La nueva estrategia de rescate en el mar del Gobierno de Pedro Sánchez provoca más muertes en el Mediterráneo

Desde APDHA e Irídia advierten que la limitación de la actuación de Salvamento Marítimo ordenada en enero por el Gobierno de Pedro Sánchez fue la causante de la muerte, el pasado 18 de junio, de 22 personas en el Mar de Alborán.

Mar de Alborán 3
Martí Albesa Trabajadores de Salvamento Marítimo denuncian el deterioro de esta empresa pública.
26 jun 2019 14:02

Salvamento Marítimo ya no realiza rastreros ni en el mar de Alborán ni en el Estrecho. Tan solo realiza rescates en zona de búsqueda y salvamento (SAR) española y común de pateras que han sido previamente localizadas, dejando en manos de Marruecos el salvamento de personas en sus aguas. El cambio tuvo lugar en febrero y, como consecuencia, el pasado 18 de junio 22 personas perecieron en el Mar de Alborán, a pesar de sus llamadas de socorro. Así lo denuncian la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) y el Centro de Defensa de los Derechos Humanos Irídia, que tachan este cambio de actuación de “dejación irresponsable” que incrementa el número de muertes en la Frontera Sur.

Hasta hace pocos meses, Salvamento Marítimo, ente público dependiente del Ministerio de Fomento, realizaba rescates tanto en zona SAR española como en zona SAR marroquí, en la que actuaba solo bajo autorización de Marruecos con el objetivo de socorrer las vidas humanas en situación de peligro. Sin embargo, actualmente, y bajo las directrices del General de la Guardia Civil del Mando Único y siguiendo la nueva estrategia del Gobierno español, solo realiza rescates en zona SAR española y común. “Ahora únicamente acude al rescate de pateras una vez han sido efectivamente localizadas en el mar, por lo que ya no se realizan rastreos ni en el mar de Alborán ni en el Estrecho”, denuncian desde estas dos organizaciones. El cambio se ha traducido, según señala Manuel Capa, de CGT Mar y Puertos, en que “ahora tardamos tres horas más en rescatarlas”, un aumento de tiempos que supone más naufragios y muertes en el mar.

Con el cambio de actuación, es ahora Marruecos el Estado que asume en exclusividad la responsabilidad de llevar a cabo la coordinación para el rescate de personas migrantes náufragas en zona SAR marroquí. Según Manuel Capa, “existen vínculos de comunicación” entre España y Marruecos por los que nuestro país “informa al país socio de la existencia de una patera en sus aguas” para que tome las medidas que considere necesarias, sin comprobar qué ocurre con la embarcación finalmente. El centro de coordinación español no entra en el procedimiento de Marruecos y “si no actúan, nadie sabe que no lo han hecho”, advierte.

Desde APHA e Irídia reclaman que “se vuelva a priorizar el rescate de personas sobre cualquier otro interés” y, para ello, “que se recuperen los protocolos anteriores en los que Salvamento Marítimo podía acceder a zona SAR marroquí en el caso de que la Marina Royale no asumiera el rescate y las personas se encontraran en riesgo de muerte”. También que Salvamento Marítimo pueda acudir a la zona antes de tener las coordinadas exactas para aminorar los tiempos de rescate. “Para ello necesita los medios y personal adecuados”, apuntan ambas organizaciones.

El cambio de actuación de Salvamento Marítimo, a decisión del Gobierno de Pedro Sánchez, tuvo como objetivo reducir en un 50% la migración irregular, según publicaba El País en enero. “Por un lado, se han firmado acuerdos bilaterales entre el Gobierno y Marruecos para el control y devolución de personas migrantes, cuyo contenido no es público. Hemos el acceso a dichos acuerdos a la Comisión Europea, que lo ha denegado argumentando que ‘la garantía de confidencialidad es fundamental para que prospere este complejo ejercicio, cuyo objetivo es garantizar los intereses y los valores de la UE’”, denuncian desde APDHA.


Personas refugiadas
¿Hacia el desmantelamiento de Salvamento Marítimo?

Los trabajadores de Salvamento Marítimo advierten que el mando único para la coordinación de las tareas de salvamento podría ser un paso previo al desmantelamiento de este servicio público, que ahora celebra sus 25 años de existencia.

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