Represión
Peleas de bar y terrorismo: una historia que se repite

El juicio contra los jóvenes de Altsasu continua durante esta semana. Este juicio arrancó la pasada semana entre la polémica acusación también de delitos terroristas por parte de la Fiscalía a miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) unos días antes y en medio del anuncio de la disolución definitiva e incondicional de la banda terrorista ETA —un año después del desarme en Baiona y siete después del anuncio del cese definitivo de la lucha armada—.

Durante la primera semana de juicio, se ha podido observar cómo iban desfilando por la Audiencia Nacional diversos testigos que contradecían la versión relatada por los denunciantes, pruebas que ponen en duda la identificación como participante en los altercados de uno de los acusados, declaraciones que niegan la presencia de varios acusados en el lugar de los hechos o irregularidades en el proceso al presentarse una declaración sin firmar, cuyo autor —el dueño del bar Koxka— niega haber realizado.

A los ocho jóvenes, de entre 21 y 32 años, se les imputan delitos de amenazas y lesiones terroristas, por los cuales la Fiscalía solicita penas que suman 375 años de prisión. Esta acusación de delitos de terrorismo ha sido ampliamente criticada desde el inicio por ser considerada “desproporcionada” incluso en círculos tan poco sospechosos de “filoetarras” como el Partido Socialista de Navarra.

En algunos círculos se denuncia que estas acusaciones se fundamentan en “mantener la tesis del enemigo interno para justificar la represión” y para “deslegitimar y criminalizar” a aquellos que “democráticamente” ponen en duda la necesidad e idoneidad de mantener un amplio dispositivo de Guardia Civil y Policía Nacional que, años después del cese de la violencia por parte de ETA, siguen presentes en Navarra y Euskadi.

Pero ¿son la acusaciones de terrorismo al margen de la banda armada algo nuevo? Durante años en Euskadi y Navarra estas acusaciones se han empleado contra colectivos sociales con el objetivo de reprimir, judicializar, criminalizar y deslegitimar las acciones y reivindicaciones de estos colectivos. Nada ilustra mejor esta situación que la ya famosa frase de Baltasar Garzón: “Para coger al pez, hay que cargarse la pecera”.

Euskadi, un campo de pruebas

Mucha gente afirma que la actual situación, en la cual cada vez se emplean más las acusaciones de terrorismo contra activistas y militantes políticos, no es más que la extensión al resto del Estado de lo que lleva sucediendo desde hace décadas en Euskal Herria. Otros afirman que son los últimos coletazos de un régimen que, tras la desaparición de la violencia de ETA, necesita seguir rentabilizando política y económicamente la tesis del enemigo interno para mantenerse en el poder a través del miedo y la represión. Hay quien prefiere no meterse en estos temas y quien simplemente cree que se trata de una magnífica labor de propaganda ‘izquierdista’ porque, en palabras de Baltasar Garzón, “todo es ETA”. 

Las tesis y estrategias basadas en este tipo de acusaciones comienzan en 1992 con el encausamiento de tres personas acusadas de pertenencia a lo que pasaría a conocerse como “Grupos Y”

Las tesis y estrategias basadas en este tipo de acusaciones comienzan en 1992 con el encausamiento y posterior condena de tres personas acusadas de pertenencia a lo que, a partir de ese momento, pasaría a conocerse como “Grupos Y”. Uno de ellos fue Julen Larrinaga, quien explica que fueron detenidos durante una manifestación contra la tortura y que inicialmente fueron acusados de simples delitos de daños y desórdenes, lo que hubiera supuesto penas de entre seis meses de prisión hasta un máximo de dos años. 

Larrinaga, quien por aquel entonces, al igual que las otras dos personas que detuvieron, militaba en el colectivo juvenil Jarrai, explica que dos días después de ser detenidos fueron acusados de pertenencia a banda armada y delitos de terrorismo. Este colectivo está fundamentado en torno a dos ejes principales: “Uno relacionado con el tema juvenil, la enseñanza, el ocio y la okupación, y un segundo eje más relacionado con el apoyo a proyectos independentistas, antirrepresivos, insumisión y de defensa y difusión de la cultura de Euskal Herria”, explica Larrinaga. Para él, este es el motivo por el cual fueron perseguidos. 

Larrinaga opina que esta estrategia se fundamentó en “castigar todas aquellas situaciones de protesta en la calle para cortarlas de raíz” y considera que los denominados Grupos Y fueron una “invención” bajo el “falso argumento” de que ETA tenía un mandato para “organizar protestas en la calle en base a pequeños grupos con el objetivo de organizar disturbios, sabotajes y manifestaciones”, algo que, según, él nunca pudieron acreditar ni documentar. 

Tras la imputación de los tres militantes por delitos de terrorismo, las peticiones de prisión pasaron de un máximo de dos años a 27 años, aunque finalmente serían condenados a diez años y medio. Larrinaga relata que aquella era una época muy convulsa debido al desmantelamiento industrial. “Cuando cerraron el astillero de Euskalduna se cortaba día sí, día también el puente de Deusto y muchos días eso acababa como el rosario de la aurora. Llegó a haber tres o cuatro trabajadores muertos e innumerables heridos”. Pero al desmantelamiento industrial en escalada tras el cierre de los astilleros y toda la industria que los abastecía se sumó en aquellos años la lucha por la insumisión, que en Euskadi generó cientos de encarcelados. 

Años más tarde, lo que había comenzado como una criminalización de las protestas sociales para, según Larrinaga, “cortar de raíz” la contestación social se extendió a otros ámbitos. Comenzaron los cierres de periódicos y las ilegalizaciones de partidos. Este fue el caso del diario Egin, que fue cerrado por orden del juez Baltasar Garzón durante la macrocausa que sería conocida como Sumario 18/98 y que nunca más pudo abrir sus rotativas tras once años cerradas por la “justicia”, aunque posteriormente el Tribunal Supremo declaró ilícito su clausura. 

En esta macrocausa fue también detenido Fernando Olalde. Este activista de la Fundación Joxemi Zumalabe -fundación dedicada a la formación para colectivos y movimientos sociales-- fue imputado en una pieza separada del sumario que se denominó “pieza de la desobediencia civil” junto a otras ocho personas. Olalde explica que se le puso ese nombre a la pieza porque en una ocasión la fundación a la que pertenecían las nueve personas imputadas en esta pieza había organizado un debate sobre la desobediencia civil y se les acusaba de extender la estrategia de desobediencia civil de ETA. 

Para Olalde, su procesamiento tuvo origen en una equivocación por parte de la Guardia Civil, aunque asevera que, una vez fue flagrante que no existía ninguna vinculación, “no tuvieron ningún problema en seguir adelante con ello”.

En 2007 fue condenado, junto a sus nueve compañeros, a diez años de prisión, aunque, finalmente, un año y medio después, ocho de los nueve fueron absueltos por el Tribunal Supremo. Al recordar el recibimiento de la condena, no duda en tildar a la justicia de “revanchista” y “vengativa”. También define que en “estos procesos la justicia dentro de su demencia puede salir por cualquier lado”.

Quisieron relacionarnos con ETA encausando anarquistas, autogestionarios, independentistas y personas con todo tipo de ideologías

Tanto él como el resto de encausados siempre han definido el proceso como “algo kafkiano”, nunca sospecharon que les pudiera ocurrir a ellos. Olalde recalca que parte de lo “absurdo” del caso se evidencia en que “quisieron relacionarnos con ETA encausando anarquistas, autogestionarios, independentistas y personas con todo tipo de ideologías”.

Una de las consecuencias de este proceso judicial fue la paralización relativa de la fundación, que tenía las cuentas intervenidas, numerosa documentación necesaria para su funcionamiento incautada, varios trabajadores de la fundación encarcelados en prisión preventiva y recursos humanos y económicos destinados a la defensa de los encausados.

Otra de las consecuencias directas que ocasionó el procedimiento fue que muchos de ellos perdieran su empleo, ya que durante más de año y medio debían asistir a la Audiencia Nacional tres días por semana, aún cuando no tuvieran implicación o imputación en la pieza correspondiente que se juzgaba esos días. Olalde denuncia que nadie podrá devolverles las miles de horas perdidas y relata cómo aquello hizo que se resintieran muchas relaciones familiares, especialmente entre aquellos que tenían pareja e hijos y aquellos que tenían familiares a los que cuidar.

Y las acusaciones de terrorismo se extendieron al resto del Estado

Tras el anuncio de ETA del fin definitivo de la lucha armada, en 2011, cabría haber esperado que dejaran de producirse detenciones y acusaciones de terrorismo al cesar la violencia. Sin embargo, no fue así.

En 2014 los periódicos abrían sus portadas con una nueva macro operación antiterrorista. En esta ocasión se trataba del “terrorismo anarquista”, del cual hasta el momento nadie había oído hablar. La madrugada del 16 de diciembre, un operativo de 400 agentes realizó numerosos registros en centros sociales, ateneos libertarios y domicilios particulares y se produjeron una docena de detenciones en la que se llamó operación Pandora. Un mes y medio más tarde serían puestos en libertad bajo fianza.

Los militantes anarquistas fueron acusados de formar parte del “grupo criminal” GAC, que, según los mossos, estaría “adscrito a los postulados de la organización terrorista FAI/FRI” y de haber puesto artefactos explosivos en cajeros de La Caixa y del BBVA.

Un año más tarde, en octubre de 2015, nueve personas más fueron detenidas en la segunda fase de la operación Pandora. Finalmente, todos ellos serían absueltos pues, tal y como se detalla en la sentencia, sólo se aportaron datos de “reuniones, viajes y visitas a centros penitenciarios” y que la acusación se basaba en “afirmaciones genéricas sin ninguna base objetiva”.

Pero esta no fue la única causa contra el movimiento libertario.

Especialmente reseñable fue también la denominada operación ICE, por la cual se detuvo a seis personas del colectivo anarquista ultra-vegano Straight Edge en noviembre de 2015, de las cuales una ya ha cumplido más de año y medio de prisión prisión preventiva. Están acusados de quemar dos sucursales bancarias en los años 2013 y 2015 respectivamente.

Lo reseñable de este caso, consecuencia de la reforma del Pacto Antiterrorista del año 2015, han sido las pruebas aportadas: su participación en el conocido como Rodea el Congreso y las Marchas de la dignidad, la incautación de productos de cocina y limpieza como bicarbonato o caldo de lombarda, la tenencia de productos pirotécnicos legales como bengalas o botes de humo o el hecho de que uno de ellos viviera cerca de una de las sucursales.

Pero esto por sí sólo no hubiera permitido la imputación de delitos de terrorismo. Junto a los materiales anteriormente citados se incautaron letras de canciones del grupo de punk Piperrak, lo que, unido al contenido de sus redes sociales y a su ideología libertaria, ha permitido que la Fiscalía argumentara que pretendían “subvertir el orden constitucional”.

Actualmente el caso se encuentra a la espera de los escritos de acusación y defensa, por lo que sus abogados dudan que el juicio pueda celebrarse hasta después de verano.

Tweets y Raps: Una nueva modalidad de terrorismo

Tampoco son desconocidas las acusaciones de “enaltecimiento del terrorismo” a tuiteros y músicos y desde que ETA abandonara la violencia, se han multiplicado por cuatro las condenas.

El rapero Valtonyc ha sido condenado a dos años de prisión por un delito de enaltecimiento del terrorismo, condena a la que suma un año de prisión por calumnias contra la corona y seis meses por amenazas por las letras de sus canciones. La operación Araña en sus cuatro fases supuso la detención de 76 personas entre 2014 y 2016 por publicaciones en redes sociales también bajo la acusación de enaltecimiento del terrorismo. En 2018 Pablo Hasel ha sido también condenado por el mismo delito en relación al contenido de sus canciones. Estos son sólo algunos de los casos recientes que han sido tachados de “delitos de opinión”.

¿Supondrá la disolución definitiva de ETA el fin de estas condenas o un nuevo aumento exponencial de las mismas? ¿Es la acusación de terrorismo el futuro de la represión?