Iglesia-Estado
Un paseo por los bienes inmatriculados de Sevilla

La Plataforma en defensa del patrimonio de Sevilla ha organizado una ruta que recorre algunos edificios inmatriculados por la Archidiócesis de Sevilla para reclamar la titularidad pública de estos bienes.

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Dos miembros de la Plataforma en defensa del patrimonio de Sevilla interpretan al expresidente y al arzobispo frente a la iglesia de El Salvador, inmatriculada en 2014. Francisco Javier Huete
27 ene 2019 06:00

Frente a la iglesia de Santa Catalina en Sevilla, uno de los edificios inmatriculados por el arzobispado de la ciudad, comenzaba este sábado una ruta que recorrió varios puntos del centro de la capital para denunciar el procedimiento por el que la Iglesia podía inscribir a su nombre bienes comunes en el Registro de la Propiedad.

“Es un patrimonio que es de todos. Es un patrimonio que durante siglos, desde que se construyó, no tenía propietario porque era del pueblo”, explica Eduardo López, miembro de la Plataforma en defensa del patrimonio de Sevilla, que organizaba el recorrido. López considera “una aberración y una injusticia que una confesión religiosa, igual que si fuera una empresa privada se pueda apropiar tranquilamente no solo de los edificios, sino de todas las obras de arte que hay dentro”.

La segunda parada de la ruta era la iglesia de El Salvador, que pasó a ser propiedad de la Iglesia Católica gracias a una inmatriculación en 2014, justo después de que culminara la reforma financiada por la administración pública y por donaciones de la ciudadanía, según ha denunciado la plataforma durante el recorrido.

En este caso, como en el de todas las inmatriculaciones, “el obispo se personaba en el registro y, como tenía la capacidad de ser fedatario público, podía inscribirlo”, cuenta López. El trámite se realiza con el único coste de la tasa del registro porque está exento de cualquier impuesto. En total, la plataforma calcula que “desde el 98 hasta ahora se han inmatriculado 40.000 edificios públicos”.

La ruta concluía frente a la Catedral de Sevilla, inmatriculada en 2010 por la Archidiócesis de la ciudad junto a la Giralda y al Patio de los Naranjos, que en las escrituras figuran como “dependencias anexas” al templo. Este es solo un ejemplo, pero desde la plataforma consideran “incalculable” el valor artístico y cultural del patrimonio inmatriculado por la Iglesia. López asegura que no se puede conocer porque “no hay un inventario de lo que hay dentro de cada edificio. La Junta tendría que tener un inventario de lo que en esos edificios públicos que hoy son de la Iglesia tendría que haber. La jerarquía de la Iglesia católica tiene más patrimonio que el Estado y el valor es incalculable”.

Eduardo López: “hay muchos edificios de los que la Iglesia se ha apropiado y ya ha vendido”

Pero este trámite no solo se ha llevado a cabo con edificios religiosos. Viviendas, locales comerciales, plazas públicas o prados comunales son también frecuentes en la lista de inmatriculaciones que ha llevado a cabo la jerarquía de la Iglesia Católica en el Estado español. Como apunta López, estos bienes nunca han estado dirigidos al culto. “Hay muchos edificios que la Iglesia ya los ha vendido. Por ejemplo, la casa del cura o la casa de la maestra, que se hacían en los pueblos para que el cura y la maestra pudieran tener una vivienda en el pueblo. Eso la Iglesia se lo ha apropiado y lo ha vendido”.

Una ley para la Iglesia

Este trámite ha sido posible durante años gracias a la Ley Hipotecaria de 1946 que equiparaba las funciones del clero con las de los notarios o funcionarios públicos fedatarios. El Gobierno de Aznar eliminó en 1998 el artículo de la ley que impedía inmatricular bienes de dominio o uso público, lo que abrió la veda a las diócesis para registrar a su nombre templos pero también otros espacios públicos de pueblos y ciudades de todo tipo.

Los posteriores gobiernos se mantuvieron al margen mientras los diferentes cargos eclesiásticos registraban entre 30.000 y 40.000 bienes a nombre de la Iglesia. La reforma de la ley aprobada en 2014 tras las continuas reclamaciones de colectivos sociales y gobiernos locales y que entró en vigor en 2015 ha puesto fin a esta práctica pero aún se desconoce el total de bienes inmatriculados en estos años y pocos de ellos han sido recuperados.

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