El calvario cotidiano de los refugiados “devueltos” a España

Amin llegó en septiembre de 2017 a Melilla. Pasó un mes y medio en el Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de la ciudad autónoma y después viajó en Madrid. Como en tantos otros casos, en su caso, España no era una opción para buscar asilo. Llevar a cabo la reagrupación de los refugiados y sus familias es una quimera en los países del sur de Europa.

Tras años de guerra, los refugiados, explica Amin, precisan de redes de cuidados y de afecto, redes familiares que se encuentran en países como Alemania, donde vive la mayor comunidad siria en suelo europeo. Al haber cursado la primera solicitud de refugio en Melilla, la oficina de asilo alemana insistió en que Amin tenía que irse, le dijeron que no “habría ningún problema”, al fin y al cabo España también forma parte de la Unión Europea. Cuando llegó a Barajas, un funcionario le dio un plano de Metro y la dirección de la oficina donde cursar su solicitud de asilo. Eso fue todo. Hoy Amin pernocta en un albergue y vive en la indigencia.

Basel, de 31 años, partió hacia Suiza después de llegar a España. Las autoridades helvéticas le devolvieron a nuestro país, donde se produjo la primera solicitud. Había salido de Zaragoza después de que la organización Accem le expulsara del piso de acogida en el que había pasado sus primeros 40 días en territorio europeo. Basel cree que el papel de organizaciones como Accem o Cruz Roja es clave para entender en qué situación se encuentran quienes, como él, se considera que “no tienen cabida en el sistema de acogida”.

Desde hace un año espera una solución a su caso. No tiene acceso a ningún programa de inclusión social, ni a cursos de aprendizaje del castellano. No recibe formación para el empleo ni asistencia psicológica. También está en situación de calle.

Amin y Basel han denunciado esta mañana la situación a la que le arroja la política de refugio del Ministerio de Empleo. Estaban acompañados de personas del movimiento madrileño de solidaridad con las personas refugiadas. Una de sus portavoces, Patricia Fernández, de la Coordinadora de Barrios, explica que la concentración de hoy quiere denunciar que el Ministerio de Empleo está dejando en situación de indigencia a solicitantes de asilo que tienen reconocido su derecho a que España estudie sus solicitudes en virtud del reglamento de Dublín.

Fernández ha explicado a El Salto que no se pide “asistencia social; hablamos de que se les dé los derechos reconocidos en la Directiva europea de condiciones de acogida a la que el Estado español está obligado”.

Una situación arbitraria

La denuncia de hoy se refiere a al menos 20 casos de solicitantes. Tres de esos casos se encuentran actualmente en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, aunque la Red Solidaria de Acogida asegura que tiene monitorizados a al menos 150 personas en la misma situación. “Creemos que estos casos son la punta del iceberg de un drama que estas personas viven en situación de vergüenza y en silencio por no saber cuáles son sus derechos”, explica Fernández.

En virtud de los compromisos adquiridos por España en materia de asilo, estas personas están obligadas a vivir aquí mientras se tramitan sus solicitudes. El Estado ha asumido que países como Alemania o Bélgica “devuelva” a los refugiados al lugar donde cursaron su solicitud. La noticia es que cuando vuelven, el Ministerio de Fátima Báñez no mueve un dedo para garantizar los derechos de los solicitantes de asilo. Lo han denunciado el Defensor del Pueblo en su último informe, la Cátedra de Refugio de la Universidad de Comillas y Amnistía Internacional. Y el Gobierno, como quien oye llover, denuncian desde la Red Solidaria de Acogida.

“No se les da contestación; en la oficina de asilo y refugio se les dice verbalmente ‘no vas a tener acogida en sistema’ pero nunca se les da una resolución por escrito con la que puedan conocer los motivos, donde se les explique si tienen derecho o no a recurso”, explica Fernández, quien denuncia que se trata de una “violación grave del derecho a una vida digna y a conocer las resoluciones que se dictan sobre uno mismo”.

El Ministerio de Empleo ha recibido ya siete requerimientos, pero hasta ahora no ha dado respuesta, en lo que Patricia Fernández define como una situación “completamente arbitraria, no conforme a la ley”. Esto, explica esta activista de la Coordinadora de Barrios, “está generando sufrimiento en personas muy dañadas por las condiciones de huida”.

Amin refuerza la idea de que “no piden un trato especial, solo que se cumplan sus derechos”. Pide una posibilidad de poder aportar a la sociedad en la que les ha tocado vivir, quieren “no solo tener derechos, también tener deberes”.

De momento, malvive en un albergue en habitaciones que comparten entre treinta y sesenta personas. Él es soltero, pero asegura que hay familias enteras en la misma situación. El Ayuntamiento de Madrid tampoco les ha aportado soluciones. Amin refiere que la entrevista en el Centro de Refugiados duró aproximadamente tres minutos: la trabajadora social dijo que no le iban a dar ayuda y que se fuera.

Dos millones de personas comienzan mañana el Ramadán en España. Para Amin, cumplir este año con los preceptos de su religión será especialmente difícil. En el albergue en el que pernocta ya le han dicho que no hay nada previsto para facilitarle el mes del Ramadán. Amin tendrá que pasar las 19 horas diarias de ayuno como pueda, deambulando por la calle. Su hermana y su madre están en Siria. Cuando llegó a Europa, Amin ya sabía que España era el peor país posible para el reagrupamiento familiar. Todo lo que llevaba aparejado la política de refugio del Estado español lo ha aprendido sobre la marcha.

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