Represión
Un juzgado investigará el disparo de bala de goma que recibió el 1-O Roger Español

El juzgado de instrucción número 7 de Barcelona ha admitido a trámite la querella presentada por Roger Español contra tres agentes de la Policía Nacional, a quienes acusa de un delito de lesiones con agravante de prevalencia de carácter público. El demandante perdió la visión de un ojo tras recibir el impacto de una bala de goma en el transcurso del 1-O en la escuela Ramon Llull, situada en el Eixample de Barcelona.

El juez, Francisco Miralles Carrió, hace una serie de requerimientos para obtener más información de lo que pasó el día del referéndum en torno a este colegio electoral.

Al Cuerpo Nacional de Policía le exige cinco informaciones. Por un lado, la relación de furgonetas, matrículas, números identificativos y orden “que siguieron para bajar por la calle Cerdeña desde Consell de Cent”. Además, se pide la información de geolocalización de los vehículos (GPS), donde se muestren los recorridos que realizaron ese día.

Por otra parte, se requieren todas las imágenes y los vídeos realizados por los agentes de la Policía Nacional en los lugares de los hechos y una copia de las comunicaciones entre el centro de mando y los efectivos desplegados en la zona.

En cuanto a las balas de goma, el juez Miralles Carrió reclama una relación del armamento que se utilizó en el Ramon Llull, “indicando tipo, modelo, fabricante y fecha de adquisición”. También toda la documentación relativa al uso de balas de goma por parte de la policía, como son los manuales de formación y “cualquier norma, instrucción, pauta o criterio”.

Desde el juzgado también se encarga a los Mossos la elaboración de un estudio pericial técnico para determinar la posición del agente que disparó la bala de goma. Este informe deberá incluir un mapa con las posiciones posibles y un informe sobre el material videográfico detenido, “indicando si es posible la identificación del agente indicado”.

Además, según ha informado la abogada Anaïs Franquesa, del Centro para la Defensa de Derechos Humanos iridia y responsable de la acusación particular, “el juez deja para más adelante la declaración de los dos agentes que estaban sobre el terreno, además de la testifical del máximo mando del operativo que se desplegó en el Ramon Llull”.

“Desde Iridia hacemos una valoración positiva de la admisión a trámite de la querella, ya que es un paso más para la identificación de los autores y el esclarecimiento de los hechos, que debe ser el objetivo del proceso judicial”, ha concluido Franquesa.