Violencia sexual
Reparación a las víctimas y castigo al acoso callejero: así es la propuesta de ley que llega este mes al Congreso

Una ley integral, siguiendo el modelo de la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, es la propuesta que llegará al Congreso en los próximos días. El texto, que está ultimando Unidos-Podemos y que registrará previsiblemente el 29 de junio, con la intención de que pueda ser debatido antes de que acabe el año, tiene la ambición de proponer medidas específicas para abordar las violencias sexuales, en las que incluye las agresiones sexuales, abuso, acoso laboral o acoso callejero, entre otras.

Ángela Rodríguez, diputada de En Marea y una de las impulsoras de esta iniciativa, advierte de que el proyecto no gira en torno a imponer más o menos penas, sino que pretende enfrentar el problema de las violencias sexuales desde todos sus aspectos: “Se trata de identificar cuáles son las raíces que generan esta violencia, detectarlas en ámbitos donde quizá no estamos incidiendo como el educativo o el sanitario, y luego abordar lo que ocurre después de que se haya producido”.

Esta ley, dice Rodríguez, “supondría desde ya que todas las víctimas de violencias sexuales pasarían a ser víctimas de violencia machista o de género y se desplegaría todo un sistema de tutela institucional y judicial que ayudaría a que el proceso discurriese de otra manera”. Por ejemplo, explica, en un caso como el de La Manada, significaría para la víctima el que el acompañamiento psicosocial y jurídico priorice el domicilio su víctima así como el acceso a posteriores prestaciones para la reparación.

Este aspecto, el de la reparación, es uno de los cambios de paradigma que plantea la propuesta. “España tiene que trabajarse mucho las políticas de reparación. Con todo lo que tiene que ver con Memoria Histórica es evidente, pero también con las víctimas de violencia machista son olvidadas”, dice Rodríguez. “A nadie le cabe duda que con las víctimas del terrorismo tienen que existir políticas públicas en aras a la reparació, pero sin embargo a las víctimas de violencia machista se olvida con facilidad”.

“A día de hoy no existe reparación más allá de algunas prestaciones económicas, cuando, la experiencia nos dice que las víctimas tienen luego muchos problemas para mantener relaciones con normalidad y necesitan acceso a un acompañamiento psicológico y sociosanitario para poder restablecer su vida”, justifica.

La ley será “innovadora” en aspectos relacionados con la prevención y formación, abordando, por ejemplo, la violencia simbólica y las redes sociales. Además, contempla que los juzgados especializados en violencia de género pasen a atender todas las formas de violencia sobre las mujeres y que los juzgados de de lo penal se adecuen a esta conceptualización de las violencias. 

La diputada explica que se trata, en el fondo, de adaptarse al convenio de Estambul para atender a todos los tipos de violencias sobre las mujeres, en la línea de lo aprobado el pasado 12 de junio en el Congreso, cuando el Pleno aprobó la toma en consideración de la propuesta de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, sobre medidas urgentes en aplicación del Pacto de Estado en materia de violencia de género. Sin embargo, para Unidos-Podemos, esta propuesta no supera el marco que establece la ley del 2004 ni se adapta al convenio de Estambul, que es precisamente lo ambicioso de su propuesta, indican desde este grupo.

La proposición del Grupo Parlamentario Socialista que continúa ahora su trámite en Comisión recibió 342 votos a favor y 1 abstención. Una vez estudiadas las enmiendas al articulado la comisión elaborará un dictamen que deberá ser elevado a Pleno, ya que al tratarse de una reforma de ley orgánica necesita el apoyo de la mayoría absoluta de la Cámara antes de ser remitida al Senado.

El objetivo de esta reforma es incluir las medidas que recoge el Pacto de Estado en materia de violencia de género para avanzar hacia una efectiva especialización de los profesionales que trabajan en este ámbito. Así, se introducirían pruebas selectivas de especialización en violencia sobre la mujer y ampliaría el número dejuzgados penales exclusivos de Violencia sobre la Mujer en aquellas localidades en las que lo exija el volumen de asuntos ya que, en la actualidad, de los 345 Juzgados de lo Penal existentes, solo 26 se encuentran especializados, y no en todas las Comunidades Autónomas. 

DEBATES ABIERTOS

Sobre la explotación sexual, uno de los aspectos que ha generado más debate, la posición finalmente pasa por entender que la trata debe ser abordada en una ley específica porque el contexto es muy diferentes al del resto de violencias, ya que se enfrenta a estructuras muy distintas como por ejemplo la organización internacional o las organizaciones criminales.

La segunda cuestión a debate es la trata. Según las fuentes consultadas, pese a que existe consenso sobre la idea de que esta propuesta de ley pueda dar cobertura a las víctimas de trata, la ley para erradicar la trata como forma de explotación sexual tiene que ser una ley al margen, ya que se enfrenta a estructuras muy distintas como por ejemplo la organización internacional o las organizaciones criminales.

Otro de los interrogantes es si las violencias relacionadas con lo reproductivo y violencias obstétrica tendría cabida en esta ley, aunque finalmente la balanza se inclina por pensar que este tipo de violencias tendrían cabida en una reforma de la Ley de Derechos Sexuales y Reproductivos. El matrimonio forzado y la mutilación genital femenina serían otras de las violencias de este abanico, ambas a debate.

El tercer escollo ha sido el debate sobre si la prostitución tiene cabida en esta ley: “El debate probablemente se zanje centrándonos en cuestiones más concretas como la explotación sexual”, explica la diputada gallega.

Aunque esta ley es novedosa por si enfoque integral, lo cierto es que algo se está moviendo en la concepción penal de las violencias sexuales. De hecho, Suecia o Alemania han introducido cambios significativos en los últimos años. En el Reino Unido, la iniciativa de una mujer que fue víctima de la práctica del upskirting (la toma de fotografías de manera no consentiva) está a punto de convertirse en una ofensa criminal punible con dos años de prisión.