“Las ordenanzas que sancionan la prostitución penalizan a las mujeres”

Encarna Bodelón es profesora de Filosofía del Derecho y dirige el grupo de investigación Antígona de la Universidad Autónoma de Barcelona que ha mapeado ordenanzas sobre prostitución de todo el Estado. Con la conclusión clara de que las sanciones a trabajadoras sexuales solo contribuyen a mermar sus derechos, Bodelón aboga por superar las normas sancionadoras y promover nuevas reglas que garanticen derechos. La experta participó la semana pasada en el encuentro Ordenanzas de Prostitución a Debate organizado por el grupo municipal de Ahora Madrid.

Has participado recientemente en una mesa de debate sobre ordenanzas sobre prostitución. ¿Qué hay que debatir hoy en día sobre estas ordenanzas?
Hace tres años nos planteamos la necesidad de trabajar el tema de las ordenanzas locales que regulan la prostitución directa o indirectamente y hacerlo de una forma transversal. Independientemente de lo que en el grupo de investigación Antígona pensáramos sobre el tema, queríamos hacer una investigación contando con compañeras que tenían visiones distintas, y que eso nos diera lo que podemos llamar un mínimo común denominador con el que trabajar el tema de las ordenanzas. Porque nuestro planteamiento como juristas es que la sanción de la prostitución es una técnica equivocada, incluso siendo abolicionistas.

Cuando celebramos la jornada en Barcelona intentamos centrarnos, desde posiciones distintas, en qué consecuencias tienen las ordenanzas sobre la vida de las mujeres, es decir, si están ayudando al desarrollo de sus derechos. Independientemente de nuestras posturas, la conclusión fue para todas que no. Desde ningún punto de vista feminista se puede sostener la sanción a las mujeres ni a los clientes. En esa jornada conseguimos ponernos de acuerdo en eso.

¿Qué supone para una mujer que ejerce la prostitución enfrentarse a estas sanciones? 
Las ordenanzas sancionan en teoría a mujeres y clientes, pero los datos de los ayuntamientos a los que tuvimos acceso nos dicen que la mayoría de las sanciones van dirigidas a las mujeres y no a los clientes. Es decir, quien recibe el peso de la sanción son las mujeres, mujeres que en muchos casos no pueden pagar esas multas. Ahí tenemos un primer problema, que es la acumulación de multas. En Barcelona hay una asociación que trabaja dando apoyo para que las mujeres recurran esas multas, y ha detectado que algunas tenían deudas de miles de euros, y además que sus perfiles se correspondían con posibles casos de trata. Así que una primera consecuencia es el empobrecimiento de las mujeres que se dedican a la prostitución, lo que no ayuda a mejorar su vida.

En un estudio detectamos numerosos casos de maltrato físico por parte de la Policía, y también coacciones

La segunda conclusión es que esa deuda se convierte en un problema para cualquier gestión. Un tercer problema económico derivado es que se tapa la situación de las mujeres en situación de trata, en lugar de apoyarlas. Porque esa deuda se suma a la que la mujer ya tiene con la persona que la ha tratado. 

Eso en lo económico. Por otra parte, con el Gobierno anterior de Barcelona y con la Fundación Sur, hicimos otro estudio con el que detectamos numerosos casos de maltrato físico por parte de la Policía, y también coacciones.

¿Y qué supone para ellas el hecho de que se multe a los clientes?
Por un lado, si mi postura es que hay que trabajar en que se produzca un cambio la mentalidad de los hombres que consumen prostitución, las sanciones no ayudan. Con eso lo único que se consigue es trasladarlos de la calle a los locales. Porque los hombres dejan de consumir sexo de pago donde se les multa, y lo van a hacer en otros sitios más opacos.

Por otra parte, si los clientes se ven desplazados de las zonas céntricas de la ciudad, y eso ya ha pasado, se trasladan a los polígonos. Y no es lo mismo estar en el Raval o el centro de Madrid que trabajar en un polígono mal iluminado en el que no puedes ni tomar un café. Otro efecto que hemos visto es que cuando se ejerce presión sobre los clientes, estos intentan hacer una negociación rápida y eso va en detrimento de las garantías del servicio de las chicas. Existe el estereotipo de que un cliente puede hacer lo que quiera con una prostituta, pero no es cierto. Cualquier mujer que vende un servicio sexual no vende su cuerpo, sino que vende unas horas y unas prácticas. Y las mujeres pautan cual es la práctica y el tiempo, pero si no hay tiempo para negociar porque hay un guardia urbano, voy a negociar peor y las condiciones van a ser peores.

¿Ninguna ordenanza busca el bienestar de las mujeres?
Las ordenanzas en su aplicación han implicado falta de proporcionalidad y una aplicación arbitraria, particularmente a las que están en una posición más débil. Además, en la mayoría de las ciudades el grueso de las mujeres que se dedican a la prostitución son mujeres sin papeles. Esto significa que cuando se aplica un mecanismo sancionador no solo no se les proporciona una salida, es que su situación se complica.

Además hemos visto que si se persigue la prostitución en la calle las mujeres se recluyen más en el espacio privado. Y aquí hay muchos mitos sobre lo que es ejercer en la calle y en locales: no es cierto la prostitución en la calle sea más insegura. Una de las cosas que nos dicen las asociaciones que trabajan con prostitución es que cuando las mujeres trabajan en pisos es mucho más difícil acceder a ellas.

Cuando las mujeres están en pisos son menos accesibles y su situación pasa a una zona de sombra en la que la organizaciones lo tienen mucho más difícil

En la calle son más accesibles y es posible por ejemplo tratar con ellas la cuestión de la salud sexual. O sus necesidades de regulación de temas jurídicos. Cuando están en pisos o en locales todo esto pasa a una zona de sombra en la que la organizaciones lo tienen mucho más difícil. 

Y otra consecuencia sería la creación de un estigma. Hemos luchado mucho para que se perdieran los estigmas que el franquismo creó contra las prostitutas. La sanción no es nueva, se inventó en el siglo XIX y el franquismo lo reforzó. Después de la posguerra hubo un control de la prostitución en muchas ciudades y uno de los objetivos del franqusimo era retirar la prostitución de la calle. Lo que quieren es que no se vea, no se interesan por los derechos de las mujeres. 

¿Qué tipos de ordenanzas existen?
Algunas, como la de Barcelona, son supuestamente ordenanzas de civismo y penalizan la prostitución como conducta incívica. Digo supuestamente porque ha habido todo un movimiento que tiene que ver con el neoliberalismo punitivo que traslada la sanción al ámbito administrativo desde el ámbito penal: lo que han llamado políticas de tolerancia cero hacia la delincuencia en realidad son políticas de tolerancia cero hacia los derechos y libertades.

Luego hay específicas sobre prostitución: la más conocida es la de Sevilla, que contempla mecanismo de sanción, pero también crea mecanismos de atención en una línea claramente abolicionista. No hay ninguna que vaya en la línea de regular derechos.

¿Y la investigación del grupo que diriges trata de promover una generación de ordenanzas que den derechos a las mujeres que se dedican al trabajo sexual?
El punto fundamental es que consiguiéramos llegar a este acuerdo de mínimos en el que uno de los objetivos prioritarios es eliminar las sanciones. Luego, en este momento hay una línea de actuación prioritaria que tiene que ver con la Ley de Seguridad Ciudadana: una ley estatal y orgánica que incluye sanciones al ejercicio de la prostitución, sanciones además elevadísimas, por encima de los 600 euros.

Entonces lo primero que hay que plantear es salir del paradigma del abolicionismo. De hecho, a principios del siglo XX en abolicionismo tenía una agenda antisancionadora, eso a veces se olvida. Y luego otras estamos en la línea de desarrollar derechos, que tampoco quiere decir reglamentar, sino más bien dotar de derechos a las mujeres que libremente quieran ejercer la prostitución.

En este momento hay una línea de actuación prioritaria que tiene que ver con la Ley de Seguridad Ciudadana, que incluye sanciones elevadísimas al ejercicio de la prostitución

Porque sí creo que puede haber formas de ejercicio libre de la prostitución. Es cierto que lo que hacemos tiene el paraguas de la estructura capitalista patriarcal, pero eso pasa con todo lo que hacemos. Mis relaciones supuestamente libres, mi sexo esporádico en el Tinder, también tiene el paradigma opresivo del patriarcado y del capitalismo, y a lo mejor no me lo estoy cuestionando. No sé en qué medida yo estoy menos oprimida que otra compañera que realice un trabajo sexual. 

Y ahí cuando más derechos tengan las mujeres van a tener más opciones. Creo que esa línea es más fructífera. Y no hablo solo a derechos de las trabajadoras sexuales sino derechos a nuestra sexualidad, que muchas veces es una agenda que olvidamos. Porque detrás del supuesto problema de la prostitución están nuestras relaciones sexuales. En la medida en que tengamos relaciones más libres, más conscientes y en las que las mujeres seamos más autónomas, la explotación al trabajos sexual va a desaparecer. O en la medida en que se garanticen nuestros derechos laborales y económicos, desaparecerán los fenómenos de explotación en la prostitución.

¿Qué mecanismos puede ofrecer una ordenanza, que al fin y al cabo es una norma de una institución con competencias muy limitadas como es un Ayuntamiento?
Creo que más que de ordenanzas de lo que hay que hablar es de políticas públicas que aborden la educación en derecho sexuales y reproductivos y que favorezcan la atención de las mujeres que están ejerciendo trabajos sexual y sus necesidades. Necesidades como su derecho a la salud, o una vida digna, o la regularización de las que están en situación irregular, o garantizar seguridad a las que se ven ejerciendo su trabajo bajo diversas formas de violencia tanto por parte de los clientes como por parte de una autoridad administrativa como la Policía.

Cualquier trabajo está sometido a violencia sexual, acabamos de saber que en el Parlamento Europeos hay multitud de casos de trabajadoras que han sufrido acoso sexual. Y por supuesto que hay violencia en el trabajo sexual pero el objetivo tiene que ser luchar contra todas las formas de violencia, incluida la violencia sexual.

Las ordenanzas en este momento no solo no frenan esa posible violencia, sino que las mujeres que se prostituyen y sufren violencia de un cliente no se sienten con garantías para poder denunciarlo y hacerle frente.

¿Hay algún ayuntamiento sensible a este enfoque? 
Creo que hay muchos. Nosotras hemos trabajado en Barcelona con el Ayuntamiento de la alcaldesa Ada Colau y las multas se han parado, y en estos momentos las políticas ponen el acento en otro lugar. Pero también en Zaragoza se están haciendo esfuerzos. Creo que se ha iniciado un cambio. 

¿Puede haber encuentro entre feministas abolicionistas y no abolicionistas en el asunto de la prostitución?
Contrastar posturas en bloque no ayuda, y no responde a la realidad ni a lo que hemos hecho en otros ámbitos en lo que hemos trabajado. Hemos escuchado a las mujeres incluso cuando nos han dicho algo que no nos ha gustado. Yo he trabajado con mujeres víctimas de violencia de género que no querían denunciar a su agresor. Pero eso no me ha hecho pensar que no eran mis hermanas. Me he propuesto lanzar puentes y espero que esta investigación sirva para eso, porque todas estamos luchando por los derechos de las mujeres.

¿Esta evolución desde la sanción hacia fórmulas garantes de derechos tiene precedentes en Europa?
Francia ha entrado en un modelo abolicionista parecido al modelo escandinavo. Alemania tiene un modelo no proderechos sino reglamentarista, en el que se trabajan algunos derechos siempre y cuando la prostitución se ejerza en lugares cerrados.

Y luego está el modelo escandinavo, que va en la línea de sanción del cliente, pero además acompaña a las mujeres que quieran iniciar otro camino. Aquí algunas compañeras se están lanzando a una política nórdica pero sin tener el modelo de protección social de allí. Ojo con los contextos cuando cortamos y pegamos políticas públicas: se nos ha querido presentar a España como un país a la cabeza en políticas de igualdad, con la Ley de Igualdad del 2007, cuando en los países escandinavos las primeras leyes de igualdad son de los años 70.