Corrupción
La otra cara del PNV

Aitor Esteban es quizá el activo más valioso del actual PNV: habla con elegancia y retranca, enamora a mujeres y a hombres y nunca pierde la compostura. Simboliza el sentido común, la crítica elegante, el vasco honorable. Y lo mejor de todo: exporta esa visión al Estado y la ciudadanía la asocia al PNV. 

En casa, en el País Vasco, mantener la cocina limpia y barrida resulta más difícil, pero ayuda una tasa de paro siempre un poco más baja que la del Estado, unos sueldos medios un poco más altos y unas pensiones de jubilación redondeadas con la renta general de ingresos (RGI). La alternativa para los votantes, al fin y al cabo, es la izquierda.

Cuando EH Bildu consiguió en 2011, por primera y única vez, gobernar la Diputación de Gipuzkoa, se puso en marcha una ofensiva contra su campaña de reciclaje de residuos puerta a puerta, así como demandas judiciales contra los responsables de ese partido que paralizaron temporalmente la construcción de la incineradora de Zubieta, proyecto impulsado por el PNV y que seguramente será la última incineradora construida en Europa.

El accidente en el vertedero de Zaldibar consiguió poner en entredicho la gestión del Gobierno vasco en materia de residuos y aceleró el fin de la legislatura: el lehendakari Iñigo Urkullu disolvió el Parlamento cinco días después del derrumbe  de la escombrera y convocó elecciones para el 5 de abril, que tuvieron que suspenderse. Llegó la pandemia. Nada más salir de la fase 1, volvió a convocarlas para el próximo 12 de julio. 

La legislatura terminó con tres causas judiciales abiertas por la gestión de un vertedero que iba a llenarse 24 años antes de lo previsto —en 2022— y que operaba con residuos peligrosos como el amianto con una dudosa licencia. En mayo, la Unión Europa anunció la apertura de una investigación ante la “gravedad” del caso, al considerar que las autoridades debieron “haber detectado, vigilado y, en última instancia, sancionado” al vertedero por las carencias que presentaba y que habían sido documentadas en la inspección de junio de 2019 por el propio Departamento de Medio Ambiente vasco, que anotó hasta 23 infracciones.

Doce personas, entre ellas altos cargos del PNV, fueron condenados con penas de cárcel en diciembre en el caso De Miguel por la red de corrupción que habían forjado en Araba

Caso De Miguel

Si este fue el final de la legislatura, el caso De Miguel le precedía. El 17 de diciembre de 2019, la Audiencia de Araba condenó a doce políticos y empresarios por la red de corrupción que habían forjado. Diez años antes, una abogada y empresaria de Bilbao les denunció por solicitarle mordidas para la ampliación de terrenos del parque tecnológico de Miñano. Era el propio responsable de Urbanismo de la Diputación alavesa quien se las exigía, vía email.

Tal y como cita la sentencia, de casi 1.200 páginas, “el único lazo verificado entre los acusados era una confianza que venía de la misma militancia política”. Militancia en el PNV. Y los jueces remarcaron “el puesto político relevante” que mantenían los condenados “en el mismo partido político que gobernaba la comunidad autónoma”. 

Alfredo De Miguel, condenado a 13 años de cárcel, era el número dos del PNV por Araba y ostentaba el cargo de diputado foral de Urbanismo en el momento de los hechos. Aitor Telleria y Koldo Ochandiano, miembros del PNV, fueron condenados a siete y seis años de cárcel, respectivamente. Xabier Sánchez, el director de Juventud del Gobierno vasco, a siete años. Iñaki San Juan, ex concejal del PNV por Leioa, a cinco. El gerente del parque tecnológico de Miñano (Araba) fue inhabilitado. El presidente de los parques tecnológicos de Euskadi, también.

Sin embargo, Koldo Ochandiano volvió el pasado año a su puesto de contable en el parque tecnológico de Miñano. “Les hemos lanzado preguntas parlamentarias, ya que si está condenado, aunque la sentencia no sea firme, no es incompatible con medidas cautelares”, señala el parlamentario de EH Bildu Josu Estarrona. Su partido estaría de acuerdo con cesarle del puesto y mantenerle el sueldo, cualquier cosa con apartarle de la empresa pública. “Pero no nos quisieron mostrar su contrato porque seguramente está blindado y, si le despiden, tendríamos que pagar millonadas”, añade. 

“Las familias untadas son el mayor cáncer que tenemos en este país”, resume el parlamentario de EH Bildu Josu Estarrona

Estarrona sostiene que el Partido Nacionalista Vasco “ha construido todo un entramado de red clientelar muy sofisticada, solo así se entiende que antes de que cambiara la ley de financiación de partidos y prohibiera las donaciones de empresas, un partido tan pequeño como el PNV estuviera a la altura del PP y el PSOE en donaciones. Las familias untadas son el mayor cáncer que tenemos en este país”, resume. 

“El PNV es una empresa más que un partido”, describe Igor Meltxor, autor del libro EUStelkeria. Corrupción en el Oasis Vasco. “Se nutre de una red clientelar. Si le consiguen trabajo a un hijo, eso les garantiza no solo el voto de ese hijo, sino de una familia entera. Y eso multiplicado por 40 años, son muchos hijos, muchas familias y muchos votos”, añade el periodista de investigación. 

“El PNV es una empresa más que un partido”, describe el periodista de investigación Igor Meltxor

Más allá de los casos de corrupción local que enumera Meltxor en su último libro (exalcaldes o exconcejales del PNV condenados en Alonsotegi, Bakio, Elantxobe, Erandio, Errigoiti, Galdakao, Mallabia, Muskiz, Ormastegi, Zamudio, entre otros municipios), la administración parece engrasada al gusto de un partido que la ha gobernado casi ininterrumpidamente durante 40 años, a excepción de la legislatura 2009-2012, en la que entró su socio de gobierno, el PSE, junto con el PP, cuando la Ley de Partidos impidió a la izquierda abertzale presentarse a las elecciones. Pero tampoco entonces se barrió el polvo acumulado bajo las alfombras. El PNV ha sido y sigue siendo la formación clave en Madrid para votar los presupuestos generales.

El fraude de los comedores escolares

El actual candidato a lehendakari por Equo, Joserra Becerra, fue uno de los promotores de la comisión de investigación parlamentaria para dirimir el menoscabo económico practicado impunemente por la administración vasca durante doce años a través de las empresas de catering que abastecen los comedores escolares. Menoscabo económico: entre 70 y 80 millones de ellos, la mitad de ellos repercutidos directamente sobre el bolsillo de la familias de los escolares. 

Todo empezó con una idea neoliberal de la administración: eliminar las cocinas de las escuelas, subcontratar a empresas a través de concursos públicos y servir la comida a través de caterings. Asociaciones de madres y padres protestaron, junto con la federación de escuelas públicas. Les ningunearon. 

La comisión de investigación del Parlamento vasco determinó que por dejación de la Administración hubo un sobrecoste de entre 70 y 80 millones en los comedores escolares por la concertación de precios de los cáterings

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco condenó a las empresas a pegar una multa de 7,3 millones. “Conseguimos demostrar que había habido una dejación de responsabilidades por parte de los políticos del Departamento de Educación (PNV, PSE y EA), una pasividad que dio alas a las empresas para seguir concertando los precios”, explica Becerra. “Este caso es excepcional en el sentido de que todo un Gobierno, pasara quien pasara por la institución, hizo la vista gorda”, añade. 

La comisión de investigación concluyó en mayo de 2019. No hubo responsabilidades políticas. Las cocinas de los comedores escolares siguen sin cocina en el centro —por ley, se vaciaron—. Solo algún centro escolar, tras una ardua y larga pelea con la administración, ha conseguido permiso para salirse de la rueda y poder contratar el catering con una empresa pequeña.

Elkarrekin Podemos acompañó a los tres anestesistas que acertaron, ante notario, quién iba a conseguir plaza en las oposiciones de Sanidad antes de que se celebrara el examen

Oposiciones de médico amañadas

Saber que pasa algo pero no poder demostrarlo es la situación más frustrante, y habitual, con la que se topan los partidos de izquierda del País Vasco. Elkarrekin Podemos acompañó y ofreció su apoyo a los tres médicos anestesistas que en 2018 denunciaron que las oposiciones de Osakidetza (el servicio de salud vasco) estaban amañadas. Eran acusaciones muy graves y difíciles de demostrar. Antes del examen, firmaron ante notario los resultados que preveían. Después de los exámenes, abrieron el sobre ante los medios de comunicación y mostraron que habían acertado los nombres y apellidos de los tres anestesistas que obtuvieron mejor puntuación: se quejaban de que los jefes de servicio chivaban a sus preferidos las preguntas del examen y que eso es lo que venía sucediendo desde hacía 40 años. El caso se encuentra en los tribunales. 

“Lo fundamental de ese caso fue que en marzo de 2019 hizo caer a un consejero, y cayó porque cuando le alertamos de la situación no tomó medidas. En vez de destituir a los jefes de servicio, siguió adelante como si no pasara nada”, indica el parlamentario Iñigo Martínez, de Elkarrekin Podemos. Los denunciantes sufrieron además represalias laborales, por lo que el partido presentó una iniciativa de protección a las personas denunciantes de casos de corrupción. “PNV y PSE la rechazaron, aunque saben que es una directiva que parte de la Unión Europea, por lo que es necesario plasmarla aquí”, recuerda.

Pandemia sin suficientes EPI

Una de las anestesistas denunciantes de las oposiciones amañadas, Marta Macho, participó esta semana en unas jornadas feministas organizadas en Amorebieta sobre la crisis de cuidados. En lo que se refiere a gestión sanitaria durante la pandemia, considera que “se ha abandonado la atención primaria, a pesar de los avisos de Italia y China sobre la necesidad de reforzarla, han mentido sobre la disponibilidad de respiradores y camas de UCI, han aumentado la precariedad en los contratos, han forzado vacaciones a personal que no se las quería coger, nos han sugerido ahorrar EPI aún a sabiendas de asumir riesgo de contagio y nos han impedido el uso de EPI autogestionadas”. Macho trabaja en el Hospital de Arrasate y el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco corroboró ayer sus dos últimas quejas.

El sindicato ESK informó de que el alto tribunal ha resuelto que el Servicio Vasco de Salud incumplió la normativa en materia de prevención de riesgos laborales durante la crisis sanitaria, y que la falta de EPI “supuso un riesgo laboral grave e inminente” para la salud de la plantilla, tras una denuncia incoada por este sindicato cuyo juicio se celebró el 16 de junio.

El Gobierno vasco, y más concretamente el PNV, tuvo un 2019 políticamente complicado. Sin embargo, las encuestas electorales siguen apuntándole como caballo ganador, aunque el fantasma de la abstención puede jugarle una mala pasada.