Un comité vigilará que España cumpla las exigencias de la ONU sobre vivienda

Con motivo del sonado caso del desahucio de Mohamed Ben Djazia y su familia que, ante el manifiesto estado de indefensión en el marco del Estado español, fue elevado a los tribunales de la ONU en junio de este año, un Comité de la ONU resolvió que el Estado debe reparar a la familia económicamente y ofrecerle una vivienda.

Durante la presentación del Comité de Seguimiento de Derecho Económicos, Sociales y Culturales, el abogado Javier Rubio Gil, integrante de CAES y de la PAH, explicó que el dictamen incorpora cuatro mandatos con la intención de evitar que este tipo de violaciones se repitan.

El primero promueve una reforma legal de calado que, ante cualquier procedimiento que pueda terminar en desalojo, obligue a los jueces a valorar previamente las circunstancias personales de cada familia. Solo después de que un juzgado haya tomado en consideración la situación específica de los afectados, podrá tomar una decisión sobre el alzamiento y desalojo.

Antes de proceder a un desalojo sin alternativa habitacional, explica el segundo mandato, deberá producirse una consulta genuina a las partes en litigio. Además, el tercero exige un programa de mayor colaboración y sincronización entre juzgados y servicios sociales para que cuando haya una acción susceptible de culminar en desalojo, se tomen las medidas preventivas y paliativas pertinentes. La última exige el diseño de un plan, en coordinación con las comunidades autónomas, de acceso a la vivienda para colectivos vulnerables. 

El Estado español tiene seis meses, desde el 20 de junio, para remitir a la ONU un plan que dé satisfacción a las exigencias. La institución pide que se impliquen todos los niveles de la administración pública: Estado central, comunidades autónomas, municipios y entidades públicas. 

El Estado español tiene hasta el 20 de diciembre para remitir a la ONU un plan que dé satisfacción a las exigencias en políticas de vivienda

Es destacable que el Comité de la ONU se haya implicado en una valoración global de la política de vivienda del país y que haga una ponderación específica de la política de la Comunidad de Madrid (CAM). En el texto se cuestiona que, tratándose España de un país desarrollado, cuesta entender que no se hayan tomado providencias para actuar con eficacia cuando supuestamente se cuenta con medios suficientes para hacerlo. De hecho, resalta que en la CAM se habría operado en dirección opuesta, desprendiéndose de parte del parque de vivienda pública (IVIMA) al venderlo a fondos buitre. 

Una ilegalidad omisa antes los derechos

Es agridulce el balance general del movimiento ciudadano empeñado en que el derecho a una vivienda digna se convierta en un derecho subjetivo, real, de obligado cumplimiento por el poder público. Por el momento, apenas está mencionado en la Constitución del 78.

El veredicto de la ONU trajo un soplo de optimismo en los movimientos de vivienda, al dictaminar por primera vez que un desalojo es una vulneración a un derecho humano, elevando así a tal categoría el derecho a la vivienda.

Pero puede ser de duración limitada. pronto se pudo comprobar que las dificultades no son sólo de naturaleza jurídica, sino –y sobre todo- de orden político. Rubio explica que “en ese sentido, fue alentadora la respuesta del ayuntamiento de Madrid, que tenía programados 67 desalojos de vivienda pública, que están ocupadas, y el 4 de agosto decidió suspenderlos a la vista del dictamen”.

Según explicó Marco Aparicio, del Observatorio DESC, el sistema judicial español no es garantista en este ámbito, simplemente porque no viene recogido en la ley. De ese modo, acaba imponiéndose una lógica sistémica que invisibiliza los derechos sociales, económicos, políticos y culturales de las mayorías. Afirma Aparicio que se impone modificar esa cultura judicial que da por inexistentes los derechos sociales, recogidos genéricamente en la Constitución. Al no haber una ley que los valide, los magistrados se sienten amparados en su omisión. Esta resolución provee de recursos interpretativos para luchar para la transformación de esta cultura jurídica, posibilitando a los magistrados aplicar una lógica garantista a la hora de intervenir en los conflictos, y de aplicar las leyes y normativas. 

Los activistas de la PAH, Luis San Martín y Paco Maroto, afirmaron que los derechos en materia de vivienda se van ganando a cuentagotas y que, sistemáticamente, hasta no mediar sentencias europeas, no se ha conseguido modificar la legislación española. En este sentido, valoran que este dictamen abre perspectivas esperanzadoras y ya está teniendo efectos en el ámbito nacional. De hecho, hay un número considerable de desahucios pendientes de ejecución a la espera de decisión de los tribunales de la UE.

Las dificultades también son políticas

Pero, al mismo tiempo, no ocultan que la hostilidad del gobierno excede al ámbito jurídico. Denuncian el procesamiento de varios activistas por intentar impedir desahucios y aclaran que en España se produce un desahucio cada 12 minutos. Además, cinco millones de hogares pasan frío por no poder enfrentarse a las facturas de la luz. Ante este panorama, la PAH ha impulsado leyes de vivienda garantistas en Catalunya, Murcia y Valencia, pero el Gobierno del PP las ha recurrido de forma sistemática. Estas autonomías hicieron valer su legislación favorable para comprometer a los bancos en las soluciones, ya sea evitando desahucios, como facilitando alquileres sociales. Esas leyes funcionan, habrían impedido por ejemplo unos 30.000 cortes de suministros sólo en Catalunya. Pero, en todos los casos, el Gobierno central apeló al Tribunal Constitucional, consiguiendo que éste fallara a su favor, al hacer prevalecer la competencia estatal sobre las autonómicas en lo relativo al asunto, bajo el argumento de que el alquiler se trata de una “actividad económica general” y, por tanto, el garante final de su administración es el Estado central.

Estado de indefensión y presión sobre los políticos

Respecto de la ILP recientemente presentada por la PAH, los activistas denunciaron la actitud del PP que la tumbó, con la excusa banal de que el ministerio de Justicia habría alegado que podría haber inconstitucionalidad en alguno de los artículos propuestos en la ley. El corolario es que se carece de legislación en el ámbito estatal –simplemente porque no se elabora- y tampoco tiene vigencia en el ámbito autonómico porque, cuando existe, el Gobierno central anula su aplicación por intermedio de recursos al Tribunal Constitucional.

Ante el blindaje implícito en semejante laberinto, la PAH ha recurrido al Defensor del Pueblo a quien le han trasladado este dictamen y le han solicitado que demande una respuesta gubernamental a estos requerimientos de la ONU. El 17 de noviembre, la solicitud fue admitida a trámite y ya ha sido elevada al ministerio de Fomento. El Defensor del Pueblo –que depende de la ONU- empieza a tomar cartas en el asunto y tiene facultades para actuar por mandato de esa institución.

Al mismo tiempo, la PAH lanza un mensaje a todos los grupos parlamentarios del Congreso: el PP está en minoría y hace falta una mayoría para hacer efectiva esta legislación que se propone. Los grupos parlamentarios ahora tienen la oportunidad de hacer cumplir el dictamen de la ONU. Además, pueden cuestionar que el actual plan de vivienda gubernamental, que debería tener una dotación presupuestaria mucho mayor de la asignada, teniendo en cuenta que en los últimos años el Estado ha desinvertido en esta área, tan crítica, alrededor de un 70%.

La naturaleza vinculante del fallo de la ONU

Desde DESC valoran que con esta resolución se abre un contexto idóneo para avanzar en una dirección más garantista, por tratarse de un dictamen que es vinculante desde el punto de vista jurídico, en el sentido de que marca una línea de interpretación de la jurisprudencia también suscrita por nuestro país. En 1977, España firmó el Pacto de los Derechos Humanos, Económicos, Sociales y Culturales. En 2008 se genera en la ONU un Protocolo Facultativo, que no termina de entrar en vigor hasta 2013, con Zapatero en el Gobierno. Lo han firmado 27 países. España no ha firmado la Carta Social Europea, sin duda ante el temor a una avalancha de reclamaciones.

El Comité de seguimiento

En el Comité de la Red DESC, donde están implicadas unas 270 personas, incluye a Amnistía Internacional, la PAH, Arquitectura Sin Fronteras, el Sindicato de Inquilinos, la FRAVM y muchas otras.

El grupo fundador trabaja en un cronograma interactivo para ir elaborando un repositorio de documentos, alegaciones y pasos que se vayan dando. Actúan convencidos de que con esta resolución empezará a cobrar fuerza la línea de exigencia del cumplimiento de derechos humanos de todo tipo y se adherirán más colectivos.

“Ahora nos queda empujar para que esa jurisprudencia pueda transformarse en respuestas prácticas, a la hora de abordar desahucios”, explica Rubio Gil, y añade que: “Nos toca acompañar ese proceso y para ello hemos conformado este Comité de Seguimiento”. Aclara que la ONU ha dado seis meses al gobierno para presentar un plan efectivo, no una simple declaración de intenciones, y el plazo culmina el 20 de diciembre. Y a partir de ahí el Comité de la ONU tendrá que analizar lo que el Estado eleve al organismo. Con esto, opina, Ees más fácil que los y las jueces asuman una nueva filosofía. Las entidades judiciales tendrán que ser interpeladas para incorporar este dictamen a sus prácticas, las que hagan falta para que España reconozca estos derechos y su aparato legal los garantice”.