La semana política
Vida del bipartidismo

 Jueves, 29 de julio. El magistrado Manuel García Castellón, de la Audiencia Nacional, encadena una serie de autos. García Castellón rechaza la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción y exonera a María Dolores de Cospedal, antigua secretaria general del Partido Popular, personaje clave en la victoria de Pablo Casado en las primarias de 2018.

El cierre de la investigación libra a Rajoy de testificar en el caso Kitchen, el juez rechaza que se localice su número de teléfono para averiguar si estaba al tanto del operativo policial. No ha quedado acreditado, dice el magistrado, que Cospedal y su marido, el empresario Ignacio López del Hierro participaran en la operación de espionaje sobre Luis Bárcenas. También se libra Ignacio Cosidó, exdirector general de la policía, a pesar de que tres testigos lo imputan. Cerrado por vacaciones. Todo el mundo a la playa, el PP ha salido del lío con apenas raspones.

Sigue abierta la pieza para Jorge Fernández Díaz, ministro de Interior de la época Rajoy. Y para su segundo, Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad, órgano del que dependen la Policía y la Guardia Civil. Por debajo, el entramado que sí reconoce García Castellón, implica a los hombres del villarejato. Eugenio Pino, director adjunto operativo de la Policía Nacional, Enrique García Castaño, jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo, el comisario José Villarejo, Andrés Gómez Gordo, hombre de confianza de Cospedal, y Sergio Ríos, el chófer que se ganó plaza de policía como consecuencia, presuntamente, de su trabajo para espiar a Luis Bárcenas.

27 de julio. El propio Bárcenas al habla. El vídeo es de hace un par de semanas y fue grabado en la Audiencia Nacional. El extesorero explica en qué consistía su labor en la trama que se investiga. Recibía dinero, dice, para facilitar una entrevista durante el tiempo aproximado de una hora con un ministro o un alto cargo. Algo que en otros sitios, dice, es hasta legal. Los sujetos son determinados empresarios o constructores que querían conocer los plazos y los proyectos puestos en marcha por los Ministerios.

Una de empresas. El mismo 29 de julio, García Castellón emite otro auto. Desimputa al presidente de Repsol, Antonio Brufau, y a Isidro Fainé, expresidente de La Caixa —hoy Caixabank— y entonces vicepresidente de la petrolera. Quedan exonerados de otro caso vinculado a la Operación Kitchen. Como en la pieza por el espionaje a Bárcenas, el juez busca en capas más bajas del escalafón la responsabilidad por lo que considera probado indiciariamente: el espionaje al también empresario Luis del Rivero (Sacyr) en el marco de una operación por el control de Repsol. 

Casado cuenta con que los mil días de bloqueo del Consejo General del Poder Judicial se extenderán indefinidamente y darán nuevas vidas extra al PP

Paulatinamente, los casos de corrupción de la era dorada del capitalismo financiero español —que coincide con la época dorada del Partido Popular en las citas electorales— van perdiendo plumas en la Audiencia Nacional.

La fase nueva

Mismo día, 29 de julio, otro ámbito. El Gobierno presenta su rendición de cuentas. “Cumpliendo” se llama. A falta de un debate sobre el Estado de la nación —que nadie realmente añora porque hay pocas dudas de que se trataría de un nuevo programa de la serie “esto se parece a Venezuela y se ha entregado en brazos de la armada bilduetarra-independentista-prochina”— el documento del Gobierno aparece un documento como un rodillo cuantitativo. Porcentaje de cumplimientos e incumplimientos. Recuerda a las estadísticas de un partido de basket.

El documento refleja la línea argumental que entablará el Gobierno para la negociación de los presupuestos, cuyo techo de gasto ha sido aprobado esta semana. La vacunación progresa. El último Consejo de Ministros aprobará una nueva moratoria de los lanzamientos de vivienda “en situaciones de vulnerabilidad”. Será insuficiente para detener el creciente número de desahucios pero importante para generar la sensación térmica de que no cabe la preocupación social en ese campo. Todos a la playa.

Los datos de la Encuesta de Población Activa y las previsiones del Fondo Monetario Internacional elevan la moral del Ejecutivo. 

Las perspectivas en plena nueva normalidad —definida por la incertidumbre— invitan a pensar que se ha pasado pantalla. Los cambios ministeriales de comienzos de mes refrendan esa teoría. Sánchez ve como principal salida alargar la legislatura para explotar la recuperación posible y, sobre todo, alejarse por la vía del calendario de las peores consecuencias de la pandemia. Pandemia: sufrimiento asociado a la muerte, el confinamiento y la distancia social. Salud mental: el tema de la semana.

Riders y chuletones

La nueva fase consiste en mantener en pie las perspectivas del bipartidismo, que está cerrando las vías de escape a otras opciones políticas. No se trata, no obstante, de una competición por aproximación, sino todo lo contrario. No habrá tregua en una disputa en la que está quedando demostrado que han valido todas las trampas, y que eso no tiene ya coste electoral alguno.

Vox parece asumir su papel subsidiario. No es sino un apéndice, una especie de lobby, que busca intervenir en asuntos de la agenda neoconservadora dentro del Partido Popular

Sánchez cuenta con que la convocatoria electoral solo depende de él. Europa no aprieta y los Presupuestos del año que viene pueden ayudar a disipar la sensación de desconcierto instalada desde marzo de 2020. La combinación de política chuletón y discurso green new deal no ha dado síntomas de agotamiento aún.

Casado sabe que los mil días de bloqueo del Consejo General del Poder Judicial se extenderán indefinidamente y darán nuevas vidas extra al PP: recursos en el Constitucional sobre el reparto de los fondos europeos o sobre las condiciones del segundo estado de alarma. La nueva normalidad incluye ese lawfare,decisiones judiciales con el aroma de haber sido tomadas al calor de un encuentro de una hora, en un reservado, entre amigos.

Vox parece asumir su papel subsidiario. No es sino un apéndice, una especie de lobby, que busca intervenir en asuntos de la agenda neoconservadora dentro del Partido Popular. De haber sido distinto el progreso de las causas judiciales, su capacidad se habría visto mejorada. Pero los resultados de la Comunidad de Madrid y el hundimiento de Ciudadanos prefigura su futuro inmediato. Ser un polo de atracción del voto racista, antifeminista y LGTBIfóbico. Un nicho minoritario pero en auge, que solo puede encontrarse con un partido de todo el arco político.

La situación de Unidas Podemos es bien diferente. Sigue siendo necesario en este momento para el proyecto de Sánchez: aplacar el retroceso material y crear el espacio del “no estamos mal”, favorable para cualquier gobierno en ejercicio. Sigue ocupando el espacio de un republicanismo que no ha acabado de surgir.

Yolanda Díaz es la pieza detrás de esos resultados de la Encuesta de Población Activa y se ha impuesto esta semana con la Ley Rider. El viernes, Deliveroo, uno de los emblemas del vale todo de las relaciones laborales anunció que cesaba su negocio en España.

Es una muesca más pero la coalición sigue mermada para su espacio político por esos compromisos incumplidos del plan “Cumpliendo”. La derogación de la Ley Mordaza —Ley de seguridad ciudadana de 2015— y la Reforma Laboral (2012) son, junto con la campaña para la regulación de los alquileres, los compromisos más importantes del catálogo porque remiten a la mayor fase de protestas en todo el territorio de este siglo (2011-2015). Unidas Podemos no puede permitirse verlo como un mero porcentaje de acuerdos incumplidos en un pdf gubernamental.

Mantener aquellos ecos vivos es lo que aun hoy justifica la presencia de la coalición en el Consejo de Ministros. Que queden sepultados por el ruido del nuevo bipartidismo enfrentado puede acarrear que su salida de escena sea discreta. Tan anodina o innecesaria como este mismo texto.