Violencia policial
La Policía Local y Nacional denunciadas por agresiones en el desalojo de la antigua Oficina de Vivienda de Granada

La Oficina de Okupación de Granada, Stop Desahucios Granada 15M y el Sindicato de inquilinas e inquilinos de Granada, junto con ocho personas a título individual, han presentado a fecha de 21 de febrero de 2022 una denuncia penal por desalojo ilegal, abuso de autoridad, agresiones y uso desproporcionado de la fuerza, por parte de policías locales y nacionales, el día 26 de enero de 2022, “contra las personas que residían en un edificio de la calle Lepanto y otras que se encontraban en las inmediaciones del inmueble, incluyendo menores de edad, procedentes de una de las viviendas, que no pudieron entrar a la misma al regresar de la escuela” han informado los colectivos en una nota de prensa.

En la denuncia, describen la secuencia de los hechos que comienzan sobre las 09:30, cuando un dispositivo de la Policía Local rompió la cerradura del portal y entró al edificio junto a representantes de la Fundación San Francisco Javier y Santa Cándida, actual propietaria del edificio, en la antigua sede de Emuyvisa, la extinta empresa municipal de Granada de Vivienda y Suelo. Los agentes procedieron, según su relato, a desalojar a las familias “por las buenas o por las malas” y lanzaron sus pertenencias a la calle desde los balcones entre risas y frases como “no queríais vuestras cosas, ahí las tenéis”. 

Señalan que, durante el día se dieron momentos de tensión agravados por la policía. La abogada de los desalojados, María Gallego, trasladó al dispositivo policial que “el desalojo que se estaba ejecutando era ilegal puesto que no había ni consentimiento de los habitantes, ni flagrancia delictiva, ni orden judicial” y a pesar de que la abogada trató de mediar con el operativo policial, este hizo caso omiso e impidió que pudiera acceder al interior para hablar con las personas a las que  representaba.

Los agentes justificaron el desalojo, que no contaba con orden judicial, considerándolo delito flagrante; a pesar de que las familias llevaban tiempo residiendo en el edificio, hecho que demostró la letrada y que invalida esa consideración. En la denuncia, a la que ha tenido acceso este medio, consta que por la tarde, las Unidades de Intervención Policial de la Policía Nacional y agentes de la Policía Local de Granada con material antidisturbio, “sin mediar palabra y sin ningún motivo justificativo, comenzaron a golpear con sus defensas de manera indiscriminada a las personas que se encontraban en el lugar, y en particular a las denunciantes y que varios de ellos propinaron múltiples patadas a las personas que se encontraban sentadas en la acera, tras lo que les arrastraron por el suelo”.

Los colectivos también han denunciado a la Fundación San Francisco Javier y Santa Cándida, con sede en la Facultad de Medicina, y en cuyo patronato participa la Universidad de Granada.  Explican los colectivos que “se define a sí misma por objetivos: asistenciales, sociales y científicos; esta Fundación es la dueña del inmueble tras comprarlo al Ayuntamiento de Granada en julio de 2021 y lleva una década en desuso, desde la liquidación por parte del Consistorio de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo EMUYVISA”.

Las organizaciones sociales además de interponer la denuncia, también responsabilizan de los hechos a Ayuntamiento, Universidad y Subdelegación en Granada “por la impunidad de la violencia policial y vulnerar derechos fundamentales como la seguridad jurídica o el derecho a la vivienda” y apuntan al hecho de que el Ayuntamiento de Granada se comprometió a no participar en desahucios de familias vulnerables, incluyendo la no participación de la policía local y garantizar una alternativa habitacional. Más de 40 organizaciones sociales y sindicales de Granada y otras ciudades se han adherido en un manifiesto a la denuncia pública.