Burorrepresión
Cerca de 670.000 propuestas de multa por saltarse el estado de alarma

La Policía Nacional interpuso el pasado 19 de abril hasta 4.334 propuestas de sanción y detuvo a 80 personas por saltarse el estado de alarma. A ellas se suman las 5.218 que interpusieron las distintas policías locales, y sus 47 personas detenidas. Y también las 4.933 propuestas de sanción que puso la Guardia Civil y las 46 personas que detuvo. En total, solo en ese día se han contado 15.553 propuestas de sanción y 183 personas detenidas en todo el Estado. Y ha sido el día que menos multas se han contado desde que el Ministerio de Interior comenzó a ofrecer datos diarios. 

A la hora de proponer sanciones, los agentes policiales se están acogiendo al artículo 36.6 de la Ley de Seguridad Ciudadana, Ley Mordaza, que castiga con multas de entre 601 y 30.000 euros la desobediencia o resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones cuando no sean constitutivas de delito. La propuesta de sanción es transmitida a las distintas delegaciones de gobierno, encargadas de tramitarlas.

Hasta ayer, y desde que se decretó el estado de alarma, son ya 667.437 propuestas de sanción interpuestas, a las que se suman 5.923 personas detenidas a las que, en muchos casos, se les aplicará el Código Penal. Son 141 personas sancionadas por cada 10.000 habitantes, una proporción que escala hasta 654 en Melilla —2.225 propuestas de sanción en total— o 758 en Aragón —100.097 propuestas de sanción en total—, según los datos facilitados por el Ministerio de Interior.

“Me multaron por ir a comprar el pan con mi perro”, denunciaba un lector de este diario en un comentario el pasado 16 de abril. “La empresa en la que trabajo me dio una declaración en catalán ya que la sede de la empresa está en Barcelona, el agente dijo que no era válido y tomó mis datos, me dijo que esperara ser sancionado”, denuncia otro. “Estoy enferma de cáncer y mi nieto me acompañó en el coche a comprar alimentos porque no puedo cargar con peso. Él iba como conductor con mascarilla y guantes y yo en el asiento trasero del coche, y nos pararon y nos multaron”, denunciaba una persona más en este mismo diario el pasado 15 de abril.

“Creo que, en parte, se está sancionando cualquier cosa, incluso acciones que no están prohibidas, con la intención de generar un efecto disuasorio”, señala Daniel Amelang, abogado de Red Jurídica. “Hemos visto ejemplos de personas que bajan a hacer una compra de poco dinero y les multan, y en ningún sitio se dice que no se puedan hacer compra de menos de 20 euros, esta sería una sanción que no va a llegar a ninguna parte pero que sirve como efecto disuasorio, no creo que esa multa jamás se llegue a tramitar”, continúa el jurista.

Pero, más allá de este posible efecto disuasorio, Amelang apunta a las instrucciones recibidas por los agentes por parte del Ministerio de Interior, que dicen que cualquier persona que salga a la calle debe ser sancionada por desobediencia, un concepto que en el derecho español se aplica a la desobediencia a una orden efectuada sobre personas concretas y en las que previamente se advierta las consecuencias de su incumplimiento. “Han cambiado por completo el concepto jurídico de desobediencia”, subraya Amelang.

Y es que, según explica, en la Ley de los estados de alarma, excepción y sitio, de 1981, se dice que en el estado de alarma se tienen que aplicar las leyes ya vigentes a la hora de sancionar la desobediencia. “No permite crear una legislación especial para sancionar conductas durante el estado de alarma, como sí se puede hacer en el estado de excepción”. El abogado argumenta que, al no poderse crear una ley especial sancionadora para quien incumpla el estado de alarma, lo que han hecho es modificar la interpretación de lo que existía en las leyes vigentes.

Otra opción que apunta Amelang para solucionar este vacío habría sido utilizar la Ley de Salud Pública, que tiene un artículo que sanciona a quien ponga en peligro la salud de otra persona, si interpretamos que salir a la calle puede poner en peligro a otros. “Pero también es imperfecto porque, si vives en el campo y no te cruzas con nadie, no se puede argumentar que pongas la salud de otro en peligro, mientras que, si sales en Madrid a hacer una compra necesaria, sí que estarías poniendo en peligro la salud de otros y en esta ley no se contemplan excepciones. No hay ninguna solución perfecta”, concluye.

Con una media de 19.630 sanciones por día, si los agentes mantienen su ritmo para el 10 de mayo se habrá superado el millón de propuestas de sanción. Puede que muchas de ellas nunca lleguen a tramitarse y que muchas de las personas que finalmente reciban la sanción se acojan a la rebaja del 50% por pago pronto, sacrificando su derecho a recurrir, pero seguramente una buena parte de este millón de sanciones llegarán a los juzgados contencioso-administrativos. “Y los juzgados van a dar la razón a los que recurran, porque no por estar en un estado de alarma se puede cambiar la interpretación de lo que es la desobediencia”, afirma Amelang.