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Universidad
La Junta de Extremadura tiene la última palabra. ¿Sí o no a las universidades privadas?
Tras el rechazo del Consejo de Gobierno frente a la consulta realizada por la Junta de Extremadura, es ahora esta la que tiene que decidir sobre qué hacer con los proyectos de universidades privadas.
El auge de los proyectos privados −en este caso el de las Universidades− ha llegado a Extremadura y, como todo lo que llega a esta región, lo hace con varios años de retraso en comparación con otras muchas comunidades.
Una vez más, la Junta de Extremadura tiene sobre la mesa dos proyectos de universidades privadas sobre los que tendrá que tomar una decisión, previo paso por la Asamblea de Extremadura. En este caso, se trata de la Universidad Abierta de Europa y de la Universidad Internacional Augusta Emérita. Ambas proponen alojarse en la capital pacense y ofertar numerosos estudios online para abrir así la oferta más allá de la población extremeña. También lo hizo en su día la Universidad Católica de Ávila, dispuesta a crear un nuevo centro en Plasencia, pero finalmente no presentó ningún tipo de solicitud.
Ambas proponen alojarse en la capital pacense y ofertar numerosos estudios online para abrir así la oferta más allá de a la población extremeña
Tras la aprobación de los anteproyectos de ley para las dos universidades mencionadas, el máximo órgano de representación extremeño decidió consultar al Consejo de Estado en lo respectivo a la legalidad, estabilidad y confianza que transmitían los proyectos de estas, obteniendo una respuesta desfavorable y alegando irregularidades “en los estados financieros y contables de la sociedad y en el régimen jurídico de la misma que, incluso, ha derivado en la judicialización de determinados aspectos del devenir de esa sociedad”, en lo relativo a la UIAE o considerando como “insuficientes” documentos como la memoria económica en ambos casos.
Cabe recordar que, meses atrás, tanto la Secretaría General de la Consejería de Educación, la Abogacía General de la Junta y el consejo Económico y Social no pusieron pegas a estos proyectos. Ante esto, el órgano consultivo también ha advertido de la necesidad de que estos órganos volviesen a pronunciarse para justificar su aprobación y las consideraciones que impusieron a ambos proyectos.
Meses atrás, tanto la Secretaría General de la Consejería de Educación, la Abogacía General de la Junta y el consejo Económico y Social no pusieron pegas a estos proyectos
En contra ya se manifestaron la Conferencia General de Política Universitaria del Ministerio de Educación haciendo referencia al incumplimiento del Real Decreto 420/2015, que recoge aspectos relacionados con el profesorado y la investigación, así como la propia Universidad de Extremadura. Esta última en términos de que “no se debe posibilitar una universidad que se encuentre sustentada en debilidades manifiestas en su profesorado y en sus infraestructuras, elementos básicos de una enseñanza universitaria de calidad” y defendiendo “una universidad pública de calidad, abierta a todos, que facilite el acceso a los estudiantes con más y mejores becas y con unas tasas más bajas”. Algunas voces dentro de la UEx tachan estos proyectos de “chiringuitos” donde reina la corrupción y los intereses económicos muy por encima de la calidad de la formación impartida.
También, el Consejo de Estado añade que la aportación de estas instituciones universitarias no complementará en gran medida a la ya existente en la UEx y que, incluso, “en determinadas titulaciones como Derecho o Psicología se solapan entre ellas mismas”.
Algunas voces dentro de la UEx tachan estos proyectos de chiringuitos donde reina la corrupción y los intereses económicos muy por encima de la calidad de la formación impartida
Y tras todo este embrollo, mucha gente se preguntará el porqué del interés de estas universidades en alojarse en Extremadura, siendo esta una región en proceso de regresión demográfica que ve cómo sus estudiantes −cada vez más− optan por salir a otras comunidades para realizar sus estudios. La respuesta no es otra que, como comentábamos antes, las modalidades online que ofrecen no precisan de la población de la región, sino que prima en sus intenciones un lugar donde les permitan establecer su centro y, a partir de ahí, funcionar.
Es ahora el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura el que tendrá que poner en la balanza todos los informes emitidos y consultas realizadas para parar estos proyectos o dar paso hacia una decisión en la Asamblea. Sea cual fuere la decisión tomada, existen dudas acerca del interés en estos proyectos mientras, en repetidas ocasiones, diversas personalidades de la Universidad de Extremadura ruegan una mayor financiación para esta, siendo el mayor impedimento para que la propia institución pública pudiera crecer y ofrecer mejor servicio a sus estudiantes, que sí son en su mayoría extremeños.
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La Junta ha perdido el norte defendiendo a ultranza unas universidades privadas que diversos organismos nada sospechosos de partidismo han mostrado que son irracionales y entran en colisión con la universidad pública. Espero que la Junta recapacite