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Gustavo Petro: “El Estado colombiano se ha arrodillado frente al paramilitarismo”

El 17 de abril, Gustavo Petro denunció en el congreso las relaciones del presidente Álvaro Uribe, su familia y sus allegados, con los paramilitares y el narcotráfico en el departamento de Antioquia durante los años en que Uribe fue gobernador de dicho departamento. Las declaraciones no tardaron en convertirse en un fuerte escándalo nacional e internacional. Tampoco tardó en trascender un plan desbaratado de los ‘paras’ para asesinar a Gustavo Petro.

¿Cómo funciona la arquitectura del paramilitarismo en Colombia?
Nace de una alianza de las elites locales, que son las verdaderas detentoras del poder en Colombia. Alianza que, esquemáticamente, se puede sintetizar en tres elementos. Ya en ciertas regiones la escuela militar que venía de la Guerra Fría, educada en la Escuela de las Américas bajo ideas de tortura y violación de derechos humanos, logra construir por primera vez, en medio de los hacendados y los campesinos medios agredidos por las FARC en el Magdalena Medio, una alianza entre militares y hacendados en esta región específica. Construye el proyecto de las autodefensas, con una metodología que podríamos llamar clásica porque se emparenta con la que se utilizan en El Salvador, en Guatemala, en el Cono Sur en la misma época. Las rondas de hacendados y de campesinos medios armados hacen el trabajo sucio que no hace el Ejército.

Empieza a irradiarse un discurso contrainsurgente profundamente violatorio de los derechos humanos. Pero en el ‘85, específicamente, aparece una tercera pata que acompaña a los militares anticomunistas y los hacendados: el narcotráfico. A partir del ‘85, en masa, los narcotraficantes colombianos y sus dólares vuelven a Colombia y su principal instrumento de lavado de activos se convierte en la tierra. Compran tierra en masa. La tierra en Colombia, que ya era en sí misma un poder político derivado del feudalismo español, se convierte además en la caja de ahorros del narcotráfico. Y profundiza la concentración en términos espectaculares de la posesión de tierras a partir del ‘85.

Pero es un paramilitarismo diferente al del resto de América Latina.
Esta alianza tripartita (militares anticomunistas, hacendados y el narcotráfico), en cada región constituyó lo que hoy llamamos el paramilitarismo, que es una palabra mal hecha, porque el paramilitarismo tradicional, como eran las autodefensas en su inicio, es básicamente un grupo de ‘ciudadanos’, generalmente hacendados armados supeditados al Ejército. Así fue en Guatemala, en El Salvador, así era en Colombia al inicio. Pero el paramilitarismo, con la llegada del narcotráfico, copó la economía local. Y en lugar de estar supeditado al Ejército como era la visión clásica, logró supeditar el Estado a sí mismo, logró arrodillar al Estado y a la sociedad.

¿Cómo se estructura este poder?
El narcotraficante en Colombia, en general, necesita una pista aérea clandestina de donde salen pequeñas avionetas cargadas de cocaína. En general estas avionetas salen 10 o 20 veces al día. Resulta obvio que la sociedad que circunda la pista se daría cuenta que algo raro está pasando. En cualquier parte del mundo esto se denunciaría. ¿Porque allí no? Ahí viene la implementación del modelo.

Este tipo de actividad necesita imperativamente supeditar la sociedad local que rodea la pista. ¿Y cómo lo hacen? Con métodos suaves, por decirlo así. Irradiando una parte de la riqueza del narcotraficante al conjunto de la sociedad, generando empleos, regalos, etc. Pero fundamentalmente también lo hacen, y al mismo tiempo, con el terror. Se supedita y se silencia a la sociedad local que rodea la pista masacrándola. Se ha construido una tecnología de la muerte de enorme magnitud.

En Colombia, la tercera parte de la población colombiana vive hoy de facto bajo el totalitarismo de las bandas mafiosas

Premeditada, sistemática, patológica en el fondo, que es capaz de matar generando el máximo dolor en el ser humano y extender el terror entre los que lo sobreviven. Descuartizar cuerpos humanos en vida, matar bebes, jugar con las cabezas de los asesinados al fútbol delante de su comunidad, usar las sierras eléctricas de cortar árboles para cortar miembros de los cuerpos, fosas comunes, masacres, quemas... Este estilo de muerte tiene un objetivo: que los supervivientes, que los que se han dado cuenta de este terror, no hablen más, se silencien, se arrodillen, se supediten al propietario de la pista, que al mismo tiempo se ha transformado en un propietario de ejércitos privados que controlan a esa sociedad.

Pero no solamente controlan la sociedad que circunda la pista sino que controlan al policía local, el jefe militar local, al alcalde, al dirigente político, al fiscal de la región que no investiga, a los concejales, etc. El aparato estatal que rodea la pista también se subordina, por las buenas o por las malas, al propietario de la pista y al propietario del ejército privado que, teniendo Estado, empieza a construir un sistema, no solamente para exportar cocaína, sino un poder político y económico. Es lo que yo denomino el poder mafioso. Obviamente, ya no sólo se enriquece de la exportación de cocaína, que por sí misma es muy alta, sino que empieza a concentrar las tierras, controlar las rentas públicas de los municipios del territorio, se las echa al bolsillo, las privatiza a través de la contratación, etc. Va convirtiéndose en el dueño de la vida pública, entre comillas, política y social del territorio.

Llega hasta la intimidad de la vida individual, la regula, establece quién muere y quién no se muere, quiénes pueden hablar y quiénes no pueden hablar. El que resiste se muere o se va, producen desplazamientos, homogeneizan las conductas sociales, construyen una verdadera dictadura de facto, profundamente totalitaria. En Colombia, la tercera parte de la población colombiana vive hoy de facto bajo el totalitarismo de las bandas mafiosas.

¿Y esto degenera en un contrapoder a nivel nacional?
Estos poderes locales que fueron desarrollándose durante tres décadas han ido controlando territorio tras territorio, creando una federación de grupos paramilitares, aumentando su poder federado. Y a medida que iban cooptando unidades del Ejército, de la policía, alcaldes, iban teniendo cada vez una mayor incidencia en el Estado nacional. En el ‘98, después de que el actual presidente fuera gobernador de Antioquia, Carlos Castaño, que es el paramilitar más famoso, decidió que esta federación debía pasar, saltar cualitativamente, hacia la construcción de un ejército nacional paramilitar, que es lo que se llama hoy las AUC. Murió en el intento, lo mataron sus propios compañeros.

No sólo un ejército nacional, sino una bolsa única de financiación, que era el viejo sueño de Pablo Escobar: concentrar las cotizaciones de todos los narcotraficantes del país que financiara su seguridad. La seguridad en estas condiciones es, básicamente, una seguridad mafiosa. La mafia, por definición, es un sistema de seguridad privado y delincuencial. Las mafias disminuyen los guarismos de inseguridad hasta cuanto otra mafia no los reemplace en el servicio de seguridad del territorio.

Carlos Castaño no sólo intentó el salto cualitativo sino que, consciente de que se podía hacer un tercer ejército nacional paramilitar financiado por el narcotráfico, se dio cuenta de que tenía toda la posibilidad de sistematizar la infiltración dentro del Estado, en las tres ramas del poder público, a nivel nacional y en el poder territorial. Desde el ‘98 empiezan a darse los llamados pactos con políticos nacionales de cara a organizar una bancada paramilitar dentro del Congreso y una arquitectura de la impunidad dentro de la Justicia con miembros del poder judicial. Secciones enteras de la policía y del Ejército a su servicio dentro del poder ejecutivo, las secciones que les interesaban de los ministerios, como el DAS, el aparato de inteligencia del Estado, y muchísimas alcaldías y poderes locales que fueron configurando, bajo la visión de Castaño, no solo poderes mafiosos locales, sino incluso un proyecto nacional paramilitar mafioso.

¿Cómo puede actuar EE UU ante el debilitamiento de uno de sus mayores aliados en la zona?
En EE UU hay una división de apreciaciones sobre el tema colombiano. Temas que antes eran deconsenso entre republicanos y demócratas, como el Plan Colombia o el TLC, hoy son un punto de discusión. En cierta medida por la misma campaña electoral, pero también porque han pasado seis años y una inversión de 6.000 millones de dólares, y han demostrado totalmente su ineficacia en el sentido que no ha podido impedir la producción y la exportación de cocaína, que era su justificación fundamental. De hecho el precio de la cocaína ha caído abruptamente, lo que nos dice que ha crecido la oferta.