Opinión
Veinticinco conferencias, un solo planeta

La mesa ejecutiva de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático aceptó, el 1 de noviembre, la propuesta de celebrar la COP25 en Madrid. UNFCCC, por sus siglas en inglés, es el tratado que establece desde 1992 las obligaciones básicas de 196 países más la UE para combatir el cambio climático. El presidente chileno, Sebastián Piñera, se retiró como anfitrión del evento para ocultar el estallido social contra el empeoramiento de las condiciones de vida y los conflictos socio-ambientales que hay en Chile tras más de 30 años de neoliberalismo. Un día después del anuncio de Piñera, el presidente en funciones de España, Pedro Sánchez, ofreció Madrid para acoger la cumbre.

Las decisiones unilaterales de los gobiernos chileno y español han obligado a los movimientos sociales del Estado a preparar una movilización contrarreloj casi inasumible en cuanto a garantizar una participación y contestación social adecuadas. Esto compromete los trabajos de numerosas redes, colectivos y organizaciones de todo el mundo que tienen dificultades para participar en una cumbre en España en un plazo tan corto.

El llamamiento a participar en la Cumbre Social por el Clima, que tendrá lugar en la Universidad Complutense entre el 7 y 12 de diciembre, denuncia el “eurocentrismo que implica la celebración de una COP en un país europeo por tercer año consecutivo”, así como el papel explotador de las regiones enriquecidas del mundo y su protagonismo en la generación de “zonas de sacrificio” en países empobrecidos, a través del extractivismo energético, material y cultural, que destruye comunidades y bienes comunes.

La movilización de Fridays For Future y la presencia de la activista adolescente Greta Thunberg pueden aumentar la atención pública que rodean la cumbre

Desde la solidaridad y en coordinación con los espacios alternativos que se organizan frente a la COP25 en Chile, la Cumbre de los Pueblos y la Cumbre Social por la Acción Climática, se intentará dar visibilidad a las reivindicaciones de Latinoamérica para que la voz chilena pueda ser escuchada. La idea es conectar la manifestación en Santiago de Chile y Madrid. “Condenamos de forma tajante y sin tapujos la violación de derechos humanos en Chile” como un ataque a la democracia y a la lucha por la justicia social, señala el llamamiento, apoyado por decenas de organizaciones. Cientos de activistas se han sumado al reto de articular las protestas con una enorme responsabilidad: “Queremos poner bajo el foco que la protesta social en Chile y en otros lugares del mundo es también la expresión de la crisis ecológica”, reza el documento.

Solo un cambio en la política económica y energética lograría cumplir con el acuerdo firmado en la COP21 de París

Una de las noticias esperanzadoras de 2019 ha sido el movimiento juvenil Fridays for Future (FFF). Este y otros colectivos se movilizarán ante la COP25 para que se incremente la ambición de las políticas climáticas. La movilización de FFF y la presencia de la activista adolescente Greta Thunberg pueden aumentar la atención pública que rodean la cumbre. Durante esos días, las protestas se sucederán en otros puntos del globo. El movimiento estadounidense Sunrise, liderado por jóvenes de 13 a 35 años en 270 nodos locales, ha organizado dos huelgas climáticas para el viernes 29 de noviembre y el 6 de diciembre. El propósito de estas manifestaciones es crear conciencia sobre la emergencia climática, promover un “Green New Deal” y mostrar solidaridad con las generaciones futuras.

Las personas que se manifestarán en las calles de Madrid el próximo 6 de diciembre son conscientes de que los planes climáticos de los países no están ni cerca de la meta de limitar el aumento de la temperatura global a 1,5°C en comparación con los niveles preindustriales, recogido en el Acuerdo de París, ni permiten construir sociedades resilientes ante el colapso por venir. Estudios científicos como el realizado recientemente por la Universidad de Valladolid recuerdan constantemente la urgencia de actuar de inmediato, implementar la reducción drástica del consumo de energía fósil para 2030 y alcanzar cambios sistémicos con 2050 como fecha límite. Ese mismo estudio dice que las políticas del crecimiento no son una opción para enfrentar la emergencia climática. Solo un cambio en la política económica y energética lograría cumplir con el acuerdo firmado en la COP21 de París.

Lavado de cara verde

Organizar uno de los mayores eventos de la ONU, en el que se esperan 25.000 participantes, le da a Sánchez y al PSOE la oportunidad de falsear sus credenciales, pese a que no se ha avanzado apenas en política climática durante la legislatura. España es el país de la UE en el que más crecieron las emisiones de GEI en términos absolutos entre 1990 y 2017. Y, aunque disminuyeron dos puntos entre 2017 y 2018, el tráfico rodado ha aumentado sus emisiones un 2,7% y ya representa el 25% del total.

Las principales organizaciones ecologistas —Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF— han demandado reiteradamente una ley de cambio climático y transición energética más ambiciosa, así como la prohibición de tecnologías de captura y almacenamiento industrial de CO2 y el cierre programado de las centrales de carbón y nucleares para antes del 2025. Pero la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, no ha cumplido.

Ningún Estado miembro de la UE está en línea con la trayectoria de conseguir emisiones netas cero en 2050

Con la COP25, el Gobierno intentará ocultar su inacción en la lucha contra el calentamiento global, así como sus políticas negativas. Entre estas han destacado las de subvencionar combustibles fósiles, autorizar los abusos de las grandes eléctricas, fomentar la importación de aceite de palma —que causa deforestación—, los “regalos” a la industria automovilística y de aviación, o la financiación de infraestructuras innecesarias, políticas que están agravando la emergencia climática.

Para colmo, el Gobierno ha pedido dinero al Ibex 35 para organizar los fastos de la COP25 y, por ejemplo, Endesa o Iberdrola, unas de los mayores responsables de la emergencia socioambiental, serán patrocinadores de la cumbre. Como el cinismo no conoce límites, incluso el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, celebró la llegada de la cumbre como “buena oportunidad para manifestar nuestro compromiso en la lucha contra la contaminación”. Un intento vano de limpiar su pésima imagen tras intentar suspender la zona de bajas emisiones Madrid Central. Tildado de “rostro de cemento” en las redes sociales, a Almeida no le preocupa el cambio climático, defiende a ultranza el coche, es enemigo de la bicicleta y se opuso a las medidas ambientalistas del anterior gobierno municipal.

La UE tampoco cumple

Una evaluación de la ONU publicada en septiembre llegó a la conclusión de que “las naciones del G20 no están en camino de cumplir con los compromisos del Acuerdo de París”. La propia Comisión Europea advirtió en junio de que los planes climáticos presentados son inadecuados. De hecho, ningún Estado miembro de la UE está en línea con la trayectoria de conseguir emisiones netas cero en 2050 ni con ninguno de los hallazgos científicos del informe Calentamiento global de 1,5ºC, del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC).

La presidenta entrante de la Comisión, Ursula von der Leyen, pide un aumento en el objetivo de la UE para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) del 40% al 55%, en comparación con los niveles de 1990. Oficialmente, la COP25 será la última oportunidad para que los Estados miembros adapten sus planes climáticos nacionales, ya que deben presentarse entre nueve y doce meses antes de la siguiente COP26. Pero durante la cumbre de Madrid no se prevé un incremento en la ambición de aquellos Estados con más deuda climática histórica. Los días 12 y 13 de diciembre, justo al terminar la COP25, tendrá lugar en Bruselas el Consejo Europeo donde se verá si el Gobierno español y la UE tienen voluntad para incrementar la ambición de su acción climática. Allí veremos si todo es humo o si la movilización social será escuchada.

Con el colapso climático, que ya está ocurriendo, las comunidades indígenas, campesinas y las vulnerables se ven cada vez más afectadas por los negocios con el cambio climático

Uno de los platos fuertes de la COP25 es la posible condena a la decisión de la Administración Trump de retirarse oficialmente del Acuerdo de París. Trump está usando la salida de dicho acuerdo para desviar la atención de los problemas políticos que afronta con el impeachment —proceso de revocación— planteado contra él en el Capitolio de Washington. El presidente estadounidense ha ayudado a ganar influencia política al negacionismo climático.

Pero ojo con la hipocresía de la UE y de España respecto a la decisión de Trump, porque Europa importa gas fósil de Estados Unidos, apoyando así la carrera energética suicida de EE UU. Además, bancos europeos —entre otros el Santander y el BBVA— invierten millones de euros en empresas de combustibles fósiles de EE UU, permitiendo a la industria de los hidrocarburos adquirir el músculo financiero para seguir contaminando y calentando el planeta. El año pasado, los bancos aumentaron sus préstamos a esa industria; si eso continúa, no hay posibilidad de lograr el Acuerdo de París.

CO₂-colonialismo

La COP25 ahonda en el capitalismo verde. Se plantea, por ejemplo, un sistema internacional de crédito para los certificados de emisión de CO2. El artículo 6 del Acuerdo de París establece una regulación que se ocupa del comercio de derechos de contaminación, similar al Sistema de Comercio de Emisiones de la UE (ETS) que tanto retraso ha ocasionado en la lucha ante el cambio climático. Lo que sí ha conseguido es generar enormes beneficios a las industrias más contaminantes de Europa, como la energética o metalúrgica. Los Estados han podido financiar medidas ambientales en otros países y han “compensado” dichos ahorros de CO2 con sus huellas de carbono nacionales.

El artículo 6 permitiría seguir con esta mercantilización de la atmósfera que empezó bajo el Protocolo de Kyoto de 1997. Esa “oportunidad de cooperar” entre países mediante la fijación de precios del carbono, el comercio con dióxido de carbono y esquemas engañosos de compensación no trata de frenar el cambio climático sino de proteger a un régimen comercial corrupto.

Con el colapso climático, que ya está ocurriendo, las comunidades indígenas, campesinas y las vulnerables se ven cada vez más afectadas por los negocios con el cambio climático, sean monocultivos de árboles (REDD) o agrocombustibles. El Artículo 6 permite que las industrias extractivas mantengan el statu quo y no aborda la rápida destrucción de los ecosistemas. Recordemos que las industrias para extraer recursos naturales (comida, combustible y minerales), cuyo uso se ha triplicado desde 1970, son responsables de la mitad de las emisiones de CO2 del mundo y de más del 80% de la pérdida de biodiversidad, según el organismo ambiental de la ONU.

La “transición energética” significa la pesadilla para las comunidades que sufren el extractivismo de minerales como las tierras raras o de litio

Justo antes de la COP25, la articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) recorrió varios países europeos bajo el lema ‘Ni una gota más’ para denunciar a las empresas europeas por la destrucción de la Amazonía y el asesinato de indígenas. Pidieron a la UE que no firme el tratado comercial con Mercosur, que agravará los problemas en los ecosistemas y la situación de los derechos humanos.

Cambio de rumbo

La crisis climática es una cuestión económica y social. Pero la transición hacia un modelo energético renovable y una producción ambientalmente sostenible y re-localizada que elimine los combustibles fósiles y avance hacia un sistema eléctrico 100% renovable no es suficiente. El nuevo modelo energético no puede construirse sobre los huesos del sistema económico existente, en el que la producción de energía está centralizada y cuyos beneficios son utilizados por las corporaciones para agravar la crisis y engordar el sistema financiero.

La política de inversión de la UE a favor de la minería, más acuerdos de comercio y una Comisión Europea entrante buscando mayor protagonismo “geopolítico” indican que Bruselas será más agresiva aun, si cabe, para asegurar a las multinacionales el acceso a las materias primas más escasas y con un alta demanda para las “energías renovables”, como tierras raras utilizadas en turbinas eólicas o el litio para baterías de coches eléctricos. Un ejemplo: para producir una turbina eólica de tres megavatios se requieren 335 toneladas de acero, 4,7 toneladas de cobre, 1.200 toneladas de hormigón, tres toneladas de aluminio, dos toneladas de tierras raras y zinc, entre otros. La “transición energética” significa la pesadilla para las comunidades que sufren el extractivismo de estos materiales.

Este sistema provoca el desplazamiento forzado de millones de personas de las que muchas mueren por las políticas migratorias letales. Por todo ello es tan necesario cambiar las estructuras de poder integradas en la economía para conseguir la justicia social y económica libre de opresión patriarcal o racista. Responder a la emergencia climática es una cuestión de justicia interseccional y feminista. Y ello implica hacer pagar a los ricos, cuestionarse los privilegios y fomentar un cambio cultural profundo.