Centroamérica
Guatemala se moviliza contra los intentos de golpe de Estado judicial

La incertidumbre continúa gobernando Guatemala. Un paro nacional indefinido bloquea el país desde el pasado lunes. Organizaciones civiles y autoridades indígenas protagonizan cierres de carretera en puntos estratégicos de todo el territorio. Desde que el socialdemócrata Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla, ganó la presidencia del país el pasado agosto, la Fiscalía activó la maquinaria represiva contra él y busca cancelar el partido e investigar todo el proceso electoral alegando un supuesto fraude. Una muestra más de persecución política que la mayoría de analistas políticos coinciden en definir como un intento de golpe de estado “técnico”.

Las elites se resisten a abandonar el poder

El país centroamericano celebró el pasado 25 de agosto la segunda vuelta de las elecciones presidenciales más convulsas desde la instauración de la democracia en 1986. Considerada por muchos como un referéndum sobre la democracia, los resultados de esta contienda eran decisivos para poner freno a la deriva autoritaria que ha vivido el país en los últimos años. Un paulatino deterioro del Estado de derecho y de debilitamiento de la democracia iniciada por el expresidente Jimmy Morales y consolidada por el gobierno saliente de Alejandro Giammattei. Decenas de fiscales, jueces, periodistas y defensores de derechos humanos han sido detenidos o han tenido que exiliarse señalando una persecución política en su contra. 

Desde que el socialdemócrata Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla, ganó la presidencia el pasado agosto, la Fiscalía activó la maquinaria represiva contra él

En este contexto, el binomio presidencial encabezado por el sociólogo Bernardo Arévalo y la docente y científica Karin Herrera fue la gran sorpresa de la contienda. Surgido de la llamada “primavera de 2015”, una ola de protestas contra la corrupción del Gobierno de Otto Pérez y Roxana Baldetti, el partido de centro-izquierda consiguió capitalizar el voto de descontento e ilusionar a un electorado muy desmovilizado. El Movimiento Semilla hizo de la lucha contra la corrupción su punta de lanza durante la campaña electoral. Con un discurso político centrado en la recuperación democrática de las instituciones públicas, ha desafiado las formas tradicionales de hacer política y ha logrado romper con la correlación de fuerzas de la clase política y económica dominante del país. 

Sin embargo, desde su inesperado pase a la segunda vuelta a finales de junio, el Movimiento Semilla empezó a sufrir una campaña de persecución. La Fiscalía encabezada por Consuelo Porras y Rafael Curruchiche, sancionados por Estados Unidos por corrupción y por “socavar la justicia”, abrieron una investigación contra el partido por una supuesta falsificación de firmas en el proceso de fundación de la organización política. En un intento de cancelar y desacreditar su victoria, la Fiscalía suspendió temporalmente la personería jurídica del partido, decisión posteriormente anulada por el máximo tribunal del país. 

La victoria de Arévalo ha generado temor e incertidumbre entre el “pacto de corruptos”, término que utilizan la mayoría de analistas políticos del país para referirse a la coalición de redes económicas y políticas ilícitas que incluye a funcionarios, políticos, militares, empresarios y estructuras criminales que han colonizado el sistema de partidos en favor de su propio interés. 

“La persecución judicial que sufren es una resistencia de los poderes existentes, del pacto de corruptos, para no entregar el poder ejecutivo”, explica la periodista Evelyn Boche

En opinión de la periodista guatemalteca especializada en política, Evelyn Boche, “la persecución judicial que sufren es una resistencia de los poderes existentes, del pacto de corruptos, para no entregar el poder ejecutivo”. Como consecuencia, esto ha provocado movimientos en las élites que tradicionalmente han ostentado el poder en Guatemala.

El cuarto golpe a las elecciones

Entre golpes, insultos y empujones, agentes del Ministerio Público apoyados por más de un centenar de agentes de policía accedieron a la sede del Tribunal Supremo Electoral y extrajeron parte de las actas electorales que avalan los resultados de las votaciones. Tras 21 horas de registros, el sábado 30 de setiembre se produjo el último de los atropellos contra la democracia guatemalteca. No es el primer golpe a las elecciones, y ningún indicio apunta a que sea el último. 

El analista político Ricardo Sáez de Tejada sostiene que la persecución contra los candidatos electos se debe a un temor por parte de las élites a posibles investigaciones judiciales. “Están comprometidos con graves actos de corrupción, y saben que cualquier investigación a partir del 14 de enero, fecha en que está prevista la investidura, los va a identificar como responsables”, sostiene Sáez de Tejada. 

Se trata del cuarto allanamiento realizado por la Fiscalía para investigar supuestas irregularidades en las elecciones. Estas acciones se producen tras haberse realizado un segundo conteo de votos por orden de la Corte de Constitucionalidad, tras la denuncia de nueve partidos cercanos al oficialismo que rechazaron los resultados de los comicios. Estos alegaban un fraude electoral, pero tras el nuevo escrutinio, se avalaron los resultados originales en un 99% de los votos. La narrativa de fraude no tenía sustento.

Tras el último de los allanamientos, Arévalo denunció en rueda de prensa un intento de “golpe de Estado” para impedir que tome posesión del cargo en enero próximo. El presidente electo señaló directamente a la fiscal general, Consuelo Porras, como la principal ejecutora e hizo un llamado a la unidad para derrotar a los “golpistas”.

A la persecución judicial, se le suman las amenazas de posibles ataques contra su vida denunciadas por el partido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El organismo ha otorgado medidas cautelares a los ganadores de la elección presidencial tras certificar la existencia de planes para atentar contra Arévalo por parte de pandillas, el crimen organizado y agentes estatales. 

Los procesos judiciales abiertos, allanamientos y anuncios de próximas órdenes de captura se contradicen con el discurso del presidente Alejandro Giammattei, quien asegura respetar los resultados electorales y que el próximo 14 de enero entregará la presidencia a Bernardo Arévalo.

“Hasta que renuncien”

Ahora, un paro nacional indefinido mantiene el país colapsado. Los manifestantes exigen la renuncia de la Fiscal General Consuelo Porras y el Fiscal Anticorrupción Rafael Cucurrichiche.

A las manifestaciones y bloqueos convocadas por los alcaldes comunales de los 48 cantones de los departamentos de Totonicapán, al oeste de la capital, se han sumado otras organizaciones, mayoritariamente indígenas y campesinas. Tras cuatro días bloqueando las principales carreteras del país y sedes de organismos oficiales, los manifestantes aseguran que no cederán “hasta que renuncien” y detengan las “acciones arbitrarias que atentan contra la democracia y autonomía del pueblo y su orden constitucional".

Cada vez son más los pronunciamientos por parte de organizaciones nacionales e internacionales que piden respetar los resultados electorales. Desde las diferentes cámaras empresariales y de comercio- tradicionalmente alineadas con las élites económicas- hasta la Organización de Estados Americanos (OEA) o la Unión Europea. Esta semana, el gobierno de Estados Unidos transmitió “su apoyo para una transición política pacífica” y advirtió que “seguirá utilizando todas las herramientas disponibles contra quienes actúen para socavar la democracia y el Estado de Derecho en Guatemala”.

Un paro nacional indefinido mantiene el país colapsado. Los manifestantes exigen la renuncia de la Fiscal General Consuelo Porras y el Fiscal Anticorrupción Rafael Cucurrichiche

A la espera de las resoluciones judiciales, todos los analistas consultados coinciden en sostener que la persecución política continuará y se intensificará. Sáez de Tejada sostiene que el objetivo de cancelar el partido es limitar la capacidad de ejercer gobierno y su capacidad de negociación en un Congreso en el que cuentan con minoría parlamentaria, con tan solo 23 de 160 diputados.  

En una entrevista realizada para El Salto Diario, el diputado de la bancada de Semilla, Samuel Pérez, sostiene que van a poder asumir la presidencia el próximo enero, “pero eso no significa que el proceso de persecución política vaya a detenerse, de hecho, va a continuar y se va a intensificar en un intento de restar legitimidad al presidente electo”.

Uno de los escenarios que se barajan entre los analistas apuntan a intensificar el desgaste y deslegitimar al Movimiento Semilla con el objetivo que el nuevo Congreso, con mayoría del oficialismo designe a un gobernante provisional, concretamente al candidato sucesor de Alejandro Giammattei. Aunque inconstitucional, esta opción no suena tan descabellada ante las incontables vulneraciones democráticas que han puesto a Guatemala al borde de lo que algunos analistas han denominado un “golpe de Estado” técnico.