Pisos públicos para salvar el gimnasio solidario Sant Pau de Barcelona

Salvar el gimnasio Sant Pau de Barcelona. Esa es el objetivo de sus usuarios y trabajadores. Pero, ¿por qué están importante que este centro deportivo no muera? Es el único gimnasio solidario de toda Barcelona donde personas sin recursos no pagan cuota. De momento, sus trabajadores han llegado a un acuerdo con la propietaria para poder estar en las instalaciones hasta el 2020.

El año pasado el gimnasio estuvo en el punto de mira de la propietaria de la finca, que quería desalojarlo junto a los vecinos del edificio de atrás para construir un hotel en una de las calles más céntricas de Barcelona como es la ronda Sant Pau, explica a El Salto Ernest Morera, portavoz de la plataforma Habitem el Sant Pau (Habitemos el Sant Pau). De hecho, tenían una orden de desahucio para el 9 de enero del 2017, pero a raíz de las movilizaciones populares, de trabajadores, usuarios y vecinos del gimnasio, consiguieron pararla y renovar la concesión para cuatro años más.

Desde el 2012, el gimnasio lo gestionan sus empleados, quienes quieren que este espacio no muera, por lo que han ideado un proyecto para alagarle la vida al centro deportivo. Consiste en construir viviendas públicas sobre la azotea del gimnasio y, para ello, piden la colaboración del Ayuntamiento.

Sin embargo, conscientes de que el consistorio tal vez no puede asumir el coste total de las viviendas, Morera resalta que proponen un modelo innovador que “no existe en el Estado español”. Básicamente, consiste en que los pisos estén en parte construidos por el Consistorio local, en parte por una cooperativa —que también gestionaría el alquiler—, así como que cuente con el apoyo de las entidades sociales de los barrios colindantes.

Y es que el gimnasio se encuentra en la calle Ronda Sant Pau, 46, en el barrio del Raval, pero en una zona que también hace frontera con Sant Antoni y Poble Sec. Tres barrios en el centro de Barcelona cuya población ha sido víctima de la especulación urbanística y turística.

Para ello, durante tres meses, han recogido firmas para presentar una iniciativa ciudadana en el Ayuntamiento, manifiesta Morera. En total, detalla, han conseguido alrededor de 21.000, de las cuales son válidas 15.080. Superan las 15.000 que se requerían. Piden al Consistorio que compre el gimnasio y que construya una parte de los pisos públicos, mientras que el resto los acabaría una cooperativa.

“Esperemos que en mayo discutan la propuesta en el pleno del Ayuntamiento y lo aprueben”, dice el portavoz. Una tarea que tampoco será tan fácil, ya que el consistorio local está muy atomizado y necesitan el respaldo de cuatro formaciones políticas.

Aun así, Morera se muestra optimista y cree que habrá acuerdo, por lo que en breve podrán empezar a construir los pisos sociales encima del gimnasio. Una vez se inicien las obras, Morera calcula que estarán finalizadas en unos nueve meses; por lo que, si todo va bien, el año que viene podrían ser una realidad los pisos públicos encima del centro deportivo.

Cincuenta viviendas

El proyecto y los planos ya están terminados. La idea es construir 50 viviendas de entre 50 y 70 m². Aún no han determinado los requisitos para seleccionar los inquilinos que entrarían a vivir en estos hogares, pero sí que el 30% se destinaría a pisos de emergencia, según su idea inicial. “Para personas que han sido expulsadas de sus casas”, puntualiza Morera.

De momento, indica, la idea es que los alquileres sean para un período de 15 años. Además, la voluntad de los promotores de la iniciativa es que el alquiler anual se revise en función de lo que ingresa la persona al año y no por el Índice del Precio del Consumo (IPC).

Además, señala Morera, este edificio contaría con un modelo de masoveria urbana, lo que quiere decir que serán los mismos habitantes del bloque quienes lo gestionarían y trabajarían para la comunidad. La idea, aclara Morera, es que, si uno de los inquilinos tiene más dificultades para pagar el alquiler pueda compensarlo limpiando el rellano, tirando la basura o incluso cuidando los niños de otros vecinos.

Carencia de pisos públicos

Más allá de salvar el centro deportivo, Morera dice que el proyecto también quiere combatir una de las principales carencias de la ciudad: la falta de vivienda pública. En este sentido, asegura que en Barcelona tan solo hay un 1% de pisos públicos, mientras que la media de ciudades europeas ronda el 25%. En concreto, el Ayuntamiento administra unas 7.000 viviendas de alquiler, en una ciudad donde el parque inmobiliario de alquiler alcanza los 438.219 pisos.

El portavoz  detalla que hay varios modelos para la eleccción del lugar para la construcción de este tipo de edificios, entre los que destacan el de París y el de Lyon. En el caso de la capital francesa, estos pisos públicos se han construido en las periferias y han favorecido a la creación de guetos, afrima. En cambio, en el caso de Lyon se han edificado por toda la ciudad, también en el centro, lo que hace que la gente se pueda quedar en sus barrios. Morera defiende que debería haber más pisos públicos en el centro de Barcelona y, precisamente, eso es lo que quieren hacer construyendo encima de la azotea del gimnasio de Sant Pau. “No queremos la expulsión de los vecinos”, enfatiza para argumentar que apuesta por un modelo al estilo de Lyon.

Y eso es lo que está pasando en barrios como el Raval, Sant Antoni o Poble Sec, donde sus habitantes no pueden pagar los elevados precios de los pisos y tienen que irse. En concreto, en el Raval y Sant Antoni, el precio del metro cuadrado ronda a los 16,2 euros, por lo que un inmueble de 50m² tendría un coste de 810 euros, según un estudio del portal web de compra y alquiler de vivienda Idealista. En el Paral·lel el precio es de 15,7m² y, en este caso, un piso de estas características tendría un valor de unos 790 euros. Esto hace que sean de los barrios más caros para alquilar de la ciudad junto a la Barceloneta, Sarrià, Poblenou, el Gòtic o l’Eixample dreta.

Otro de los modelos que destaca Morera es el de Viena donde el 33% de los inmuebles son públicos, otros 33% están en manos de cooperativas y el resto son privados. Para Morera es esencial, también, que haya más pisos en manos de cooperativas y que estén a un precio más asequible a los actuales.

La importancia del gimnasio

Si la medida prospera se podría salvar el gimnasio. Este se construyó en los años cuarenta, siendo en un principio baños públicos, propiedad de Aguas de Barcelona, entonces era una empresa municipal. “Nacieron con la intención de que los vecinos del Raval se pudieran duchar o ir a la piscina y, así, evitar que se transmitieran enfermedades a la gente de l’Eixample”, narra Morera.

Por eso, una vez se habilitaron duchas en las casas del barrio, estos baños públicos se transformaron en un gimnasio. Durante este tiempo, ha pasado por tres propietarios diferentes: la Federación Catalana de Natación, los Escolapios y, finalmente, tres profesores de INEF que comenzaron a llevar el gimnasio en 1992.

En el 2012 decidieron cerrarlo, pero un grupo de trabajadores decidió “recuperarlo”. En concreto, cinco empleados que llevaban en la empresa desde el 1992 y Morera, hijo de la mujer que entonces se encargaba de la limpieza.

Fueron tiempos duros porque asumieron el centro deportivo con una deuda de 60.000 euros y unas pérdidas mensuales de 3.000 euros. Pero, dice Morera, que consiguieron remontarlo. “Dejamos de perder”, explica. Una situación que ahora se ha complicado con el incremento del IVA cultural, que en septiembre del 2012 pasó del 8% al 21%, lo que afectó al gimnasio que se regía por esta normativa. También, señala el portavoz, se ha encarecido el precio de la luz y del agua, por lo que hace que los gastos mensuales se hayan multiplicado.

Actualmente, este gimnasio de 17 empleados funciona como una cooperativa y es el único social de Barcelona. Eso implica que una parte de las personas que acuden a él no pagan ninguna cuota. En concreto, hay 500 socios, además de unos 700 usuarios que utilizan las instalaciones de forma totalmente gratuita. Se trata de niños sin recursos, refugiados, personas del colectivo LGTBI o mujeres solas, especifica Morera.

Asimismo, es el único de la ciudad en el que no se necesita tener una cuenta bancaria para inscribirse o al que pueden acudir los inmigrantes que no tienen los papeles en regla; la gente que se queda sin trabajo puede estar yendo sin pagar dos meses; pretende ser un espacio seguro para personas transgénero, y ofrece horarios especiales para el Ramadán. “Entre todos hemos creado un punto diferente”, remarca Morera.