Opinión
Aquí nunca pasa nada

En algún momento de esta legislatura, un periodista hizo una de esas apreciaciones que tienen la virtud de mostrar la realidad, por encima de la acelerada vorágine cotidiana que todo lo enmascara. Hablaba de una investigación en la que había estado sumergido durante años: los abusos a menores en los centros educativos de las órdenes religiosas. Desmenuzaba el manto de silencio con que la jerarquía católica los ha encubierto durante décadas y cómo, poco a poco, la verdad ha ido abriéndose paso en todos los rincones del Estado español. ¿En todos? A decir verdad, señaló que una de las cosas que más le había llamado la atención era el agujero negro que existe en Navarra y en la CAV. También han aflorado denuncias y algunos casos, pocos, han salido a la luz, pero no tiene nada que ver con las dimensiones que ha adquirido en otros lugares, donde ya se ha empezado a esbozar el carácter sistémico de agresores y encubridores.

De alguna manera, algo parecido ha ocurrido con la corrupción económica en Euskal Herria durante los últimos cuarenta años. Las distintas modalidades de corruptelas —malversaciones, prevaricaciones, cohechos—, han sido homologables a las de otros lugares. Sin embargo, en líneas generales, el conchabeo entre élites políticas y económicas ha sido abordado con sordina, poco incisivamente y con retraso por la mayoría de los medios de comunicación autóctonos o por las terminales locales de las grandes corporaciones estatales.

En este punto, no deben minusvalorarse dos hechos. El primero, la acreditada dejación y/o complicidad de las administraciones autonómicas públicas. El oasis vasco sigue careciendo de una Fiscalía Anticorrupción, fiscales y jueces vascos reconocen que no cuentan con recursos para investigar, no hay ni un solo juzgado especializado, como tampoco existe una unidad de la Ertzaintza especializada, ni siquiera un observatorio sobre el fraude fiscal. El segundo, las inercias de una sociedad con profundas fronteras internas económicas, sociales, políticas y lingüísticas que han dislocado, quizás singularmente, la práctica periodística y la investigación.

Pero hay un tercer hecho relevante: la ausencia de un proyecto independiente que apueste por levantar las alfombras de todas las administraciones públicas y de todos los consejos de administración, con independencia de lenguas vehiculares, programas políticos y credos.

Egin tuvo un equipo de investigación que, tras su clausura por la Audiencia Nacional en 1998, formó parte del núcleo de Ardi Beltza, también cerrada por orden judicial en 2001 y que posteriormente impulsó la malograda Kalegorria. Cada día que ha pasado desde entonces, la agenda abrumadora de los gabinetes de comunicación y de las relaciones públicas no ha dejado de recordarnos lo recortado que está en Euskal Herria el derecho a la información. Es una de las grandes asignaturas pendientes de nuestro ecosistema comunicativo.