Coronavirus
Víctimas de violencia machista con nuevas órdenes de alejamiento urgen a las empresas de pulseras telemáticas a asegurar su protección

La vida sigue y la violencia machista, también. Hace unos días, en un municipio de A Coruña, una mujer denunciaba a su expareja por agresiones y coacciones. En la vista para la toma de medidas cautelares provisionales hasta el juicio, el juez acordó una orden de alejamiento de 500 metros y pulsera telemática para ambos.

Por culpa de la crisis del coronavirus, la empresa responsable de la instalación de las pulseras suspendió el servicio: “El problema es que quien pone los dispositivos se niega a ponerlos porque no tiene los equipos de protección necesarios para protegerse del virus”, explica María Rodríguez, abogada defensora de la víctima. Estas pulseras son la garantía de que el agresor no incumpla la orden de alejamiento: “Cuando el agresor se acerca a una distancia menor a la estipulada, o cuando se acerca al domicilio de la víctima, llama automáticamente a las fuerzas de seguridad.” En concreto, el sistema advierte a la policía y elabora informes para jueces y fiscales.

“El juez nos dijo que cuando tengan los equipos avisarán para colocar las pulseras, pero que no se sabe cuando va a ser”

En este caso, Rodríguez tiene claro que “el riesgo es máximo, porque además también afecta a un hijo menor”. Aunque el juez dictó medidas provisionales, el agresor no pudo ser detenido al no tener pena de cárcel y quedó en libertad, explica la abogada. “Esto tendría que ser suplido por las fuerzas de seguridad del estado, pero no va a haber un Guardia Civil en la puerta de su casa 24 horas. Es imposible controlar eso”. Por lo que cuenta María Rodríguez, la víctima tiene mucho miedo y está “encerrada en casa sin salir para nada; pidió ayuda para que le lleven la compra, pero después de la cuarentena va a tener un riesgo aún mayor. Esperemos que se resuelva antes”.

Rodríguez critica que no haya soluciones próximas para el reestablecimiento del servicio: “El juez nos dijo que cuando tengan los equipos avisarán para colocar las pulseras, pero que no saben cuando va a ser”. Desde la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género dejan claro que “se han dado instrucciones claras desde el primer momento de que los dispositivos deben colocarse, a la vez que se garantizan los equipos de protección para los trabajadores y trabajadoras que colocan las pulseras. Así es y así ha sido desde el principio y así se lo hemos reiterado a la empresa.”

¿QUIÉN GESTIONA EL SERVICIO?

El programa COMETA arrancó en 2009 en el marco de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (2004) y recoge las medidas telemáticas para proteger a las víctimas en medidas de alejamiento. Ya entonces, el gobierno de Zapatero externalizó la gestión adjudicando a Telefónica este servicio, que a su vez subcontrataría a Securitas Direct. La propia empresa explica el funcionamiento del sistema en un vídeo explicativo.

¿POR QUé PARA EL SERVICIO?

El 13 de marzo, las UTE Telefónica de España Y Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de España, remitieron un escrito a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género en el que solicitaban “que se les autorice la prestación del servicio en modalidad de teletrabajo” durante el estado de alarma.

El 16 de marzo, la secretaría de Estado de Igualdad acuerda la modificación contractual y el día 20, se publica y recoge que mientras dure el estado de alarma “será posible la prestación del servicio en la modalidad de teletrabajo”. Esta modificación es recurrible.

En la resolución hay también un apartado con las prescripciones técnicas del concurso con respecto a quien es la responsable de garantizar el servicio: “Todos los gastos derivados de la adecuación de los puestos de los efectivos correrán por cuenta del adjudicatario que deberá dimensionar adecuadamente la dotación de los mismos con objecto de garantizar los niveles de operatividad y calidad exigidos”. Lo que sigue sin tener respuesta es quién y cómo instala y activa la pulsera telemática, ya que evidentemente ese trabajo no es posible hacerlo a distancia. Por lo dicho por el juez del caso de Coruña, se reestablecerá el servicio en cuanto las trabajadoras tengan los equipo de protección adecuados. La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recalcamos, ha dado instrucciones a la empresa de que los dispositivos deben colocarse y se ha de garantizar los equipos de protección para los trabajadores.

EXTERNALIZACIÓN POLÉMICA

Desde hace años hay quejas sobre el concurso para esta adjudicación, como recogía eldiario.es en declaraciones de UGT. Criticaban que al principio, los procesos de selección eran “rigurosos”, pero que con los años se fueron flexibilizando hasta acabar con un personal menos formado y más heterogéneo. También hubo denuncias sobre las condicionas de las trabajadoras. Ya en 2018, las empleadas del Programa COMETA, y otras dentro de los protocolos de protección a víctimas de violencias de género, se quejaban del convenio al que estaban acogidas. Aunque para trabajar en el programa se requería formación especializada, en el convenio las profesionales estaban sujetas a convenios colectivos que se ajustaban a la actividad de las empresas adjudicatarias, como el de los call center.

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género ya anunció un nuevo concurso para mejorar el marco de las condiciones de estas trabajadoras

En un informe de UGT de la investigadora Marta Cabezas, se dedicaban diez páginas a un análisis de las deficiencias del programa COMETA. Las principales eran falta de especialización y la inestabilidad del empleo derivada de la externalización: “Securitas Direct es una empresa especializada en gestión de alarmas. Su subcontratación con estas funciones de atención a las usuarias del Centro COMETA genera un eslabón más en la cadena de agentes no especializados en violencia de género que prestan los servicios públicos en esta temática. Así pasa de mano en mano como una patata caliente, sin insertarse en una estructura especializada en violencia de género”.

Este mismo mes, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, informaba de un nuevo concurso para mejorar el marco de las condiciones de estas trabajadoras. También anunciaba un incremento en el presupuesto del 016. Además, debido al estado de alarma, la Delegación realizó una guía para mujeres víctimas de violencia machista.