La Junta de Extremadura dice no tener “conocimiento oficial” sobre una extracción de datos de la sanidad pública

Tras un artículo publicado el lunes en El Salto, en el que por primera vez Rafael Fernández, extrabajador de la farmacéutica Boehringer Ingelheim, hablaba con un medio para relatar su denuncia sobre una supuesta extracción de datos sistemática de la sanidad pública de Andalucía y Extremadura para beneficio de la farmacéutica, la Junta de Extremadura ha tenido que responder a una pregunta relativa a estos hechos en el Parlamento autonómico. 

A raíz de la publicación de este artículo, el jueves 11 de enero el diputado autonómico de Podemos Obed Santos formuló una pregunta ante el pleno de la Asamblea de Extremadura sobre "qué medidas ha tomado la Junta ante la denuncia por la presunta extracción y uso de datos de pacientes y documentos internos de la sanidad pública de Extremadura por parte de la farmacéutica Boheringer Ingelheim".

Ante este pregunta, el consejero de Sanidad, José María Vergeles, respondió que “la Junta no tiene conocimiento oficial de tal denuncia ni de ningún juzgado que nos haya solicitado información al respecto”. Sin embargo, sí afirmó que "nos han llegado esas cartas advirtiéndonos de esta situación" y aseguró que de estos hechos solo tienen conocimiento "vía prensa y vía cartas". 

El consejero de Sanidad extremeño también afirmó que "una vez que tengamos el requerimiento de un juzgado y de la Agencia de Protección de Datos nosotros estaremos a disposición; mientras tanto aplicaremos todas las medidas de seguridad de nivel alto que venimos aplicando sistemáticamente".

Ante esta respuesta, el parlamentario de Podemos afirmó que "se deben tomar medidas de investigación desde ya. Investigar sobre unos hechos no tiene por qué hacerse porque lo pida un juez, sino porque hay sospechas de que se está haciendo una práctica que no es correcta por parte de la industria farmacéutica".

En las declaraciones publicadas por este medio el lunes 8 de enero, Rafael Fernández, que denuncia acoso por parte de la farmacéutica después de haber denunciado estos hechos, afirmaba que “esto está comunicado a Farmaindustria, a la Fiscalía, a la Agencia de Protección de Datos, a la propia empresa, a la dirección corporativa de la empresa en Alemania y a los Servicios de Salud de Andalucía y Extremadura”. De hecho, la primera denuncia de este trabajador, que permanecía entonces en el anonimato, se hizo pública en marzo de 2017.

Además, según denunciaba Fernández, cuando la Agencia Española de Protección de Datos ha pedido información a los servicios de salud de Andalucía y Extremadura, “ellos dicen que no saben nada, pero estos dos servicios son los responsables de la custodia de esos datos, y por lo tanto hay responsabilidad. Decir que no tienen nada que ver me parece una manera torticera de quitarse de en medio”.