Personas refugiadas
Trabajadores del Samur Social de Madrid duermen ante la sede para denunciar que se está dejando a familias con niños en la calle

Trabajadores del Samur Social llevan tres noches junto a tres familias solicitantes de asilo frente a la sede de esta institución para denunciar que se está dejando a familias, e incluso a niños, en la calle.

“Tenemos un listado con más de 200 personas que en la última semana han venido a pedir alojamiento y les hemos dicho que no”, explica a El Salto una de las trabajadoras del Samur Social que ha acudido a acampar junto a los solicitantes de asilo. Son personas que están a la espera de que las Oficinas de Asilo y Refugio, dependientes del Ministerio de Interior, les den cita para que puedan formalizar su solicitud de asilo y pasar así a recibir los recursos estipulados. Pero muchas de las citas las están dando para noviembre.

“Aquí hay una familia que tiene una cita mañana, y otras tantas a las que han dado cita en noviembre, y ¿qué hacemos entre tanto?”, se pregunta una de las trabajadoras. “El Samur Social no es el recurso que debe atender esto, pero como nadie lo atiende, recae en el Samur, que está para atender emergencias, cuando esto es algo estructural que han convertido en una emergencia”. “Tenemos capacidad de respuesta inmediata, pero ya se saturó la red hace tiempo porque es una red que nunca ha estado preparada para solicitantes de asilo, sino para emergencias de la ciudad de Madrid, que hay muchas”, añade otra trabajadora del Samur Social. “Lo que pedimos es que el Ministerio de Interior dé una respuesta respecto a medios físicos y personales”, concluye.

Desde el viernes 28 de junio, tres familias, con seis niños de muy corta edad, procedentes de Georgia llevan pasando día y noche en la entrada de este edificio. Las trabajadoras señalan que los mandos de Samur Social les han dicho oralmente que no les den agua ni comida, orden que han desobedecido, facilitándoles botellas de agua y sandwiches. La única manera que han tenido en los últimos días de comunicarse con ellos ha sido mediante Google Translator, ya que durante el fin de semana el Samur Social no cuenta con el servicio de traducción. Han llamado a la Policía para que les desalojen, pero estos también se han negado ya que esto les pondría en una situación de alto riesgo. “La policía no está viniendo, están haciendo caso omiso, porque ya tuvieron que venir antes y sacar de aqui a niños en octubre”, señala. En esa ocasión, fueron una treintena las personas que ocuparon la recepción de la sede del Samur Social. Las desalojaron porque la situación era ya, según confirma la trabajadora, peligrosa ya que era muy difícil salir y entrar del edificio. “Al final se tuvo que desalojar por razones de seguridad, pero no se articuló nada y toda esa gente se quedó en la calle. Luego se articularon cosas, cuando salió en la prensa”, continúa.

Otras familias —en total llevan contabilizadas 52 a las que se les ha negado el alojamiento en la última semana, incluídos casos de mujeres embarazadas y niños enfermos— se “han tenido que buscar la vida”, señalan las trabajadoras de Samur Social, yéndose a parques u otros espacios. “No hay derivación, no hay plazas y todos los espacios están saturados”, explica esta trabajadora en referencia a Cruz Roja y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), pero también a espacios no formales como la parroquia San Carlos Borromeo, en Vallecas, que también acoge desde hace tiempo cientos de personas que se quedan fuera de la ayuda institucional.

Esta situación no es nueva. “Empezó hace más de un año”, recuerdan las trabajadoras de Samur Social. Pero, según señalan, fue una situación temporal. “Cuando salió en prensa se abrieron recursos que ahora han vuelto a cerrar: un centro para hombres llamado El Vivero, centros para familias”, apunta otra de las trabajadoras. “Progresivamente, según se ha ido olvidando el tema, se han ido cerrando y ahora tenemos esta situación”.

También recuerdan que el Samur Social funciona fundamentalmente a través de una subcontrata y no ha aumentado plantilla, de la que cifran en solo un 10% los trabajadores que son funcionarios, a pesar de que en los últimos años se ha triplicado el número de casos atendidos. Desde hace cuatro años, el servicio recae en Grupo 5, dependiente del fondo de capital riesgo Corpfin Capital, fundado por Felipe Oriol, consuegro de Esperanza Aguirre.

“Hay gente de baja por ansiedad y depresión por esta situación, no nos hemos metido en este trabajo para esto”, señala una trabajadora que lleva 15 años en Samur Social. “Va en contra de los derechos humanos, de nuestro código deontológico”, añade otra trabajadora.

Señalan que, durante este último año que se ha agravado la situación, desde el comité de empresa y sindicatos se han movilizado. La protesta de ayer, sin embargo, surgió de forma más espontánea. “Yo ahora estoy aquí como ciudadana, fuera del horario laboral, y va a venir mi familia también. Ese es el espíritu de esta convocatoria”, explica la trabajadora. “Y repetiremos hasta que tengamos visibilidad y se haga algo, porque ya hemos visto que, hasta que no sale en prensa, no se hace nada”, afirma. “Hace un año nos dicen a cualquiera de nosotros que un niño iba a dormir en la calle y decimos que ni de coña, jamás un niño había dormido en la calle, y ahora estamos dejando nosotras, como profesionales, a menores en la calle. Yo me niego”, concluye otra de las trabajadoras.