Sanidad
Un 60% de las adjudicaciones de la sanidad madrileña va a empresas reunidas en lobbies

El informe Los lobbies y la contratación pública de la Consejería de Sanidad en 2016, las empresas que forman parte de los grandes lobbies sanitarios obtienen un 60% de los contratos de adjudicación.  

Gilead
Gilead es una de las empresas que se benefician de las adjudicaciones de la Consejería de Sanidad. Foto de archivo
@glamarlo

publicado
2017-10-10 15:20

Los lobbies sanitarios tienen, un año más, un papel protagonista en las adjudicaciones sanitarias de la Comunidad de Madrid. Es la conclusión que se desprende del informe Los lobbies y la contratación pública de la Consejería de Sanidad en 2016, elaborado por el grupo de trabajo Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad (Audita Sanidad).

El año pasado, empresas agrupadas en distintos lobbies sanitarios obtuvieron un total de 861 contratos de adjudicación (59,67% del total) por un importe de 360 millones de euros, un 51,31% de los 703,3 millones de euros en contratos de la Consejería. Es decir, los lobbies obtuvieron más de cinco de cada diez euros de las adjudicaciones de la sanidad pública. Sin embargo, el informe destaca que si se dejan de lado los 22 contratos que todavía no se han podido imputar a ninguna empresa, por falta de información, el porcentaje del importe de adjudicaciones destinado a empresas de lobbies aumenta hasta el 81%.

Fundación IDIS, Farmaindustria, Fenin y Aesmide son los cuatro lobbies más destacados en el sector de suministros, tecnología sanitaria y mantenimiento, mientras que Sedisa, Club Gertech y Cluster Biotecnológico destacan como un sector “más ideológico y de generación de marco cultural y de comunicación”, indica Vicente Losada, de Audita Sanidad. Unos lobbies que se van consolidando año a año en la Comunidad de Madrid y el Estado español “para facilitar su labor de visibilización del sector sanitario privado, reafirmar su papel y dirigir, influir y propiciar políticas sanitarias públicas que les potencie y beneficie”.

En el ránking de las diez empresas más favorecidas por estos contratos, Ferrovial se alza con el número uno. A lo largo de 2016, esta compañía logró 80 millones de euros, más de un 10% del total, con tan solo siete contratos. Le sigue Roche, con 33 millones de euros repartidos en 38 contratos, y en tercer lugar, la farmacéutica Novartis, con 30 millones de euros en 33 contratos. Los laboratorios Grifols y la farmacéutica Gilead, conocida por el negocio que está haciendo con la venta de los medicamentos contra la hepatitis C, ocupan el cuarto y el quinto lugar en las adjudicaciones de la Comunidad de Madrid. Entre las cifras destaca que las 20 primeras empresas del ránking obtienen casi 300 millones de euros, más del 40% del total.

“Matizaría que no son los lobbies los que se están haciendo con la sanidad madrileña, sino las empresas asociadas a cada uno de ellos. En este sentido, aproximadamente el 80% de los contratos adjudicados por la Consejería de Sanidad, mediante concurso de licitación, han sido a empresas privadas o grupos empresariales pertenecientes a lobbies”, continúa Losada. 

Son los contratos de suministros los que se alzan con la mayor parte del importe de las adjudicaciones de la Consejería: 552,5 millones de los 703 millones de euros. En estos contratos, las empresas asociadas a lobbies obtienen la mitad del presupuesto. Roche, Novartis, Grifols, Gilead y Pfizer, todas ellas gigantes de la farmacia, son las mayores beneficiadas.

Sin embargo, es en el apartado “gestión de servicios públicos” donde se ve un mayor poder de los grupos de presión: de los 79 millones de euros en contratos, 77,7 millones, el 98,18% del total, ha ido a parar a empresas lobbistas. La UTE Ferrovial Servicios SA-Servicios Sanitarios de Urgencias SL obtiene casi el 100% de esta cifra, 77,3 millones, mientras que Fuensanta SL, Hospital Beata María Ana de Jesús y Davida Rehabilitación Center se reparten el resto. 

Para Losada, una de las conclusiones principales que se desprenden del informe es, una vez más, la “transferencia de dinero público a empresas privadas para la realización de tareas y servicios que debería hacer el sistema sanitario público. Es decir, se produce un proceso de privatización progresiva por desviación del destino de la inversión pública a empresas relacionadas con la salud”.  

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