Crisis climática
La energética alemana RWE exige a Holanda 1.400 millones de euros por el abandono del carbón

Si no puedo ganar dinero quemando carbón para generar energía, me tienes que compensar. Es la lógica que aplica la compañía energética alemana RWE al exigir al Gobierno neerlandés el pago de 1.400 millones de euros por la decisión del Ejecutivo de los Países Bajos de prohibir el uso de carbón para la generación de energía, en virtud de los compromisos del país en materia de emergencia climática.

La empresa alemana ha llevado el caso a arbitraje internacional invocando el polémico Tratado sobre la Carta de Energía (TCE), un acuerdo firmado por 53 países, en vigor desde 1994, para regular el mercado energético. El tratado tenía como fin proteger a los inversores extranjeros del sector y garantizar el suministro energético desde los países de Europa del Este. Sin embargo, permite, a través de un mecanismo ISDS de solución de controversias entre inversores y Estados, que multinacionales e inversores puedan demandar a una nación si consideran que se ha legislado en contra de sus intereses económicos o que nuevas leyes puedan poner en peligro las ganancias esperadas, independientemente de si esos intereses provoquen la crisis climática o no.

España es uno de los países más afectados por esta situación y, hasta diciembre de 2020, acumulaba 48 demandas por casi 10.000 millones de euros, con 21 procedimientos resueltos y 18 de ellos fallados a favor de los inversores, con 1.074 millones de euros en concepto de indemnización perdidos por el erario público español.

Una cascada de demandas contra el Estado español

Lucía Bárcena Luis Flores

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Acuerdos comerciales

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Lucía Bárcena ,  Luis Flores

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Si España permanece en el Tratado sobre la Carta de la Energía podría enfrentar nuevas demandas millonarias en el futuro, sobre todo por medidas climáticas relacionadas con los planes de transición energética.

RWE alega que podrían perder 1.400 millones de euros con el fin de la quema de carbón para generar electricidad en el país, donde la alemana opera la central térmica de Eemshaven, en el polo químico del puerto de Groninga. Se trata de una de las plantas termoeléctricas de carbón de más reciente construcción.

“RWE conocía los peligrosos impactos del cambio climático y la necesidad de eliminar rápidamente los combustibles fósiles cuando decidieron abrir una central eléctrica de carbón en 2015 y también lo saben las empresas que continúan invirtiendo en gas fósil en 2021”, ha señalado el director de la Climate Action Network Europe (Red de Acción Climática, CAN), Wendel Trio.

En el mismo sentido, las organizaciones ecologistas Milieudefensie - Friends of Earth Netherlands y Handel Anders! han denunciado que “RWE podría haber previsto hace años que se tomarían medidas para reducir las emisiones, pero aun así siguió adelante con su nueva planta de carbón en 2015”, recordando además que “las empresas de fósiles han ganado miles de millones fruto de la inacción climática”.

“Es indignante que las empresas de combustibles fósiles puedan utilizar este poderoso Tratado para obstruir la transición a la energía limpia”, ha añadido el resposansable de CAN Europe, quien ha abogado por la retirada de los países europeos de lo que califica como “peligroso acuerdo”. “Esta no es la primera vez que una empresa de combustibles fósiles intenta que los contribuyentes paguen la factura por malas decisiones comerciales y no será la última si no actuamos”, advierte Wendel Trio.

Iaugurar térmicas de carbón en 2015

La demanda de RWE es la primera de una empresa propietaria de una planta de carbón contra un Estado por la eliminacion del carbón del cóctel energético, algo que está ocurriendo en la mayoría de países europeos, España incluida. La también compañía alemana Uniper, que es propietaria asimismo de otra central holandesa de carbón, inició otro procedimiento legal basado en el Tratado de la Carta de Energía, sin embargo, no ha solicitado arbitraje internacional.

El TCE, considerado actualmente obsoleto, se encuentra en proceso de reforma. Sin embargo, el Gobierno reconoció el pasado enero que este “no es actualmente compatible con el Acuerdo de París, firmado en 2015, ni con el reciente Pacto Verde Europeo, ni con el objetivo de neutralidad climática antes de 2050”.

El gran palo en la rueda de las políticas climáticas

Marta García Pallarés Clàudia Custodio

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Energía

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Marta García Pallarés ,  Clàudia Custodio

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El Tratado sobre la Carta de la Energía es un cheque en blanco para las multinacionales e inversores y un freno a la transición energética que dispara su coste debido a las demandas que origina.

En una respuesta parlamentaria al diputado de Unidas Podemos Juantxo López de Uralde, el Ejecutivo “considera necesario excluir las nuevas inversiones en combustibles fósiles de la protección del TCE y garantizar el derecho a regular de las partes contratantes”. De hecho, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, llegó a pedir la retirada de los países de la UE del Tratado si este no cumplía con los objetivos del Acuerdo de París.

Para el director de CAN Europe, sin embargo, es hora de que los países europeos se retiren del acuerdo “y no pierdan más tiempo en intentos inútiles de reformarlo”.

Desde Holanda, Milieudefensie - Friends of Earth Netherlands y Handel Anders! abogan por que la UE y los Países Bajos “pongan fin al sistema de reclamaciones ISDS (de solución de controversias entre inversores y Estados) en el oscuro Tratado de la Carta de la Energía que lo hace posible”.