Derechos Humanos
El calvario cotidiano de los refugiados “devueltos” a España
El movimiento madrileño de solidaridad con los refugiados ha denunciado esta mañana la situación de más de un centenar de personas que se encuentran en la indigencia como consecuencia de la política establecida por el Ministerio de Empleo.
Amin llegó en septiembre de 2017 a Melilla. Pasó un mes y medio en el Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de la ciudad autónoma y después viajó en Madrid. Como en tantos otros casos, en su caso, España no era una opción para buscar asilo. Llevar a cabo la reagrupación de los refugiados y sus familias es una quimera en los países del sur de Europa.
Tras años de guerra, los refugiados, explica Amin, precisan de redes de cuidados y de afecto, redes familiares que se encuentran en países como Alemania, donde vive la mayor comunidad siria en suelo europeo. Al haber cursado la primera solicitud de refugio en Melilla, la oficina de asilo alemana insistió en que Amin tenía que irse, le dijeron que no “habría ningún problema”, al fin y al cabo España también forma parte de la Unión Europea. Cuando llegó a Barajas, un funcionario le dio un plano de Metro y la dirección de la oficina donde cursar su solicitud de asilo. Eso fue todo. Hoy Amin pernocta en un albergue y vive en la indigencia.
Basel, de 31 años, partió hacia Suiza después de llegar a España. Las autoridades helvéticas le devolvieron a nuestro país, donde se produjo la primera solicitud. Había salido de Zaragoza después de que la organización Accem le expulsara del piso de acogida en el que había pasado sus primeros 40 días en territorio europeo. Basel cree que el papel de organizaciones como Accem o Cruz Roja es clave para entender en qué situación se encuentran quienes, como él, se considera que “no tienen cabida en el sistema de acogida”.
Desde hace un año espera una solución a su caso. No tiene acceso a ningún programa de inclusión social, ni a cursos de aprendizaje del castellano. No recibe formación para el empleo ni asistencia psicológica. También está en situación de calle.
Amin y Basel han denunciado esta mañana la situación a la que le arroja la política de refugio del Ministerio de Empleo. Estaban acompañados de personas del movimiento madrileño de solidaridad con las personas refugiadas. Una de sus portavoces, Patricia Fernández, de la Coordinadora de Barrios, explica que la concentración de hoy quiere denunciar que el Ministerio de Empleo está dejando en situación de indigencia a solicitantes de asilo que tienen reconocido su derecho a que España estudie sus solicitudes en virtud del reglamento de Dublín.
Fernández ha explicado a El Salto que no se pide “asistencia social; hablamos de que se les dé los derechos reconocidos en la Directiva europea de condiciones de acogida a la que el Estado español está obligado”.
Una situación arbitraria
La denuncia de hoy se refiere a al menos 20 casos de solicitantes. Tres de esos casos se encuentran actualmente en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, aunque la Red Solidaria de Acogida asegura que tiene monitorizados a al menos 150 personas en la misma situación. “Creemos que estos casos son la punta del iceberg de un drama que estas personas viven en situación de vergüenza y en silencio por no saber cuáles son sus derechos”, explica Fernández.
En virtud de los compromisos adquiridos por España en materia de asilo, estas personas están obligadas a vivir aquí mientras se tramitan sus solicitudes. El Estado ha asumido que países como Alemania o Bélgica “devuelva” a los refugiados al lugar donde cursaron su solicitud. La noticia es que cuando vuelven, el Ministerio de Fátima Báñez no mueve un dedo para garantizar los derechos de los solicitantes de asilo. Lo han denunciado el Defensor del Pueblo en su último informe, la Cátedra de Refugio de la Universidad de Comillas y Amnistía Internacional. Y el Gobierno, como quien oye llover, denuncian desde la Red Solidaria de Acogida.
“No se les da contestación; en la oficina de asilo y refugio se les dice verbalmente ‘no vas a tener acogida en sistema’ pero nunca se les da una resolución por escrito con la que puedan conocer los motivos, donde se les explique si tienen derecho o no a recurso”, explica Fernández, quien denuncia que se trata de una “violación grave del derecho a una vida digna y a conocer las resoluciones que se dictan sobre uno mismo”.
El Ministerio de Empleo ha recibido ya siete requerimientos, pero hasta ahora no ha dado respuesta, en lo que Patricia Fernández define como una situación “completamente arbitraria, no conforme a la ley”. Esto, explica esta activista de la Coordinadora de Barrios, “está generando sufrimiento en personas muy dañadas por las condiciones de huida”.
Amin refuerza la idea de que “no piden un trato especial, solo que se cumplan sus derechos”. Pide una posibilidad de poder aportar a la sociedad en la que les ha tocado vivir, quieren “no solo tener derechos, también tener deberes”.
De momento, malvive en un albergue en habitaciones que comparten entre treinta y sesenta personas. Él es soltero, pero asegura que hay familias enteras en la misma situación. El Ayuntamiento de Madrid tampoco les ha aportado soluciones. Amin refiere que la entrevista en el Centro de Refugiados duró aproximadamente tres minutos: la trabajadora social dijo que no le iban a dar ayuda y que se fuera.
Dos millones de personas comienzan mañana el Ramadán en España. Para Amin, cumplir este año con los preceptos de su religión será especialmente difícil. En el albergue en el que pernocta ya le han dicho que no hay nada previsto para facilitarle el mes del Ramadán. Amin tendrá que pasar las 19 horas diarias de ayuno como pueda, deambulando por la calle. Su hermana y su madre están en Siria. Cuando llegó a Europa, Amin ya sabía que España era el peor país posible para el reagrupamiento familiar. Todo lo que llevaba aparejado la política de refugio del Estado español lo ha aprendido sobre la marcha.
Derechos Humanos
El movimiento antirracista de Madrid se pone las pilas para apoyar a los encerrados de la escuela Massana
La lectura de un manifiesto de apoyo da inicio a una semana de acciones en Madrid que pretende agregar fuerzas para unirse a la lucha de decenas de personas migrantes y refugiadas que protagonizan un encierro en Barcelona para exigir derechos.
Relacionadas
Derechos Humanos
Sobre obediencia debida, órdenes aberrantes, impunidades o soberanías
Las películas Diplomacia y Cold Case Hammerksjold tratan y desvelan, mirando al pasado, claves de nuestro siempre espeso presente.
LGTBIQ
Orgullo, crítico
La Ley de Peligrosidad Social, la mercantilización, la denuncia a un partido político por el uso propagandístico de unos principios, 40 años de conmemoración de las primeras manifestaciones en el Estado, la Memoria Democrática y un largo etcétera han marcado el Día del Orgullo que, a su vez, ha recordado los disturbios que tuvieron lugar hace 50 años en un pub neoyorquino llamando Stonewall Inn. No podemos olvidar que, en Andalucía, cientos de personas salieron en 1978 con una ley franquista aún vigente y un Manual Diagnóstico y Estadístico de los Transtornos que calificaba a la homosexualidad de "enfermedad mental" hasta 1990, año en el que la Organización Mundial de la Salud lo retiró de este sistema de clasificación aplicado globalmente.
Medio ambiente
Summer is coming
El nuevo Plan África del gobierno español sigue sin emplearse a fondo con los derechos humanos y la democracia en la región.
Destacadas
Comunidades autónomas
El gasto social autonómico por persona cae 115 euros en la última década
Tecnología
El rechazo a la tecnología de reconocimiento facial llega a la música
Una campaña pide la prohibición de los sistemas de reconocimiento facial en conciertos y festivales en Estados Unidos. Artistas como Tom Morello, Amanda Palmer y el grupo punk Downtown Boys se han sumado a la iniciativa.
Opinión
Río, cidade maravilhosa
Los quince años que habité esta ciudad me enseñaron que sí era “maravilhosa”. Lo era a condición de pertenecer a la casta del poder económico o a alguno de los estamentos de “clase media”. Hoy, siguen existiendo al menos dos Río: el de los elegidos y el de todos los demás.
Euskal Herria
50.000 personas se solidarizan con los imputados del 11/13
La fiscalía les solicita penas de prisión que oscilan entre 8 y 20 años por delitos de integración en banda armada cuando ETA llevaba ya disuelta al menos dos años tras las primeras detenciones.
Últimas
Costas
Una de cada diez áreas urbanizadas del Mediterráneo, en riesgo de inundación
La modificación del litoral en el último siglo y medio, especialmente tras el proceso urbanizador y turistificador surgido en los 60, ha puesto en riesgo de inundaciones como las que se están viviendo en Alicante y Almería, Murcia y Valencia a amplias zonas de la costa. Un informe del Observatorio de Sostenibilidad señala los puntos con mayores problemas: Catalunya y el País Valencià.