centro penitenciario Málaga II”.

Del paternalismo asistencialista al internacionalismo antirracista

Sucede que no confiamos en la legalidad estatal que protege a la población blanca, cuyos individuos tienen acceso a los derechos humanos por ser considerados como tales. Tampoco creemos en la neutralidad del poder del Estado porque se trata de un poder hegemónicamente blanco. La izquierda y sus discursos de solidaridad no pueden convertirse en la cara amable de toda esa estructura violenta. La violencia y el racismo estructural no tienen una cara amable. Para la población proveniente de la inmigración poscolonial, esa que es acogida de manera sistemática en una cárcel no solo física, sino también ideológica porque busca colocarla en una posición inferior, esa cara amable significa control y temor. Nos preguntábamos al comienzo que les causa tanta indignación, ¿que las lógicas de guerra no sean las acostumbradas? ¿qué menores (también en este caso) sean deportados?

Los encarcelamientos y expulsiones de nuestras familias, o de las que pudieron serlo, son prácticas que sirven al poder blanco y al Estado-Nación para mantener su hegemonía. El régimen de control y expulsión migratorio, el ataque bélico fronterizo por parte de España y de los Estados Miembros, la detención y reclusión bajo discursos progresistas y securitarios son claras manifestaciones de la materialidad del aparato del Estado-nación y su colonialidad. Las políticas migratorias españolas son las europeas y las políticas europeas son inherentemente racistas. Sus narrativas y prácticas políticas siempre lo fueron. Sí, y todas fueron construidas bajo la legitimidad de lo que hoy son los Derechos Humanos, Civiles y Sociales europeos. No hemos de extrañarnos si nos damos cuenta como llegamos a Archidona. Recordamos un spot publicitario de la Unión Europea que decía: “...las agencias europeas traerán políticas a la vida de las personas que viven en la UE, lo que garantiza los valores de libertad, seguridad, justicia e igualdad... Gracias a la estrecha colaboración de las agencias en la UE, la gente seguirá encontrando satisfacción en sus derechos fundamentales - juntos, sintiéndose más seguros consigo y en la Unión en la que viven." ¿Cómo decirlo más alto, más claro, más sórdido?

Evidentemente tienen que ser los inmigrantes, las personas racializadas en la inferioridad, en este caso “moros”, los que cruzan las fronteras europeas, los que son construidos como invasores, agresores, enemigos y no solo porque esta vez el delegado de Gobierno en Murcia Francisco Bernabé, dijo que su llegada constituía “un ataque coordinado contra nuestras fronteras y, por tanto, contra las fronteras de la Unión Europea”. No. Ellos ya han sido construidos como agresores y enemigos porque las lógicas y tácticas de guerra contra la inmigración están ya integradas desde distintos lugares en nuestra vida cotidiana, donde las muertes de los que nunca llegaron son vistos solo como daños colaterales. La cara amable que nos quieren mostrar es el control de fronteras que "aprueba" la existencia de un visado temporal, mientras que uno sabe que se convertirá en sinpapeles, en el deportable. Su cara amable es la violencia racista normalizada del permanente control policial.

Nuestras luchas de inmigración han venido exigiendo hasta ahora – y desesperadamente a gritos – que se apliquen los idealizados derechos humanos. El miedo nos ha impedido muchas veces nombrar lo que ya veíamos y sentíamos. Nuestra integración también está marcada en el intento de producir “lo humano” bajo el paradigma de la modernidad y no nos hemos dado cuenta de la trampa misma que nos impide ver otras posibilidades de liberación fuera de ese rasgo humanista universal eurocéntrico, intrínsecamente racista.

Una parte de la izquierda blanca ve en los "sinpapeles", una causa en la que volcar su paternalismo más elevado, una causa por la que luchar por sus propios derechos. Ahora nos preguntamos, ¿será porque se atreven a creer que no tienen identidad, que estarán más dispuestos a una integración sin condiciones porque han sido despojados de todo derecho? ¿será porque creen que serán deportados o expulsados de una u otra forma, tarde o temprano? ¿O es que no son moros, ni negros, ni indígenas, ni sudakas, ni gitanos, son simplemente "sinpapeles" que claman por su humanidad?, como nos haría pensar Sadri Khiari, teórico decolonial.

Lo cierto es que observamos como personas provenientes de la inmigración poscolonial, sus hijos e hijas empiezan a cuestionar el paradigma moderno europeo y sus lógicas raciales, capitalistas e imperialistas (neocoloniales o de globalización) y son las que empiezan a destapar la inmensa capa de polvo y suciedad que la colonialidad ha ido asentando, incluso sobre nuestros cuerpos.

Hemos de intentar, entonces, ser contundentes en nuestras palabras porque hemos de luchar no sólo contra la incapacidad de la izquierda eurocentrada en entender en profundidad el racismo, sino también contra las limitaciones de una lucha de la inmigración que ha mantenido hasta ahora una actitud pedagógica “defendiendo” el carácter humanitario, moral, universal, legal, intercultural de nuestra inmigración poscolonial. Es responsabilidad política de la lucha antirracista de la inmigración dejar de pensar que no podemos tener derecho sobre España. No podemos permitir que se romantice la inmigración bajo el sueño blanco de un derecho universal integracionista, de una acogida desde el supremacismo y en términos de inferiorización, de una libre circulación que no es real y no será real bajo lemas “quisieron manos y llegaron personas”, porque es el racismo y sus políticas migratorias que la niega institucionalmente y porque la división internacional del trabajo es una división de explotación racial. No podemos permitir que se busque una diversidad racial sin buscar romper las relaciones de poder que las producen y las mantienen.

No queremos poner en cuestión en lo absoluto la sinceridad de la solidaridad hacia las luchas de inmigración pero debemos cuestionar esas lógicas de poder que se han mantenido en las luchas que se han llevado. ¿Quiere la izquierda, realmente, proteger y salvar a los inmigrantes irregularizados, maltratados y deshumanizados por su Estado sin confrontar su poder ni su propio racismo? La izquierda, si pretende ser antirracista deberá confrontar su actitud paternalista-colonial y poner en cuestión sus valores europeos, así como el pseudohumanismo de unos ideales de libertad. Es Europa y su civilización la llamada a comparecer ante el tribunal de la conciencia, como diría Aimé Césaire, "pero se revela impotente para justificarse, y ... a medida que pasa el tiempo, se refugia en una hipocresía tanto más odiosa cuantas menos posibilidades tiene de engañar a nadie".

Nosotras, sabiendo que el discurso hegemónico de la inmigración irregular y la puesta en marcha de la guerra en su contra es solo una faceta de colonialidad global y de la supremacía blanca, debemos exigirnos pensar en una política decolonial junto con la población migrada y otra, más grande aún, surgida de la inmigración poscolonial que no está dispuesta a irse, con las otras comunidades racializadas como la gitana, que conoce bien la constante expulsión racista a pesar que siempre estuvo aquí; todas ellas interpelan al poder blanco español.

Nuestra resistencia antirracista debe exigirse a sí misma hacer frente políticamente las realidades más profundas debajo de los discursos moralistas que sobrepueblan su superficie. Hemos de volvernos más sensibles antes que la decadencia del proyecto civilizatorio europeo español y sus aparatos de Estado nos brutalice hasta nuestra total integración.

A día de hoy también un grupo de personas migradas en Barcelona se encuentran en huelga de hambre, encerradas en una Iglesia denunciando la misma retórica racista de la Ley de Extranjería que controla sus no-derechos laborales, de vivienda, de educación, de acceso a la sanidad, de reagrupación familiar y que controla sus libertades de vivir sin temor a la clandestinidad, a los controles raciales de orden policial, a ser explotadas bajo la amenaza de perder la posibilidad de arraigo, de convertirse en deportables. En muchos de otros casos, las políticas de control y represión del Estado ha logrado inmovilizar a la población inmigrante más vulnerabilizada. La lucha de la inmigración no exige para las otras comunidades racializadas una mera solidaridad, exige que sea reconocida políticamente como una lucha antirracista que participa en la lucha por una dignidad y una emancipación colectiva.