Memoria histórica
La página borrada por la Universidad de Alicante y el ‘peligroso’ oficio de historiador

Pretenden que en la profesión de historiador actuemos con miedo y con pies de plomo, no sea que vayamos a ofender a la gente. Mal camino si elegimos ese para la libertad de investigación y de expresión.

Miguel Hernández
Miguel Hernández
historiador

publicado
2019-06-19 10:17:00

Hace unos años, un historiador gallego, Dionisio Pereira, fue denunciado por la familia de un falangista por la siguiente razón. Pereira, tras una meticulosa investigación sobre represión, había dado con el nombre de uno de los falangistas que, presuntamente (siempre Pereira utilizó esta palabra), había participado en los crímenes del pueblo de Cercedo (Pontevedra). Una base de investigación y documentación sólida le avalaba. Sin embargo, la familia del falangista consideró que aquello atentaba contra el honor familiar, que Pereira no tenía razón, y llevó la denuncia a las últimas consecuencias, solicitando que el historiador se “retractase” de lo dicho y que el nombre de aquel falangista no apareciese en el libro.

Tras años de pleitos, finalmente el Tribunal desestimó la denuncia y en 2009 la propia Audiencia Provincial de Pontevedra archivó el caso ante el recurso de la familia. Aunque se impuso el sentido común, no fue fácil para Pereira lidiar con aquello que se salía estrictamente de su carrera profesional. 

Salvando las distancias, algo parecido ha pasado estos días en la Universidad de Alicante con el catedrático de Literatura Española Juan Antonio Ríos Carratalá. En diversos artículos, y basándose en sus trabajos de investigación de campo, Ríos Carratalá recompuso lo que sucedió en el juicio que condenó al poeta Miguel Hernández. En varios artículos y libros aparece el nombre del alférez que participó en tribunal, por el que fue condenado Miguel Hernández y que le costó la vida posteriormente en prisión.

En su libro Nos vemos en Chicote. Imágenes del cinismo y el silencio en la cultura franquista, Ríos Carratalá realiza un recorrido por la vida de este alférez y de su colaboración e integración en el aparato represivo del franquismo. Sin embargo, un requerimiento judicial a la Universidad de Alicante ha sido suficiente para que se instara al catedrático a la retirada de los trabajos donde se cita al alférez, ya que la familia considera que aquello es un atentado contra el honor de la misma y la memoria del personaje en concreto. A pesar de la defensa que el propio Ríos Carratalá ha llevado y demostrado, se ha visto obligado a retirar todos los artículos de la web de la Universidad donde se citaba a este alférez.

Lo mismo que nadie duda en apuntar a los nombres de criminales durante la Guerra Civil (o en cualquier otro contexto), ¿por qué se van a ocultar en la represión franquista?

Aunque hay que esperar a ver que sucede en el futuro con este tema, se sienta un mal precedente. Y si mal nos parecía que un juzgado determinara si un trabajo atentaba contra el honor de alguien, a pesar de una sólida investigación histórica, igual de mal parece que una universidad inste a uno de sus profesores e investigadores a retirar algo en lo que ha ofrecido parte de su vida profesional.

Llegados a este punto quizá habría que aclarar muchas cosas desde la profesión que quizá, y solo quizá, a otras estancias se les pasa por alto. En primer lugar que es muy curioso que los casos sobre estas cuestiones proliferan y siempre en la misma línea. Alguien denuncia o insta a un historiador a que retire determinados nombres porque violenta y atenta contra el honor familiar. Y es que la cuestión no es si ese familiar fue bueno o malo, se portó bien o mal con su familia, sino la responsabilidad social y política que pudo tener en un momento determinado en la represión.

Intercambiando correos hace poco sobre este tema con el profesor Paul Preston, a ambos nos llenaba de preocupación que a los que nos dedicamos a esto, que nos pasamos horas y horas en archivos y hemerotecas investigando, se nos pueda condicionar la consignación de nombres cuando tenemos un respaldo documental de lo que decimos. Lo mismo que nadie duda en apuntar a los nombres de criminales durante la Guerra Civil (o en cualquier otro contexto), ¿por qué se van a ocultar en la represión franquista?

La consignación de un nombre en un trabajo de investigación no es el capricho de un historiador sino el resultado de una investigación que ha podido llevar años hasta establecer conclusiones

Quizá no nos hemos dado cuenta que para que haya víctimas tiene que haber victimarios, personas que participaron en esa represión, que cometieron delaciones, que juzgaron, que apuntaron con el dedo y que participaron de un aparato represivo con resultados, aun hoy, desconocidos. La consignación de un nombre en un trabajo de investigación no es el capricho de un historiador sino el resultado de una investigación que ha podido llevar años hasta establecer conclusiones. No se puede poner puertas al campo porque se “atenta contra el honor”.

Vivimos tiempo complicados para nuestra profesión ya que hoy cualquiera se permite el lujo de emitir su juicio sobre la Historia y enmienda la plana al profesional que se dedica a la misma. Ojo, que esto no quiere decir que la gente que no sea profesional de la Historia no pueda hablar o escribir sobre ella, faltaría más. Pero sí se debe un respeto al profesional que dedica horas a este trabajo y que tan poco dignificado está.

Sin embargo, a nivel social se le da mucha más cabida a las opiniones sin sentido de un puñado de diputados y concejales de la ultraderecha, que presenta la historia de España como le da gana, o a publicistas y pseudohistoriadores que se pasean por platós de radio y televisión cuando no dirigen ellos mismos determinados programas.

A los historiadores que trabajamos la historia reciente de nuestro país se nos acusa automáticamente de estar en connivencia con intereses oscuros o de emitir opiniones sobre el momento histórico que tenemos que explicar

A los historiadores que trabajamos la historia reciente de nuestro país, de la Segunda República, de la Guerra Civil o del franquismo, se nos acusa automáticamente de estar en connivencia con intereses oscuros o de emitir opiniones sobre el momento histórico que tenemos que explicar. Esas acusaciones al historiador solo demuestra el poco respeto que se tiene por la ciencia histórica y por el profesional que la trabaja. Una falta de respeto que se hace extensiva a las humanidades, que ley tras ley en este país ha sufrido un retroceso como parte integrante de esa falta de respeto.

Pero a ello se une la impunidad que rodea abordar la cuestión del franquismo. Y ya no estamos hablando si el dictador debe salir o no del Valle de los Caídos, pero eso, que es la punta del iceberg, esta interconectado cuando nuestras propias investigaciones están siendo sometidas a lupa. Porque lo grave no es que un familiar se sienta agraviado (puede sentirse como quiera) sino que las instituciones a las que insta a corregir su agravio le den cabida y carta de naturaleza. Lo que pretenden es que en nuestra profesión actuemos con miedo y con pies de plomo, no sea que vayamos a ofender a la gente. Mal camino si elegimos ese para la libertad de investigación y de expresión.

Hay países que eso de los victimarios lo tuvieron muy claro desde el primer minuto. Y aunque, seguramente, la recuperación del pasado traumático en nuestro entorno también tiene muchos fallos e inconveniencias, las circunstancias ridículas que se producen en España en este sentido no se dan en otros lugares. En el año 2006 el director alemán Florian Henkel von Donnersmarck realizó una magnífica película titulada La vida de los otros donde relata la vida de un agente de la policía secreta de la RDA, la Stasi. En un momento de la película, y así de refilón, aparece cómo, tras la caída del muro del Berlín y la desintegración del bloque soviético, los investigados y perseguidos por la Stasi tenían derecho a acceder a sus expedientes y conocer quién había sido el agente de policía que les había seguido e investigado, y eso tan solo unos meses después de la desaparición de la RDA.

No quiero dejar la oportunidad de mostrar mi apoyo al profesor Juan Antonio Ríos Carratalá por el 'juicio' al que esta siendo sometido y por el hecho de haber tenido que retirar sus trabajos de la página de la universidad. Un 'borrado' inadmisible que es un insulto a toda una profesión

En España, cuando han pasado casi 44 años de la muerte del dictador, cuando han pasado 80 del final de la Guerra Civil y la consecuente dictadura, aún tenemos la complicación de acceder a los archivos (muchos de ellos no podemos analizarlo por la Ley de Transparencia y la Ley de Protección de Datos) y el inconveniente de no poder realizar investigaciones completas porque pueden ser sometidas a juicios de honor. Un auténtico dislate.

No quiero dejar la oportunidad de mostrar mi apoyo al profesor Juan Antonio Ríos Carratalá por el 'juicio' al que esta siendo sometido y por el hecho de haber tenido que retirar sus trabajos de la página de la universidad. Un 'borrado' inadmisible que es un insulto a toda una profesión. Ríos Carratalá es uno de los investigadores más brillantes sobre la época de la Segunda República y el franquismo, sacando del ostracismo a muchos personajes que la historia dejó en la cuneta del olvido, cuando no en la cuneta de una carretera. Su labor de recuperación de figuras como la de Diego San José, entre otros, avala una trayectoria profesional magnífica.

Hoy todos los que nos dedicamos a esto desde el campo que sea (la Historia, la Literatura, la Filosofía, la Física, las Matemáticas o lo que sea) nos tenemos que solidarizar con Ríos Carratalá y darle nuestro más sincero apoyo porque es una injusticia y nos puede pasar a cualquier, visto lo visto. Por sentido común, la universidad debería rectificar.

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4 Comentarios
#36157 12:28 21/6/2019

Para que no tuviera problemas de censura debería de escribir bajo el pseudónimo de "Pío Moa" o "César Vidal".

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#36129 24:26 20/6/2019

El mayor oprobio al honor son los actos cometidos y no su conocimiento y divulgación

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Aleix Romero 13:26 19/6/2019

El mejor apoyo, leer a Juan Antonio Ríos Carratalá.

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Diego A. Farto San José 11:43 19/6/2019

Cuanta razón tienes, amigo Julián. Las víctimas tienen derecho a que se limpie su nombre de toda la basura sin sentido vertida en los procesos judiciales y para ello hay que contar quién y cómo formuló aquellos cargos. Muchas gracias también por recordar a mi abuelo.

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