Almería
Junto al mar de plástico: más de 7.000 personas siguen viviendo sin derechos en los asentamientos de Almería

Es de los pocos días que llueve en el año. Las gotas repiquetean al unísono en los kilómetros de lonas que componen el mar de plástico almeriense. También rebota en la trinchera de basura que rodea el asentamiento cercano a la localidad de Atochares (Níjar), donde cientos de chabolas luchan por sobrevivir a la inclemencia de la metereología. Rafika transporta varias garrafas de agua a la que es su casa, sorteando cables pelados de los charcos de agua y barro que componen el suelo que pisa. “Lo que más miedo me da es la lluvia”, explica dentro de la chabola en la que vive esta trabajadora del campo mientras esquiva cables que cuelgan del techo, cerca de un frigorífico abierto que no funciona. 

“Mientras la agroindustria capitalista bajo plástico no deja de expandirse y generar millones en beneficios, los jornaleros que sostienen el negocio son abandonados a su suerte”, explican desde la Plataforma Derecho a Techo

“Es difícil vivir aquí, se va la luz todo el rato”, añade Rafika, que vive en el asentamiento desde hace tres años, cuando llegó desde Marruecos para trabajar en los almacenes agrícolas de la zona. “No tengo dinero para alquilar una casa o comprármela, pero puedo hacerme una”, cuenta Rafika, que al principio vivía con su hija de 12 años, pero “se volvió a Marruecos porque no podía vivir así. No he podido conseguir nada mejor”, sostiene apenada. 

Rafika no puede acceder a otra alternativa habitacional, como las más de 7.000 personas que viven en los asentamientos almerienses según el informe Frontera Sur 2025 de la APDHA. A pesar de trabajar por hasta 12 horas diarias en la recolección y el tratamiento de frutas y verduras en la zona, “es un trabajo muy duro, son muchas horas”, señala. Una realidad que supone la parte sombría e invisibilizada por las instituciones de una industria millonaria; el campo almeriense tuvo de beneficio de sus exportaciones 3.380 millones de euros en 2024, como anunciaba el subdelegado del Gobierno, José María Martín, que además tildaba a la agroindustria almeriense como “esencial y un buen ejemplo”.

Sin embargo, los colectivos por los derechos humanos llevan años denunciando la “continua vulneración de derechos humanos” en la que viven estas trabajadoras y trabajadores y la condición de “esclavitud a las que son sometidos” que pasan por precariedad laboral, abusos patronales, largas jornadas e imposibilidad de acceder a cubrir sus necesidades básicas. Por ello, decenas de entidades en Almería y Huelva, donde existen decenas de asentamientos, como en Almería, se movilizan continuamente, como el pasado domingo 13 de marzo, para denunciar la situación, una convocatoria que se irá repitiendo en las próximas semanas.

En Almería, la movilización se ha organizado por la Plataforma Derecho a Techo, compuesta por decenas de entidades sociales y sindicatos: “Mientras la agroindustria capitalista bajo plástico no deja de expandirse y generar millones en beneficios, los jornaleros que sostienen el negocio son abandonados a su suerte”, exponen. 

Pagar por empadronarse

“Vivimos tres personas en una cochera, mis hijos y yo”, explica una trabajadora que lleva más de veinte años trabajando en los almacenes de la provincia. “He buscado mucho y no hay otra alternativa”. Además de no poder conseguir otra alternativa habitacional, la trabajadora denuncia que para empadronarse tienen que pagar. “La gente está pidiendo hasta 1.400 euros por empadronarse”. Además, a pesar de llevar dos décadas en la localidad de Campohermoso, dice que es muy difícil relacionarse con la gente del pueblo: “No nos quieren, yo solo voy de la cochera al trabajo, mi hija tampoco sale apenas, yo vine aquí joven y ahora soy vieja”.

No sólo a través de los padrones se genera dinero de forma ilícita con la situación de vulnerabilidad de estas trabajadoras y trabajadores. “Aparte de los empadronamientos a 1.500 euros, el Ayuntamiento de Níjar se ha inventado una tasa de cinco euros por un simple trámite. Ya está bien de abuso a estos trabajadores”, explica José G. Cuevas desde el Sindicato Andaluz de Trabajadores.

“El trabajo es duro y los jefes te dicen moro de mierda”, se queja Mohamed que lleva más de 20 años trabajando en el manipulado de fruta y verdura

Además, varios trabajadores ponen el foco sobre las multas que reciben a diario por conducir: “Te obligan a llevar el coche para trabajar, pero no nos dan solución para homologarnos el carnet, ni en tráfico, ni en la embajada, ni los empresarios”, explica Said, un trabajador del manipulado de la fruta que lleva más de diez años en Níjar. “No nos dan soluciones y te multan varias veces a la semana con 500 euros; no tienes ni para comer y tienes que pagar 1.500 euros”, explica Said, que exige a los gobiernos españoles y marroquíes que solucionen esta situación. Para ello han convocado una manifestación el próximo 21 de abril en la ciudad de Almería. 

Abusos laborales y racismo

Mohamed vive en una pequeña casa semiabandonada en medio de un camino de invernaderos con su mujer y sus tres hijos. Desde que llegó en 2005 ha trabajado recolectando frutas y verduras; hace unos años consiguió los papeles y trabaja con contrato, sin embargo, sigue recibiendo un sueldo que no llega a los seis euros la hora, algunas semanas sin día de descanso y superando las ocho horas diarias.

“Hace unos meses me hice mucho daño en el pie y he tenido que volver a trabajar aunque me duela. El médico trabaja para ellos, no para el trabajador, y me da miedo que me vuelva a pasar un accidente así”, explica este trabajador. Además, durante sus más de dos décadas de trabajo, asegura haber recibido un tratamiento vejatorio por parte de sus empleadores: “El trabajo es duro y los jefes te dicen moro de mierda”. 

“Hay sitios donde los sueldos son de miseria, y ahora muchos jefes están vendiendo contratos hasta por 4.000 euros, para que la gente tenga papeles, algo que debería ser gratis”, comenta Hamid, trabajador agrícola

Un racismo que, además de sufrirse en las zonas de trabajo, se sufre en otros ambientes sociales como el educativo. El hijo mediano de Mohamed cursa sexto de primaria en el colegio público de la localidad de Atochares, a unos kilómetros de la zona de invernaderos en la que vive, y explica su día a día: “En el colegio solo hay un par de niños españoles; uno de ellos muchas veces le dice a su padre que le insultamos cuando es mentira y el padre nos persigue cuando estamos jugando al fútbol o andando por el pueblo”.

Hamid es un joven trabajador del manipulado de fruta y verdura que lleva años viviendo en Campohermoso y habla sobre su experiencia laboral: “Hay sitios donde los sueldos son de miseria, y ahora muchos jefes están vendiendo contratos hasta por 4.000 euros, para que la gente tenga papeles, algo que debería ser gratis”.

Este joven reflexiona sobre en qué situación se encuentra la localidad: “En el pueblo hay de todo, hay gente buena, pero también racismo; la mayoría somos extranjeros, los españoles se han ido de aquí”.

En Níjar, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, un 47,19% de los vecinos son inmigrantes; sin embargo, lejos de emprenderse políticas que los tengan en cuenta como ciudadanos, el territorio sigue siendo un caladero de votos de la derecha y la ultraderecha, contando con la mayoría absoluta en el consistorio. El continuo atropello de los derechos humanos en los asentamientos y centros de trabajo, así como el racismo social en las localidades que componen Níjar, no es una de las propiedades de la política local, ni de la regional ni estatal, que siguen sin contar con un plan para solucionar esta situación de vulneración que lleva décadas en Almería.