Personas refugiadas
¿Hacia el desmantelamiento de Salvamento Marítimo?

“Creo que lo que están intentando es desmantelar el servicio”, afirma Ismael Furió sobre Salvamento Marítimo, entidad que este mes cumple un cuarto de siglo de existencia.

Furió, presidente del comité de empresa de CGT, sindicato con mayor representación entre los trabajadores de tripulación de Salvamento Marítimo, lleva 14 años trabajando en este servicio público. En este tiempo ha visto cómo este servicio pasaba de ser una empresa de capital público a estar integrada, a partir de 2012, en Sasemar, empresa pública dependiente del Ministerio de Fomento —dejando a los trabajadores de flota bajo la denominación de “a extinguir” y cubriendo nuevas plazas con trabajadores eventuales— y, ahora, a ser coordinada bajo el mando único de un mando de la Guardia Civil —desde agosto—.

A principios de verano, los trabajadores de Salvamento Marítimo comenzaron una campaña que daba continuidad a las reivindicaciones que desde hace ya algunos años venían haciendo. “Conseguimos que nos hicieran algo de caso”, apunta Furió. Desde entonces, resalta que sí encontraron el apoyo de muchos medios de comunicación, aunque ahora se ven también atacados por personas de extrema derecha. “Hemos llegado a recibir amenazas en mensajes privados en Twitter”, denuncia Furió.

En verano, el recién entrado Ejecutivo de Pedro Sánchez aprobó unos refuerzos de tripulación que, sin embargo, tenían fecha de caducidad: desde finales de julio hasta el 31 de octubre. “Pedimos que mantengan los refuerzos, que se deje de tomar como una situación de emergencia algo que es una situación estructural y constante”, afirma por su parte Cristian Castaño Castaño, responsable de Marina Mercante de CC OO. Los refuerzos fueron finalmente extendidos en el tiempo, aunque solo por dos meses más, según detalla Furió, y ahora se vuelve a cubrir el plazo. El sindicalista de CGT apunta que, se todas formas, los refuerzos se están prorrogando cada dos meses, lo que  hace más difícil su trabajo: “Los contratos de dos meses, cuando se renuevan, no se pueden concatenar, y viene gente nueva”.

“Hemos hablado con la dirección muchas veces para decirles que hay que arreglar esta situación, y desde la dirección muestran muy buenas voluntades de cara a la platea”, continúa Furió tras señalar el “pastón” que se han gastado en la fiesta de aniversario de Salvamento Marítimo a la vez que se argumenta que no hay dinero para responder a las peticiones de la plantilla. “Al menos que nos quiten la categoría de 'a extinguir'”, reclama Furió.

A las peticiones de refuerzo de las embarcaciones y del personal —que llevan repitiendo desde hace años— se suma la denuncia de las situaciones a las que últimamente se les ha sometido, tanto a los trabajadores como a las personas rescatadas en alta mar. “Hemos llegado a tener durante ocho días a personas en embarcaciones porque no podían desembarcar”, denuncia Furió, que señala que se han dado casos de garrapatas y sarna por las largas estancias que son obligados a retener en las embarcaciones a decenas de personas que son rescatadas en muy mal estado y que necesitan una atención urgente. También que, durante ese tiempo, la embarcación queda inoperativa. En algunos casos, cuando llegan a puerto no les dejan desembarcar y les mandan a otros puertos. “Por ejemplo, no nos dejan desembarcar en Almería y nos hacen llevar a las personas rescatadas hasta Málaga”.

“No tenemos servicios ni capacidad de gestión, los servicios de las embarcaciones están pensados para ocho o diez personas, con un pequeño baño en cada camarote, y en algunos casos se han llegado a gestionar a 180 personas durante ocho días. Los migrantes han tenido que hacer sus necesidades en bolsas de basura”. Furió señala que, desde este verano, estas situaciones se han repetido ocho o nueve veces, pero afirma que seguramente va a seguir pasando.

Estas situaciones se repiten, según afirma Furió, desde la entrada del mando único para la coordinación de las acciones de salvamento marítimo. Fue en agosto y recayó en un mando de la Guardia Civil, lo que ha hecho volver el miedo a la militarización del servicio de salvamento.

“El PSOE siempre ha tenido intención de que [Salvamento marítimo] pasara a manos militares”, advierte Furió, quien recuerda que en 2015, la revista de Fundación Alternativas, cercana al PSOE, publicó un artículo en el que se adelantaba un proyecto de militarización del servicio de salvamento. “Lo están retomando”, sentencia Furió. Como muestra de ello, este año, el desfile de las Fuerzas Armadas del 12 de octubre, contó, por primera vez, con la participación de Salvamento Marítimo.

Furió recuerda que, a diferencia de ellos, las acciones del cuerpo de la Guardia Civil están entroncadas en Frontex. “Todos lo migrantes que llegan este año los recoge la Guardia Civil. Son los que dicen dónde se llevan y dónde se traen”, continúa, tras señalar que, hasta agosto, la Guardia Civil solo colaboraba en las tareas de rescate.

Desde El Salto hemos preguntado al Ministerio de Fomento y al Ministerio de Interior sobre el motivo de las retenciones en las embarcaciones que se han repetido en los últimos meses, pero hasta ahora no han dado respuesta. Sobre la decisión de imponer el mando único de la Guarda Civil afirman que, precisamente, el objetivo era que mejorara la coordinación entre los distintos agentes que intervienen en el rescate y atención a las personas migrantes.

CAMBIOS EN SALVAMENTO MARÍTIMO

Pocos días antes de la entrada del mando único de la Guardia Civil como coordinador de las tareas de salvamento, la empresa pública Salvamento Marítimo cambiaba su dirección.

A finales de julio,Juan Luis Pedrosa, del Partido Popular, pero capitán de marina mercante, fue sustituido, tras seis años al frente de Salvamento Marítimo, por Ignacio López Cano, hasta entonces secretario ejecutivo de Movimientos Sociales del PSOE y con una amplia experiencia, pero en el tercer sector. “No sabe nada de barcos, no quiero pensar qué puede pasar si vuelve a ocurrir un desastre como el del Prestige, porque a día de hoy, el máximo responsable de la seguridad marítima es este señor”, lamenta Furió. “Igual ser marino favorecería la toma de decisiones”, añade con sarcasmo.

Un mes después de la llegada de López Cano a Salvamento Marítimo, desde el Ministerio de Fomento se anunció un acuerdo de colaboración con Proactiva Open Arms para las labores de salvamento en el mar de Alborán, cuya redacción la iba a hacer el nuevo director.

“Va a ser una experiencia de colaboración porque tiene una cultura muy distinta a la de la administración y de lo que se trata es de que el servicio público pueda nutrirse de ese compromiso y de esa cultura, pero también que la propia ONG entienda el sentido de lo que es el servicio público", dijo el ministro de Fomento, José Luis Ábalos Meco, tras el anuncio del acuerdo. Tras varios meses de espera sin que se concretara el acuerdo, Proactiva decidió abandonar el Estrecho de Gibraltar.

El 31 de octubre llega a su fin el plazo en el que el Ministerio de Fomento aprobó tripulación de refuerzo para Salvamento Marítimo. Ante las reclamaciones por parte de esta empresa pública para que se mantengan los refuerzos, la última respuesta de Fomento es que ya no es necesario porque está cubierto con las embarcaciones de Open Arms. “En la última reunión [antes del 31 de octubre], el director económico de Sasemar nos dijo que no tenían intención de ampliar la plantilla, sino redistribuirla porque, como ya estaba Open Arms, ya no hacía falta”, afirma Furió.

¿QUÉ ES Y DE DONDE VIENE SALVAMENTO MARÍTIMO?

Salvamento Marítimo es un cuerpo civil dependiente del Ministerio de Fomento, único público en la Unión Europa. Como servicio se creó a partir de la Ley de Puertos y Marina Mercante de 1992, que entró en vigor en 1993, pero durante los primeros años, funcionó de forma externalizada. Fue la crisis del Prestige de 2002 la que supuso su creación como empresa pública. “Cuando pasó lo del Prestige no se pudo dar respuesta porque los barcos contratados tenían su propia vida comercial y no estaban”, explica Ismael Furió, quien recuerda que fue Europa la que reprendió al Gobierno español por la falta de coordinación a la hora de hacer frente a este desastre. “Desde Europa nos dicen que el salvamento marítimo no puede estar en manos de ONG y de lo privado”, recalca Furió.

El servicio de Salvamento Marítimo es un servicio único en la Unión Europea, dónde lo único que hay, años luz de las funciones de salvaguarda de la vida en el mar es FRONTEX y la Misión Sofía, cuyo objetivo principal es controlar la inmigración irregular. Y es precisamente esto lo que reclaman desde hace tiempo colectivos sociales de países como España o Italia.

“En 2012, cuando se cierran todas las empresas privadas de capital público, nosotros pasamos a formar parte de lo público”, explica Furió. Remolmar —antes Remasa, empresa de capital público cuyo único accionista era el ente público empresarial Sasemar, que gestionaba la flota de Salvamento Marítimo— pasa a ser parte de Sasemar y a depender del Ministerio de Fomento por una orden ministerial emitida en 2010. Los trabajadores de sus embarcaciones pasan a ser contratadas bajo el concepto de “fijos a extinguir”, una modalidad contractual sin precedentes en la Administración pública que provoca que se abran nuevas ofertas de empleo público para cubrir plazas en salvamento marítimo.

“Cuando se hace conversión a lo público, se coge activos y pasivos de Sasemar, pero al personal no se nos declara público, se nos declara a extinguir. No hay ninguna persona que tenga contrato fijo, salvo los controladores y directivos”, continúa Furió. Explica que la flota a extinguir “es una figura que se inventaron para ver qué hacen con nosotros” y que desde 2012 no se ha renovado ni una sola persona en las plantillas. “Todos los refuerzos se están cogiendo de la cola del paro con contratos de cuatro meses prorrogables sin experiencia, porque no pueden hacer bolsa de empleo. Es una situación insostenible”, continúa.

Actualmente, Salvamento Marítimo cuenta con 733 trabajadores de flota a los que se suman 200 trabajadores más en oficinas y otros 500 en las torres de control. A ellos se suman los directivos, todos cargos de libre designación.

Furió detalla que, de la situación de antes de la fusión en 2012, cuando no se contaba ningún trabajador eventual en la plantilla de Salvamento Marítimo, se ha pasado a que, en la actualidad, de los trabajadores estructurales, entre un 25% y un 30% son ya eventuales. “Hay otros tantos que cubren refuerzos, pero esa gente ni siquiera llega a aparecer en el censo de trabajadores porque es muy volátil”, explica. “Hay gente que se ha dejado cuatro meses en una de las crisis humanitarias más graves y ahora están en la calle”, apunta Furió. “Es triste que esta gente tiene que estar calentándose la cabeza por si les cogen”, añade.